Copia literal de un articulo publicado en el periódico digital “el plural” del día 25 de Junio de 2012.
“El rescate: un ataque más a la democracia": "No falta dinero, sobran ladrones".
España es la cuarta economía de la zona del euro. Y aún después de ser negado, es rescatada desde
fuera, desde Europa, porque su sistema financiero tiene un agujero negro enorme, una deuda tal, que
ya el Estado no puede pagarla. Estamos retrocediendo a situaciones de antes de la democracia, y se
nos quiere conducir a un modelo de sociedad donde lo que prima es el dinero y el beneficio,
acaparados por minorías sin ética.
La visión económica neoliberal es compleja, pero a la par muy simple. Los padrinos de ese sistema
pretenden mercantilizar la existencia entera sin que osemos rechistar, intentando tapar una a una sus
espantosas miserias y convencernos de que su solución es la única posible. La palabra rescate
significa que a una persona o cosa, que está bajo el dominio de otra, alguien la libera con dinero o
con la fuerza.
¿Quiénes son los rescatados? Dicen que España necesita ser rescatada, pues tiene una deuda
y una quiebra de sus bancos con el exterior (bancos alemanes y franceses, Banco Central Europeo,
Fondo Monetario Internacional….) que asciende a más de 120.000 millones de euros. Pero decir
que España debe ser rescatada es decir vaguedades, nada. La deuda acumulada y la quiebra de los
bancos no son fruto del azar ni han tenido que ver con la mayoría de los españoles. Tras el manejo
y evaporación de esos 120.0000 millones se esconden nombres y apellidos, siglas y
responsabilidades de banqueros, financieros, empresarios, constructores, gestores
públicos, relevantes personalidades de instituciones oficiales, políticos, etc.
No fue la población sino los bancos los que desde el 2000 al 2007 multiplicaron el crédito
total destinado a la actividad inmobiliaria por nueve, algo así como 300.000 millones de
euros. Siguieron aumentando artificialmente con sus tasadores los bienes sobre los que iban
a dar créditos. Los políticos les crearon las condiciones para crear una burbuja inmobiliaria sin
precedentes y a los inspectores del propio banco se les prohibió indagar y hacer públicas
sus denuncias acerca del endeudamiento peligroso que se estaba produciendo.
Tengo a la vista imagen y lista de 16 empleados, pertenecientes a nueve entidades
bancarias distintas, cuyas indemnizaciones asignadas suman la cantidad de 113 millones
de euros.
Otra lista recoge a lo largo de toda ESPAÑA 306 casos. Entre ellos algunos muy escandalosos de
particulares (Gürtel, Fabra, Palau, Marea, Pretoria…) y muchos otros, los más, de alcaldes,
ayuntamientos, expertos, empresarios, políticos.
En nuestra democracia senadores y diputados:
Perciben sueldos de 3.996 euros mensuales, frente a 624 euros, salario mínimo de un
trabajador;
Tienen un plan de pensión vitalicia sin razón que la justifique.
Les basta cotizar siete años para percibir una jubilación frente a los 35-40 años del
ciudadano normal.
Están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.
Y son ellos, quienes al inicio de la legislatura, se suben sus retribuciones en el porcentaje que
les apetece.
Son centenares y miles los alcaldes y secretarios de nuestros pueblos y ciudades que perciben sueldos
muchas veces escandalosos e injustos, precisamente porque no existen normas que los regulen. Un
ejemplo: en Ondarribia (16.000 habitantes), seis personas -alcalde, teniente alcalde, secretaria,
responsable de prensa, consejero jurídico del alcalde, jefe de policía municipal – cobran al año
315.787 euros, a un promedio de 45.112 euros. En el Consejo General del Poder Judicial,
el presidente percibe anualmente 130. 000 euros; y los vocales (20) 112.00 euros. Y han
fijado el presupuesto de gastos (protocolos y viajes) para este año 2012, en setenta y dos
millones de euros, es decir, unos 3,60 millones para cada uno.
El 72% del fraude fiscal proviene de algunas empresas que facturan más de 150
millones de euros al año, y de la banca con algunas honrosas excepciones. Ahorraríamos
noventa mil millones de euros. Se han hecho obras espectaculares, sin demostrada necesidad y
rentabilidad, como por ejemplo diez aeropuertos por un coste de 1.548 millones de euros y diecinueve
obras de diverso tipo que han costado 4.143 millones de euros.
Se recorta de donde no se puede (NI SE DEBIERA) y no se hace de donde se
puede. Se podría por ejemplo prohibir por ley que los expresidentes cobren de la empresa
privada a la vez que disfrutan de su pensión vitalicia.
Por lo tanto, podemos concluir que:
Los estafadores o especuladores o despilfarradores, metidos de pronto en un pozo
muy hondo, del que ellos dicen no pueden salir, son todos estos y son los que piden ser
rescatados.
No obstante, aunque los bancos dicen estar descapitalizados, no parece que los
banqueros hayan mermado sus sueldos, beneficios, indemnizaciones y pingues
pensiones.
La clase política, y el Gobierno que nos representa, deben investigar qué se ha hecho
con esos millones y millones de deuda, quiénes los han malversado o sustraído,
declararlos rehenes y que sean ellos los que deben pagar el rescate con quienes lo han
contraído.
Los ciudadanos en general no son sujetos de rescate, ni se les debe obligar a pagar
con reformas, recortes o impuestos un rescate que no les corresponde.
“Un banco cuando tiene beneficios los reparte entre los accionistas y en sueldos
millonarios de una minoría. Sin embargo, cuando tiene pérdidas, somos
todos los que las pagamos.
Proponemos constituir una banca pública, cuyos beneficios servirían para pagar la
sanidad y educación”. (Alberto Garzón).
Los más de cien mil millones de euros a pagar por el rescate, indica hasta qué punto se ha
producido irresponsabilidad y complicidad por parte de quienes, por ética, ley y por a
Constitución, tienen el deber de controlar y preservar la dignidad, la justicia y el derecho de
todos.
El rescate, un ataque a la democracia.
Quienes entre nosotros defienden la ideología neoliberal seguirán proclamando que ella traza
la dirección correcta para superar la crisis y que de ella no se van a apartar. La realidad nos
está diciendo que “El rescate financiero impuesto a España por la eurocracia de la Eurozona así
como por el Fondo Monetario Internacional y por el gobierno Merkel de Alemania , ha supuesto una
pérdida de la soberanía española, transformando al Gobierno español en una mera correa
de transmisión de las decisiones tomadas por aquellas instituciones” (Vicenç Navarro).
En resumen, y según el distinguido economista mencionado, el Gobierno del PP está
procediendo sin mandato popular, pues las medidas que viene aplicando (bajar los salarios,
desmantelar el Estado del bienestar…) no figuraban para nada en su programa electoral, sino más
bien todo lo contrario.
Esta vez, los intereses bancarios y las entidades empresariales europeas, centradas en el capital
alemán, han perpetrado un golpe de Estado con tanques y misiles económicos. Y con mayor
o menos habilidad los partidos (incluso nacionalistas) no dudan en unirse a los
neoconservadores para hacer pasar como un conflicto de naciones lo que es un conflicto
de clases. No deja de ser llamativo que Catalunya ostente el gasto público social por habitante más
bajo de la UE-15.
El rescate ha sido aprobado. Y el dinero será para la Banca, no generará empleo ni mejorará nuestro
nivel de vida. “Al lado del capitalismo que con tanto cierto analizó Marx, surge un capitalismo de
casino al que ya se refirió Keynes, y un capitalismo de amigos, que se reparte un botín
resultado de la plusvalía extraída a los trabajadores” (Carlos Berzosa).
