Por fin hemos conocido el contenido del informe encargado por el ministro Wert a un grupo de nueve expertos. El documento completo, titulado ‘Propuestas de reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español’, junto con la agenda de dos miembros de la Comisión de Expertos, puede ser con-
sultado en la página web del Ministerio de Educación.
FETE-UGT espera un recorrido largo en la modificación de la legislación universitaria. En este sentido, valoramos que el MECD se haya reunido con representantes de la CRUE y como consecuencia de ello se haya acordado la constitución de una nueva comisión formada por tres rectores y tres representantes del Ministerio, con el fin de emitir un nuevo documento que reco-
ja el sentir de parte de la comunidad universitaria, como es la CRUE.
El sindicato exige al ministro que constituya otra comisión con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación. De esta
forma, podríamos trabajar desde varias perspectivas del ámbito universitario para poder alcanzar un consenso en los temas que preocupan no solo a la universidad, sino también a la sociedad en general.
FETE-UGT reivindica la necesidad de mejorar la gestión universitaria, considerándola siempre como servicio público y dando cuenta de ello a la sociedad. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades para que todo el alumnado pueda culminar sus estudios universitarios sin tener en cuenta su situación socioeconómica.
FETE-UGT plantea la necesidad de una mayor implicación de la universidad con
la sociedad, de forma que los campus universitarios ayuden al cambio de modelo productivo que precisa este país. Asimismo, defendemos la no injerencia de los gobiernos en la autonomía universitaria y unas estructuras democráticas en su funcionamiento.
A falta de una valoración detallada de los dos documentos, FETE-UGT quiere destacar, tras la lectura de los mismos, algunos aspectos de suma importancia
que no pueden ser obviados.
Falta de acuerdo entre los miembros de la Comisión de Expertos Como puede constatarse, de los 11 miembros que inicialmente constituían la Comisión de
Expertos, dos se pierden en el camino y otros dos muestran su disconformidad a través de una adenda. Resulta especialmente llamativo que sean precisamente los dos juristas del grupo los que firmen la mencionada adenda, en la que,
entre otras cuestiones, se plantean serias dudas sobre su viabilidad jurídica y su entronque constitucional.
Atentado contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra El primer atentado constitucional que se cometería sería el de la vulneración de la
autonomía universitaria. Son muchas las dudas que plantea el texto sobre este principio constitucional, que ha permitido el desarrollo de una institución que ha contribuido, como pocas, al avance económico y social de nuestro país.
La explicación detallada puede leerse en la adenda de los expertos juristas.
Modelo de universidad descontextualizado El informe se sustenta en un modelo de universidad que no tiene viabilidad en nuestro país ni conecta con la tradición
y el contexto cultural, social, educativo y universitario europeo. Las universidades con las que sueñan algunos sabios y el propio ministro son las del mundo anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, cuando nuestras referencias
son Alemania o Francia y los países que han construido y que constituyen la
Europa actual.
Afán privatizador Las universidades públicas no se han librado de esta locura del Gobierno por la privatización. Está claro que el objetivo final es seguir el camino marcado por el Partido Popular para secuestrar el Estado de bienestar a través de la privatización de lo público. ¿Podemos permitirnos en estos momentos una aventura que supone una ruptura de incalculables
consecuencias? ¿Nos llegará el dinero de algún ‘paraíso fiscal’? ¿Tenemos necesidad de otra reforma universitaria, cuando la universidad pública funciona
razonablemente bien y es una de las instituciones mejor valorada por los
españoles?
Lo recogido en el informe no es nuevo, ya pudimos leer en su día sobre la
gobernanza en el documento de Botín (Banesto), titulado Estrategia
Universidad 2015, y que no es otra cosa que el intento de conversión de la uni-
versidad en una empresa, privatizando sus servicios, cuestión no compartida
por los que defendemos los valores de la universidad pública como un bien
para todos y todas.
Eliminación de la democracia interna El modelo de la empresa privada que
se propugna como base del funcionamiento de la universidad pasaría por
eliminar la democracia interna, tanto en los órganos unipersonales como en
los colegiados.
Se pretende que el Consejo de la Universidad se convierta en el órgano
máximo de decisión, que se construiría y funcionaría como el Consejo de
Administración de una empresa. Este Consejo designaría al rector, que debe-
ría reunir cualidades empresariales (puro mercantilismo) y no académicas.
Desaparecería el sistema democrático actual por el que se eligen, además del
rector, los decanos de los centros y los directores de los departamentos. Sería
el rector, una vez designado, el que nombraría al resto de los órganos uniper-
sonales de gobierno. Los decanos y directores perderían su autonomía y
pasarían a ser miembros del equipo empresarial del rector.
Utilización de criterios empresariales en la contratación del profesorado
También destila criterio empresarial la propuesta de sustitución del sistema
actual de selección y contratación del profesorado. Claramente, molestan los
funcionarios, porque su libertad de cátedra los libera de servidumbres polí-
ticas e ideológicas. Se propone la contratación directa de profesorado, sin
acreditación nacional, con sueldos ‘a medida’ y una mera entrevista para su
selección (traducido: a dedocracia). No podemos entender cómo se puede afir-
mar, por una parte, que existe endogamia universitaria y, por otra, proponer
que se solucionaría fomentando las contrataciones a dedo, sin olvidar que,
en caso de reestructuración de plantillas, los primeros despidos son siempre
los contratados laborales.
