Votos Particulares, del Comite de Expertos "muy importante"

ADDENDA AL

Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones


VOTOS PARTICULARES

Madrid, 7 de junio de 2013

VOTO PARTICULAR de Miguel Ángel García Díaz al Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones
Considero compatible mi voto favorable al contenido del Informe presentado por el Comité con expresar mi preferencia de desplazar hasta 2019 la implantación de los dos componentes del Factor de Sostenibilidad recomendados. En el informe se fija una horquilla de aplicación entre 2014 y 2019 pronunciándose a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente.

Mi apreciación se basa en dos argumentos:

1. La disponibilidad de recursos financieros en el Fondo de Reserva gracias, entre otras razones, al esfuerzo realizado por los trabajadores durante la anterior etapa de bonanza (renunciando a una superior actualización de las pensiones o a rebajar las cuotas sociales), es un instrumento que permite hacer frente durante un tiempo prudencial a posibles saldos negativos del sistema público de pensiones.

2. El factor de sostenibilidad que se propone en el Informe implica un cambio significativo en la dinámica de funcionamiento del sistema público de pensiones, que debe ser explicado y asimilado por la sociedad y los órganos democráticos que toman las decisiones en materia de Seguridad Social. Considerando. Por otra parte, en un momento tan delicado como el actual es conveniente evitar nuevas incertidumbres en la población que pudieran generar efectos negativos sobre sus decisiones de consumo e inversión, de manera que diferir en 5 años su aplicación práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones.


EXPLICACIÓN DE VOTO DE SANTOS MIGUEL RUESGA RESPECTO INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES APROBADO POR MAYORÍA DEL MISMO

Quiero expresar mi desacuerdo total con el Informe emitido por el Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad, creado por el Gobierno Español, según lo establecido en la disposición adicional novena del RDL 5/2013 de 15 de marzo, con apoyo de la mayoría de dicho Comité. En las páginas que siguen trato de explicar mi desacuerdo con el contenido del citado Informe final, en cuanto al diagnostico subyacente en el que el mismo se apoya y sus propuestas concretas, con algunas reflexiones colaterales sobre el método de trabajo al que nos hemos visto abocados por las evidentes y manifiestas prisas que el Gobierno ha introducido en el tema, lo que a mi entender ha cercenado la posibilidad de
debatir y de testar con mayor precisión y con la tranquilidad necesarias tanto las propuestas contenidas en el citado Informe como otras posibles alternativas.
CONSIDERACIONES GENERALES

1. El sistema publico de pensiones español se rige como un sistema de reparto, con transferencias de renta tanto intra como intergeneracionales, que viene
funcionando desde hace unas décadas con un razonable éxito en cuanto a alcanzar un cierto grado de estabilidad presupuestaría en una perspectiva de largo alcance y ofrecer pensiones suficientes a los pensionistas. Juega y ha jugado un papel relevante tanto en la cohesión social del país como en la cohesión territorial, cuestiones ambas nada desdeñables cuando hablamos de reformar el sistema.

2. La gestión de este sistema se ha llevado a cabo desde hace 2 décadas sobre la base de un consenso amplío entre las fuerzas políticas, materializado en el denominado Pacto de Toledo, y social, que en su última expresión dio lugar hace un par de años al II acuerdo Socio Económico (ASE) que entre sus contenidos incluía una propuesta de reforma del sistema público de pensiones que dio lugar a la Ley 27/2011 “sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”. Ley que comienza a surtir efectos a partir de enero de este año, 2013. Parece pues que el mecanismos del consenso ha dado resultados hasta la fecha y no hay razones para dudar de que las pueda seguir dando en el futuro.

3. La valoración/diagnóstico que de forma implícita se hace del sistema de reparto, recurrente en una critica general a este sistema que prolifera en los últimos años, se centra básicamente en la inviabilidad financiera del sistema español, tal como está diseñado, pero se cuestionan otros de diferentes países europeos, de características similares al nuestro, con matices. Pareciera como si ahora solo tiene “gravísimos problemas de sostenibilidad” el modelo español de reparto.