Esta crisis, la primera del siglo XXI, tiene como la ideología neoliberal, el fundamentalismo del
mercado, la hegemonía de las finanzas y la creciente desigualdad. Hay una pérdida progresiva de
los derechos de la ciudadanía, que proviene de que la soberanía popular ha quedado
rehén de los mercados financieros. Ya no tiene contenido alguno la participación ciudadana en el
sistema político.”
viernes, 29 de junio de 2012
"Una Grieta en el Muro de la Impunidad" DDHH
Informacíón desde Argentina: (la Jueza es de éste país)
Flor y Humberto Baena. El fue el último fusilado, sentenciado a muerte por Franco en 1975.
LA JUEZA SERVINI DE CUBRIA ESCUCHO AYER EL TESTIMONIO DE VICTIMAS DEL FRANQUISMO En el marco de la megacausa que investiga los crímenes del franquismo aplicando principios de justicia universal, prestaron declaración torturados durante el régimen del dictador español y familiares. La jueza viajará a España.
Por primera vez, la jueza María Servini de Cubría escuchó en persona los testimonios de víctimas del franquismo en el marco de la megacausa que investiga, a través de principios de justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en España entre 1936 y 1977. Se trata de cuatro ex presos políticos detenidos durante el régimen, que se presentaron en nombre de cincuenta víctimas más; y la abogada de la hermana de José Humberto Baena Alonso, uno de los cinco fusilados en la última sentencia dictada por el general Francisco Franco en 1975, antes de morir. La magistrada los recibió ayer, en una audiencia cerrada, donde ratificó su voluntad de viajar a España.
Estaba previsto que la audiencia testimonial continuara esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, pero la jueza decidió escuchar ayer a todos los españoles. “Se abrió una grieta en un muro de impunidad del franquismo instituido en nuestro país, apoyado por la judicatura de allí y los medios que aplaudían que la Justicia española interviniera a nivel internacional –en referencia al proceso encabezado por el juez Baltasar Garzón en el que juzgó los crímenes de las últimas dictaduras argentina y chilena–, pero (que) se niega a levantar la alfombra y ver qué hay debajo en nuestro país”, explicó José María “Chato” Galante, una de las víctimas y referente de la asociación La Comuna, de presos y represaliados por el franquismo.
Galante estuvo preso en cuatro oportunidades desde 1969, la última de ellas entre 1973 y 1976, cuando fue puesto en libertad con la primera amnistía. Cada vez, lo sometieron a un interrogatorio por sus actividades políticas. En una de las detenciones, lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde le aplicaron diferentes torturas. “Perdí noción del tiempo –contó en su testimonio escrito–. Me aplicaron la ‘bañera’ y también sufrí la ‘barra’, por la que me cuelgan por la articulación de las rodillas, de forma que los glúteos, genitales y las plantas de los pies quedan expuestos a los golpes. Se turnaron bastantes policías, pero recuerdo por su especial ensañamiento a Roberto Conesa, José Antonio ‘Billy el Niño’ González Pacheco y Juan García Gelabert.”
La jueza Servini de Cubría, cuyo próximo paso será aceptar como partes querellantes a los aspirantes presentados ayer, ya había enviado un exhorto a España en que requirió, entre otros pedidos, que se informe el último domicilio registrado de Billy el Niño, uno de los más de cien torturadores vivos que la asociación La Comuna tienen identificados.
Para Máximo Castex, uno de los abogados patrocinantes de la megacausa, la audiencia testimonial “demostró la buena disposición de Servini de Cubría para hacer avanzar este proceso. Por ejemplo, no es común que un magistrado pase seis horas de corrido (estuvieron reunidos de 11 a 17.30) escuchando testimonios en una etapa de instrucción. Además, ratificó su voluntad de viajar para escuchar a víctimas y recorrer algunos de los puntos donde se produjeron los secuestros, torturas y asesinatos”.
Hasta el momento, La Comuna ha identificado a más de cien torturadores, cuyos nombres fueron entregados a Servini de Cubría. Con Galante, se presentaron otro tres presos políticos, en su primera declaración ante un tribunal de Justicia tras los más de 35 años de democracia en España: Josu Ibarguchi, 62, que estuvo detenido entre 1968 y 1976 por su militancia en la incipiente ETA; Sabin Arana Bilbao (67), que denuncia las torturas y detenciones sufridas en más de una oportunidad, y el periodista y editor Manuel Blanco Chivite, también de 67 años, que fue apresado y condenado a muerte en 1975 por su militancia en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), pena que le fue conmutada a última hora.
Junto a Blanco, habían condenado a José Humberto Baena, quien sí fue ejecutado, con la última firma de Franco, antes de morir. Su crimen fue denunciado ayer por la abogada Doris Benegas, que llegó al país en representación de la hermana del represaliado, Flor Baena. Estudiante universitario y militante de izquierda, acusado del homicidio de un policía, Baena declaró ser “militante del Partido Comunista de España Marxista Leninista, (pero) no he participado en los hechos que se me imputan”. El tribunal castrense dictó la pena capital, que se cumplió el 27 de septiembre de 1975, a pesar de que desde el Vaticano hasta la ONU y la Comunidad Europea habían reclamado el indulto de los cinco condenados. El hecho levantó una ola de protestas en países de Europa y América, incluso con incendio de banderas españolas.
La familia de Baena ha llevado su reclamo de justicia a distintos tribunales, incluso ante la ONU, sin obtener respuestas. Por eso ha acudido, explicó su abogada, a la Justicia argentina.
Informe: Rocío Magnani.
Estaba previsto que la audiencia testimonial continuara esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, pero la jueza decidió escuchar ayer a todos los españoles. “Se abrió una grieta en un muro de impunidad del franquismo instituido en nuestro país, apoyado por la judicatura de allí y los medios que aplaudían que la Justicia española interviniera a nivel internacional –en referencia al proceso encabezado por el juez Baltasar Garzón en el que juzgó los crímenes de las últimas dictaduras argentina y chilena–, pero (que) se niega a levantar la alfombra y ver qué hay debajo en nuestro país”, explicó José María “Chato” Galante, una de las víctimas y referente de la asociación La Comuna, de presos y represaliados por el franquismo.
Galante estuvo preso en cuatro oportunidades desde 1969, la última de ellas entre 1973 y 1976, cuando fue puesto en libertad con la primera amnistía. Cada vez, lo sometieron a un interrogatorio por sus actividades políticas. En una de las detenciones, lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde le aplicaron diferentes torturas. “Perdí noción del tiempo –contó en su testimonio escrito–. Me aplicaron la ‘bañera’ y también sufrí la ‘barra’, por la que me cuelgan por la articulación de las rodillas, de forma que los glúteos, genitales y las plantas de los pies quedan expuestos a los golpes. Se turnaron bastantes policías, pero recuerdo por su especial ensañamiento a Roberto Conesa, José Antonio ‘Billy el Niño’ González Pacheco y Juan García Gelabert.”
La jueza Servini de Cubría, cuyo próximo paso será aceptar como partes querellantes a los aspirantes presentados ayer, ya había enviado un exhorto a España en que requirió, entre otros pedidos, que se informe el último domicilio registrado de Billy el Niño, uno de los más de cien torturadores vivos que la asociación La Comuna tienen identificados.
Para Máximo Castex, uno de los abogados patrocinantes de la megacausa, la audiencia testimonial “demostró la buena disposición de Servini de Cubría para hacer avanzar este proceso. Por ejemplo, no es común que un magistrado pase seis horas de corrido (estuvieron reunidos de 11 a 17.30) escuchando testimonios en una etapa de instrucción. Además, ratificó su voluntad de viajar para escuchar a víctimas y recorrer algunos de los puntos donde se produjeron los secuestros, torturas y asesinatos”.
