"La estrategia nipona para crecer"

El experimento japonés dispara el PIB

Las inyecciones de liquidez del Banco de Japón alientan el mayor avance entre países del G-7.

El consumo crece un 0,9% mientras la depreciación del yen empuja las exportaciones un 4%.

 

El experimento de Shinzo Abe, primer ministro de Japón, para combatir la pertinaz deflación, el estancamiento con el que convive la tercera economía mundial desde hace dos décadas, ha pasado la primera prueba. El ambicioso programa de estímulos monetarios y fiscales promovido por el primer ministro de Japón logró reactivar el crecimiento en el arranque de 2013. Según los datos suministrados este jueves por el Ejecutivo japonés, entre enero y marzo el PIB avanzó un 0,9% respecto a los meses finales de 2012.

Que la apuesta del primer ministro tuviese efectos inmediatos en el PIB se daba por hecho. Pero la economía japonesa pasó el examen inicial —es el primer trimestre íntegro bajo mandato de Abe—, con nota. El avance del 0,9%, que triplica la tasa del último trimestre de 2012, sobrepasó con creces las expectativas de los expertos. Y permite a Japón exhibir el mayor ritmo de crecimiento (si lo mantiene, el PIB japonés aumentaría un 3,5% este año) entre los principales países avanzados.

Fuente: Bloomberg. / EL PAÍS

El contraste con el devenir de la zona euro es notable. Un día después de que Eurostat confirmara que sufre la recesión más prolongada de su historia, con el PIB de los Diecisiete descontando otro 0,2% trimestral, la economía japonesa emitió señales bien distintas. Un contraste que alimenta el debate sobre la distinta orientación de la política monetaria. Los bancos centrales de Japón y Estados Unidos (que creció un 0,6% en el primer trimestre) son mucho más agresivos que el Banco Central Europeo, con inyecciones de liquidez sin precedentes por su amplitud (compran títulos públicos y privados) y por su dimensión.

“Las políticas económicas del primer ministro Abe están comenzando a surtir efecto”, destacó el ministro de Economía japonés, Akira Amari, tras la difusión de los datos. “La economía japonesa entra, de forma clara, en una fase de recuperación”, coreó Tomo Kinoshita, economista jefe del servicio de estudios de Nomura.

Las Abenomics, como han sido bautizadas, además del tradicional paquete de estímulo fiscal (unos 100.000 millones de euros, centrados en la inversión pública), suponen un giro radical en la política monetaria del Banco de Japón, ejecutada desde abril por Haruhiko Kuroda, que no tiene empacho en asumir las directrices de Abe. En su prolongada lucha contra la deflación, el Banco de Japón se puso por primera vez como objetivo llevar el IPC japonés a una tasa anual del 2% en dos años. Y para ello, duplicó sus inyecciones de liquidez en la economía mediante la adquisición de bonos públicos y títulos privados de renta fija, desplazando buena parte de las compras a plazos más largos.

El efecto más polémico de las Abenomics es la depreciación del yen. El Gobierno japonés defiende que su objetivo es reactivar la demanda interna, no incentivar las exportaciones abaratando el tipo de cambio de su divisa, un movimiento que podría desatar una guerra de divisas. Hasta ahora, la política sido validada por los foros internacionales (G-7 y G-20), pero se contempla con suspicacia. Porque lo cierto es que el yen se ha depreciado cerca del 30% con relación al dólar y al euro desde que Abe desvelara sus planes en noviembre, en plena campaña electoral. Y que es la cotización de las principales compañías exportadoras lo que sustenta la revalorización del Nikkei, el índice selectivo de la Bolsa de Japón, que ha subido más de un 60% en seis meses

El Banco de Japón  pretende llevar el IPC al 2% en dos años en su lucha contra la deflación.

Los datos desvelados este jueves ofrecen argumentos para todos los gustos. El notable crecimiento del PIB en el primer trimestre se sustentó en el consumo privado, que también aumentó un 0,9% respecto al trimestre anterior. Un incremento que los analistas japoneses relacionan con el efecto riqueza derivado de la escalada del Nikkei, que lleva a los ciudadanos con inversiones bursátiles a ganar confianza y aumentar su gasto. Pero el comportamiento del sector exterior también es significativo. La depreciación del yen ha impulsado las ventas al exterior un 3,9%, en contraste con la caída de los últimos meses de 2012 (-2,9%). Las importaciones también han aumentado, pero a menor ritmo (un 1%).

Los expertos dan por hecho que el crecimiento se prolongará, ya que el plan de estímulo fiscal, que ya ha inducido un crecimiento del 0,8% en la inversión pública, apenas ha entrado en acción. Pero a las Abenomics se le resiste aún su principal objetivo: en marzo, el IPC japonés retrocedió otro 0,9% y enlaza ya diez meses a la baja. Los salarios tampoco levantan cabeza, con un descenso del 0,6% respecto a 2012.

Las empresas, con exceso de capacidad instalada, siguen remisas a invertir. Y el repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro japonés en el mercado secundario (se ha duplicado en un mes, aunque todavía es solo del 0,8%), si se mantiene, puede acabar atrayendo la atención sobre la sostenibilidad de la deuda pública japonesa, cercana al 200% del PIB, además de encarecer los costes financieros. En suma, todavía está por ver si los riesgos de las inyecciones masivas de liquidez (hinchar burbujas financieras que, al estallar, arramblen con todo el crecimiento generado) se disipan, si Abe gana la apuesta con su histórico experimento.

 http://economia.elpais.com/economia/2013/05/16/actualidad/1368691631_726779.html

 

Nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de tasas judiciales del Gobierno, que modificó su anterior Ley de tasas. "No aprende"

El Grupo Parlamentario Socialista y la plataforma cívica Justicia para Todos, presentó ayer en el Tribunal Constitucional, un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de tasas judiciales del Gobierno, que modificó su anterior Ley de tasas.

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha explicado a los medios de comunicación, a la salida del TC, que “las mismas razones que justificaban la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en la primera Ley de tasas, siguen vigentes y justifican la presentación de este segundo recurso”. Además, ha subrayado que “el ministro Gallardón hizo una modificación política de su primera ley para hacerle un lavado de cara”, y ha insistido en que “la barrera económica que estableció dicha norma, como un verdadero muro de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, sigue presente”.

A la presentación del recurso ha acudido también el diputado socialista Antonio Camacho, y representantes de la plataforma Justicia para Todos, formada por el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, USO y STAJ, así como asociaciones de mujeres como Themis.

“La modificación sustancial de alguna tasa variable, sin modificar las tasas fijas, hace que efectivamente hoy haya muchísimos ciudadanos en España que estén desistiendo de un derecho fundamental que tienen reconocido en la Constitución, de acceder a la justicia para defender sus derechos, porque no tienen recursos económicos para poder presentar una demanda”, ha asegurado Soraya Rodríguez.

La responsable socialista ha dejado claro que, además de este segundo recurso, “presentaremos todos los que sean necesarios hasta que el Gobierno no modifique de verdad, garantizando el derecho a la justicia de los ciudadanos, esta nefasta ley”.

