Madrid, 10 de septiembre de 2012
El pasado 25 de julio más de 150 organizaciones de la sociedad civil, que agrupan a más de 900 asociaciones y entidades, nos reunimos en lo que denominamos Cumbre Social para reflexionar sobre la situación por la que está atravesando nuestro país, la naturaleza y las consecuencias económicas y sociales de las políticas que se están llevando a cabo por el Gobierno de la nación en connivencia con la Unión Europea, y para mancomunar la respuesta social con el objetivo de promover un cambio sustancial de las mismas.
Vimos entonces cómo las políticas que se están implementando desde mayo de 2010 y que se han intensificado desde la llegada del PP al Gobierno están suponiendo una fractura social sin precedentes: Se sigue destruyendo empleo; se siguen deteriorando los derechos laborales y sociales; se intensifica la devaluación de nuestro Estado de Bienestar; se promueve una involución ideológica de carácter neoconservador y confesional negando a las mujeres el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, profundizando la división sexual del trabajo, reduciendo los recursos contra la violencia de género, criminalizando a la población inmigrante,… y aparecen síntomas preocupantes de autoritarismo político que amenazan la calidad de nuestro sistema democrático. No existe ningún colectivo, ni ámbito de la actividad social y cultural, que se libre de las consecuencias de estas políticas salvo los poderes económicos y las élites que los representan. Todo ello, sin que en estos dos años largos de políticas neoliberales a ultranza aparezca el más mínimo indicio de superación de la crisis, antes al contrario, se profundiza la recesión económica.
El mundo del trabajo, los empleados y empleadas públicos, los desempleados y los pensionistas, los autónomos, el pequeño comercio; el mundo de la cultura y la ciencia; la justicia; el medio rural; los medios de comunicación y los periodistas, los inmigrantes, los jóvenes; la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales; el medio ambiente y las posibilidades de un modelo económico sostenible, los derechos de los consumidores, la actividad de las organizaciones que trabajan con los más empobrecidos y que practican la cooperación al desarrollo, … TODO y TODOS y TODAS estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas que nos llevan a un cambio de modelo social y nos arrastran hacia una sociedad más injusta, menos igualitaria y más autoritaria, rompiendo los consensos básicos establecidos en la transición democrática.
Desde la pasada reunión de la Cumbre Social hemos seguido sufriendo centenares de incendios repartidos por toda nuestra geografía que podrían haberse evitado o, al menos, haber sido menos devastadores si no se hubiesen recortado los recursos dedicados a ello ni destruido la ganadería extensiva como elemento de limpieza de los montes; se ha prolongado la ayuda a los parados que no perciben ninguna prestación pero reduciendo muy significativamente el número de beneficiarios de la misma, cebándose muy especialmente en los jóvenes; se ha intensificado la persecución de aquellas organizaciones no sumisas a las directrices del poder como ha sucedido con las amenazas contra FACUA, ha continuado el cerco del Gobierno central hacia las corporaciones locales, particularmente las menores, y hacia las CCAA y ha aumentado exponencialmente el riesgo de rescate de la economía española.
Las organizaciones reunidas en esta segunda Cumbre Social ratificamos el compromiso adquirido en la anterior de conseguir el próximo 15 de septiembre una gran concentración en Madrid, que exprese el profundo rechazo que nos merecen estas políticas; que plantee con nitidez que existen alternativas a las políticas europeas y nacionales, empezando por una política fiscal más justa y progresiva y una decidida lucha contra el fraude fiscal sin amnistía para los defraudadores. El 15 de septiembre, también, debe cuestionar la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo unas medidas que no formaron parte de su programa electoral.
Ninguna de las medidas que, desde enero, se vienen aplicando se sometió a la consideración de la ciudadanía en las pasadas elecciones del 20 de noviembre. Cada una de ellas de manera aislada ya supone un ejercicio de ocultación suficientemente grave, pero todas juntas, como programa de acción gubernamental, supone un auténtico fraude democrático y una violación de los derechos humanos y de la ética de la política.
El mal llamado rescate (ni blando ni suave) que negocia el Gobierno ni es inevitable ni deseable con los antecedentes conocidos (Grecia, Irlanda, Portugal) y, de llevarse a cabo, supondrá nuevas condiciones y por tanto nuevos recortes, que amenazan con desbaratar lo poco que se mantiene en pie, prestaciones por desempleo, pensiones,…Ésa es una decisión de tal trascendencia que no puede tomarla el Gobierno por sí sólo. Si antes teníamos suficientes motivos para exigir un Referéndum, ahora más.
La Constitución Española contempla en su artículo 92.1 la posibilidad de que ante decisiones de especial relevancia se recurra a la consulta popular, eso es lo que da sentido y fortalece nuestra democracia, lo que en momentos tan críticos es justo que demandemos. En todo caso la ciudadanía debe tener la posibilidad de expresarse. Ése también es nuestro compromiso.
martes, 18 de septiembre de 2012
martes, 11 de septiembre de 2012
40 AÑOS DESPUES ¡¡EL PENSAMIENTO DE SALVADOR ALLENDE VIVE!!
DISCURSO DEL PRESIDENTE ALLENDE EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EL 4 DE DICIEMBRE DE 1972
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SALVADOR ALLENDE ANTE LA ONU
“Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras, que ha sido conducido a un endeudamiento externo superior a los cuatro mil millones de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus exportaciones; un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada.”
En Chile hoy “Los trabajadores están desplazando a los sectores privilegiados del poder político y económico, tanto en los centros de labor, como en las comunas y en el Estado. Éste es el contenido revolucionario del proceso que está viviendo mi país, de superación del sistema capitalista y de apertura hacia el socialismo.”
“Su tradición, su personalidad, su conciencia revolucionaria, permiten al pueblo chileno impulsar el proceso hacia el socialismo fortaleciendo las libertades cívicas, colectivas e individuales, respetando el pluralismo cultural e ideológico. El nuestro es un combate permanente por la instauración de las libertades sociales, de la democracia económica, mediante el pleno ejercicio de las libertades políticas. La voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de impulsar el proceso revolucionario dentro de los marcos de un Estado de Derecho altamente institucionalizado, que ha sido flexible a los cambios y que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad socioeconómica.”
“Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, apostadas en los más variados lugares de influencia.”
“La ITT, gigantesca corporación cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos, y superior inclusive al de algunos países industrializados, ....presento un plan de acción al gobierno norteamericano, con el propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de seis meses. Tengo aquí el documento, fechado en octubre de 1971, que contiene los 18 puntos que constituían ese plan. Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, crear el pánico en la población, el desorden social, para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura.”
“Acuso ante la conciencia del mundo a la ITT de pretender provocar en mi patria una guerra civil. Esto es lo que nosotros calificamos de acción imperialista.”
“El chileno es un pueblo que ha alcanzado la madurez política para decidir, mayoritariamente, el reemplazo del sistema económico capitalista por el socialista.”
“He de referirme al fenómeno de las corporaciones transnacionales, y destaqué el vertiginoso crecimiento de su poder económico, influencia política y acción corruptora. De ahí la alarma con que la opinión mundial debe reaccionar ante semejante realidad. El poderío de estas corporaciones es tan grande, que traspasa todas las fronteras. Su influencia y su ámbito de acción están trastocando las prácticas del comercio entre los Estados, de transferencia tecnológica, de transmisión de recursos entre las naciones y las relaciones laborales.”
“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada.”
“Pero las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Ante este peligro, los pueblos desarrollados no están más seguros que los subdesarrollados. Es un fenómeno que ya ha provocado la creciente movilización de los trabajadores organizados, incluyendo a las grandes entidades sindicales que existen en el mundo. Una vez más, la actuación solidaria internacional de los trabajadores, deberá enfrentarse a un adversario común: el imperialismo.”
“El sentido de solidaridad humana que impera en los países desarrollados debe sentir repugnancia porque un grupo de empresas lleguen a poder interferir impunemente en el engranaje más vital de la vida de una nación, hasta perturbarlo totalmente.”
“A través del caso chileno, está planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países débiles del Tercer Mundo.”