Hasta el momento, La Comuna ha identificado a más de cien torturadores, cuyos nombres fueron entregados a Servini de Cubría. Con Galante, se presentaron otro tres presos políticos, en su primera declaración ante un tribunal de Justicia tras los más de 35 años de democracia en España: Josu Ibarguchi, 62, que estuvo detenido entre 1968 y 1976 por su militancia en la incipiente ETA; Sabin Arana Bilbao (67), que denuncia las torturas y detenciones sufridas en más de una oportunidad, y el periodista y editor Manuel Blanco Chivite, también de 67 años, que fue apresado y condenado a muerte en 1975 por su militancia en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), pena que le fue conmutada a última hora.
Junto a Blanco, habían condenado a José Humberto Baena, quien sí fue ejecutado, con la última firma de Franco, antes de morir. Su crimen fue denunciado ayer por la abogada Doris Benegas, que llegó al país en representación de la hermana del represaliado, Flor Baena. Estudiante universitario y militante de izquierda, acusado del homicidio de un policía, Baena declaró ser “militante del Partido Comunista de España Marxista Leninista, (pero) no he participado en los hechos que se me imputan”. El tribunal castrense dictó la pena capital, que se cumplió el 27 de septiembre de 1975, a pesar de que desde el Vaticano hasta la ONU y la Comunidad Europea habían reclamado el indulto de los cinco condenados. El hecho levantó una ola de protestas en países de Europa y América, incluso con incendio de banderas españolas.
La familia de Baena ha llevado su reclamo de justicia a distintos tribunales, incluso ante la ONU, sin obtener respuestas. Por eso ha acudido, explicó su abogada, a la Justicia argentina.
Informe: Rocío Magnani.
Indignados en Israel
Pues sí. La réplica de lo que se inició en España, continuó en Nueva York, Londres y otras ciudades occidentales comenzó a expresarse en Israel desde el año pasado: centenares de miles de “indignados” –y no sólo jóvenes– llenaron el 3 de septiembre las calles de Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y otras ciudades condenando la elevada carestía de la vida y en demanda de justicia social. La policía estimó su número en 300.000, pero una empresa israelí que monitorea para los medios la cantidad de participantes en estos actos indicó que fueron cien mil más y que sólo en Tel Aviv hubo 300.000. Dado que la población de la ex capital y su distrito asciende a 1,4 millón, la comparación de los guarismos da una idea de la magnitud de la protesta.
Según The New York Times fue “una de las manifestaciones más grandes en la historia del país, aunque queda en pie la pregunta de qué podría lograr” (www.nytimes.com, 3-9-11). Una buena pregunta. El movimiento se reanudó este año los días 22 y 23 de junio, señal de que poco y nada había conseguido. Cabe recordar que, como en otras partes el mundo, es pacífico y está constituido por estudiantes y miembros de las clases medias israelíes, pero este año la policía no se mostró tan benevolente como en el anterior: reprimió a los “indignados” y detuvo a unos 90, pero sin cumplir con las normas legales vigentes.Tales normas estipulan que la policía debe redactar un informe especificando el delito cometido por la persona arrestada a fin de presentarlo ante el tribunal correspondiente. Su incumplimiento motivó que casi todos los detenidos quedaran en libertad. Una encuesta que el diario Ha’aretz llevó a cabo el lunes siguiente a los hechos reveló que una gran mayoría de israelíes, el 69 por ciento exactamente, apoya la continuación de las manifestaciones por la justicia social (www.haaretz.com, 26-6-12).
Algunos encuestados manifestaron que el movimiento es una creación de la izquierda y persigue fines propios, pero las cifras no les dan la razón. Aunque el sector demográfico que expresó el mayor nivel de respaldo a la protesta fue el de los israelíes judíos seculares –un 79 por ciento–, aquélla también cuenta con el sostén de un 57 por ciento de los ultra-ortodoxos y el 53 por ciento de los ortodoxos. El malestar o malhumor de la mayoría de la sociedad israelí es evidente.
No falta la conciencia molesta de algunos policías por enfrentar a sus conciudadanos. Reporteros del diario israelí Ha’aretz entrevistaron a varios de ellos y recogieron declaraciones como ésta: “Nos estamos pegando un tiro en el pie nosotros mismos. Nada perdemos con dejar que los ciudadanos consigan algo. Sí, también para nosotros”. O: “Somos policías que actuamos de manera desleal, como matones desenfrenados, ebrios del poder que da la ley. Soy un policía, un policía enojado, uno que se siente avergonzado, decepcionado” (www.haaretz.com, 25-6-12).
Existen, sin embargo, factores que dividen a la sociedad israelí y dificultan una duradera unión de los “indignados”. La xenofobia es uno de ellos: según un informe del Instituto por la Democracia en Israel, el 52 por ciento de los israelíes coinciden con lo dicho por la ex brigadier general y hoy parlamentaria del Likud gobernante Miri Regev: “Los sudaneses son un cáncer en nuestro cuerpo”, refiriéndose a los inmigrantes de ese país (www.theglobeand mind.com, 4-6-12). Suelen sufrir ataques, así como los africanos que no son judíos.
El 23 de mayo último, miles de israelíes asistían a un mitin en el que Miri Regev y Danny Danon, también miembro del Likud, pronunciaron encendidos discursos contra los inmigrantes africanos. La reunión terminó en violencia y “testigos de los hechos declararon que hombres y mujeres (de Africa) fueron golpeados y sus negocios y propiedades atacadas” (www.guardian.co.uk, 24-5-12). Danon señaló: “Debemos expulsar de Israel a los infiltrados. No debemos tener miedo a decir ‘expulsión ya’”. Los sudaneses del sur y los eritreos, entre otros, que huyen de regímenes autoritarios buscando asilo en Israel se han convertido en “infiltrados”.
La opinión del gobierno no es diferente: Eli Yishay, ministro del Interior, expresó que actuará “de manera decisiva” contra los inmigrantes ilegales y que su repatriación o deportación “es una misión nacional” (www.ti mesofisrael.com, 7-6-12). Agregó que en breve se completará la construcción de centros de detención a los que serán trasladados los inmigrantes africanos que residen en el sur de Tel Aviv, Eilat, Arad y otras ciudades. El tribunal administrativo de Jerusalén autorizó la deportación de los sudaneses.
Yishay explicó que tales medidas “no son una guerra contra los infiltrados. Se trata de una guerra destinada a preservar el sueño judío sionista en el Estado de Israel”. Hace mucho que los palestinos sufren ésa y otras clases de guerra.
Juan Gelman
martes, 26 de junio de 2012
Tras los Rastros de Restos de Argentinos en Uruguay
Por Irina Hauser
El hallazgo de legajos con fotografías de cuerpos atados y torturados que fueron arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas uruguayas durante la última dictadura se convirtió el año pasado en la primera prueba judicial, documentada, de los “vuelos de la muerte”. El juez federal Sergio Torres intenta ahora dar un paso más y rastrear dónde están esos cuerpos que podrían ser los de 21 desaparecidos, con la expectativa de identificarlos y poder devolver los restos a sus familias. Para eso, la semana pasada firmó un exhorto que será enviado a Uruguay con un pedido de apertura de todos los archivos judiciales, del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad que puedan ayudar a reconstruir lo que sucedió desde el momento en que esas personas sin vida fueron recogidas de las aguas.
En octubre del año pasado, Torres, a cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos en la ESMA, viajó a Estados Unidos para consultar documentación del archivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial aquella vinculada con la visita de ese organismo a la Argentina en 1979. Había más de treinta cajas, que parecían haber permanecido sin abrir desde entonces. El juez revisó una por una y fue allí donde encontró una carpeta amarilla con un centenar de fotografías que acompañaban informes sobre cuerpos que aparecieron, al parecer, entre 1976 y 1978, cerca de distintos pueblos de la costa del país vecino: Colonia, Carmelo, José Ignacio, Balizas, Laguna de Rocha, Laguna de Garzón, Piriápolis, Solana del Mar, La Paloma.