Por último, ha indicado que “el ministro Gallardón tiene una cartera de leyes por la que pasará a ser conocido cuando deje el ministerio como uno de los ministros más conservadores, extremos, y más retrógrados de la democracia española”, y ha recalcado que la “peor ley es la que impide a los ciudadanos que puedan ejercer sus derechos” porque supone “el recorte” de los mismos.

“Nuestra obligación moral es perder el miedo y rebelarnos contra el sistema”

“Se ha deteriorado tanto la situación que no hay otra alternativa que la desobediencia civil”.

“No se puede decir que hay que cambiar las cosas y no intentarlo”.

“Si el capitalismo no ayuda a las personas a cubrir sus necesidades tendremos que hacerlo desaparecer porque está en juego la supervivencia de la humanidad”.

Arcadi Oliveres,

Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) no puede reprimir la indignación cuando habla del actual sistema político y económico, de cómo se “dilapida” el dinero en ayudar a salvar bancos mientras se permite que miles de familias se hundan. Este profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la ONG Justicia y Pau ha participado en las jornadas sobre energía organizadas por la Plataforma Fracking Ez, en Vitoria. Además de hablar sobre la situación y las desigualdades energéticas Norte-Sur, Oliveres concedió una entrevista a El Diario Norte en la que aboga por “perder el miedo y rebelarse” contra el sistema político actual, al que considera enfermo y caldo de cultivo para la corrupción.  

Pregunta: Parece que eliminar las disfunciones de la crisis pasa por basar la economía en una menor rentabilidad y en un reparto más justo de la pobreza. ¿Estos preceptos son compatibles con el capitalismo?

Respuesta: No sé si son compatibles, pero sí sé que es absolutamente necesario para la humanidad. Si no es compatible, será el capitalismo el que tenga que desaparecer porque está en juego la supervivencia de la humanidad. Si el capitalismo no permite esta supervivencia, hagámosle desaparecer y dotémonos de un sistema que facilite la cobertura de necesidades básicas de la ciudadanía y el sostenimiento del planeta.

P. ¿Y cuál es la alternativa al sistema capitalista?

R. Nunca en la historia ha habido alternativas preparadas. Cuando desapareció el feudalismo y llegó el capitalismo no avisaron que a las doce terminaba uno y a las doce y un minuto comenzaba el otro. Se fueron cambiando las estructuras económicas, los señores feudales fueron perdiendo su poder, los burgueses de las ciudades lo fueron ganando. Nació el capitalismo comercial, después otro financiero e industrial. Y estamos en ese proceso hacia un capitalismo más humano que permita que la gente pueda cubrir sus necesidades.

P. Con más de seis millones de parados, ¿cómo es posible que no se produzca un estallido social?

R. Los medios de comunicación han metido el miedo a los ciudadanos y la gente todavía tiene el temor a perder las pequeñas cosas que le quedan. Si la historia de la humanidad hubiera funcionado así, nunca se hubiera progresado. Si los primeros objetores de conciencia al servicio militar no hubieran asumido la voluntad de ir tres años a la cárcel, el servicio militar seguiría vigente en la actualidad. Si las personas de color en Estados Unidos no se hubieran rebelado contra la discriminación racial, los negros todavía irían de pie en los autobuses. Nuestra obligación moral es perder el miedo y rebelarnos contra este sistema enfermo, caldo de cultivo para la corrupción y con políticos y bancos que tanto daño están haciendo.

P. ¿La desobediencia civil puede ser una forma de rebelión?

R. Sí, siempre que sea pacífica y no violenta.

Hemos montado una plataforma con movimientos sociales y de izquierda para participar en las elecciones catalanas. Así, nos habremos quitado la mala conciencia de decir que hay que cambiar las cosas y no intentarlo

P. ¿Está preparada la sociedad para ese movimiento?

R. Sí. Creo que ahora las circunstancias son muy favorables para que esto se emprenda. Se ha deteriorado tanto la situación que no hay otra alternativa. Le voy a contar un caso que ocurrió en Barcelona hace unos años. Cuando concluyó la guerra de Irak se formó un consorcio de 24 bancos a nivel mundial para captar fondos para su reconstrucción. ¿Curioso no? Que los que más han ayudado a destruir Irak ahora también se quieren lucrar con su reconstrucción. La Caixa formaba parte del consorcio y en Barcelona no gustó nada esa idea. Así que organizamos una campaña en tres fases. En la primera, repartimos pegatinas con el lema ‘La Caixa gana dinero con la sangre de los iraquíes’. En un segundo momento, un grupo de 80 voluntarios visitaron oficinas de la Caixa para entrevistarse con sus directores y preguntarles por Irak. Y la tercera fase consistió en que un grupo de 25 personas se acercaban en horas punta a las oficinas de la Caixa y se ponían a gritar que rompían sus cuentas con la entidad por su actitud en Irak. Al cabo de unas semanas, nos llamaron los responsables y nos pidieron que dejáramos la campaña. ¿A cambio de qué?, les preguntamos. Unos días más tarde abandonaron el consorcio. Siempre se puede conseguir que la sociedad secunde iniciativas organizadas de desobediencia civil, de respuesta al poder establecido.

P. Usted ya ha buscado una fórmula para Cataluña, una plataforma que reúne a ciudadanos indignados y movimientos de izquierda con el que pretende participar en las próximas elecciones al Parlamento catalán.

R. Yo he creído en eso, pero puedo equivocarme. Hay tanta gente que protesta que sería positivo que se uniese. A la crítica le falta dimensión política para tirar hacia adelante. La izquierda debería aprender y preparar más este tipo de actuaciones, porque con la derecha es imposible ya que solo mira la cartera. Yo no pertenezco a ningún partido, por eso en Cataluña he planteado una fórmula de coalición electoral: movimientos sociales, personas individuales y corrientes de izquierda. Todos se han subsumido en una candidatura de protesta con vistas a las elecciones en Cataluña. Ya se han adherido más de 30.000 personas y hemos empezado por reuniones en pequeños grupos locales. Dentro de dos años celebraremos unas primarias para formalizar una candidatura. Así, nos habremos quitado la mala conciencia de decir que hay que cambiar las cosas y no intentarlo.

Los inspectores de Hacienda: “A este país lo están financiando los trabajadores”

El presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ransés Pérez Boga, ha asegurado hoy que el sistema tributario español “está agotado” y cree que la crisis económica ha propiciado el momento de “arreglar las viejas estructuras”.

 EFE / eleconomista | 19-05-2013
 


Durante la inauguración del XIII Encuentro tributario que ha tratado sobre las soluciones ante la caída de la recaudación fiscal y la lucha contra el fraude, Julio Ransés Pérez Boga ha reseñado que en España hay un problema específico en cuanto a la recaudación de ingresos ya que pese a la recesión económica en Europa no ha bajado tanto esta recaudación.
 
Ha explicado que los impuestos en España “no son bajos” y que además hay un problema de cobro de las deudas que se han liquidado, por lo que “aquí falla algo”.