“América Latina deja atrás la época de las protestas. Necesidades y estadísticas contribuyeron a robustecer su toma de conciencia. Han sido destruidas por la realidad, las fronteras ideológicas. Han sido quebrados los propósitos divisionistas y aislacionistas, y surge el afán de coordinar la ofensiva y la defensa de los intereses de los pueblos en el continente, y con los demás países en desarrollo.”
“El mundo en desarrollo económico está adquiriendo cada día mayor conciencia de sus realidades y de sus derechos. Exige justicia y equidad en el trato y que se reconozca el lugar que le corresponde en el escenario mundial. Motores de esta transformación han sido, como siempre, los pueblos, en su progresiva liberación para convertirse en sujetos de la historia. “
“La acción internacional tiene que estar dirigida a servir al hombre que no goza de privilegios sino que sufre y labora: al minero de Cardiff, como al fellah de Egipto, al trabajador que cultiva el cacao en Ghana o en Costa de Marfil como al campesino del altiplano en Sudamérica; al pescador en Java, como al cafetalero de Kenia o de Colombia. “
“Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres, apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza: Estamos con ustedes, no cejen, ¡vencerán!, toda duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir ¡basta!, ¡basta! a la dependencia, ¡basta! a las presiones, ¡basta! a las intervenciones; para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. “
“Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la Humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. “
GOLPE DE ESTADO EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
Nueve meses después del discurso ante la ONU, el traidor general Pinochet encabezó el golpe de estado militar contra el gobierno legítimo y democrático del Presidente Salvador Allende, ocasionándole la muerte.
Selección de frases del último discurso de Salvador Allende, pronunciadas desde el Palacio Presidencial de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, denunciando a los responsables del crimen
"Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos."
"Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios."
"Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. "
"El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. "
"Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor."
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
"Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición."
domingo, 9 de septiembre de 2012
Otra opinión más, la mia personal, "Referendum Si"
El Giro es más que necesario, No se puede pedir una Cuestión de Confianza a un partido como el actual. Ni siquiera una Moción de Censura. Quien quiera perder el tiempo que lo haga, pero no nos hagan creer que esto es trabajar por el pueblo? o si? a modo de Reflexión.
Artículo 112.
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de conf
ianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Artículo 113.
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. El Unico planteamiento que ha salido en los medios hoy, no es ninguna de estas dos posturas, más bien es la planteada a las puertas, lo valido, lo valiente, lo "exigible" es un Referendum. Artículo 92
Sinopsis del Artículo 92
El presente artículo es una muestra de la generosidad con que nuestra Constitución ha acogido los diversos mecanismos de democracia directa o semi-directa que perviven en los regímenes actuales. Comprometida, como dice el artículo 9.2, en "facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", reconoce entre los derechos fundamentales de los ciudadanos el de "participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" (artículo 23.1).
Junto a otras formas de participación directa como la iniciativa legislativa popular del artículo 87.3, o el régimen de concejo abierto del artículo 140, la Constitución contempla distintas modalidades de referéndum que, como es sabido, supone la consulta al conjunto del cuerpo electoral para que se pronuncie de manera afirmativa o negativa sobre un texto, vote en blanco o se abstenga. Así, se recogen distintos tipos de referéndum en el marco del proceso autonómico en los artículos 151.1, para la ratificación de la iniciativa autonómica; 151.2 para la aprobación de los Estatutos de Autonomía; 152.2 para la reforma estatutaria y en la disposición transitoria cuarta en orden a una eventual incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, se prevén dos modalidades de referéndum constituyente en los artículos 167.3 y 168.3: el primero de ellos de carácter facultativo, y el segundo obligatorio, dada la naturaleza agravada del procedimiento de reforma constitucional. Y, finalmente, el artículo 92 recoge el referéndum consultivo que puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia.
Antes de entrar a analizar este precepto, merece la pena detenerse, aunque sea brevemente en delimitar el concepto genérico de referéndum, para lo que resulta de mención obligada la STC 103/2008, de 11 de septiembre, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. De acuerdo con esta sentencia, en palabras del Tribunal Constitucional, el referéndum es un instrumento de participación directa y política; más en concreto, el referéndum es una especie del género "consulta popular" con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral respecto de asuntos públicos propios del artículo 23 de la Constitución, y que se sustancia a través del correspondiente proceso electoral (STC 103/2008, FJ 2). En estos casos, añade el Tribunal Constitucional, en los que el sujeto consultado es el cuerpo electoral, estaremos ante consultas populares que se verifican por vía de referéndum, y en cuanto tales, su convocatoria queda dentro de la reserva exclusiva que, a favor del Estado, contiene el artículo 149.1.32 de la Constitución.
Así definidas, y habida cuenta que en nuestro sistema de democracia representativa las fórmulas de democracia directa son la excepción, sólo caben referendos en aquellos supuestos en los que se prevea expresamente, sin que en ningún caso puedan asumirse competencias implícitas (STC 103/2008).
Una de las modalidades de referéndum con previsión expresa es, precisamente, la recogida en el artículo 92 de la Constitución, en cuyo estudio nos detenemos seguidamente.
Precedentes y Derecho Comparado
En nuestro constitucionalismo histórico tan sólo encontramos el antecedente de la Constitución republicana de 1931 que, ciertamente, también reconocía con amplitud este tipo de instrumentos. En su artículo 12 introducía, en el procedimiento de elaboración de los Estatutos de las regiones autónomas, un plebiscito que debía aprobarlos por las dos terceras de los electores del censo de la respectiva región. Pero, sobre todo, reunía en su artículo 66 el referéndum legislativo y la iniciativa legislativa popular al disponer:
"El pueblo podrá atraer a su decisión mediante "referéndum" las leyes votadas por las Cortes. Bastará para ello que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales ni las leyes tributarias.
El pueblo podrá, asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del "referéndum" y las garantías del referéndum y de la iniciativa popular".
En cuanto al panorama en el Derecho Comparado, no es extraña la pervivencia de instituciones de democracia directa en las Constituciones de los Estados donde la estructura institucional, sin embargo, se orienta principalmente a la democracia representativa, ejerciéndose la participación de una forma indirecta mediante el sufragio. De estas instituciones la más utilizada es el referéndum que se reconoce en democracias como la de los Estados Unidos de América, y, de modo tradicional, en Suiza.
Entre los países de la Unión Europea es en Austria donde se recoge con mayor largueza, pues se prevé su empleo en el procedimiento legislativo (artículo 43 de la Ley Constitucional Federal), el referéndum consultivo "sobre una materia determinada de fundamental importancia para toda Austria" (artículo 49 b), e incluso para la elección del Presidente Federal si sólo se presentara un candidato y para su deposición si lo pide la Asamblea Federal (artículos 60.1 y 6). Es también frecuente la previsión de una consulta popular sobre materias concretas, como la mayoría de edad electoral en Dinamarca (artículo 29 de la Constitución de 5 de junio de 1953), donde se contempla asimismo la posibilidad del referéndum legislativo (artículo 42). Esta misma modalidad es la que consagra el artículo 11 de la Constitución francesa de 1958, cuyo artículo 3 dice que: "la soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejercerá a través de sus representantes y por vía de referéndum. El referéndum legislativo se prevé también en la Constitución italiana de 1947 y en el artículo 27 de la Constitución irlandesa de 1937. En ambos textos se acompaña del referéndum en caso de reforma constitucional (artículos 138.2 y 46 y 47, respectivamente). La Ley Fundamental de Bonn tan sólo consagra el referéndum para la reordenación del territorio federal en su artículo 29.2 y en dos casos concretos dentro del ámbito regional en los artículos 118 y 118 a).
Por último, sólo se permite el referéndum consultivo en Finlandia (artículo 22.a del Instrumento de Gobierno de 17 de julio de 1919) y en Grecia, referido de forma parecida a como lo hace nuestro artículo 92, a "cuestiones nacionales de carácter crucial" (artículo 44.2 y 3 de la Constitución griega de 1975).