4. A este respecto es importante valorar el contexto económico en el que nos
movemos, en el que a causa de la política económica de austeridad que se viene
desarrollando desde mayo de 2010, se está produciendo una intensa devaluación
salarial que afecta al flujo actual de ingresos al sistema de la Seguridad Social.

Así se nos introduce en una especie de circulo vicioso en el que, se dice, hay que bajar el valor de las pensiones, incluso nominal, porque los salarios bajan. Ello nos llevaría a una debate que transcendiendo a la cuestión concreta de la
sostenibilidad del sistema público de pensiones nos introduciría en otros derroteros, en la esencia de la política económica, lo que no está aquí en discusión, aunque sin duda afecta de manera directa al debate subyacente.

5. En esta perspectiva, y tal como la Ley 27/2011 deja entrever, la definición de un factor de sostenibilidad consistiría en la culminación de un proceso de reformas paramétricas, como las que inicia la propia Ley, de modo que a la vista de sus resultados podríamos establecer un diagnóstico mucho más preciso y acotado en el tiempo sobre los problemas efectivos de sostenibilidad presupuestaria del sistema de público de pensiones. Así es como se ha procedido en buena parte de los países de nuestro entorno. Y es que, en definitiva, a mi entender, previo a cualquier hipótesis sobre factores de sostenibilidad, requeríamos de un acuerdo previo sobre el modelo de sistema público de pensiones a alcanzar en el futuro, sus proceso de adaptación o cambio y todo ello en un horizonte con razonable consenso social; sobre la base de ese diseño, que en buena medida está implícito en la Ley 27/2011, hubiera resultado mucho más sencillo encajar algunas piezas específicas, como es un factor de sostenibilidad.

6. En esta línea sí que parece que nos hemos puesto de acuerdo para que, al menos por el momento, no entre en discusión la posibilidad de iniciar un proceso de transformación radical del modelo hacia un sistema de cuentas nocionales o de apertura hacia fondos de capitalización. Creo que todos hemos sido conscientes, incluso aquellos colegas del Comité que defienden ese camino, de las dificultades no sólo políticas sino también financieras, que entrañaría un tránsito inmediato hacia fórmulas de capitalización de las aportaciones, que ya de antemano indico que no comparto. Entre otras cosas, en el caso español, los costes del tránsito hacia ese tipo de modelos serían muy importantes, redundando muy negativamente sobre la suficiencia las pensiones otorgadas por el sistema publico de pensiones acogido a esas fórmulas.

7. Debiéramos poner, a mi juicio, al lado de las posibles críticas al sistema de reparto considerar sus fortalezas, mostradas a lo largo de varías décadas, más aún en los países europeos más desarrollados y que antes lo implantaron. Tenemos un sistema de pensiones que ha mostrado una elevada eficiencia en su
funcionamiento y capaz de absorber paulatinamente reformas, en la mayor parte de los casos muy sencillas de implementación, en la medida que se ha ido
evidenciando su necesidad.

8. En el momento actual disponemos aún de un importante colchón financiero, el
Fondo de Reserva que, a pesar del fuerte incremento que ha experimentado el
déficit de la SS en 2012, puede permitir mantener el equilibrio presupuestario
durante al menos, otros cinco años, incluso en condiciones económicas muy
adversas.