Diagnósticos erróneos sobre realidades de la universidad pública
Todos los universitarios sabemos, mejor dicho, ‘casi todos’ los universitarios
sabemos que, las universidades no contratan ayudantes porque constituyen
una figura muy costosa y tienen muy poca capacidad docente (6 créditos
ECTS, 60 horas de clase presencial), por lo que se prefiere contratar a profesores asociados que dan muchas más clases por mucho menos salario.
Esta es la verdadera razón, un tema puramente económico en unas universidades donde la financiación se ve recortada día tras día y el capítulo I de los presupuestos solo da para pervertir figuras como la del
profesor asociado.
Vuelta al sistema de habilitación nacional que se recogía en la LOU
¿Acaso piensan que manteniendo el ‘nombre’ proponen algo diferente? El nuevo
procedimiento que están intentando vender es la archiconocida habilitación. Ya
sabíamos que algunos tenían verdadera nostalgia de esos tiempos en los que se
podía ejercer el poder con absoluta impunidad, a pesar de haberse demostrado
sobradamente su falta de viabilidad.
‘Peculiares’ recomendaciones para prevenir la endogamia:
Recomiendan que no se contrate a nadie que se haya formado en la universidad
contratante, salvo que haya estado fuera 36 meses. Es decir, por normativa se van a destrozar (posiblemente) equipos de investigación que estén funcionando bien por el simple hecho de que tienen que irse para poder algún día estabilizarse en su puesto de trabajo y luego ‘si tu me dices ven... lo dejo todo’ y vuelta a empezar. No tiene ningún sentido esta imposición, salvo si se desea que las cosas no funcionen.
Desprecio de la función docente En tanto se establece la habilitación (hay que llamar a las cosas por su nombre), se proponen tres modificaciones muy sustantivas en la evaluación del profesorado funcionario: Aumentar la valoración de los méritos de investigación (85% y 20 puntos por sexenio), reducir los méritos docentes (15%, sin especificar cómo se deben valorar) y
eliminar los méritos de gestión. Estas tres medidas pueden llegar a tener
adeptos o detractores en función del beneficio personal que se pueda llegar a obtener, pero es obvio que hay que analizarlas objetivamente sin componentes subjetivos.
A juicio de FETE-UGT, la propuesta de aumentar el peso de la investigación con
relación a la docencia no justifica en ningún caso el carácter docente e investi-
gador del profesorado, más aún cuando se propone otra vía de contratación que
no exige ningún requisito de partida.
Además, las condiciones actuales de las universidades no son uniformes y la tra-
yectoria personal de cada profesor depende de las condiciones donde se haya desarrollado su trabajo. No es igual integrarse en un grupo de investigación
consolidado, con una gran productividad científica, que comenzar a crear un
grupo nuevo teniendo además una gran carga docente.
Falta de rigor y contradicciones en algunas afirmaciones del documento
En numerosas ocasiones el documento redactado por los expertos parte de
tesis que en ningún momento se demuestran, simplemente se exponen.
Mimetiza a la universidad española con las de estilo anglosajón. Pretende dar
una independencia política a los Consejos de Universidad, cuando leído con detenimiento no la tiene en absoluto. Intenta situar los sexenios (sin pensar
en una revisión de algo que se inició hace muchos años) como los ‘oscars’ de
las universidades. Pretende convencer de que los sistemas de gobierno de las
universidades europeas van por el camino de lo que exponen. Indica la impor-
tantísima labor de formación que tendrían ciertas universidades, pero no vuelve
a hablar de esto nunca más, parece que por ‘importantísima que sea la labor’
las dejaría a pan y agua. El rector nombraría a dedo determinados cargos
académicos, mientras que otros serían electos. ¿Por qué? Y otros muchos pun-
tos que deben ser estudiados con espíritu constructivo y por supuesto crítico.
¿Y el Personal de Administración y Servicios?
Es muy sintomático el ninguneo del Personal de Administración y Servicios (PAS) en el texto, con una escasa referencia de media página, que puede esconder oscuras intenciones de privatización a través de empresas de servicio. En todo caso, su peso y su representatividad quedan notablemente reducidos.
¿Y los estudiantes?
También es sintomática su apuesta por los préstamos a los estudiantes como sustitutivos de las becas, de nuevo a imagen de lo que ocurre en países como los Estados Unidos, que los hipotecan para toda o parte de su vida. Pero esto no debe extrañarnos porque para la banca los estudiantes pasan a ser ‘clientes’.
Por supuesto, como ya se ha dicho, FETE-UGT seguirá profundizando tanto
en el análisis como en las propuestas, ya que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el informe, con claros tintes mercantilistas, aglutina los elementos necesarios para liquidar el sistema universitario público actual y dejarlo preparado para su privatización.