Elaboración del precepto
Los trabajos parlamentarios de redacción del precepto durante el debate constituyente son, en el caso del artículo 92, especialmente reveladores. En efecto, este artículo cierra el Capítulo II del Título III de la Constitución, dedicado a la elaboración de las leyes. Esta ubicación sistemática, que siempre ha llamado la atención de la doctrina, encuentra su explicación en el hecho de que el artículo 85 del Anteproyecto de Constitución incluía, además del referéndum consultivo actual, el referéndum legislativo y el abrogativo o, si se quiere, dos modalidades de referéndum legislativo mediante las cuales el cuerpo electoral se podía pronunciar sobre un proyecto de ley elaborado por las Cortes o sobre la derogación de una ley. Su texto completo era el siguiente:
"1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos.
2. En los dos primeros supuestos del número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores.
3. El plazo previsto en el artículo anterior, para la sanción real, se contará, en este supuesto, a partir de la publicación oficial del resultado del referéndum.
4. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado.
5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el presente artículo y la establecida en el artículo 80".
Tras diversos cambios en las posturas de los distintos grupos parlamentarios sobre la cuestión del referéndum, el artículo se modificó sustancialmente por la Ponencia del Congreso. En su Informe se suprimía la mención a que las leyes no estuviesen aún sancionadas en el apartado 1, pasando el apartado 3 a ser el número 2, y desglosándose el segundo en los apartados 3 y 4, que restringía la iniciativa de tres Comunidades Autónomas o los electores en número no inferior a 750.000 electores a los casos de referéndum relativo a la derogación de las leyes. El apartado 4 se suprimió, y el apartado 5 sufrió una leve modificación de estilo al remitirse a una ley orgánica para la regulación "del ejercicio del referéndum, ..., así como el ejercicio de la iniciativa popular...".
Pero fue en la fase de Comisión donde el precepto, que pasó a ser el artículo 86, experimentó un cambio más rotundo ya que en el texto del Dictamen se eliminaron los supuestos de referéndum legislativo de ratificación y de derogación, concediendo naturaleza meramente consultiva al relativo a las decisiones políticas de especial trascendencia. Con una redacción muy similar a la que finalmente se aprobó, el artículo no fue modificado por el Pleno del Congreso de los Diputados. En el Senado el Dictamen de la Comisión de Constitución, sobre el que ya era artículo 91, tan sólo alteró la redacción del apartado 2 para sustituir el previo debate del Congreso de los Diputados por su "autorización" para la convocatoria del referéndum por el Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno. Finalmente, tras el paso por el Pleno del Senado sin modificaciones, la Comisión Mixta Congreso-Senado volvió a la voz pasiva del texto del Congreso, manteniendo la autorización de esta Cámara en lugar del debate, y sustituyendo la forma de intervención del Presidente del Gobierno que se quedó en propuesta en lugar de refrendo, lo que constituía una innovación introducida por la Comisión Mixta.
Desarrollo legislativo y Jurisprudencia Constitucional
El desarrollo legislativo del precepto se encuentra, básicamente, en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, cuya elaboración fue muy polémica, puesto que estaba destinada en los momentos más inmediatos a regular la convocatoria de referéndum en los distintos procedimientos de aprobación de los Estatutos de Autonomía. En términos políticos la norma se discutió más bien como desarrollo del artículo 151 y fue aplicada para aprobar la convocatoria en las consultas de ámbito autonómico del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Precisamente con el trasfondo de los problemas que suscitó este último caso, fue modificado el artículo 8 por la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre. Sobre la naturaleza de esta Ley ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional; así, en la STC 103/2008, FJ 3 señala que ¿la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la competencial del art. 149.1.32ª CE: la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE.
La Ley Orgánica 2/1980 establece en su artículo 4 una restricción absoluta a la celebración de cualquiera de las modalidades de referéndum durante la vigencia de los estados de excepción y sitio en alguno de los ámbitos territoriales en los que se realiza la consulta o en los noventa días posteriores a su levantamiento. Tampoco se podrá celebrar ninguna modalidad de referéndum, salvo los relativos a la reforma constitucional previstos en los artículos 167 y 168 de la Constitución, durante el período comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración, en el territorio afectado, de cualquier tipo de elecciones o consulta popular.
Centrándonos en el referéndum consultivo, que el artículo 92 reserva a las decisiones políticas de especial trascendencia, su apartado 2º determina que será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En aplicación de ello, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980 establece que tal autorización debe concederse por mayoría absoluta de la Cámara a solicitud del Presidente del Gobierno, dicha solicitud "deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta". Por su parte, el Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, dedica el Título VII al otorgamiento de autorizaciones y otros actos del Congreso con eficacia jurídica directa y, dentro de éste, su Capítulo II, integrado por el artículo 161, se refiere al referéndum consultivo. Este precepto establece en su apartado 2 para la previa autorización que: "El mensaje o comunicación que al efecto dirija el Presidente del Gobierno al Congreso será debatido en el Pleno de la Cámara. El debate se ajustará a las normas previstas para el de totalidad". La decisión del Congreso será comunicada por el Presidente de la Cámara al del Gobierno, según el apartado 3.
Una vez concedida la autorización, procede la convocatoria que corresponde al Rey mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente. La aprobación de esta norma debe adaptarse, entonces, a las previsiones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuyo artículo 2.2 e) recoge entre las funciones de su Presidente la de proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
En todo caso, según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1980, el Real Decreto de convocatoria debe contener el texto íntegro de la decisión objeto de consulta; señalar claramente la pregunta o preguntas a que ha de responder el cuerpo electoral convocado; y determinar la fecha en que haya de celebrarse la votación que deberá producirse entre los treinta y los ciento veinte días posteriores a la publicación del Decreto.
El apartado 2 contiene un régimen de máxima publicidad de la convocatoria, incluyendo la publicación en el Boletín Oficial del Estado; los Boletines Oficiales de todas las provincias o de las provincias y Comunidades Autónomas afectadas, la difusión en todos los diarios que se editen en ellas y en los de mayor circulación de España, la fijación en los tablones de edictos de la totalidad de los Ayuntamientos afectados, así como en todas las representaciones diplomáticas y consulares, y la difusión por radio y televisión.
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/1980 dedica su Capítulo II (artículos 11 a 19) al procedimiento para la celebración del referéndum, incluyendo disposiciones sobre la constitución y funciones de las Juntas Electorales (artículos 12 y 13), la campaña de propaganda (artículos 14 y 15), la votación, el escrutinio y la proclamación de resultados (artículos 16 a 18), y sobre las reclamaciones y recursos (artículo 19). En todo lo que sea de aplicación y no se oponga a las especialidades de este procedimiento resulta aplicable el régimen electoral general contenido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General que ha sido modificada ya en distintas ocasiones. No obstante, las facultades atribuidas en esta Ley Orgánica a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores se entienden referidas a los Grupos políticos con representación parlamentaria, o a los que hubieran obtenido, al menos, un tres por ciento de los sufragios válidamente emitidos en el ámbito a que se refiera la consulta en las últimas elecciones generales celebradas para el Congreso de los Diputados (artículo 11.2 de la Ley Orgánica).
En relación con la aplicación concreta de este principio que hace el artículo 14.1 de la propia Ley Orgánica, determinando que en la campaña de propaganda del referéndum sólo tendrán derecho al uso de espacios gratuitos en los medios de difusión de titularidad pública los Grupos políticos con representación en las Cortes Generales, con arreglo a los criterios que él mismo establece, el Tribunal Constitucional se ha manifestado en la Sentencia 63/1987, de 20 de mayo. En ella dice el Alto Tribunal que esta regulación legislativa que "ciertamente, no es la única concebible dentro el marco constitucional", tiene un sólido fundamento en su orientación a actualizar la previsión genérica del artículo 20.3 de la Constitución. "Pretende allí la Norma Fundamental que por la Ley se asegure a los grupos sociales y políticos "significativos" su acceso a los medios públicos de los que ahora se trata y es de todo punto claro que esa cualificación constitucional -la "significación" por la "representación" en las Cámaras- no la muestran los grupos políticos sino cuando los mismos se hallen presentes en el Parlamento a resultas de los sufragios que en su día recabaron ante el cuerpo electoral, porque sólo en tal caso esa presencia parlamentaria que la Ley exige será indicativa -"significativa", en la expresión constitucional- del arraigo o implantación del grupo en cuestión entre el electorado. Fuera de esta hipótesis, que es la común, la ulterior integración de parlamentarios en un grupo político que no presentó candidatos propios en las anteriores elecciones, o que no logró conseguir para ellos el apoyo del cuerpo electoral, podrá ser relevante a efectos de la organización y funcionamiento interno de las Cámaras, según dispongan sus reglamentos, pero no en lo relativo a la determinación de la significación del grupo mismo, que no recabó o no obtuvo de los ciudadanos los sufragios que hubieran podido llevarle como organización en la que se hubieran encuadrado candidatos electos, hasta las instituciones públicas representativas".