9. Las prisas con las que se ha puesto en marcha este Comité y el escaso periodo de tiempo habilitado para su trabajo (se constituyó el 21 de abril de 2013 y la fecha e finalización ha sido el 7 de junio/2013), han supuesto, a mi entender, que su actividad hayan estado muy sesgada en torno a la discusión de la única propuesta más o menos articulada que apareció sobre la mesa, y que, además, no se haya podido contar con simulaciones oficiales y otras posibles sobre los efectos de las propuestas concretas en diversos planos (pensiones medias, máximas, mínimas, distribución de la carga, simulaciones con diferentes parámetros alternativos, etc.) que serían lo mínimo requerido para alcanzar alguna conclusión clara sobre los efectos directos y colaterales, erales, de la aplicación de los diferentes factores de sostenibilidad. Hay muchas preguntas aún con respuesta pendiente sobre como interactúa la aplicación de los posibles factores de sostenibilidad propuestos en el Informe con el periodo transitorio de aplicación de reformas paramétricas que abre la Ley 27/2011, con el principio de contributividad, o incluso con los derechos adquiridos por los pensionistas actuales o futuros. Tengo la impresión y la sensación, sin ánimo de crítica hacia la labor del Comité y con todo mis respeto a sus miembros, de haber estado teledirigido hacia un resultado final acorde con las expectativas del Gobierno que le nombró.

10. Llegados a este punto. ¿Hay razones para abrir de forma acelerada un nuevo proyecto de reforma del sistema público de pensiones cuando aún estamos en los primeros meses de vigencia de la reforma recién puesta en marcha?

11. Sin duda, que el sistema de pensiones tiene problemas, como los ha tenido en el pasado, e incluso podríamos pensar que más intensos que en el pasado,
particularmente en lo que se refiere a la influencia de las perspectivas
demográficas que sobre él gravitan. Se está produciendo una cierta aceleración del envejecimiento de la población española, que se irá reflejando en la entrada en la jubilación de las últimas cohortes del baby boom de los años setenta en los
próximos lustros. Ello sin duda afectará a uno de los parámetros básicos del
sistema, la relación entre cotizantes y pensionistas, que tiende a bajar.

Simultáneamente, estamos experimentando un ascenso continuo de la esperanza
de vida, que supone un alargamiento del periodo de cobro de las pensiones para
cada pensionista, lo cual incrementa también la nómina global del gasto en
pensiones. Pero, conviene no perder de vista que la evolución de los cotizantes no está solo definida por la dinámica de la tasa de natalidad, sino que, particularmente, en un caso como el español, la marcha de la economía condiciona notablemente el discurrir de la cifra de activos, base del volumen de cotizantes. El ciclo anterior nos mostró que esta base puede crecer de forma acelerada por un rápido incremento de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, cuestión que aún sigue viva y que se puede acelerar ante la reactivación del ciclo económico y, de igual modo, con un intenso proceso migratorio, qué hipotéticamente también podría volver a cifras positivas, también ante un cambio de la coyuntura económica. Todo ello está en el horizonte y conviene ser cautos a la hora de considerar las predicciones demográficas actuales o futuras, a la luz de la experiencia pasada; recuérdese que las predicciones apuntadas por algunos análisis de expertos en los años noventa sobre el colapso inminente del sistema público de pensiones fracasaron estrepitosamente a partir de errores manifiestos en las predicciones demográficas sobre las que se apoyaban.

Pero, no obstante, ello tampoco nos ha de llevar a esconder la cabeza bajo el ala
ante los problemas que, con mayor o menor celeridad, se avecinan. Aunque, lo
apuntado en párrafos anteriores me lleva a considerar que hay un exceso de
alarmismo en torno a la evolución financiera del sistema que no es debido solo a la coyuntura recesiva que estamos padeciendo sino que hay intereses espurios por medio, que buscan crear una negativa visión del futuro que predispongan a la población a aceptar cualquier reforma que haga pivotar el equilibrio financiero del sistema, principalmente, en la cuantía de la pensión media.
Así pues convendría separar de modo tajante y claro lo que son efectos coyunturales o cíclicos de lo que implican las tendencias demográficas y, en su
caso, económicas, en el largo plazo. En este sentido, convendría desvincular la
definición del factor de sostenibilidad de las urgencias por cumplir los
compromisos pactados como contrapartida al rescate financiero en el que nuestro país está inmerso.