Ransés ha recordado que la recaudación tributaria ha caído 6 puntos sobre el PIB de 2007 a 2011 y los impuestos han tenido una evolución muy dispar ya que mientras el IRPF se ha mantenido, el Impuesto de Sociedades ha caído “drásticamente” y se ha reducido a la mitad.

Ha incidido en que del total de la recaudación de todos los impuestos, entre el 80% y el 90 % procede de las rentas del trabajo y tan solo un 10% del impuesto sobre Sociedades.

“A este país lo están financiando los trabajadores. El sistema tributario está basado en las rentas de los trabajadores y no de los empresarios”, ha dicho.
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Durán-Sindreu, que también ha participado en este seminario, ha reclamado una mayor progresividad de la fiscalidad española y ha criticado que se haya eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones en algunas comunidades. El presidente de la organización de IHE ha lamentado el elevado nivel de casos de corrupción política y financiera que existe en España (1.661 casos en trámite por los tribunales) y ha criticado la amnistía fiscal parcial aprobada por el Ejecutivo, que -cree- “es injusta”.

Pérez Boga ha dicho que actualmente circulan en España billetes de 500 euros por valor de 45.000 millones de euros lo que evidencia una economía sumergida cercana al 20 o 25% del PIB.

“Todos los años hay una defraudación de 60.000 millones de euros y una recaudación de 8.000 millones”, ha subrayado, tras ironizar: “Nunca he tenido un billete de 500 en mis manos”.

Además, se ha referido a los paraísos fiscales y ha señalado que es “terriblemente preocupante que supongan un 10% de la economía de todo el mundo”, ya que condiciona los sistemas tributarios.

En este sentido, los inspectores de Hacienda estiman en un informe que el valor de los patrimonios ocultos de todo el mundo en paraísos fiscales se sitúa entre los 21 y 32 billones de dólares (16,3 y 24,8 billones de euros) de los que 12 billones de dólares (9 billones de euros) están registrados en los 50 principales bancos mundiales privados, así como de importantes despachos de asesoría legal y contable.



Añade que estos patrimonios ocultos están situados “no en ignotos y lejanos territorios” sino en las mayores capitales del mundo como Nueva York, Londres, Ginebra, Fráncfort y Singapur. Para luchar contra el fraude fiscal, los inspectores abogan, entre otras medidas por regular la denuncia tributaria, para que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al defraudador, regular el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos, o regular las actuaciones de incógnito de la Inspección.

¿Por qué condenar a ETA, pero no a una dictadura?

Al conjunto de la sociedad española cuando se le pregunta por ETA  no le hace falta pensar, una respuesta salta como un resorte, como algo automático que no se discute, está bastante claro, el rechazo es abrumador. ¿Por qué no sucede lo mismo con la dictadura franquista y la recuperación de la memoria de los que a día de hoy, continúan vagando en las penumbras esperando ser encontrados y enterrados por sus seres queridos? Hablar de la dictadura en este país, es hablar de las élites y de la forma en la que se desarrollaron los hechos en la transición y puesto que ha pasado ya mucho tiempo desde el 78, pareciera que se ponen en duda algunos de los postulados y consensos aprobados en un clima de miedo y chantaje absoluto. No son solo memoria, son vida abierta y por mucho que  quieran petrificar la historia, en las plazas resuenan preguntas parecidas y se abren paso las palabras del escritor William Morris; “los hombres luchan y pierden la batalla, aquello por lo que pelearon se consigue, a pesar de la derrota, y entonces resulta no ser lo que ellos tenían intención de lograr, de modo que otros hombres tienen que luchar para obtener lo mismo que aquellos deseaban, aunque ahora lo llamen de otro modo.”

Cuando algo es injustificable se apela a las respuestas de manual que son siempre las mismas: ha pasado mucho tiempo, no hay que reabrir heridas, eso es cosa de los historiadores, eso no les preocupa a los españoles, dejemos las cosas como están etc… Podemos hablar de la Revolución Francesa que ocurrió en 1789, pero no de la dictadura porque no la hemos vivido, un argumento tan estúpido como insultante. Pero yo me pregunto, ¿cuánto es el tiempo estimado que debe pasar para que un acontecimiento, o unos hechos, dejen de ser recientes y pasen a considerarse históricos? ¿ETA es reciente o ya es cosa del pasado? ¿Cómo se pueden reabrir heridas cuando nunca se han logrado cerrar ni enterrar? Hoy, aquellos que ayer entorpecieron todo rasgo de avance democrático, se presentan como los abanderados de la libertad, los perseguidos por los silbatos y pegatinas que consideran tener la potestad para aleccionar moralmente al resto.

Al tiempo que hacen homenajes a miembros de la División Azul, la lumpen-oligarquía que nos gobierna, llama nazis a la gente por defender el acceso a la vivienda. Tuvo que venir la embajada alemana a quitar una placa en homenaje a la Legión Cóndor porque Alberto Ruiz Gallardón, ex alcalde de Madrid, se negó a hacerlo en repetidas ocasiones: “hay que dejar a los muertos descansar en paz” sentenciaba. “Se debe reconocer la actitud bélica de la División Azul”. En eso  ya se adelantó José Bono humillando a la lucha republicana cuando la hizo desfilar con  la División Azul, como si los motivos de unos y otros fueran iguales. Para cuándo un homenaje, un diploma, a todo un pueblo que resistió con las armas la insubordinación de militares apoyados por terratenientes; unas palabras a los presos humillados y torturados.

Los que afirman que la dictadura no es un tema de actualidad, que a nadie le importa, deciden al mismo tiempo que quitan líneas de tren a la ciudadanía, subvencionar la restauración del mausoleo de Franco en el Valle de los Caídos con 280.000 euros.  UPyD, tratando de mostrar una lejanía con todo lo que relaciona a nuestra historia reciente, se desmarca porque según su diputado Carlos Gorriarán, se discute si “se debe imponer al Estado un relato histórico como la condena oficial al franquismo. Yo me opondré”. Yo me pregunto ¿Existe una razón por la cuál los y las españolas debamos condenar a ETA, pero no a la dictadura franquista? ¿Cómo se come esto? Los que más dicen estar del lado  de las víctimas de ETA, más las ningunean al utilizar su nombre para criminalizar cualquier cosa que les critique, para ellos, son poco más que retórica  con la que señalar a quienes le plantan cara al régimen de los ladrones. La ley de Partidos no se le aplica a una gente y unos partidos que no condenan un golpe de Estado y una dictadura;  una anomalía europea cuando sabemos que sus democracias se construyeron sobre el espíritu antifascista. Las declaraciones y el desprecio a las víctimas del franquismo, demuestran lo lejos que se encuentran de la democracia. Mientras, reclaman a otros un perdón que ellos no saben ni pronunciar; por mucho que la mona se vista de rosa, mona se queda.

publico.es

“Se puede producir un estallido social en cualquier momento”

“Es escandaloso rescatar a los bancos a costa de vulnerar los derechos sociales”.