Hasta la fecha, se han celebrado tan solo dos referenda consultivos de ámbito nacional al amparo del artículo 92 y la de la Ley Orgánica 2/1980: el relativo a la permanencia de España en la Alianza Atlántica y el celebrado para la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. En el primero de ellos, la solicitud de su convocatoria fue presentada por el Gobierno y debatida ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que la autorizó el 5 de febrero de 1986. En la consulta hubo de responderse a la siguiente pregunta: "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?". Dichos términos eran los siguientes: "1º. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. 2º. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3º. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España". Como es sabido, el resultado del referéndum, celebrado el 12 de marzo de 1986, fue favorable a la propuesta del Gobierno. El referéndum para la ratificación del Tratado que establece una Constitución para Europa se celebró en España el 20 de febrero de 2005. La pregunta que se hacía a los votantes era: "¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?". El 'sí' ganó con el 77% de los votos. Fue ratificado por la Ley Orgánica 1/2005, de 20 de mayo. Esto no obstante, como es bien sabido, el Tratado no llegó a entrar en vigor al no ser ratificado ni por Francia ni por Holanda.
Aunque no se trate, propiamente, del referéndum consultivo del artículo 92, puede hacerse mención de dos supuestos más de referéndum que han sido desarrollados por normas extraconstitucionales.
El primero de ellos es el referido a las reformas de los Estatutos de Autonomía aprobados por la vía del artículo 151 de la Constitución. Según el artículo 152.2 de la misma: "Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes". De acuerdo con ello el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1980 prevé que el referéndum se celebre, una vez cumplidos los trámites de reforma estatutaria que fueren necesarios, debiendo ser convocado en el plazo de seis meses desde su cumplimiento. La previsión de un referéndum se encuentra recogida en los artículos referidos a la correspondiente reforma estatutaria. En concreto, los artículos 46 y 47 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, los artículos 222 y 223 del de Cataluña, los artículos 56 y 57 del Estatuto de Galicia y los artículos 248 y 249 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En el marco del proceso abierto desde 2006 de reforma de diversos Estatutos de Autonomía, este tipo de referéndum ha sido convocado en relación con las reformas estatutarias de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía, cuyos estatutos fueron modificas por las Leyes Orgánicas 6/2006 y 2/2007, respectivamente.
El segundo supuesto mencionado es el de las llamadas consultas populares municipales, contempladas en la disposición adicional única de la Ley Orgánica 2/1980. Las normas de esta Ley Orgánica no alcanzan en su regulación a "las consultas populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización". El artículo 18 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local recoge, entre los derechos de los vecinos el de pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.
Por su parte, el artículo 71 de la misma Ley dispone que: "De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local". Estas cautelas se ven reforzadas por la prohibición de delegación de la atribución concedida al Alcalde por el artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En esta materia deben tenerse en cuenta también las competencias atribuidas a determinadas Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos: los artículos 29.6 y 122 (interpretado de acuerdo con el FJ 69 de la STC 31/2010) del Estatuto catalán; los artículos 30 c), 78 y 117 del andaluz; el artículo 11.11 del asturiano; el artículo 9.7 del de La Rioja; el artículo 11.8 del murciano; el artículo 32.5 del de Canarias; y el artículo 9.50 del extremeño.
En fin, el último desarrollo legislativo que se ha producido en relación con el referéndum es el contenido en la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Esta norma añadía un nuevo artículo 506 bis al Código Penal que castigaba con penas de prisión e inhabilitación absoluta a la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocase o autorizase la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, o facilitase o promoviera su celebración. Asimismo, la Ley Orgánica 20/2003 introducía un nuevo artículo 521 bis que castigaba con pena de prisión a los que, con ocasión de uno de estos procesos participasen como interventores o facilitasen o promoviesen su realización, una vez acordada su ilegalidad. Estos preceptos fueron no obstante derogados por la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio.
Pequeña visión personal de lo que ha de hacerse. "Referundum Si"
Artículo 113.
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. El Unico planteamiento que ha salido en los medios hoy, no es ninguna de estas dos posturas, más bien es la planteada a las puertas, lo valido, lo valiente, lo "exigible" es un Referendum. Artículo 92
Sinopsis del Artículo 92
El presente artículo es una muestra de la generosidad con que nuestra Constitución ha acogido los diversos mecanismos de democracia directa o semi-directa que perviven en los regímenes actuales. Comprometida, como dice el artículo 9.2, en "facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", reconoce entre los derechos fundamentales de los ciudadanos el de "participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" (artículo 23.1).
Junto a otras formas de participación directa como la iniciativa legislativa popular del artículo 87.3, o el régimen de concejo abierto del artículo 140, la Constitución contempla distintas modalidades de referéndum que, como es sabido, supone la consulta al conjunto del cuerpo electoral para que se pronuncie de manera afirmativa o negativa sobre un texto, vote en blanco o se abstenga. Así, se recogen distintos tipos de referéndum en el marco del proceso autonómico en los artículos 151.1, para la ratificación de la iniciativa autonómica; 151.2 para la aprobación de los Estatutos de Autonomía; 152.2 para la reforma estatutaria y en la disposición transitoria cuarta en orden a una eventual incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, se prevén dos modalidades de referéndum constituyente en los artículos 167.3 y 168.3: el primero de ellos de carácter facultativo, y el segundo obligatorio, dada la naturaleza agravada del procedimiento de reforma constitucional. Y, finalmente, el artículo 92 recoge el referéndum consultivo que puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia.
Antes de entrar a analizar este precepto, merece la pena detenerse, aunque sea brevemente en delimitar el concepto genérico de referéndum, para lo que resulta de mención obligada la STC 103/2008, de 11 de septiembre, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. De acuerdo con esta sentencia, en palabras del Tribunal Constitucional, el referéndum es un instrumento de participación directa y política; más en concreto, el referéndum es una especie del género "consulta popular" con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral respecto de asuntos públicos propios del artículo 23 de la Constitución, y que se sustancia a través del correspondiente proceso electoral (STC 103/2008, FJ 2). En estos casos, añade el Tribunal Constitucional, en los que el sujeto consultado es el cuerpo electoral, estaremos ante consultas populares que se verifican por vía de referéndum, y en cuanto tales, su convocatoria queda dentro de la reserva exclusiva que, a favor del Estado, contiene el artículo 149.1.32 de la Constitución.
Así definidas, y habida cuenta que en nuestro sistema de democracia representativa las fórmulas de democracia directa son la excepción, sólo caben referendos en aquellos supuestos en los que se prevea expresamente, sin que en ningún caso puedan asumirse competencias implícitas (STC 103/2008).
Una de las modalidades de referéndum con previsión expresa es, precisamente, la recogida en el artículo 92 de la Constitución, en cuyo estudio nos detenemos seguidamente.
Precedentes y Derecho Comparado
En nuestro constitucionalismo histórico tan sólo encontramos el antecedente de la Constitución republicana de 1931 que, ciertamente, también reconocía con amplitud este tipo de instrumentos. En su artículo 12 introducía, en el procedimiento de elaboración de los Estatutos de las regiones autónomas, un plebiscito que debía aprobarlos por las dos terceras de los electores del censo de la respectiva región. Pero, sobre todo, reunía en su artículo 66 el referéndum legislativo y la iniciativa legislativa popular al disponer:
"El pueblo podrá atraer a su decisión mediante "referéndum" las leyes votadas por las Cortes. Bastará para ello que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales ni las leyes tributarias.