Y en esta perspectiva me permito recalcar el interés de mantener el modelo de
reparto que hasta la fecha y durante largas décadas ha funcionado sin grandes
problemas; son las interferencias externas al modelo las que afectan a su funcionamiento (demografía, especialmente) y los que –sus efectos, en todo caso, conviene corregir.

Con estos elementos creo que los modelos de capitalización (individual o colectiva) no tienen cabida en el sistema público de pensiones español.
Frente a ello habría que recordar que, en primera instancia, la reforma que está en desarrollo introduce correcciones importantes sobre los efectos del aumento de la esperanza de vida. Correcciones que, según el texto de la propia ley se proyectarán más allá del periodo de implantación de la misma, que finalizaría en el año 2027, al introducir un factor de sostenibilidad que tuviera en cuenta la evolución de la esperanza de vida, a partir de dicha fecha.

12. No estamos hablando de equilibrio actuarial, que en el contexto del sistema
español de reparto de prestación definida, que a mi entender ha de continuar, no
tiene sentido. Tiene sentido, en todo caso, hablar del objetivo de equilibrio
presupuestario, lo que implica hablar de gastos, pero también de ingresos del
sistema.

13. Habría que considerar también, en una perspectiva de sostenibilidad
presupuestaria del sistema de pensiones a futuro, dos cuestiones más. La dinámica de crecimiento de las pensiones medias actuales y el cálculo y dinámica de crecimiento de las que vayan entrando en los próximos años.

a. En el primer caso, se están frenando, por un lado como efecto de la
paulatina reducción de la senda inflacionista en nuestro país y, en el corto
plazo, por los ajustes en la revalorización de las mismas que se están
llevando a cabo.

b. Y respecto a lo segundo, la reforma en curso contiene instrumentos que
reducirán la cuantía media de las nuevas pensiones (alargamiento de años
de cotización para llegar al porcentaje máximo y del periodo de cálculo de
la base reguladora, así como el tratamiento a los periodos sin cotización o
la actualización de valor de los años cotizados a efectos del calculo de la
pensión) con respecto al sistema de calculo previo, acortando también el
periodo global de cobro al retrasar la edad de jubilación.

14. Las estimaciones del Gobierno español y de la Comisión Europea hablan de una reducción del gasto en pensiones, con respecto al PIB de tres puntos porcentuales como resultado de la aplicación de esta reforma. Con ello el gasto del sistema público español de pensiones se situaría, según las estimaciones citadas, a la altura del año 2060 (“largo me lo fiais, amigo Sancho”) en un porcentaje algo superior al 13 por ciento del PIB; cifra que ronda la media europea estimada para esas fechas.

Considerando que en este momento el gasto público medio europeo (así como
específicamente el gasto social) estimado en cifras de PIB está en cifras muy por
encima de la media española, bajo una perspectiva de homologación europea, hay un margen importante también por el lado de los ingresos para enfrentarnos los retos futuros en un contexto equilibrio presupuestario. Alargar la edad de jubilación, hasta los 67 años previstos en la ley 17/2011, ya mejora el flujo de ingresos al sistema de la Seguridad Social. Además, parece adecuado pensar, desde un punto de vista de solidaridad social intergeneracional, que, si dentro de unas décadas tendremos una mayor proporción de pensionistas entre nuestra población, los activos habrían de asumir un mayor esfuerzo financiero para dotar a las pensiones de una cuantía suficiente, sin tener que recurrir a mecanismos de beneficencia y dejando otras formulas de obtención de rentas en la vejez, como complementaria, para quienes puedan y quieran arriesgar una parte de sus ahorros durante su vida activa en fondo privados de pensiones u otras variantes de inversión a largo plazo.

15. Y, si de correcciones respecto a los efectos del ciclo en la financiación del sistema hablamos (reducción del número de cotizantes por aumento del desempleo, de ingresos por disminución de las bases de cotización y aceleración de jubilaciones anticipadas, entre otros) contamos con un Fondo de Reserva que nos permitiría cumplir con el pago de las pensiones existentes hasta, al menos, el año 2018, más allá de la fecha esperada de recuperación, según las previsiones gubernamentales contenidas en el último plan de Estabilidad remitido a los organismos comunitarios.