“Es tremendo que Bruselas le dé un toque a la Junta de Andalucía por tratar de aliviar a las familias desahuciadas”.

“La política de austeridad suicida de la Unión Europea solo salva al sistema financiero y se olvida de las personas”.

“El 15-M ha hecho propuestas concretas para salvar la democracia que deben ser atendidas por las instituciones”

El actual Defensor del Pueblo Vasco-Ararteko, Íñigo Lamarca (Donostia, 1959), es el único en la historia de la institución que ha sido reelegido para el cargo. Han pasado ya casi diez años desde que fue elegido por primera vez (julio de 2004) y Lamarca asegura que la crudeza de la crisis ha obligado a la institución a cambiar  de forma notable la forma de trabajar para “ser más incisivos” y resolver con celeridad las quejas de los ciudadanos. Quejas que en buena medida guardan relación con la situación de crisis que se vive. Para Lamarca, resulta “escandaloso” e “indignante” la política de austeridad suicida emprendida desde las instituciones europeas porque “se olvida de las personas, para centrarse en salvar los bancos”. El Ararteko cree que la sociedad está a punto de estallar y alerta de que la democracia en España vive un “momento crítico”. “El sistema necesita ser regenerado. Las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil”.

En su último informe de actividad (el correspondiente a 2012), alerta de la “extraordinaria” subida de las quejas relacionadas con la gestión de las ayudas sociales por parte de las instituciones. Estas quejas, que han pasado de 32 en 2009 a 1.010 el año pasado, son las que más le preocupan. “A la persona que tiene derecho a la ayuda no le basta con que le digan que se la conceden, precisa que se haga de manera urgente porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia”.

Pregunta: ¿Ha tenido que cambiar su forma de trabajar para adaptarse a un nuevo perfil de quejas?

Respuesta: Sí. Las consecuencias de la crisis han afectado a la institución y a su forma de trabajar. Las quejas se han disparado, sobre toda las relacionadas con las ayudas sociales. En concreto, las relativas a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En 2009 fueron 32 y el año pasado 1.010.

P. ¿Coincide el aumento de quejas con el cambio de modelo de gestión de esas ayudas, que pasan a ser gestionadas directamente por Lanbide en lugar de las diputaciones?

R. Algunas quejas sí se deben al cambio de modelo, pero también hay muchas porque han aumentado las personas perceptoras. El hecho de que suban ha hecho que se disparen estas reclamaciones. Los retrasos en la concesión, las suspensiones y denegaciones son los principales motivos de recurso. Las demoras en conceder la ayuda crean una gran angustia en la población que no la comprende porque se trata de un derecho subjetivo, es decir, que les corresponde si cumplen los requisitos. El ciudadano cuenta con ese dinero y los retrasos le afectan mucho. A la persona que tiene derecho no le basta con que le digan que se la concedan, precisa que se haga de manera urgente, porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia.

P. Esa demora en la concesión, ¿la cubren las organizaciones sociales de alguna manera?

R. En Euskadi tenemos un capital formidable de organizaciones sociales que están realizando un trabajo imprescindible para complementar la acción de la administración, bien porque las ayudas no cubren el 100% de las necesidades, las cuantías son insuficientes o por los retrasos.

P. Organizaciones que en parte dependen de las ayudas oficiales para seguir trabajando. Los recortes les están dejando sin margen de maniobra.

R. Esa labor que hacen las organizaciones sociales en el campo de la exclusión social debe ser prioritario y, por lo tanto, la administración debe mantener los programas de estas organizaciones que son fundamentales para una sociedad democrática.Porque hablamos de la dignidad de las personas, cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. El problema es que la gestión de esas ayudas no está resultando eficiente.

P. ¿El nuevo rostro de la pobreza es infantil?

R. La pobreza tiene muchos rostros, pero es cierto que está pegando fuerte en la infancia. Es una realidad muy poco conocida en Euskadi. El estudio que publicó la institución el pasado mes de enero refleja que 35.000 niños están en situación de pobreza, sufren carencias en alimentación y ropa. Los pediatras detectan en sus consultas carencias en la alimentación de los niños y así nos lo han transmitido.  

P. Frente a esas carencias en la alimentación de niños, ¿se podría plantear respuestas como la apertura de los comedores escolares los sábados y domingos para garantizar esos alimentos?

R. Podría ser una posibilidad. Estamos analizando diferentes opciones y recomendaciones. Tenemos sobre la mesa varias opciones para plantear a la administración.

P. Los desahucios es una de las peores consecuencias que está deparando la crisis. ¿Es favorable a la dación en pago para aliviar la deuda de esas familias?

R. Si al final hay desahucio, hay que aplicar la dación en pago.

P. Y mientras se producen los desahucios en Euskadi existen casi mil viviendas de protección oficial (VPO) vacías.

R. La vivienda es un derecho constitucional y hay que dar un techo a las personas que se quedan sin casa. Efectivamente en Euskadi hay un parque vacío de VPO que debería albergar a estas personas. Estas viviendas deben ofrecerse en alquiler a los que las necesitan. Estoy convencido de que serán ocupadas por personas que han sido desahuciadas y por demandantes de vivienda que ahora no pueden comprar, pero sí alquilar. No puede ser de otra manera

España es un país social, democrático y de derecho. Y en estos tres ámbitos hay crisis muy profundas. Urge que todos seamos conscientes de la necesidad de alcanzar grandes acuerdos transversales para que el estado democrático sea sostenible en el tiempo.

P. ¿El rescate de los bancos está socavando los derechos sociales?

R. Desde luego. Es absolutamente escandaloso que se siga rescatando a los bancos privados con dinero público y que se haga a costa de socavar el estado social y vulnerando los derechos sociales. Hay que denunciarlo ante Bruselas en primer lugar. Es tremendo que, por ejemplo, ante propuestas como la de la Junta de Andalucía que tienen por finalidad aliviar la situación de muchas familias desahuciadas, Bruselas le dé un toque al día siguiente. España está en una situación de emergencia y Bruselas no tarda en desacalificar una medida social dirigida a ayudar a las personas. Parece que lo único que les preocupa a las instituciones europeas con sus políticas de austeridad suicida es salvar a los bancos, despreocupándose radicalmente de las situaciones de emergencia que se viven en el sur de Europa. Las políticas que está adoptando Bruselas son equivocadas, vulneran los derechos sociales, socavan el estado de bienestar y suponen un desastre y la ruina del país.

P. Se han cumplido dos años del movimiento 15-M. ¿Cómo ve los frutos que ha dado esta movilización de la sociedad civil?

R. El movimiento 15-M tuvo y sigue teniendo un  valor formidable que todos deberíamos tener en cuenta. Supuso una protesta espontánea y después organizada de una sociedad que sufre en sus carnes las consecuencias de políticas nefastas de la Unión Europea. El 15-M recogió el malestar y realizó propuestas concretas y bien fundamentadas para la regeneración democrática que deben ser analizadas por las instituciones. Es muy importante para cualquier democracia hacer evaluación periódica de su estado de salud y aquí no se ha hecho. El sistema necesita ser regenerado y las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil.