El pueblo podrá, asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el 15 por 100 de los electores.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del "referéndum" y las garantías del referéndum y de la iniciativa popular".
En cuanto al panorama en el Derecho Comparado, no es extraña la pervivencia de instituciones de democracia directa en las Constituciones de los Estados donde la estructura institucional, sin embargo, se orienta principalmente a la democracia representativa, ejerciéndose la participación de una forma indirecta mediante el sufragio. De estas instituciones la más utilizada es el referéndum que se reconoce en democracias como la de los Estados Unidos de América, y, de modo tradicional, en Suiza.
Entre los países de la Unión Europea es en Austria donde se recoge con mayor largueza, pues se prevé su empleo en el procedimiento legislativo (artículo 43 de la Ley Constitucional Federal), el referéndum consultivo "sobre una materia determinada de fundamental importancia para toda Austria" (artículo 49 b), e incluso para la elección del Presidente Federal si sólo se presentara un candidato y para su deposición si lo pide la Asamblea Federal (artículos 60.1 y 6). Es también frecuente la previsión de una consulta popular sobre materias concretas, como la mayoría de edad electoral en Dinamarca (artículo 29 de la Constitución de 5 de junio de 1953), donde se contempla asimismo la posibilidad del referéndum legislativo (artículo 42). Esta misma modalidad es la que consagra el artículo 11 de la Constitución francesa de 1958, cuyo artículo 3 dice que: "la soberanía nacional pertenece al pueblo que la ejercerá a través de sus representantes y por vía de referéndum. El referéndum legislativo se prevé también en la Constitución italiana de 1947 y en el artículo 27 de la Constitución irlandesa de 1937. En ambos textos se acompaña del referéndum en caso de reforma constitucional (artículos 138.2 y 46 y 47, respectivamente). La Ley Fundamental de Bonn tan sólo consagra el referéndum para la reordenación del territorio federal en su artículo 29.2 y en dos casos concretos dentro del ámbito regional en los artículos 118 y 118 a).
Por último, sólo se permite el referéndum consultivo en Finlandia (artículo 22.a del Instrumento de Gobierno de 17 de julio de 1919) y en Grecia, referido de forma parecida a como lo hace nuestro artículo 92, a "cuestiones nacionales de carácter crucial" (artículo 44.2 y 3 de la Constitución griega de 1975).
Elaboración del precepto
Los trabajos parlamentarios de redacción del precepto durante el debate constituyente son, en el caso del artículo 92, especialmente reveladores. En efecto, este artículo cierra el Capítulo II del Título III de la Constitución, dedicado a la elaboración de las leyes. Esta ubicación sistemática, que siempre ha llamado la atención de la doctrina, encuentra su explicación en el hecho de que el artículo 85 del Anteproyecto de Constitución incluía, además del referéndum consultivo actual, el referéndum legislativo y el abrogativo o, si se quiere, dos modalidades de referéndum legislativo mediante las cuales el cuerpo electoral se podía pronunciar sobre un proyecto de ley elaborado por las Cortes o sobre la derogación de una ley. Su texto completo era el siguiente:
"1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos.
2. En los dos primeros supuestos del número anterior el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras, o de tres asambleas de Territorios Autónomos. En el tercer supuesto, la iniciativa podrá proceder también de setecientos cincuenta mil electores.
3. El plazo previsto en el artículo anterior, para la sanción real, se contará, en este supuesto, a partir de la publicación oficial del resultado del referéndum.
4. El resultado del referéndum se impone a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado.
5. Una ley orgánica regulará las condiciones del referéndum legislativo y del constitucional, así como la iniciativa popular a que se refiere el presente artículo y la establecida en el artículo 80".
Tras diversos cambios en las posturas de los distintos grupos parlamentarios sobre la cuestión del referéndum, el artículo se modificó sustancialmente por la Ponencia del Congreso. En su Informe se suprimía la mención a que las leyes no estuviesen aún sancionadas en el apartado 1, pasando el apartado 3 a ser el número 2, y desglosándose el segundo en los apartados 3 y 4, que restringía la iniciativa de tres Comunidades Autónomas o los electores en número no inferior a 750.000 electores a los casos de referéndum relativo a la derogación de las leyes. El apartado 4 se suprimió, y el apartado 5 sufrió una leve modificación de estilo al remitirse a una ley orgánica para la regulación "del ejercicio del referéndum, ..., así como el ejercicio de la iniciativa popular...".
Pero fue en la fase de Comisión donde el precepto, que pasó a ser el artículo 86, experimentó un cambio más rotundo ya que en el texto del Dictamen se eliminaron los supuestos de referéndum legislativo de ratificación y de derogación, concediendo naturaleza meramente consultiva al relativo a las decisiones políticas de especial trascendencia. Con una redacción muy similar a la que finalmente se aprobó, el artículo no fue modificado por el Pleno del Congreso de los Diputados. En el Senado el Dictamen de la Comisión de Constitución, sobre el que ya era artículo 91, tan sólo alteró la redacción del apartado 2 para sustituir el previo debate del Congreso de los Diputados por su "autorización" para la convocatoria del referéndum por el Rey con el refrendo del Presidente del Gobierno. Finalmente, tras el paso por el Pleno del Senado sin modificaciones, la Comisión Mixta Congreso-Senado volvió a la voz pasiva del texto del Congreso, manteniendo la autorización de esta Cámara en lugar del debate, y sustituyendo la forma de intervención del Presidente del Gobierno que se quedó en propuesta en lugar de refrendo, lo que constituía una innovación introducida por la Comisión Mixta.
Desarrollo legislativo y Jurisprudencia Constitucional
El desarrollo legislativo del precepto se encuentra, básicamente, en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, cuya elaboración fue muy polémica, puesto que estaba destinada en los momentos más inmediatos a regular la convocatoria de referéndum en los distintos procedimientos de aprobación de los Estatutos de Autonomía. En términos políticos la norma se discutió más bien como desarrollo del artículo 151 y fue aplicada para aprobar la convocatoria en las consultas de ámbito autonómico del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Precisamente con el trasfondo de los problemas que suscitó este último caso, fue modificado el artículo 8 por la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre. Sobre la naturaleza de esta Ley ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional; así, en la STC 103/2008, FJ 3 señala que ¿la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la competencial del art. 149.1.32ª CE: la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación política reconocido en el art. 23 CE.
La Ley Orgánica 2/1980 establece en su artículo 4 una restricción absoluta a la celebración de cualquiera de las modalidades de referéndum durante la vigencia de los estados de excepción y sitio en alguno de los ámbitos territoriales en los que se realiza la consulta o en los noventa días posteriores a su levantamiento. Tampoco se podrá celebrar ninguna modalidad de referéndum, salvo los relativos a la reforma constitucional previstos en los artículos 167 y 168 de la Constitución, durante el período comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración, en el territorio afectado, de cualquier tipo de elecciones o consulta popular.
Centrándonos en el referéndum consultivo, que el artículo 92 reserva a las decisiones políticas de especial trascendencia, su apartado 2º determina que será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En aplicación de ello, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980 establece que tal autorización debe concederse por mayoría absoluta de la Cámara a solicitud del Presidente del Gobierno, dicha solicitud "deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta". Por su parte, el Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, dedica el Título VII al otorgamiento de autorizaciones y otros actos del Congreso con eficacia jurídica directa y, dentro de éste, su Capítulo II, integrado por el artículo 161, se refiere al referéndum consultivo. Este precepto establece en su apartado 2 para la previa autorización que: "El mensaje o comunicación que al efecto dirija el Presidente del Gobierno al Congreso será debatido en el Pleno de la Cámara. El debate se ajustará a las normas previstas para el de totalidad". La decisión del Congreso será comunicada por el Presidente de la Cámara al del Gobierno, según el apartado 3.