16. De momento hay ingredientes suficientes en el terreno de la reforma del sistema pensiones y en las fortalezas del propio sistema como para que nos otorguemos un pequeño respiro y no demos pie al pánico y a la alarma social; eso sí que nos sirva también para pensar en el siguiente paso a desarrollar. Paso este que, sin duda, convendría vinera consensuado por la fuerzas políticas y sociales que articulan la opinión y los intereses de los ciudadanos del país.

17. Vistas así las cosas parece, a mi entender, precipitado ir en este momento más allá de lo que establece la Ley 27/2011, introduciéndonos en un terreno de alta conflictividad (sin consenso) y de incertidumbres, por el momento. Es por ello que, en mi consideración, la actuación del Comité de Expertos creado al amparo del mandato establecido en el R.D-L. 5/2013 de 15 de marzo (disposición adicional novena), no debiera sobrepasar el mandato allí contenido, circunscrito a la elaboración de un factor de sostenibilidad que “con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad a partir de 2027, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a las 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes” (art. 8o de la Ley 27/2011de uno de agosto). Cualquier otra consideración añadida a este mandato enturbiaría las aguas ya de por si bastante revueltas del diálogo social y de la propia paz social, sin que tuviéramos garantía alguna de que lo dictado ahora no hubiera de estar sujeto a revisión profunda, cuando no eliminación, en años inmediatos al albur de los resultados de la reforma del sistema de pensiones recientemente instaurada.

18. Conviene tener en cuenta no solo los elementos financieros del concepto de
sostenibilidad, sino otros aspecto a los que históricamente ha atendido el sistema público de pensiones: suficiencia de las mismas, equilibrio territorial, solidaridad intrageneracional, función macroeconómica y cíclica. No se debe sustraer el debate a los ciudadanos y el acuerdo a las fuerzas sociales y políticas. La reforma fue pactada en 2011 y significó la ausencia de conflicto político y social. No debemos olvidar que la Ley 27/2011 constituyó el fruto de un gran consenso entre las fuerzas políticas (a través de la Comisión del Pacto de Toledo) y de las organizaciones sociales, a través del Pacto Social que sustenta la reforma.
Recuérdese, basta con hacer algo de historia, que el consenso referido no ha sido fácil de alcanzar, buena prueba de ello es el análisis de las principales reformas realizadas desde el año 1997, donde el consenso nunca fue global. En esta perspectiva, en definitiva, la ruptura del consenso sobre esta cuestión constituiría una provocación innecesaria e injustificada, que seguramente propiciaría un conflicto social con un enorme coste social y económico, que el país no se puede permitir en los tiempos actuales.

CONSIDERACIONES DE DETALLE SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME

a) El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas
financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar.

b) En consecuencia se recomienda proceder a incorporar un doble factor de
sostenibilidad de manera inmediata, sin considerar otras alternativas posibles, por el lado de los ingresos del sistema.

c) La retórica subyacente contenida en el Informe incluye, a mi juicio, un exceso de contenido crítico a la capacidad de reforma y de atención a los problemas futuros por parte de las instituciones políticas que nos representan; el latiguillo subyacente de los “políticos” como seres interesados, cuando no incompetentes, como justificativo de la necesidad de incorporar al sistema mecanismos de ajuste automático, me perece, cuando menos, peligroso, desde la perspectiva de la credibilidad/estabilidad de las instituciones democráticas. Puede que sea de
interés, por razones de flexibilidad del sistema o de otro orden, contar con
mecanismos de ajuste automático, sometidos siempre a seguimiento y modificación, cuando se considere necesario, pero ello no es motivo para
descalificar la necesaria presencia de las instituciones (y los políticos son la
vertiente humana de las que tenemos) en la definición de las reglas del sistema y
de su aplicación. Creo que el peor escenario es el del gobierno de los “técnicos” o de los “expertos”, que se colocan en un peldaño muy por encima del de los
políticos.