Los reportes estaban escritos a máquina, por agentes de inteligencia de la Prefectura uruguaya y algunos por peritos. Incluían descripciones como la siguiente: cuerpo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro, complexión mediana, unos treinta años, tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. “Indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”, añadía. Otro parte hablaba de “fractura de muñecas, como si hubiera estado colgada de ellas; quemaduras en ambas manos; derrame sanguíneo interno provocado por la rotura de vértebras” y “zona pubiana, anal y perianal destrozada con objetos punzantes”.
Las fotos mostraban las manos y los pies atados con sogas, tiras de persianas e incluso cables. Las marcas de la tortura eran visibles. Podía haber varias tomas de diferentes partes de un mismo cuerpo. En el juzgado de Torres entienden que esas imágenes dan cuenta de las condiciones en que se encontraban las víctimas y cómo eran arrojadas al mar desde aviones. Los informes daban casi por hecho que provenían de la Argentina. A veces por la ropa de una determinada marca. O por las corrientes marítimas se consignaba que –según se analizaba en un mapa– Buenos Aires era posible punto de origen.
Había notas al pie de los informes de inteligencia que ofrecían fuertes indicios de que las autoridades uruguayas sabían o presumían el origen de estos casos que en los papeles rotulaban como “hallazgo de un cuerpo sin vida”. También dan pistas de cómo se procedía. Una decía: “Este primer hallazgo no hizo pensar en un primer momento que se estuviera nuevamente ante la presencia de nuevos asesinatos políticos. Sin embargo, la claridad del informe sobre las torturas que había recibido la víctima, junto con el hallazgo del cuerpo, hicieron cambiar de modo de pensar a la jefatura de Inteligencia, haciendo de este procedimiento uno especial”. Otra advertía: “El hallazgo de este cadáver llenó de miedo a los militares uruguayos y argentinos, al pensar que se trataría de una nueva cadena de hallazgos. A tal punto se llegó a esto que se prohibió a la prensa todo acceso al caso, y sólo se hacían comunicados de prensa desde Prefectura”.
- Toda la documentación que se encuentre en dependencia del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad que pueda dar cuenta del descubrimiento de cuerpos en las costas uruguayas entre 1976 y 1982.
- Los informes militares que eran elaborados ante la aparición de los cuerpos. Los documentos de inteligencia de la Prefectura.
- Todos los expedientes que se hayan labrado al respecto en la Dirección Nacional de Policía Técnica. Como referencia, se proporciona el listado de los 21 casos que surgen de la carpeta de la CIDH, que incluye la fecha de cada hallazgo.
- Las causas judiciales que se hayan iniciado ante cada aparición de cuerpos sin vida en las costas y las actuaciones que incluyeron.
- Que se informe el lugar exacto donde fueron inhumados o bien la constancia de su cesación, si es que la hay.
- Los ejemplares de los diarios locales que aludieran a la aparición de los cuerpos.
- Registros fílmicos o de audio que pudieran aludir “a la incineración de cinco cadáveres hallados en el Río de la Plata en el año 1976”.
- Determinar si las autoridades argentinas eran notificadas; quiénes y cuándo recibieron (si es que hay constancia) esos avisos.
El juez uruguayo tendrá que abrir una causa para tramitar el exhorto. También intervienen las cancillerías de ambos países.
No se conoce aún a ciencia cierta cómo llegó a manos del organismo internacional, pero todo hace suponer que quien lo entregó o envió a la delegación que vino a evaluar la situación argentina en pleno terrorismo de Estado fue un ex miembro de inteligencia de la Prefectura uruguaya, Daniel Rey Piuma, que desertó y en 1980 se recluyó en Brasil. Piuma se llevó documentos y en un libro que publicó ocho años después, Un marino acusa, reflejó informes con un relato coincidente sobre el descubrimiento de los cuerpos en las aguas, además de referirse a la coordinación entre las dictaduras de la región. Todo hace suponer que él mismo podría ser autor de los informes de Prefectura e incluso quien tomó las fotos.
Recientemente, el juzgado de Torres lo contactó y está en plena gestión para que venga a dar su testimonio a la causa ESMA.
En el exhorto, Torres les explica a sus interlocutores uruguayos que los vuelos de la muerte eran “efectuados por personal de la Armada Argentina” y que el procedimiento “comenzaba con el reclutamiento de determinados prisioneros a los que se les inyectaba Pentonaval (pentotal), lo que les ocasionaba un adormecimiento general del cuerpo y la conciencia. Luego de esa inyección eran subidos a un camión que los trasladaba hasta una aeronave desde la cual, según las constancias de la causa, eran arrojadas con o sin vida al Río de la Plata (...) formaba parte de la metodología para deshacerse de los cuerpos de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada”.
La Justicia sigue el rastro de esos cuerpos como apuesta para completar, con el apoyo de Uruguay, la reconstrucción de lo ocurrido y la reparación para los familiares de los desaparecidos.
En octubre del año pasado, Torres, a cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos en la ESMA, viajó a Estados Unidos para consultar documentación del archivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial aquella vinculada con la visita de ese organismo a la Argentina en 1979. Había más de treinta cajas, que parecían haber permanecido sin abrir desde entonces. El juez revisó una por una y fue allí donde encontró una carpeta amarilla con un centenar de fotografías que acompañaban informes sobre cuerpos que aparecieron, al parecer, entre 1976 y 1978, cerca de distintos pueblos de la costa del país vecino: Colonia, Carmelo, José Ignacio, Balizas, Laguna de Rocha, Laguna de Garzón, Piriápolis, Solana del Mar, La Paloma.
Los reportes estaban escritos a máquina, por agentes de inteligencia de la Prefectura uruguaya y algunos por peritos. Incluían descripciones como la siguiente: cuerpo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro, complexión mediana, unos treinta años, tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. “Indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”, añadía. Otro parte hablaba de “fractura de muñecas, como si hubiera estado colgada de ellas; quemaduras en ambas manos; derrame sanguíneo interno provocado por la rotura de vértebras” y “zona pubiana, anal y perianal destrozada con objetos punzantes”.
Las fotos mostraban las manos y los pies atados con sogas, tiras de persianas e incluso cables. Las marcas de la tortura eran visibles. Podía haber varias tomas de diferentes partes de un mismo cuerpo. En el juzgado de Torres entienden que esas imágenes dan cuenta de las condiciones en que se encontraban las víctimas y cómo eran arrojadas al mar desde aviones. Los informes daban casi por hecho que provenían de la Argentina. A veces por la ropa de una determinada marca. O por las corrientes marítimas se consignaba que –según se analizaba en un mapa– Buenos Aires era posible punto de origen.
Había notas al pie de los informes de inteligencia que ofrecían fuertes indicios de que las autoridades uruguayas sabían o presumían el origen de estos casos que en los papeles rotulaban como “hallazgo de un cuerpo sin vida”. También dan pistas de cómo se procedía. Una decía: “Este primer hallazgo no hizo pensar en un primer momento que se estuviera nuevamente ante la presencia de nuevos asesinatos políticos. Sin embargo, la claridad del informe sobre las torturas que había recibido la víctima, junto con el hallazgo del cuerpo, hicieron cambiar de modo de pensar a la jefatura de Inteligencia, haciendo de este procedimiento uno especial”. Otra advertía: “El hallazgo de este cadáver llenó de miedo a los militares uruguayos y argentinos, al pensar que se trataría de una nueva cadena de hallazgos. A tal punto se llegó a esto que se prohibió a la prensa todo acceso al caso, y sólo se hacían comunicados de prensa desde Prefectura”.