Una vez concedida la autorización, procede la convocatoria que corresponde al Rey mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente. La aprobación de esta norma debe adaptarse, entonces, a las previsiones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, cuyo artículo 2.2 e) recoge entre las funciones de su Presidente la de proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
En todo caso, según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1980, el Real Decreto de convocatoria debe contener el texto íntegro de la decisión objeto de consulta; señalar claramente la pregunta o preguntas a que ha de responder el cuerpo electoral convocado; y determinar la fecha en que haya de celebrarse la votación que deberá producirse entre los treinta y los ciento veinte días posteriores a la publicación del Decreto.
El apartado 2 contiene un régimen de máxima publicidad de la convocatoria, incluyendo la publicación en el Boletín Oficial del Estado; los Boletines Oficiales de todas las provincias o de las provincias y Comunidades Autónomas afectadas, la difusión en todos los diarios que se editen en ellas y en los de mayor circulación de España, la fijación en los tablones de edictos de la totalidad de los Ayuntamientos afectados, así como en todas las representaciones diplomáticas y consulares, y la difusión por radio y televisión.
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/1980 dedica su Capítulo II (artículos 11 a 19) al procedimiento para la celebración del referéndum, incluyendo disposiciones sobre la constitución y funciones de las Juntas Electorales (artículos 12 y 13), la campaña de propaganda (artículos 14 y 15), la votación, el escrutinio y la proclamación de resultados (artículos 16 a 18), y sobre las reclamaciones y recursos (artículo 19). En todo lo que sea de aplicación y no se oponga a las especialidades de este procedimiento resulta aplicable el régimen electoral general contenido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General que ha sido modificada ya en distintas ocasiones. No obstante, las facultades atribuidas en esta Ley Orgánica a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores se entienden referidas a los Grupos políticos con representación parlamentaria, o a los que hubieran obtenido, al menos, un tres por ciento de los sufragios válidamente emitidos en el ámbito a que se refiera la consulta en las últimas elecciones generales celebradas para el Congreso de los Diputados (artículo 11.2 de la Ley Orgánica).
En relación con la aplicación concreta de este principio que hace el artículo 14.1 de la propia Ley Orgánica, determinando que en la campaña de propaganda del referéndum sólo tendrán derecho al uso de espacios gratuitos en los medios de difusión de titularidad pública los Grupos políticos con representación en las Cortes Generales, con arreglo a los criterios que él mismo establece, el Tribunal Constitucional se ha manifestado en la Sentencia 63/1987, de 20 de mayo. En ella dice el Alto Tribunal que esta regulación legislativa que "ciertamente, no es la única concebible dentro el marco constitucional", tiene un sólido fundamento en su orientación a actualizar la previsión genérica del artículo 20.3 de la Constitución. "Pretende allí la Norma Fundamental que por la Ley se asegure a los grupos sociales y políticos "significativos" su acceso a los medios públicos de los que ahora se trata y es de todo punto claro que esa cualificación constitucional -la "significación" por la "representación" en las Cámaras- no la muestran los grupos políticos sino cuando los mismos se hallen presentes en el Parlamento a resultas de los sufragios que en su día recabaron ante el cuerpo electoral, porque sólo en tal caso esa presencia parlamentaria que la Ley exige será indicativa -"significativa", en la expresión constitucional- del arraigo o implantación del grupo en cuestión entre el electorado. Fuera de esta hipótesis, que es la común, la ulterior integración de parlamentarios en un grupo político que no presentó candidatos propios en las anteriores elecciones, o que no logró conseguir para ellos el apoyo del cuerpo electoral, podrá ser relevante a efectos de la organización y funcionamiento interno de las Cámaras, según dispongan sus reglamentos, pero no en lo relativo a la determinación de la significación del grupo mismo, que no recabó o no obtuvo de los ciudadanos los sufragios que hubieran podido llevarle como organización en la que se hubieran encuadrado candidatos electos, hasta las instituciones públicas representativas".
Hasta la fecha, se han celebrado tan solo dos referenda consultivos de ámbito nacional al amparo del artículo 92 y la de la Ley Orgánica 2/1980: el relativo a la permanencia de España en la Alianza Atlántica y el celebrado para la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. En el primero de ellos, la solicitud de su convocatoria fue presentada por el Gobierno y debatida ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que la autorizó el 5 de febrero de 1986. En la consulta hubo de responderse a la siguiente pregunta: "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?". Dichos términos eran los siguientes: "1º. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. 2º. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3º. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España". Como es sabido, el resultado del referéndum, celebrado el 12 de marzo de 1986, fue favorable a la propuesta del Gobierno. El referéndum para la ratificación del Tratado que establece una Constitución para Europa se celebró en España el 20 de febrero de 2005. La pregunta que se hacía a los votantes era: "¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?". El 'sí' ganó con el 77% de los votos. Fue ratificado por la Ley Orgánica 1/2005, de 20 de mayo. Esto no obstante, como es bien sabido, el Tratado no llegó a entrar en vigor al no ser ratificado ni por Francia ni por Holanda.
Aunque no se trate, propiamente, del referéndum consultivo del artículo 92, puede hacerse mención de dos supuestos más de referéndum que han sido desarrollados por normas extraconstitucionales.
El primero de ellos es el referido a las reformas de los Estatutos de Autonomía aprobados por la vía del artículo 151 de la Constitución. Según el artículo 152.2 de la misma: "Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes". De acuerdo con ello el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1980 prevé que el referéndum se celebre, una vez cumplidos los trámites de reforma estatutaria que fueren necesarios, debiendo ser convocado en el plazo de seis meses desde su cumplimiento. La previsión de un referéndum se encuentra recogida en los artículos referidos a la correspondiente reforma estatutaria. En concreto, los artículos 46 y 47 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, los artículos 222 y 223 del de Cataluña, los artículos 56 y 57 del Estatuto de Galicia y los artículos 248 y 249 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En el marco del proceso abierto desde 2006 de reforma de diversos Estatutos de Autonomía, este tipo de referéndum ha sido convocado en relación con las reformas estatutarias de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía, cuyos estatutos fueron modificas por las Leyes Orgánicas 6/2006 y 2/2007, respectivamente.
El segundo supuesto mencionado es el de las llamadas consultas populares municipales, contempladas en la disposición adicional única de la Ley Orgánica 2/1980. Las normas de esta Ley Orgánica no alcanzan en su regulación a "las consultas populares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización". El artículo 18 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local recoge, entre los derechos de los vecinos el de pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.
Por su parte, el artículo 71 de la misma Ley dispone que: "De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local". Estas cautelas se ven reforzadas por la prohibición de delegación de la atribución concedida al Alcalde por el artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
En esta materia deben tenerse en cuenta también las competencias atribuidas a determinadas Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos: los artículos 29.6 y 122 (interpretado de acuerdo con el FJ 69 de la STC 31/2010) del Estatuto catalán; los artículos 30 c), 78 y 117 del andaluz; el artículo 11.11 del asturiano; el artículo 9.7 del de La Rioja; el artículo 11.8 del murciano; el artículo 32.5 del de Canarias; y el artículo 9.50 del extremeño.
En fin, el último desarrollo legislativo que se ha producido en relación con el referéndum es el contenido en la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Esta norma añadía un nuevo artículo 506 bis al Código Penal que castigaba con penas de prisión e inhabilitación absoluta a la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocase o autorizase la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, o facilitase o promoviera su celebración. Asimismo, la Ley Orgánica 20/2003 introducía un nuevo artículo 521 bis que castigaba con pena de prisión a los que, con ocasión de uno de estos procesos participasen como interventores o facilitasen o promoviesen su realización, una vez acordada su ilegalidad. Estos preceptos fueron no obstante derogados por la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio.
Pequeña visión personal de lo que ha de hacerse. "Referundum Si"
domingo, 2 de septiembre de 2012
miércoles, 29 de agosto de 2012
COMUNICADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANIDAD DE ANDALUCÍA, ASTURIAS CANARIAS Y PAÍS VASCO
Ante la reunión mantenida en el día de hoy por los Consejeros y Consejeras del Partido Popular en Valladolid en el marco de una reunión informal convocada por la Consejeria de Sanidad de Castilla León, a la que se ha sumado el Ministerio de Sanidad, en vísperas de la aplicación de dos nuevos recortes de la sanidad pública como son la retirada de medicamentos del sistema de financiación pública y la definitiva implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España por la Ley General de Sanidad, que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles, que ahora dependen de su situación de dependencia familar o nivel de rentas, y de extranjeros que residen en España, los responsables sanitarios de los Gobiernos de Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco, no hemos querido con nuestra presencia respaldar este conjunto de políticas regresivas, y consideramos que:
• La solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como son la educación y la sanidad, ni en la privatización de la cobertura y gestión de los servicios públicos. Por el contrario, el mantenimiento de una sociedad cohesionada, equitativa y con una sanidad y educación de calidad son bases esenciales para hacer frente a la crisis.