d) Y, contradictoriamente, sobre esa no interferencia política, el propio Informe
establece consejos o sugiere temas a reformar, en su parte final, sobre cuestiones “no automáticas”, que afectan a la definición del sistema público de pensiones y sujetas al arbitrio de las instituciones políticas representativas. Adicionalmente, la propia definición del factor de sostenibilidad anual deja aspectos importantes, como el coeficiente alfa, o el número de años a considerar en la estimación de la revalorización anual de las pensiones con medias móviles, al arbitrio del legislador, entre otras cuestiones que tienen una singular transcendencia en los resultados año a año derivados de la aplicación del factor, tal como el propio Informe indica.

e) En este sentido, creo sería mas eficiente reducir la carga de retórica del informe, que a menudo suena a discurso moral, en aras de un mayor esfuerzo de claridad (transparencia), tema que se reitera a lo largo del mismo, para que el común de los pensionistas, actuales y futuro entienda lo que se dice en las diferentes fórmulas de calculo de los factores de sostenibilidad, particularmente el “anual”.

f) No deja de resultar interesante contemplar como la fórmula del factor de
revalorización anual adolece de cierta circularidad en su formulación, dado que
para el cálculo de la revalorización de la pensión media hay que estimar
precisamente la evolución de esa misma pensión media en una serie de años
(según el coeficiente “n” que se elija), precisamente en el cociente del ratio
Ingresos/Gastos (pensiones*pensión media). En las previsiones que hagan los
organismos oficiales, que se utilizaran para el cálculo de la revalorización, tendrán que considerar alguna previsión (explícita o tácita) sobre la evolución de las pensiones medias en el año de la revalorización y siguientes.

g) Las previsiones por tanto jugaran un papel fundamental en el resultado de la
aplicación de los factores; mientras que en el primero puede haber cierto consenso sobre las predicciones demográficas, en el segundo por las variables a estimar (PIB, salarios, pensiones medias, pensionistas, etc.) el nivel de controversia será mayor; cabe pensar que errores en las previsiones de un año pueden ser corregidas en el siguiente (no siempre), pero en el entretanto el conflicto social generado puede ser importante. No es de extrañar que en algunas formulas de factores de sostenibilidad, como en el caso sueco, se han evitado incluir previsiones y las referencias siempre se relacionan con datos ya oficializados.

h) Las tendencias que se apuntan sobre el resultado de la aplicación suenan tan
optimistas, sobre la senda de revalorización de las pensiones medias, que incluso uno se pregunta sino sería mejor dejar el sistema de revalorización en los términos actuales, ligada a la evolución del IPC. Parece que el efecto del mismo sobre la relación entre cuantía de las bajas/cuantía de las altas, que tendería a bajar, solventaría los problemas de suficiencia (sobre la pensión media), aunque no está claro si los de sostenibilidad. La ausencia de trabajos de simulación de cierta entidad, que contemple todos los parámetros del sistema, con sus variantes, dificulta tener una visión consistente de lo que podría acontecer en el futuro con la aplicación de tales factores.

Si el ajuste recae en la pensión media, en términos de suficiencia, como el propio Informe señala) como así entiendo ocurrirá como resultado de este factor de sostenibilidad, se introducen incentivos, entre los colectivos que tienen posibilidad de definir la cuantía de su cotización a situarse en la parte más baja del mismo, de no mediar modificaciones en sus respectivos regímenes de cotización/prestación.

Añadir a estos comentarios que en la aplicación del factor de sostenibilidad anual utilizado en Alemania (con algunas características cercanas al que se propone para España en el Informe) a las pensiones publicas, desde principios de la década pasada, se ha obtenido como resultado una depreciación real acumulada de las mismas, aunque en ningún caso la cuantía de la pensión de un año puede ser inferior a la cuantía del año precedente y, consecuentemente en ningún caso puede producirse una “actualización negativa”.