El exhorto
Ciertos datos que en aquellos documentos podrían parecer simples asuntos burocráticos representan mucho más, según analizan en el juzgado de Torres. “Actuación del juez de Paz de la 14ª sección judicial de Colonia”, decía una ficha. Otras asentaban incluso el nombre de los magistrados: “juez letrado de instrucción de 5º turno, Dr. Milton H. Cairoli” o “juez de 1º turno Dr. Daniel Gutiérrez”, son algunos de los mencionados. La identificación de esos y otros jueces que tomaron intervención ante la recuperación de cuerpos muestra que junto con la actuación militar hubo una actuación judicial que en algún momento debió definir hasta dónde investigar, qué hacer con ellos. Ese recorrido –junto con las decisiones que los signaron– es lo que la Justicia argentina se propone desentrañar. El principal objetivo que plantea el exhorto firmado por el juez Torres, al que accedió Página/12, es el de conseguir la colaboración del Estado uruguayo para la desclasificación de todos los archivos administrativos y judiciales que puedan ayudar a determinar dónde fueron enterrados los cadáveres y hacer los estudios (del Equipo Argentino de Antropología Forense) necesarios de los restos para determinar si corresponden a desaparecidos. La petición, que invoca el protocolo de asistencia jurídica mutua del Mercosur y explica que se investigan delitos de lesa humanidad (imprescriptibles), va dirigido al juez de turno en Uruguay. Afirma que en ese país “podrían hallarse importantes elementos de prueba que podrían resultar útiles para la investigación” y requiere:
- Toda la documentación que se encuentre en dependencia del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad que pueda dar cuenta del descubrimiento de cuerpos en las costas uruguayas entre 1976 y 1982.
- Los informes militares que eran elaborados ante la aparición de los cuerpos. Los documentos de inteligencia de la Prefectura.
- Todos los expedientes que se hayan labrado al respecto en la Dirección Nacional de Policía Técnica. Como referencia, se proporciona el listado de los 21 casos que surgen de la carpeta de la CIDH, que incluye la fecha de cada hallazgo.
- Las causas judiciales que se hayan iniciado ante cada aparición de cuerpos sin vida en las costas y las actuaciones que incluyeron.
- Que se informe el lugar exacto donde fueron inhumados o bien la constancia de su cesación, si es que la hay.
- Los ejemplares de los diarios locales que aludieran a la aparición de los cuerpos.
- Registros fílmicos o de audio que pudieran aludir “a la incineración de cinco cadáveres hallados en el Río de la Plata en el año 1976”.
- Determinar si las autoridades argentinas eran notificadas; quiénes y cuándo recibieron (si es que hay constancia) esos avisos.
El juez uruguayo tendrá que abrir una causa para tramitar el exhorto. También intervienen las cancillerías de ambos países.
La reconstrucción
Los originales del material que la CIDH atesoraba desde hacía 32 años fueron entregados a Torres en diciembre último para ser incorporados a la causa.
No se conoce aún a ciencia cierta cómo llegó a manos del organismo internacional, pero todo hace suponer que quien lo entregó o envió a la delegación que vino a evaluar la situación argentina en pleno terrorismo de Estado fue un ex miembro de inteligencia de la Prefectura uruguaya, Daniel Rey Piuma, que desertó y en 1980 se recluyó en Brasil. Piuma se llevó documentos y en un libro que publicó ocho años después, Un marino acusa, reflejó informes con un relato coincidente sobre el descubrimiento de los cuerpos en las aguas, además de referirse a la coordinación entre las dictaduras de la región. Todo hace suponer que él mismo podría ser autor de los informes de Prefectura e incluso quien tomó las fotos.
Recientemente, el juzgado de Torres lo contactó y está en plena gestión para que venga a dar su testimonio a la causa ESMA.
En el exhorto, Torres les explica a sus interlocutores uruguayos que los vuelos de la muerte eran “efectuados por personal de la Armada Argentina” y que el procedimiento “comenzaba con el reclutamiento de determinados prisioneros a los que se les inyectaba Pentonaval (pentotal), lo que les ocasionaba un adormecimiento general del cuerpo y la conciencia. Luego de esa inyección eran subidos a un camión que los trasladaba hasta una aeronave desde la cual, según las constancias de la causa, eran arrojadas con o sin vida al Río de la Plata (...) formaba parte de la metodología para deshacerse de los cuerpos de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada”.
La Justicia sigue el rastro de esos cuerpos como apuesta para completar, con el apoyo de Uruguay, la reconstrucción de lo ocurrido y la reparación para los familiares de los desaparecidos.
lunes, 25 de junio de 2012
Huellas de la barbarie en la Argentina.
Acusados: Carlos Castillo (a) el indio, Fernández Supera (a) El Misto, Jacek Piechocki (a) el alemán, Juan José Pomares (a) pipi.
Un ex integrante del grupo de tareas identificó a los asesinos de Mario Gershanik en 1975 y de Horacio Urrera en 1976.
Al publicarse este artículo, el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, tiene sobre su escritorio una declaración prestada ante escribano público por un testigo que incrimina a diez integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense en dos asesinatos cometidos por esa banda parapolicial, el primero de ellos en abril de 1975, y el segundo, en abril de 1976. El declarante, cuya identidad Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva, es un miembro de la patota que fue testigo directo de esos dos crímenes, por lo cual su declaración –que tiene valor legal al estar certificada por un escribano público, pero que puede ser ampliada si su señoría, como debe, decide interrogarlo en sede judicial– puede significar un avance de singular importancia en la causa, que por el momento permanece en estado letárgico por la inacción del juzgado.
La mayoría de los individuos nombrados por el testigo como participantes de esos crímenes ya habían sido identificados en las páginas de Miradas al Sur por los autores de esta investigación. Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Martín Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, David Masota (a) Feiño, Jacek Piechoki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo, Ricardo Walsh (a) Richi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y Néstor Causa (a) El Chino. De ellos, sólo Castillo y Pomares están detenidos por otras acciones criminales cometidas por la CNU.
Los asesinatos a los que se refiere son los del médico Mario Alberto Gershanik, perpetrado el 10 de abril de 1975, y del militante gremial Horacio Salvador Urrera, secuestrado la noche del 19 de abril de 1976 y asesinado pocas horas después junto a otras dos personas.
Un testigo fundamental. La declaración del testigo, certificada por escribano público, fue presentada por el abogado Eduardo Soares, representante legal de las querellas entabladas por los familiares de Mario Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación están en condiciones de afirmar que se trata de un documento de vital importancia para el esclarecimiento de estos dos asesinatos y el avance general de las causas relacionadas con el accionar de la patota paraestatal de la CNU platense.
El testigo –cuyo nombre, se reitera, Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva– es un ex integrante de ese grupo de tareas, del que participó activamente entre noviembre de 1974 y fines de abril de 1976. Se trata de la misma persona que se presentó espontáneamente en el juzgado a cargo de Corazza en el segundo semestre de 2010 con la intención de prestar declaración ante el juez, pero fue disuadido de hacerlo en circunstancias que, por lo menos, cabe calificar de confusas.
Es también el mismo individuo al que se refirió el inefable secretario de Corazza, Ricardo Botto, en un diálogo que mantuvo con el hermano de una de las víctimas de la patota y que los autores de esta investigación relataron en el artículo “Una máquina de dormir causas”, publicado por Miradas al Sur el 26 de febrero de este año. Allí se decía: “A principios de este mes, otro querellante, cuyo hermano fue asesinado por la CNU en 1975, se presentó en el juzgado para aportar el domicilio de un integrante de la patota de Castillo. Lo atendió Botto. ‘No le prestó ninguna atención a la información. Ni siquiera quiso revisar el número de la causa. Sin embargo, nos dijo que uno de los canas que había sido miembro de la CNU de La Plata, que le había ofrecido entregarle a todos los miembros de la patota a cambio de su inmunidad, confesó haber participado de muchas de las operetas de la patota, y que se los quería entregar porque era el único que había quedado fuera de la repartija. Y nos explicó que por razones de ética (sic) había rechazado el acuerdo. Lo extraño es que a pesar de que este hombre le confesó su participación, no fue detenido ni en ese momento ni nunca’, relató a los autores de esta investigación”.