P. ¿Teme un estallido social?

R. Estamos a punto. Puede pasar perfectamente en cualquier momento. Las condiciones para ello existen. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal, sin recursos y sin futuro. A una familia que sufre una situación delicada, que no tiene ingresos le añades que en el futuro inmediato no ve salida y tienes el caldo de cultivo perfecto para que surja un estallido social grave. Nos encontramos en un momento crítico. España es un país social, democrático y de derecho. Y en estos tres ámbitos hay crisis muy profundas. Urge que todos seamos conscientes de la necesidad de alcanzar grandes acuerdos transversales para que el Estado democrático sea sostenible en el tiempo.

Propuestas para un gran consenso de la sociedad española para superar la actual

Documento elaborado por UGT y CC.OO que contiene las propuestas para un gran consenso de la sociedad española para superar la actual situación de manera más rápida y equilibrada que permita recuperar el empleo y la protección social.

Propuestas para un gran consenso de la sociedad española para superar la actual situación de manera más rápida y equilibrada que permita recuperar el empleo y la protección social.

16 de mayo 2013.

1.- Introducción.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del I Trimestre del año describe un panorama de empleo y social extremadamente grave.

Hemos superado la cifra de los 6,2 millones de personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo; las familias con todos sus miembros en el desempleo casi alcanzan los dos millones; el número de personas sin cobertura social de ningún tipo ha crecido significativamente; muchas familias son desalojadas de su vivienda habitual por no poder hacer frente al pago de su hipoteca; el poder adquisitivo de la mayoría de la población ha caído como consecuencia de la pérdida del empleo, la devaluación de los salarios de quienes lo conservan, las pensiones y la protección social, así como por el efecto de la subida de los precios, los impuestos y tasas que afectan más a los niveles más bajos de rentas. Como consecuencia, la pobreza se ha extendido y con ella los riesgos de exclusión y de fractura social.

Esta situación económica y social tan descarnada viene acompañada de una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia la capacidad de las instituciones que conforman el entramado político y social democrático para solucionar sus problemas cotidianos que, en no pocas ocasiones, son de mera supervivencia.

El escenario macroeconómico presentado por el Gobierno con ocasión de la actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016 dibuja un panorama desolador, frente al que la sociedad española está obligada a reaccionar y el Gobierno a liderar esa reacción.

Escenario Macroeconómico 2012    2013    2014    2015    2016

Deflactor del PIB                   0,1     1,4       1,4         1,5       1,8

PIB Nominal                        -1,3     0,2       1,8         2,4        3,1


Empleo total (PTETC)         -4,4    -3,4      -0,4        0,3         0,7

Tasa de paro                        25,0   27,1     26,7       25,8       24,8

Déficit público                      10,6     6,3       5,5         4,1        2,7

Deuda pública (%PIB)         84,2   91,4     96,2        99,1      99,8


Fuente: Comisión UE y Ministerio de Economía y Competitividad.

No es posible acomodarse a la idea de que todo el esfuerzo realizado, y el que nos debe llevar a que en 2016 el déficit público se sitúe en el 2,7% (eso sí, con un endeudamiento superior en 15,5 puntos de PIB al actual), se haga para que las cifras de paro, en el mejor de los casos, se sitúen en ese momento en el
mismo punto que en el año 2012. La crisis de los primeros 90, mucho menos intensa y extensa en el tiempo que la actual, mantuvo sus efectos negativos sobre el empleo durante casi una década. La actual, en el escenario descrito, amenaza con prolongarse por mucho más tiempo.

Frente a esta situación no cabe la resignación o confiar exclusivamente en que factores externos vengan a resolverla.

En definitiva, el dramatismo de la situación por la que atraviesa la sociedad española lo ponen de manifiesto estas cifras y hechos que han aparecido recientemente y que, por su espectacularidad, encienden todas las luces de alarma y exigen, de un lado, soluciones inmediatas y, de otro, para que éstas sean verdaderamente efectivas, que estén avaladas por el más amplio espectro político y social posible.

Asumiendo la responsabilidad que el movimiento sindical tiene contraída con el mundo del trabajo y la sociedad española, en un momento que sin demagogia podemos calificar de “emergencia nacional”, queremos presentar nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a un ineludible “Consenso de país” por el empleo, la recuperación de la protección social y el cambio de modelo de desarrollo.

La inaceptable cifra de 6,2 millones de personas que no encuentran trabajo y la depauperación de la vida de un porcentaje de población cada día mayor, sitúa el empleo como objetivo principal de la sociedad española. Para ello, y en primer lugar, se debe parar la sangría de destrucción de empleo (801.400 en el
último año) para limitar el sufrimiento de las personas, pero también para superar el resto de los desequilibrios en los que incurrió la economía española en la pasada etapa expansiva (2,8 billones de deuda, un déficit público -descontado el efecto del “rescate” bancario- del 7% del PIB y un sistema bancario
muy debilitado que influye en la falta de crédito).

El objetivo de mejorar el empleo debe estar acompañado de un nivel suficiente de protección a las personas que no disponen de renta y de un modelo social y económico que provea de las prestaciones y servicios sociales suficientes para garantizar una vida digna ante las diversas necesidades y vicisitudes por las que
podamos atravesar (educación, falta de empleo, enfermedad y desamparo).

Después de la etapa del dinero fácil atesorado con la especulación inmobiliaria que presidió la última fase expansiva, es preciso configurar un modelo productivo con capacidad suficiente para generar el empleo que necesita la sociedad española y un sistema fiscal que, a través de las políticas de gasto e ingreso, pueda
colaborar, con eficiencia y equidad, en la definición de un modelo social y económico para mejorar la riqueza creada, con una distribución equilibrada entre personas y territorios.

La apuesta por la construcción y los servicios de bajo valor añadido han reducido significativamente el papel de la industria española (12% frente al 18% del PIB de media en la Zona Euro). Se trata de combinar el uso a corto plazo de todas las posibilidades del actual tejido productivo con la configuración de un modelo más amplio y diverso con mayor potencial de generar riqueza, donde las actividades industriales y de servicios de más valor añadido jueguen un papel mucho más activo, gracias a disponer de la suficiente inversión en capital (productivo y humano) y la reducción de la brecha tecnológica. Se trata de superar la actual crisis con el menor coste posible, a la vez que se configura un modelo productivo más equilibrado y sostenible,
que permita proveer a los ciudadanos de un nivel de bienestar a la altura de las sociedades europeas más avanzadas.

En definitiva, se trata de articular una serie de medidas en la dirección de favorecer el crecimiento del empleo, garantizar la protección necesaria para las personas y estimular un modelo de desarrollo más sano y sostenible, medidas dirigidas a actuar en dos vectores, el exterior, determinado por la pertenencia de
España a la Unión Económica y Monetaria, y el delimitado por nuestras propias acciones.

2.- Actuar ante las instituciones europeas: La creación de empleo y la mejora de la protección social requieren de la reactivación económica.