• La mayor fortaleza del Sistema Nacional de Salud es su amplio respaldo popular y profesional, respaldo que ha contado además con el apoyo de todos los partidos españoles que tanto en los diferentes Gobiernos de España como autonómicos han hecho posible un Sistema Nacional de Salud hoy moderno, de calidad y eficiente en lo económico. Sin menoscabo de las reformas que se hacen necesarias y sobre las cuales no dudamos seríamos capaces de encontrar acuerdos comunes entre responsables políticos, profesionales y agentes sociales. Pero ese respaldo social, político y profesional puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión.
• Es necesario desterrar definitivamente los tópicos de la ineficacia y despreocupación que frecuentemente se adjudica a las administraciones, servicios y empleados públicos. Debemos dignificar su labor ante la sociedad, prestigiar su papel y trabajar de manera conjunta para salir reforzados de esta crisis.
Por lo que se refiere concretamente a la actual coyuntura de la sanidad pública española consideramos que:
• La reforma del Sistema Nacional de Salud debe de partir siempre del diálogo conjunto institucional y democrático. Situación que no se ha dado ni con el rechazo del Gobierno de España a tramitar el RDL 16/2012, la mayor reforma del SNS en democracia, mediante proyecto de Ley sujeto a debate y negociación entre los partidos, ni con las sucesivas medidas que ha ido adoptando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sin el adecuado debate técnico y político en el seno del Consejo Interterritorial.
• Reiteramos nuestro rechazo a todas aquellas medidas que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial.
• Solicitamos al Ministerio, una vez más, que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales en el seno del Consejo Interterritorial y en las sedes parlamentarias.
• Solicitamos también del Ministerio que respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías, que entienda que la sanidad es un espacio constitucional de responsabilidad compartida donde las autonomías han acumulado además un enorme bagaje de experiencias en la mejora de la calidad y eficiencia de la sanidad española sobre la que construir una salida a lso actuales desafíos sin menoscabo de los derechos de la ciudadanía.
martes, 21 de agosto de 2012
Las Medidas de Francois Hollande, Esto son Medidas, Lo Demás son Sandeces
Un ejemplo a seguir. Desde que Hollande y los socialistas franceses se hicieron con el control del Gobierno tras las pasadas elecciones donde Sarkozy sufrió un varapalo algo inesperado, los socialistas franceses han propuesto y llevado a cabo numerosas medidas ya no solo caracterizadas por su corte socialista sino por su ejemplaridad en estos tiempos de crisis financiera donde el objetivo a sacrificar suele ser -por desgracia- el pueblo.
Así pues, algunas de estas medidas - unas anunciadas y otras ejecutadas - son:
- La creación de un Banco Público cuyo principal objeto fuese la inversión en I+D para PYMES, facilitando la participación a las regiones en las empresas más cercanas o estratégicas. Al mismo tiempo ofrecerán determinados beneficios fiscales a quienes proporcionen préstamos "blandos" a empresas productoras de Francia.
- Incompatibilidad de cargos públicos - recordemos que en Andalucía el PSOE lo intentó -. Ningún político podrá acumular dos cargos públicos sean de la índole que sean.
- Reducción en un -30% del sueldo del Presidente y los 34 ministros que conforman su Gobierno. Tanto el Primer Ministro Jean- Marc Ayrault como el Presidente pasarían a cobrar de 21.300€ a 14.919€ al mes. El resto de Ministros pasarán de cobrar 14.200€ a 9.940 €. Además, reducción del sueldo de los funcionarios de alto nivel que ganan más de 800.000€ al año en un -40%.
- Advertir a los organismos estatales a través de documento oficial, las represalias que pueden sufrir en caso de actuaciones deshonestas y/o ambiciosas.
- Supresión de gran número de vehículos oficiales y consecuentemente subasta de los mismos. Se pretende crear institutos de investigación científica con alta tecnología que fomenten a su vez la contratación del sector joven, con el capital ahorrado.
- Aniquilar el concepto de paraíso fiscal obligando a tributar a las grandes fortunas. A su vez fomentarán la adaptación de los impuestos a pagar por las empresas en relación con el tamaño de las mismas.
- Privar a la Iglesia Católica de los subsidios estatales de los que se beneficia y legalización del matrimonio homosexual.
- Limitar el número de horas extras en las empresas para fomentar la contratación temporal.
- Creación de Bonos Cultura, el cual permitiría a cualquier ciudadano hasta no pagar impuestos si este se constituye como cooperativa promotora de nuevo empleo.
- Bloquear indifinidamente el precio del combustible.
- Frenar la expansión y actividad nuclear.
- Derogación de la última subida de IVA.
- Descender la edad legal de jubilación de los 62 a los 60 años.
- Aumentar el subsidio para la educación de niños en familias con dificultades.
Las sociedad no demandan únicamente la ejemplaridad del presidente y su gobierno sino que se sufragen sus necesidades comenzando por terminar con el totalitarismo financiero de los mercados. Estas son sin duda alguna, medidas totalmente acertadas de austeridad y ahorro que no machacan los derechos de la ciudadanía sino que más bien ofrecen un mayor margen para reactivar la economía desde abajo.
No puedo evitar sentir envidia sana de los franceses y de su gobierno. Con Hollande, la esperanza de hacer políticas de izquierdas y efectivas están resurgiendo. Ahora debemos reivindicarlas tanto al gobierno español como a nuestro propio partido.
Otro camino es posible lejos de la recesión, y Francia es ahora el ejemplo más claro.
Islandia tiene razón, el FMI esta equivocado.
¿Cuál era el enfoque de Islandia? Hacer exactamente lo contrario de lo que los banqueros que dirigen nuestras propias economías nos dijeron que hiciéramos... Islandia no dio nada a los banqueros.
Durante aproximadamente tres años, nuestros gobiernos, la cábala bancaria, y los medios de comunicación corporativos nos han asegurado que ellos sabían cuál era el enfoque apropiado para la solucionar las economías que ellos mismos habían dañado con su propia mala gestión. Se nos dijo que la clave estaba en pisotear a la gente de a pie con "austeridad" con el fin de seguir haciendo los pagos completos de los interés a los parásitos de los bonos - a cualquier coste.
Después de tres años de fracaso continuo e ininterrumpido, Grecia ya se ha declarado insolvente respecto al 75% de su deuda, y su economía está totalmente destruida. El Reino Unido, España e Italia están cayendo en picado una espiral suicida, donde cuanta más austeridad aplican estos sádicos gobiernos a su propio pueblo peores son sus problemas de deuda y déficit. Irlanda y Portugal están casi en la misma posición.
Ahora, en lo que podría ser el mayor "mea culpa" económico de la historia, tenemos a los medios de comunicación admitiendo que está maquinaria de gobiernos/bancos/propaganda de la Troika ha estado equivocada desde el principio. Se han visto obligados a reconocer que el enfoque de Islandia a la situación económica era el enfoque adecuado desde el principio.
¿Cuál era el enfoque de Islandia? Hacer exactamente lo contrario de lo que los banqueros que dirigen nuestras propias economías nos dijeron que hiciéramos. Los banqueros (naturalmente) nos dijeron que necesitábamos rescatar a los grandes bancos criminales, a costa de los contribuyentes (eran demasiado grandes para caer). Islandia no dio nada a los banqueros.
Los banqueros nos dijeron que ninguna cantidad de sufrimiento (de la gente de a pier) sería demasiado grande mientras se pudiera garantizar que los parásitos de la deuda recibieran hasta el último céntimo de su inversión. Islandia dijo a los parásitos de la deuda que recibirían las sobras, después de atender a las personas (por su propio gobierno).