Las víctimas y los asesinos. En su declaración ante el escribano público Esteban Rafael Morcillo, el testigo se refirió específicamente a los asesinatos de Mario Alberto Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación pueden asegurar que si Corazza le toma declaración en sede judicial –y lo interroga a conciencia– no sólo logrará que amplíe sus dichos sobre esos dos casos, sino que estará en condiciones de obtener información de primera mano sobre por lo menos otros veinte crímenes cometidos por el grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo.
Mario Alberto Gershanik fue asesinado la madrugada del 10 de abril de 1975, cuando se resistía a ser secuestrado en la casa de sus padres, por un grupo de tareas conjunto de la CNU y la Triple A, comandado por Aníbal Gordon (a) El Viejo. La información reunida por los autores de esta investigación sobre ese crimen fue publicada por Miradas al Sur el 3 de julio de 2011, en el artículo “Zona liberada para matar a un médico”.
Ahora, en su declaración notarial, el testigo identifica a nueve de los autores de ese asesinato. Se trata, según el escrito que acompaña a la declaración, de: “Carlos Ernesto Castillo (alias ‘El Indio’), Martín Sánchez (alias ‘Pucho’), Dardo Quinteros, Juan José Pomares (alias ‘Pipi’), Antonio Jesús (alias ‘Tony’), David Masota (alias ‘Feiño’), y a Jucek Piechocki (alias ‘El Polaco’ o ‘Pablo’) y Ricardo Wolf (alias ‘Richi’)”, y de otro individuo al que sólo identifica como “‘El Chino’ Causa”. Miradas al Sur está en condiciones de aclarar que el mencionado “Jucek Piechocki” es el abogado Jacek Piechocki, y que “Ricardo Wolf” es en realidad Ricardo Walsh. En cuanto al individuo identificado como “‘El Chino’ Causa”, se trata de Néstor Causa (a) El Chino, conspicuo integrante de la banda.
Horacio Urrera fue secuestrado de la casa familiar la medianoche del 19 de abril de 1976, en una de las últimas de las acciones de la banda paraestatal comandada por El Indio Castillo antes de ser desactivada por orden del jefe de Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti. Esa misma noche fueron también secuestrados Leonardo Guillermo Micheli y Carlos Alberto Satich. Pocas horas después, los cadáveres acribillados de las tres víctimas fueron hallados en las aguas del Arroyo San Antonio, en la localidad de Sarandí. Sobre el secuestro y asesinato de Urrera, los autores de esta investigación publicaron el artículo “Crónica de un asesinato anunciado”, en la edición de Miradas al Sur del domingo 16 de octubre de 2011.
Al referirse a este crimen en su declaración ante escribano público el testigo identifica a ocho de los autores: “Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares, Gustavo Fernández Supera (alias “El Misto”), David Masota, Antonio Jesús, Dardo Quinteros, Martín Sánchez, y a quien debe identificarse como ‘El Chino’ Causa”, según consta en el escrito presentado por el abogado Eduardo Soares.
Pedidos de detención. En la presentación que acompaña a la declaración notarial del testigo, las querellas solicitan la indagatoria de todos los nombrados. En la mayoría de los casos, el juez Corazza no debería tener dificultades para encontrarlos y tomarles declaración. Como se dijo, Castillo y Pomares ya se encuentran tras las rejas y a disposición del juzgado por otros crímenes.
Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto vive en la localidad de Olivos, donde también conduce la agrupación peronista “La Scalabrini Ortiz”. Por lo menos hasta el 31 de diciembre del año pasado figuraba como personal contratado en el Archivo General de la Nación (Contrato 0208B2011, del Ministerio del Interior). Los autores de esta investigación no han podido establecer todavía si este contrato fue renovado.
Antonio Agustín Jesús (a) Tony revistó como director de Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hasta mediados del año pasado, cuando debió renunciar (en realidad se acogió a una jubilación anticipada) debido a los artículos publicados por Miradas al Sur sobre su participación en la banda paraestatal de la CNU. Actualmente, goza de sus días libres en su casa de la localidad de City Bell, en las afueras de La Plata.
Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo vive en Quilmes y dirige un estudio especializado en víctimas de accidentes de tránsito con sede en La Plata. Por tratarse de un abogado y para evitar errores de procedimiento, el escrito presentado por el abogado Soares ante el juez Corazza dice con claridad: “Pido en consecuencia la detención de Jucek (n. de la r.: Jacek) Piechocki a los fines ya mencionados arriba, estableciendo expresamente la salvedad de que –para el caso que se resuelva la detención en su Estudio Jurídico– se informe previamente al Colegio de Abogados donde se encuentre matriculado a fin de evitar posteriores nulidades”.
La CNU y la Bonaerense. Por otra parte, los querellantes le pidieron al juez Arnaldo Corazza que libre los oficios necesarios para que la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informe si en la estructura de la ex Regional La Plata de esa fuerza revistaron, entre 1974 y 1976, las siguientes personas: “Un comisario de apellido González”, “un comisario de apellido Masuli”, “un personal con grado de oficial inspector de apellido Garachico”, y “un personal con el grado de oficial mayor de apellido Bilardo”.
Los autores de esta investigación están en condiciones de identificar al “comisario González” como el encargado de reclutar para el grupo de tareas de la CNU comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, a los policías Alfredo Lozano (a) El Boxer, Vicente Ernesto Álvarez y Roberto Antonio Storni. A fines de 1974, les ofreció a estos tres policías tener un segundo empleo como personal de seguridad de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, a cuyo cargo estaba el padre del Indio Castillo. Revistando en ese empleo fueron incorporados al grupo de tareas de la CNU.
El “comisario Masuli” es en realidad el ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Provincia de Buenos Aires, comisario Carlos Alberto Masulli, encargado de coordinar desde la Bonaerense la liberación de zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera perpetrar sus crímenes sin ningún tipo de interferencia.
El “oficial inspector de apellido Garachico” revistaba en 1974 y 1975 como oficial principal y su nombre completo es Julio César Garachico (a) El Gordo. Era el nexo entre la patota comandada por El Indio Castillo y la Policía Bonaerense para coordinar la elección de “blancos” y la liberación de zonas. Actualmente, se encuentra detenido a disposición del juez Corazza por su participación en los asesinatos de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y militantes montoneros Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi, perpetrados en Tolosa en noviembre de 1976.
El “oficial mayor de apellido Bilardo” tenía en 1975 el grado de suboficial mayor y su nombre completo es Alberto Juan Bilardo. Era el segundón del Gordo Garachico en la coordinación de acciones con la CNU.
La hora del juez. Como señala el escrito presentado por la querella, ahora el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata “tiene una oportunidad inmejorable para avanzar en la causa, requerir indagatorias con elementos concretos y llevar adelante medidas de pruebas a partir de datos e informaciones ingresadas a la causa en forma directa y legítima, sin que puedan cuestionarse de ninguna manera”, así como de “despejar cualquier duda –si las hubiere tanto por parte de la prensa como de algún sector de la opinión pública– respecto de la actuación del Tribunal en relación a la celeridad del proceso como así también en traer al estrado a declarar como imputados a quienes corresponda con estricto resguardo de sus derechos y garantías”.
Los crímenes que se investigan fueron cometidos hace más de 35 años, pero no hay prescripción posible para ellos, ya que se trata de delitos de lesa humanidad por haber sido cometidos al amparo del Estado. Con este testimonio en sus manos, el juez Arnaldo Corazza –cuyo accionar en las causas relacionadas con la CNU viene siendo duramente cuestionado– tiene muchas medidas para tomar.