La UE tiene un problema de “arquitectura” económica, política y social que, en la crisis, ha puesto de manifiesto todas sus insuficiencias y aconsejan una profunda revisión de los Tratados y el papel de instituciones como el BCE, el BEI, la Comisión, el Consejo y el propio Parlamento Europeo.

Quienes, desde una posición nítidamente europeísta, reclamamos más Europa, pero una Europa distinta, somos no obstante conscientes de que el proceso de reforma exige de un tiempo y unos consensos de los que hoy no se disponen. Aunque cada vez resulta más inaplazable el abordaje de esta tarea.

Reformas que deben partir del reforzamiento de la participación de la ciudadanía, a través de las instituciones que la vertebran y, en última instancia, con el voto. Una ciudadanía que hoy se siente privada de la capacidad de influir en decisiones que le conciernen muy directamente.

La UE tiene un segundo problema derivado de una gestión inadecuada de la crisis. En su origen está el giro en las políticas europeas de mayo de 2010, con el objetivo de restablecer los criterios del Plan de Estabilidad y Crecimiento, forzando, con la única receta de la austeridad, el restablecimiento de los niveles
de déficit y deuda, en un tiempo record y un contexto recesivo, a los países que, como España, los habían sobrepasado. Esto, unido a un diseño imprudente de los llamados rescates de países como Grecia o Portugal, con exigencias muy superiores a las que podían atender, ha servido para acelerar los efectos negativos del ciclo económico en cada uno de los países, pero también a escala europea.

Corregir estas políticas y aprobar un Plan de choque para el relanzamiento de la actividad económica a escala europea, deberían ser los objetivos de la Cumbre de junio, si se quiere disponer de algún margen de éxito en la lucha contra el desempleo y, particularmente, el desempleo de los jóvenes.

Ante la evidencia de que solo con austeridad no es posible enfrentar a escala europea la actual situación, crecen en intensidad y en número las voces que exigen la adopción de medidas destinadas a impulsar la actividad económica, incluidos algunos gobiernos.

España se beneficia de la ampliación hasta 2016 del calendario para lograr el equilibrio de las cuentas públicas. Ahora bien, esto que reclamaba el movimiento sindical europeo, y que sin duda es una buena noticia, si no se acompaña de otras medidas puede resultar insuficiente u obligar a nuevos sacrificios al conjunto de la sociedad que no está en condiciones de asumir.

La Cumbre de junio de 2012 de la UE se presentó como el punto de inflexión a partir del cual se iban a combinar las políticas mantenidas hasta ese momento con medidas y recursos destinados a impulsar el crecimiento. Se adoptaron decisiones relativas al sistema financiero, incluida la supervisión bancaria. Ha
pasado casi un año y poco o nada de lo acordado se ha llevado a la práctica.

El nuevo escenario necesita un compromiso común para trasladar al Eurogrupo la necesidad de caminar hacia un nuevo escenario en la Zona Euro en la dirección que propone la Confederación Europea de Sindicatos, donde se combine una actuación razonable, en tiempo y medios, para lograr el equilibrio de las cuentas públicas con impulso de la actividad económica, de forma que se pueda afrontar con garantías el dar una solución a los 27 millones de desempleados que buscan trabajo en la Unión Europea, con una clara apuesta por el mantenimiento del modelo social europeo. Ello debe contemplar:

· Establecer una política fiscal agregada más expansiva que permita ampliar la demanda en esta área apoyada en aquellos países con fundamentos económicos más sanos.

· Avanzar en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal de forma coordinada a nivel europeo, y armonizar las bases fiscales y los tipos de los impuestos sobre sociedades, estableciendo un tipo mínimo.

· Conseguir recuperar la capacidad de financiación de todos los países miembros a un precio sustancialmente más bajo.

· Corregir el excesivo tipo de cambio del euro para favorecer el esfuerzo de moderación de precios realizado por los países con más dificultades.

· Un marco presupuestario plurianual expansivo que, entre otras cuestiones, diseñe un plan de cofinanciación de inversiones, que movilice entre uno y dos puntos de PIB, a través del Banco Europeo de inversiones dirigidas a mejorar el crecimiento potencial de la Zona Euro (I+D+i e infraestructuras físicas, tecnológicas y de gestión de agua y residuos).

· Una adecuada integración en el marco de la gobernanza europea de la dimensión social, que se base en el respeto de los derechos sociales fundamentales y en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Que, como afirma la CES en su declaración de 23 de abril de 2013, “debe orientarse hacia la lucha contra el desempleo, la pobreza, las desigualdades y el dumping salarial y fiscal. Debe promover nuestro modelo social europeo, constituido por una protección social sólida, servicios públicos de calidad y diálogo social”.

3.- Actuar en España: Por un gran acuerdo por el empleo y la cohesión social 2013-2016.

Recuperar el crédito y elevar los ingresos públicos.

La necesaria reorientación de las políticas emanadas de las instituciones europeas hacia el crecimiento debe ir acompañada de la movilización de todos los recursos internos, que han de ser puestos al servicio de políticas dirigidas a favorecer el desarrollo de la actividad económica y, a través de su impulso, el sostenimiento y la creación de empleo.

Definido el escenario europeo, el relanzamiento de la economía española exige resolver el problema de la financiación. A tres niveles:

· El primero, los costes excesivamente altos de financiación externa de la economía española. Como ya se ha apuntado, su resolución hace necesaria una más potente intervención del BCE y el MEDE en los mercados de la deuda.

· El segundo tiene que ver con el diferencial de recaudación fiscal con los países de la Eurozona, el cual, con una normativa fiscal equiparable, sólo se explica a partir de la laxitud en la aplicación de la misma y, particularmente, por el fraude fiscal.

· El tercero deriva de la ausencia de crédito, a pesar del costosísimo programa de refinanciación del sistema financiero.

Es indispensable incrementar los ingresos públicos.

El problema de España es de ingresos, no de gasto, como muestra el diferencial en nuestra capacidad recaudatoria, 10 puntos menos de PIB con respecto a la Zona Euro y 6,5 puntos de menor gasto social.

Es preciso asegurar ingresos tributarios adicionales por valor de 1,5 puntos del PIB en los próximos 18 meses para colaborar al saneamiento de las cuentas públicas y sustentar un plan de choque plurianual que reactive la demanda interna.

La sostenibilidad de la actividad de las distintas administraciones públicas es fundamental para la prestación de las políticas y servicios básicos que gestionan (educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, servicios públicos…) y mantener la inversión pública, y son además piezas básicas para el sostenimiento de
la economía, la creación de empleo y la cohesión social. Ello no debe resultar contradictorio con la eliminación de las ineficiencias existentes.

Asimismo, la recuperación de ingresos públicos, junto con el freno a la sangría de destrucción de empleo, son elementos fundamentales para cumplir con el saneamiento de las cuentas públicas.