Los banqueros nos dijeron que nuestros gobiernos "ya no podían permitirse" la misma educación, sanidad y los sistemas de pensiones que nuestros padres habían dado por sentado. Islandia dijo a los banqueros que lo que el país "ya no podía permitirse" era seguir siendo parasitados por los peores criminales financieros en la historia de nuestra especie. Ahora, después de más de 3 años de esta dicotomía en el desarrollo de políticas económica, podemos ver el resultado (a pesar de los esfuerzos de la maquinaria de propaganda para ocultar la verdad).
Como de costumbre, en el momento en que los medios de comunicación corporativos se ven obligados a admitir que nos han estado desinformado sistemáticamente en los últimos años, los revisionistas reciben la función de reescribir la historia:
Después de tres años de fracaso continuo e ininterrumpido, Grecia ya se ha declarado insolvente respecto al 75% de su deuda, y su economía está totalmente destruida. El Reino Unido, España e Italia están cayendo en picado una espiral suicida, donde cuanta más austeridad aplican estos sádicos gobiernos a su propio pueblo peores son sus problemas de deuda y déficit. Irlanda y Portugal están casi en la misma posición.
Ahora, en lo que podría ser el mayor "mea culpa" económico de la historia, tenemos a los medios de comunicación admitiendo que está maquinaria de gobiernos/bancos/propaganda de la Troika ha estado equivocada desde el principio. Se han visto obligados a reconocer que el enfoque de Islandia a la situación económica era el enfoque adecuado desde el principio.
¿Cuál era el enfoque de Islandia? Hacer exactamente lo contrario de lo que los banqueros que dirigen nuestras propias economías nos dijeron que hiciéramos. Los banqueros (naturalmente) nos dijeron que necesitábamos rescatar a los grandes bancos criminales, a costa de los contribuyentes (eran demasiado grandes para caer). Islandia no dio nada a los banqueros.
Los banqueros nos dijeron que ninguna cantidad de sufrimiento (de la gente de a pier) sería demasiado grande mientras se pudiera garantizar que los parásitos de la deuda recibieran hasta el último céntimo de su inversión. Islandia dijo a los parásitos de la deuda que recibirían las sobras, después de atender a las personas (por su propio gobierno).
Los banqueros nos dijeron que nuestros gobiernos "ya no podían permitirse" la misma educación, sanidad y los sistemas de pensiones que nuestros padres habían dado por sentado. Islandia dijo a los banqueros que lo que el país "ya no podía permitirse" era seguir siendo parasitados por los peores criminales financieros en la historia de nuestra especie. Ahora, después de más de 3 años de esta dicotomía en el desarrollo de políticas económica, podemos ver el resultado (a pesar de los esfuerzos de la maquinaria de propaganda para ocultar la verdad).
Como de costumbre, en el momento en que los medios de comunicación corporativos se ven obligados a admitir que nos han estado desinformado sistemáticamente en los últimos años, los revisionistas reciben la función de reescribir la historia:
... El enfoque de la isla a su rescate provocó una recuperación "sorprendentemente" fuerte, indicó el director del Fondo Monetario Internacional en el país. [Negritas del autor]
De hecho, desde el momento en el que se orquestó el desplome del 2008 y nuestros gobiernos moralmente corruptos comenzaron con la ejecución de los planes de los banqueros, yo he escrito que la única estrategia racional era dar prioridad a la gente respecto a los parásitos. Aunque yo no esperaba que los responsables políticos nacionales siguieran mis indicaciones, cuando escribí mis recetas económicas para nuestras economías no basé mis puntos de vista en compasión, o en simplemente "hacer lo correcto."
Por el contrario, he sostenido continuamente que se trataba de una cuestión de simple aritmética y mediante los principios más elementales de la economía que "el enfoque de Islandia" era la única estrategia que podría tener éxito. Cuando Plutarco escribió hace 2.000 años que "un desequilibrio entre ricos y pobres es la enfermedad más antigua y la más fatal de todas las Repúblicas", no estaba repitiendo como un loro el dogma socialista (1500 años antes del nacimiento del Socialismo).
Plutarco se limitaba a expresar el primer principio de la economía, algo en lo que se han basado todas las economías capitalistas modernas han basado sus teorías. Cuando los economistas modernos hablan en su propia jerga, como la propensión marginal a consumir, se basa en la sabiduría de Plutarco: que la economía siempre será más saludable con su riqueza en las manos de los pobres y la clase media en vez de ser acumulados por los avaros ricos (y los especuladores).
Por ello, cuando los revisionistas de Bloomberg intentan convencernos de que la fuerte (y real) recuperación económica de Islandia fue una "sorpresa", esto solo sería cierto si ninguno de nuestros gobiernos, ninguno de los banqueros y ninguno de los valiosos "expertos" entendieran los principios más elementales de la aritmética y la economía. ¿Es este el mensaje de Bloomberg quiere transmitir?
Lo que es aún más falso aquí es el tono de satisfacción en este ejercicio de revisionismo, ya que nada podría estar más alejado de la verdad. Como ya indiqué en una serie de cuatro artículos hace un año, la campaña de "violación económica" perpetrada contra los gobiernos de Europa durante los últimos 2 años y medio (en particular) ha estado expresamente diseñadas para quitarle a "la opción de Islandia" a los demás gobiernos europeos.
Una de las razones por las que Islandia ha sido capaz de escapar a la estrangulación de la cábala bancaria occidental es que la economía (y su gente) conservó la prosperidad residual suficiente para aguantar - mientras la cábala bancaria trató de estrangular la economía de Islandia como castigo por por rechazar la esclavitud de deuda. Así, la austeridad no es nada más y nada menos que una campaña deliberada para destruir las economías europeas para que los esclavos sean demasiado débiles económicamente para poder escapar de su propia estrangulación. ¡Misión cumplida!
Uno puede suponer que ni los medios de comunicación corporativos, ni sus amos los banqueros habrían permitido que se reconociera en sus periódicos y noticiarios el hecho de que Islandia estaba en lo cierto y que nosotros estábamos equivocados, a menos de que estuvieran seguros de que todos los demás esclavos de la deuda estuvieran paralizados más allá de su capacidad para escapar de esta opresión económica.
De hecho, para comprobar esta hipótesis basta con mirar a Grecia: la otra nación europea donde hubo habido "rumores" (es decir, los disturbios) dirigidos a derrocar el Gobierno traidor que servía a la cábala bancaria. Después de dos elecciones, la combinación de miedo y propaganda intimidó al pueblo griego hasta elegir a otro gobierno traidor - que se había comprometido expresamente a reforzar los lazos de esclavitud económica. Cuando los esclavos votan a favor de la esclavitud, los amos de los esclavos puede darse el lujo de regodearse.
Aquí, el propósito de la propaganda de Bloomberg no fue elogiar al gobierno de Islandia (cuando tanto los banqueros y los medios de comunicación corporativos desprecian a Islandia con toda su malicia). Por el contrario, el objetivo de esta desinformación fue la fabricación de una nueva gran mentira.
En lugar de la verdad; que desde el primer día el enfoque de Islandia era la única estrategia posible, mientras que nuestros propios gobiernos optaron por una estrategia diseñada para fracasar, obtenemos la gran mentira. Nuestros gobiernos traidores estaban actuando con honestidad y honradez, y el éxito de Islandia y nuestro fracaso fue otra "sorpresa que nadie podría haber previsto."
Vimos exactamente el mismo revisionismo que siguió al crac de 2008, donde los medios de comunicación sacaron a todos sus expertos cómplices para decirnos que estaban "sorprendidos" por este acontecimiento económico, mientras que desde el sector de metales preciosos nos habían estado prediciendo este cataclismo con precisión, de forma cada vez más contundente, durante varios años.
El verdadero mensaje aquí para los lectores es que cuando una estrategia económica antepone las personas a los parásitos tiene éxito no hay nada de lo que sorprenderse. Al igual que con en el resto del mundo, promocionar la salud de los parásitos sólo es bueno para los propios parásitos.
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