Paraguay..... (o la Saga de Honduras)
Por Washington Uranga
El juicio político al presidente paraguayo Fernando Lugo y su destitución, concretada ayer por el Senado, es la culminación de una operación de desgaste que el Partido Colorado, el más poderoso de Paraguay y al que perteneciera el ex dictador (1954-1989) Alfredo Stroessner (1912-2006), inició el mismo día en que el ex obispo asumió el poder democráticamente, el 28 de abril de 2008. Con el 93 por ciento de popularidad acumulada como referente social de las organizaciones campesinas, Lugo había logrado el 40,82 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales, encabezando una heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuya principal fuerza era el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, quien ahora asumirá el mandato presidencial hasta abril del año próximo, cuando se realicen las elecciones que ya estaban fijadas desde el año anterior.
Más allá de que el enfrentamiento entre campesinos y policías ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al nordeste del país), con un saldo de once campesinos y seis policías muertos, haya sido utilizado como argumento para el juicio político contra Lugo, vale recordar que la operación desgaste ya había incluido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más diversos motivos. La mayoría de estas maniobras fueron propiciadas por el propio vicepresidente Franco, apartado políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato presidencial. Cuentan los allegados al ex obispo que sabiendo que contaba con los votos propios más los del Partido Colorado, en varias ocasiones el vice Franco fue hasta la sede del gobierno para amenazar a Lugo e intentar extorsionarlo con la amenaza del juicio político, con la única finalidad de obtener réditos para sí. Franco siempre quiso ser presidente y si no lo logró antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra. Esto último no por ética ni por respeto a Lugo, sino porque tenían su propia estrategia de desgaste.
Precisamente, ésta es una de las incógnitas que se plantean frente a la repentina destitución forzada ahora. ¿Por qué el Partido Colorado cambió su estrategia habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro triunfador? Algunas fuentes en Paraguay indican que los colorados, muchos de los cuales poseen grandes extensiones de tierra, tuvieron temor de que los campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió, avanzaran en la ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo. En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que culminó ayer con la destitución del presidente. En la transición, Franco será un presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría parlamentaria.
La gestión de Lugo estuvo siempre atravesada por dificultades y trabas que, en primer lugar, provenían de la heterogénea fuerza que lo llevó al gobierno. Cada iniciativa lanzada desde el Ejecutivo fue sistemáticamente bloqueada en el Congreso con mayoría colorada y muchas veces con la complicidad de los propios legisladores supuestamente oficialistas. Propuestas como la reforma de salud o acerca de las radios comunitarias no pudieron sortear esa valla. Pero lo mismo ocurrió con las leyes de presupuesto o con la designación de embajadores propuestos por Lugo y que no lograron acuerdo legislativo. Por otra parte, el presidente destituido nunca contó con el aparato del Estado por ineficiente y corrupto, por una parte, y porque los colorados siguieron controlando las llaves y los resortes que se ocuparon de instalar durante sesenta años. Algunas investigaciones periodísticas anotan que el 30 por ciento de los funcionarios “de carrera” del Estado paraguayo expresa claramente su alineamiento con el Partido Colorado y todos ellos siguieron en funciones durante el período de Lugo.
Sin llegar a ser una justificación, lo anterior puede incluirse entre las explicaciones de por qué la mayoría de las promesas de campaña de Lugo no llegaron a concretarse. El gobierno de Lugo careció de gestión eficaz. El presidente se rodeó primero de colaboradores fieles aunque sin experiencia de gestión de gobierno y cuando esos hombres se fueron desgastando echó mano a dirigentes políticos de las fuerzas tradicionales, que no le garantizaron coherencia con sus propuestas de cambio social. Para ejemplo basta la última designación, de Rubén Candia, dirigente colorado y ex ministro de Nicanor Duarte Frutos (2003-08), como ministro del Interior, después de la matanza de Curuguaty. Por este camino, Lugo perdió también el apoyo de los movimientos sociales que lo impulsaron y que hoy se lamentan de su destitución, pero que carecen de capacidad política para enfrentar la maniobra institucional.
Y aquí está el otro frente a considerar. Si bien la APC, que llevó al gobierno a Lugo, fue una coalición débil y construida en torno de la figura carismática del ex obispo, todo hacía suponer que con Lugo en la presidencia, uno de los objetivos debería haber sido construir y consolidar una fuerza política propia cuya base más importante fueran los movimientos sociales y campesinos con más energía y perspectivas para el cambio. Tampoco esto ocurrió y eso permite la escena de casi soledad con la que Lugo llega al eclipse de su mandato.
Quizás hubo ingenuidad o impericia política en Lugo y sus colaboradores. La misma que hoy demuestran al expresar su sorpresa frente al golpe institucional. “No lo esperábamos, no estábamos preparados”, confían en voz baja y admiten que por esa misma razón no pudieron organizar la resistencia con movilizaciones masivas de campesinos hacia Asunción. Lugo dice que resistirá “desde algún lugar”. Mientras tanto, tristemente, una vez más, Paraguay queda a merced del Partido Colorado, que fue sostén del dictador Alfredo Stroessner.
Más allá de que el enfrentamiento entre campesinos y policías ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al nordeste del país), con un saldo de once campesinos y seis policías muertos, haya sido utilizado como argumento para el juicio político contra Lugo, vale recordar que la operación desgaste ya había incluido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más diversos motivos. La mayoría de estas maniobras fueron propiciadas por el propio vicepresidente Franco, apartado políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato presidencial. Cuentan los allegados al ex obispo que sabiendo que contaba con los votos propios más los del Partido Colorado, en varias ocasiones el vice Franco fue hasta la sede del gobierno para amenazar a Lugo e intentar extorsionarlo con la amenaza del juicio político, con la única finalidad de obtener réditos para sí. Franco siempre quiso ser presidente y si no lo logró antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra. Esto último no por ética ni por respeto a Lugo, sino porque tenían su propia estrategia de desgaste.
Precisamente, ésta es una de las incógnitas que se plantean frente a la repentina destitución forzada ahora. ¿Por qué el Partido Colorado cambió su estrategia habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro triunfador? Algunas fuentes en Paraguay indican que los colorados, muchos de los cuales poseen grandes extensiones de tierra, tuvieron temor de que los campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió, avanzaran en la ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo. En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que culminó ayer con la destitución del presidente. En la transición, Franco será un presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría parlamentaria.
La gestión de Lugo estuvo siempre atravesada por dificultades y trabas que, en primer lugar, provenían de la heterogénea fuerza que lo llevó al gobierno. Cada iniciativa lanzada desde el Ejecutivo fue sistemáticamente bloqueada en el Congreso con mayoría colorada y muchas veces con la complicidad de los propios legisladores supuestamente oficialistas. Propuestas como la reforma de salud o acerca de las radios comunitarias no pudieron sortear esa valla. Pero lo mismo ocurrió con las leyes de presupuesto o con la designación de embajadores propuestos por Lugo y que no lograron acuerdo legislativo. Por otra parte, el presidente destituido nunca contó con el aparato del Estado por ineficiente y corrupto, por una parte, y porque los colorados siguieron controlando las llaves y los resortes que se ocuparon de instalar durante sesenta años. Algunas investigaciones periodísticas anotan que el 30 por ciento de los funcionarios “de carrera” del Estado paraguayo expresa claramente su alineamiento con el Partido Colorado y todos ellos siguieron en funciones durante el período de Lugo.
Sin llegar a ser una justificación, lo anterior puede incluirse entre las explicaciones de por qué la mayoría de las promesas de campaña de Lugo no llegaron a concretarse. El gobierno de Lugo careció de gestión eficaz. El presidente se rodeó primero de colaboradores fieles aunque sin experiencia de gestión de gobierno y cuando esos hombres se fueron desgastando echó mano a dirigentes políticos de las fuerzas tradicionales, que no le garantizaron coherencia con sus propuestas de cambio social. Para ejemplo basta la última designación, de Rubén Candia, dirigente colorado y ex ministro de Nicanor Duarte Frutos (2003-08), como ministro del Interior, después de la matanza de Curuguaty. Por este camino, Lugo perdió también el apoyo de los movimientos sociales que lo impulsaron y que hoy se lamentan de su destitución, pero que carecen de capacidad política para enfrentar la maniobra institucional.