Para cubrir la amplia brecha con la media de la Zona Euro se necesitan articular de manera urgente medidas sobre algunas figuras tributarias (analizar la eficiencia de las deducciones en todos los impuestos, revisión del sistema de módulos, replanteamiento de las SICAV,...) y abordar la creación de algunas nuevas figuras (Impuesto sobre Transacciones Financieras, Impuesto sobre Actividades Bancarias e Impuesto sobre las Grandes Fortunas). Pero, por encima de todo, se tiene que abrir una verdadera cruzada contra el fraude fiscal.

Garantizar la eficiencia del gasto público.

Consustancialmente al aumento de ingresos públicos, es preciso proceder a una evaluación del conjunto del gasto público, porque si bien su dimensión sigue siendo inferior a la media de la Zona Euro (-2,9 puntos del PIB en 2012) su estructura no se corresponde siempre con las necesidades de la sociedad y economía española. Aunque siempre lo son, en un momento de graves dificultades financieras como el actual, la racionalización del gasto y la búsqueda de la eficiencia en su uso son objetivos imprescindibles. Pero en absoluto de ellos se deriva el recorte del que se ha dado en llamar el modelo social europeo, del que
reivindicamos su plena vigencia.

Esta tarea de búsqueda y eliminación de duplicidades y gasto no necesario, junto con el uso más eficiente y equitativo de los recursos disponibles, debe coordinarse en todos los niveles de gobierno, para lo cual proponemos abrir una mesa específica de diálogo social en la que participen todas las Administraciones y
los interlocutores sociales.

El crédito debe fluir hacia las pequeñas y medianas empresas y las familias.

El bloqueo del crédito a familias y empresas se ha revelado como uno de los grandes lastres que impiden la reactivación económica. El rescate del sistema financiero, pese a los sacrificios adicionales que supone para la mayoría de la población, se ha demostrado insuficiente para hacer que el crédito fluya.

Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas necesitan de crédito suficiente, como mínimo, para abordar sus necesidades de circulante.

Es preciso utilizar todos los recursos disponibles, y para ello debe contarse con la banca pública nacionalizada, que ha sido recapitalizada con el dinero de todos. Su red de oficinas, su experiencia y capacidad profesional deben ponerse a disposición de tal finalidad, y por lo tanto se debe replantear la intención de ponerla a la venta de manera precipitada. El resto del sector bancario también debe comprometerse en la liberación del crédito.

Si es necesario se debería abordar disponer una parte mayor del rescate aprobado por la Zona Euro, sin introducir cambios en las condiciones ya aceptadas por España.

Estimular la actividad económica a través de planes selectivos de inversión.

La extrema necesidad de crear empleo obliga a establecer programas de inversión cuidadosamente elegidos para dinamizar la actividad económica y mejorar su potencial futuro. Programas que, por otra parte, permitirían reorientar la actividad de algunos sectores más castigados por la crisis, como el de la construcción, y estimular la actividad industrial hasta superar la caída registrada en estos años y colocarnos en tasas equiparables a las del entorno europeo, dos claves para avanzar en un modelo de desarrollo más sólido y, por tanto, menos vulnerable a los cambios de ciclo de la economía:

· Programa para la rehabilitación urbana en condiciones de mejora de la eficiencia energética.

· Plan de infraestructuras de gestión de agua y residuos.

· Promoción del transporte de mercancías por ferrocarril.

· Promoción de las redes intermodales.

· Incremento de la inversión pública en I+D+i y estímulos selectivos a las empresas que apuesten por la innovación tecnológica.

· Programa para la reducción de la brecha digital (TIC).

· Reforma energética.

· Plan de lucha contra el cambio climático.

· Plan social de vivienda en régimen de alquiler.

· Programa de atención a las personas dependientes.

· Plan de escolarización infantil.

La financiación de estos u otros programas que avancen en la misma dirección debe provenir de una reordenación de los recursos disponibles y del aumento de ingresos obtenidos con la lucha contra el fraude, y contar complementariamente con la cofinanciación de la Zona Euro.

A los efectos del impulso de un programa de vivienda pública en régimen de alquiler deberá contarse con la aportación de las viviendas propiedad de las entidades financieras y, en particular, aquellas que son propiedad de las entidades públicas (Bancos y SAREB).

Estos programas de inversión pueden enmarcarse en un necesario plan de dinamización de la economía a escala europea cuyo interés es más que evidente y en cuya demanda España debe confluir, al menos, con la mayoría de países de la zona Euro, especialmente Francia e Italia.

Recuperar la autonomía colectiva, reforzar la negociación colectiva en la lucha contra la crisis Es imprescindible disponer de un marco de relaciones laborales donde exista un equilibrio entre trabajadores y empresarios en la defensa de sus intereses dentro de un proyecto solvente de empresa. En este sentido, la reforma laboral aprobada el pasado año resulta incompatible con este entorno laboral necesario, en la medida que está siendo incapaz de frenar la destrucción de empleo y ha provocado un severo deterioro de la negociación colectiva.

Es imprescindible retomar una posición con una correlación de fuerzas más equilibrada entre trabajadores y empresarios, que permita trabajar en la búsqueda de la flexibilidad dentro de las empresas (flexibilidad negociada) frente a la imposición unilateral de condiciones que finaliza en el uso desproporcionado de la
fuerza, ya sea mediante despidos o inaplicaciones unilaterales de las condiciones del convenio colectivo.

Las excesivas prerrogativas concedidas a las empresas perjudican a los trabajadores, pero además es un incentivo a la especialización en proyectos de bajo valor añadido, apoyados en muy bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo, que han demostrado sus dañinas consecuencias en la etapa expansiva
anterior.

Además, las previsiones legales introducidas por la reforma laboral han impedido o limitado la posibilidad de desarrollar plenamente lo consensuado en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC) pactado entre empresarios y sindicatos en enero de 2012, que contenía criterios útiles en la
situación de crisis actual para impulsar la flexibilidad negociada y reducir el recurso al despido, además de promover unas condiciones de moderación de rentas para impulsar la competitividad empresarial que, con la introducción de las medidas de la reforma, han pervertido su objetivo, resultando una drástica e indeseable reducción salarial sin acompañamiento por parte de los excedentes empresariales.

Por todo ello, proponemos abrir un proceso de diálogo urgente para eliminar las medidas más dañinas de la reforma laboral y posibilitar la recuperación plena de los contenidos del II AENC.

Es necesaria la reducción del precio de productos básicos.

Para ganar competitividad y mejorar la cuota de mercado interno y externo, es preciso que nuestros precios crezcan menos que los de los países de nuestro entorno. Y para ello no basta con que las rentas de trabajadores y empresas se moderen. Es necesario también que los poderes públicos aborden las medidas complementarias necesarias para que esta moderación de rentas se traslade a los precios, de tres formas:

· Mediante la mejora de las condiciones de competencia en los respectivos mercados, abordando las modificaciones regulatorias precisas (energía, distribución de alimentos, transporte,...).

· Estableciendo condiciones de acceso favorables a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, vivienda, energía doméstica, sanidad, educación, transportes) para quienes atraviesan mayores dificultades económicas.

· No aplicando incrementos en impuestos, tasas o precios públicos que presionen sobre los precios finales nacionales.

Especial mención en este ámbito requiere la vivienda, por su directa y trascendente repercusión sobre la calidad de vida de la ciudadanía. Debe implementarse un cambio drástico y ambicioso hacia la política de fomento del alquiler, que incluya bonificaciones a los inquilinos y la utilización del stock de viviendas del SAREB, y de los bancos subvencionados por compra de cajas, para su uso en régimen de alquiler con precios sociales.

Todas estas medidas exigen un esfuerzo coordinado de los distintos niveles de gobierno, con competencia en estos ámbitos, para lo cual el Gobierno Central debe poner en marcha los instrumentos de diálogo pertinentes.

Potenciar las políticas activas de empleo.

En la actual situación de masivo desempleo, y en línea con las propuestas de mejora de nuestro tejido productivo, de mejora de la organización del trabajo y de la participación y el consenso en la base de las relaciones laborales, resulta urgente potenciar las políticas activas de empleo (que han reducido su dotación
presupuestaria desde 2010 en más de la mitad, 4.000 millones de euros),

Para ello es urgente desarrollar planes específicos de orientación, formación y recualificación para los desempleados, especialmente a favor del empleo de los jóvenes y de los parados de larga duración.

Para obtener la necesaria financiación para estos planes específicos se propone destinar a ello la mitad de la cuantía que se logre obtener cada año como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida.

La formación, factor de desarrollo.

Todas las personas en desempleo merecen atención (jóvenes, de mediana edad y personas con más edad) pero por su dimensión es muy necesario buscar fórmulas específicas de acceso al empleo a las personas que abandonaron sus estudios en el anterior ciclo expansivo para trabajar en la construcción y los servicios y hoy tienen cargas familiares y una baja cualificación. Para ello es fundamental la formación para el empleo amplia y de calidad.

El sistema educativo español necesita una reflexión profunda sobre su estructura y funcionamiento que persiga compensar las desigualdades de partida que produce la dinámica social y así alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de la enseñanza. A corto plazo, sin embargo, necesita reforzar el componente de formación profesional con una especial atención sobre la formación dual, que permita adecuar la educación disponible a la realidad de las empresas españolas.

Mediante acuerdo tripartito es necesario establecer compromisos concretos, cuantificados, de incorporación de jóvenes, para la formación directamente por las empresas (2% sobre volumen total de empleo, número a determinar para grandes empresas,…) financiado solidariamente con recursos públicos y recursos aportados por las empresas.

Es preciso diseñar un ambicioso programa de recualificación de las personas en paro con dificultades para reinsertase en el mercado de trabajo.

Enfrentar la crisis pensando en las personas.

Frente a las disyuntivas que algunos pretenden establecer entre consolidación presupuestaria y desarrollo del Estado de Bienestar, o entre crecimiento económico y bienestar social, UGT y CCOO reafirmamos la plena compatibilidad de esos objetivos. Es más, son cuestiones que se alimentan positivamente. La consecución de
un potente y extenso sistema de prestaciones sociales, que de adecuada cobertura a las contingencias sobrevenidas que precisen de una sustitución de rentas, así como la existencia de unos sistemas públicos de prestación de servicios esenciales de acceso universal (sanidad, educación, servicios sociales) contribuyen favorablemente a la generación de un crecimiento económico más sólido, duradero y sostenible, estabilizando los efectos negativos de los ciclos económicos. Y también posibilita la reducción de las desigualdades sociales y de las bolsas de marginación económica y social, situaciones incompatibles con una economía desarrollada.

CCOO y UGT estamos convencidos de que la tarea de recomponer un modelo productivo con capacidad de generar más empleo debe estar acompañada por la preservación en España del modelo social europeo.

Entre las prioridades es necesario dar cobertura a las personas que más sufren la crisis mediante prestaciones económicas y en especie para evitar que recaiga sobre ellas el mayor peso de la crisis.

Las principales medidas deberían ser las siguientes:

· Reforzar los mecanismos de protección frente al desempleo, adaptando el sistema de prestaciones de forma coyuntural a las circunstancias sobrevenidas en los últimos años, y que han provocado una brusca y persistente caída de su nivel de cobertura- (menos de la mitad de los desempleados de nuestro país posee prestaciones sustitutivas de sus salario, con las graves repercusiones que ello tiene en términos de aumento de la pobreza y la exclusión social). Para ello se deben revisar los criterios de acceso a la protección frente al desempleo e impulsar programas ligados a la formación y recolocación.

· Crear una renta básica dirigida a todas las unidades familiares que dispongan de una renta inferior al IPREM.

· Articular un plan específico para reducir y evitar la pobreza infantil. Poner a disposición de las familias los comedores escolares a través de planes concretos acordados entre los centros educativos, los ayuntamientos y CCAA.

· Establecer una solución para que las personas sin renta suficiente por haber perdido su puesto de trabajo no pierdan sus viviendas. Para ello pueden articularse diversas medidas, y entre ellas, como alternativa al desalojo de la vivienda con o sin dación en pago, proponemos, en los casos de insolvencia sobrevenida y pérdida de empleo, el establecimiento de una larga ampliación del periodo de duración de las hipotecas con aval público.

· Determinar una solución adecuada para las personas afectadas por las “preferentes” y “subordinadas”.

· Desarrollar los servicios sociales en general y, con especial atención, los dirigidos a personas en situación de dependencia. Este tipo de actividades permite satisfacer una demanda cada vez más extendida y necesaria pero además, colabora a generar empleo, y posee un indudable impacto positivo sobre la tasa de actividad y empleo femenino, que puede ser estable y de calidad dentro de un plan adecuado de puesta en práctica.

Debemos preservar el consenso sobre la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones.

Se debe respetar el acuerdo sobre la reforma de pensiones alcanzado de forma tripartita en febrero de 2011 en el marco del Acuerdo Social y Económico (ASE) y su traslación legislativa en la Ley 27/2011. El sistema público de pensiones debe preservarse de las tensiones derivadas de una coyuntura como la actual. Entre
otras cuestiones debe limitarse el uso anticipado del Fondo de Reserva, así como, en cuanto sea posible diversificar la inversión por razones de seguridad.

Por otro lado, el sistema de pensiones español está sufriendo las consecuencias de la severa crisis a través del descenso de los ingresos por cuotas sociales al disponer de menos ocupados. Esta situación coyuntural precisa de medidas igualmente coyunturales, con objeto de no consumir anticipadamente el Fondo de
Reserva de Seguridad Social y contribuir a la reducción del déficit público en términos de contabilidad nacional. Por ello, hasta que la recuperación del empleo lo haga innecesario, debe abordarse una revisión coyuntural de la estructura de cotizaciones sociales, para abordar los desequilibrios financieros puntuales
entre ingresos y gastos de Seguridad Social.

"Todas estas propuestas están orientadas a la recuperación del empleo, de la actividad económica y la protección social, para preservar la cohesión social y la igualdad a través del consenso y del diálogo con todas las fuerzas políticas, las administraciones y los interlocutores sociales."