Y aquí está el otro frente a considerar. Si bien la APC, que llevó al gobierno a Lugo, fue una coalición débil y construida en torno de la figura carismática del ex obispo, todo hacía suponer que con Lugo en la presidencia, uno de los objetivos debería haber sido construir y consolidar una fuerza política propia cuya base más importante fueran los movimientos sociales y campesinos con más energía y perspectivas para el cambio. Tampoco esto ocurrió y eso permite la escena de casi soledad con la que Lugo llega al eclipse de su mandato.
Quizás hubo ingenuidad o impericia política en Lugo y sus colaboradores. La misma que hoy demuestran al expresar su sorpresa frente al golpe institucional. “No lo esperábamos, no estábamos preparados”, confían en voz baja y admiten que por esa misma razón no pudieron organizar la resistencia con movilizaciones masivas de campesinos hacia Asunción. Lugo dice que resistirá “desde algún lugar”. Mientras tanto, tristemente, una vez más, Paraguay queda a merced del Partido Colorado, que fue sostén del dictador Alfredo Stroessner.
Destitución No Es. "Es Un Golpe de Estado"
La destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo inaugura un golpismo de nuevo cuño en la región. Los miembros del Mercosur se reunirán este jueves en Mendoza para evaluar las posibles sanciones al nuevo gobierno.
Pero, el bloque suramericano no se quedará de brazos caídos. La provincia de Mendoza será, dentro de cuatro días, el escenario central donde los jefes de Estado democráticos de la Cuenca del Plata decidirán qué medidas políticas tomar ante el golpe parlamentario paraguayo. En principio, la provincia andina iba a ser el territorio anfitrión de una nueva Cumbre del Mercosur. Incluso, paradojalmente, los presidentes habían decidido que en esa cita se tenía que acelerar el ingreso de Venezuela al bloque regional y destrabar, con algún mecanismo institucional, la persistente negativa del Congreso guaraní al acoplamiento del gobierno bolivariano a la Unión Aduanera del Cono Sur. Ahora, finalmente, los primeros mandatarios Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica –con el anunciado apoyo de los demás países de la Unasur– deberán instrumentar un nuevo contragolpe político contra un Poder Legislativo vecino que no sólo vetó a la “Venezuela roja de Chávez” sino que también instrumentó un express e inédito putsch contra un presidente constitucional, el obispo tercermundista Fernando Lugo. Recapitulando, la temperatura de la invernal Mendoza no tendrá un correlato climático en la Cumbre de Presidentes, que se prevé tórrida y agitada.
Finalmente, ¿qué puede hacer el proceso de integración regional para cercar el golpe paraguayo? En principio, si bien el bloque Unasur cuenta desde hace dos años con una “cláusula democrática” en su estatuto oficial que permite a sus países miembros intervenir en situaciones destituyentes, el menú de acciones a desarrollar es tan amplio como difícil de instrumentar. Hasta el momento, según declaraciones de Rousseff y de sus pares ecuatoriano y venezolano, es indudable que el gobierno del liberal Federico Franco será expulsado de todos los instrumentos regionales de convergencia: Mercosur, Unasur y la más reciente Celac. Pero, además, de cerrar fronteras políticas, los países miembros podrían cerrar fronteras comerciales para ahogar financieramente a una economía pequeña que se nutre, principalmente, de exportar commodities a Estados Unidos y Latinoamérica. Eso sí, la posición de Rousseff en este punto será determinante ya que los principales hacendados sojeros de Paraguay tienen nacionalidad brasileña –de hecho son conocidos en la jerga periodística como “los poderosos brasiguayos”– y, hasta por razones de vecindad, si Brasil blinda su entrada a los productos paraguayos, el PBI guaraní morirá por inanición.
En definitiva, Latinoamérica sufrió en los últimos tres años la misma cantidad de golpes destituyentes. En Honduras, un golpe militar y parlamentario derrocó a Manuel Zelaya; dos años más tarde, una asonada castrense casi tumba a Rafael Correa. Ahora, fue el turno de Paraguay. De ahí, la complejidad de la situación. Desde el autogolpe de Fujimori en Perú que no se registraba una situación como está en el sub-continente suramericano. Será, entonces, la cumbre de Mendoza donde se discuta como activar medidas excepcionales ante una coyuntura única y que se pretende irrepetible.
Anatomía de un golpe. En el violento desalojo a campesinos de diez días atrás sonaron muchos tiros y hubo casi veinte muertos –entre Sin Tierra y policías–, pero el primer cadáver político fue Fernando Lugo. El ex Obispo de San Pedro intentó superar la crisis política bendiciendo el accionar policial y nombrando como nuevo ministro del Interior a un ex fiscal de buena relación con el Partido Colorado. Es más, Lugo venía tendiendo puentes con la histórica fuerza conservadora y se rumoreaba que podía pactar un frente electoral en las presidenciales del año próximo con el sector Colorado comandado por la presidenta de ese partido, Lilian Samaniego. Pero, el otro gran cacique de esa corriente, el multimillonario tabacalero Horacio Cartes –a quién la prensa progresista identifica como un hombre del narcotráfico– vetó cualquier tipo de acercamiento con Lugo y, en cuestión de horas, todos los odios parlamentarios acumulados confluyeron en un mismo fin: destronar al Obispo rojo.
Ahora, la pregunta del millón es qué puede pasar en Paraguay después de un golpe con fachada democrática. Minutos después de la destitución a Lugo, Miradas al Sur se comunicó con el principal referente por la lucha de los derechos humanos en el Paraguay, Martín Almada, quién ganó el Premio Nobel Alternativo del 2002 por haber descubierto los “Archivos del Terror”, documentación clave probatoria sobre la participación de las Fuerzas Armadas paraguayas en el Plan Cóndor. Con la voz algo temblorosa y llena de bronca, Almada se descargó vía telefónica mientras veía en el televisor del living de su casa cómo acababa la era Lugo: “Es un momento muy doloroso para el pueblo paraguayo. Acá hubo una conspiración armada por los grandes latifundistas, la Sociedad Rural y los grandes productores de soja y, fundamentalmente, por la mafia local. Se vienen momentos difíciles para mi país. Aquí llegó hace poco tiempo el ingeniero Blumberg y sus consejos de política de mano dura y tolerancia cero tuvieron todo el respaldo de la clase política. Entonces, ahora viene la criminalización de las luchas sociales”.
El testimonio de Almada puede ser acusado de pasionario pero no falta a la verdad. Si la gestión Franco pudiera anticiparse por sus designaciones ministeriales nada bueno puede aventurarse del futuro cercano paraguayo. Según denunciaron ayer las organizaciones sociales campesinas, la cartera del Interior y la Jefatura de la Policía nacional ya fueron cedidas por el nuevo Ejecutivo a “oscuros funcionarios que fueron cómplices con la dictadura de Alfredo Stroessner”.
“Lugo estaba en el gobierno pero la derecha tenía el poder. A ver, los partidos que destituyeron a Lugo –los liberales, el Partido Colorado, Patria Querida y oviedistas– son todos de derecha. Entonces, es lógico lo que paso. Lugo llegó al gobierno sin estructura política”, le advirtió Almada a Miradas al Sur en el momento exacto que la Policía desalojaba la Plaza de Armas. “Este golpe es tremendo para Paraguay”, repite, una y otra vez, Almada. No lo dice pero ni falta hace: este golpe es tremendo para Latinoamérica.
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