No hay criterio homogéneo en cuanto al tratamiento del futuro de las pensiones,
ni en las legislaciones nacionales de los países de la UE ni en los propios órganos comunitarios. Recuérdese como en el MoU (Memorándum de Entendimiento) que acompaña a la aprobación del rescate financiero, que la Troica remitió a con Grecia, le indicaban la necesidad de modificar los criterios de la revalorización de las pensiones, cambiando la evolución de los salarios, por el IPC. ¿En que quedamos?

j) Quiero insistir en hemos hecho solo una proyección muy limitada, que no nos
permite ver los efectos internos en el sistema (distribución entre regímenes, entre grupos, sobre el monto total, Fondos de reserva, etc.). El análisis y la información a poner a disposición de los legisladores debiera ser de superior envergadura, incluyendo más alternativas, y escenarios diversos para cada uno de ellos, lo que, sin duda hubiera requerido un periodo de trabajo más dilatado de trabajo y mayor colaboración por los organismos oficiales competentes. Insisto en ello porque sigo sin entender el porqué de las prisas para elaborar una propuesta de la envergadura económica, política y social, tal como la que contiene el Informe del Comité de Expertos.

k) La concurrencia de tres mecanismos de ajuste, de forma cuasi simultánea, si se aplican los factores de sostenibilidad en el próximo año, significará que una parte importante del ajuste para la sostenibilidad presupuestaria cargará sobre las próximas generaciones que inician este año su andadura como pensionistas. Hay que insistir en esto porque si retrasa la edad de jubilación a los 67 años y
simultáneamente se introduce el mecanismo del incremento de la expectativa de
vida en el cálculo inicial de las pensiones, se está castigando por vía doble a una
misma cohorte de jubilados: trabajar más años, cotizar por más tiempo y, en las
mismas condiciones, menor base reguladora, y además se aplica un coeficiente por mayor expectativa de vida, reduciéndole la pensión inicial, añadiéndole una
tendencia descendente en la pensión media cuando ya esté dentro. Ningún país
europeo se ha atrevido a hacerlo con tanta intensidad.

l) Resulta fundamental, a mi entender, que previo a cualquier compromiso en
materia de nuevos factores de sostenibilidad, se establezca otro sobre el principio de solidaridad intergeneracional que permita avanzar en las transferencias al sistema de pensiones de ingresos públicos, es decir garantizar un nivel definido de suficiencia a futuro de las pensiones públicas. El crecimiento económico futuro puede reservar una parte del mismo para el pago de una nómina de pensiones que crece, en tanto que la relación pensionistas/cotizantes tiende a incrementarse. Y esto, si se quiere, también puede “automatizarse” si se desea, tras un acuerdo previo sobre el objetivo de suficiencia o de gasto en pensiones que se pueda adoptar por consenso por parte de los sujetos políticos y sociales. A este respecto es cuestionable que con la propuesta de factor anual de sostenibilidad contenida en el Informe vaya a pensiones parte del incremento de la productividad que las próximas generaciones vayan creando; tal afirmación se apoya en la hipótesis de traslación equivalente del incremento de  productividad a los salarios (que se supone representan en el factor a las bases de cotización) y en la estabilidad en el reparto de la distribución funcional de la renta, cuestión también que la realidad española no corrobora.

m) Históricamente así ha ocurrido, se ha ido incrementando la cuantía del PIB
dedicada pensiones e incrementando paulatinamente las transferencias.

n) Todo ello sin prejuzgar otras correcciones al sistema de reparto de prestación
definida, como ha ocurrido en años pasados, ni la necesaria reordenación ya
prevista, de su funcionamiento interno (absorción RETA, REA y REEH, , Mutuas,
etc.).

EN SÍNTESIS

A partir de lo analizado anteriormente, considero que:

A. Aún admitiendo las dificultades que, fundamentalmente por razones de la evolución demográfica del país, se puedan plantear en el futuro para la estabilidad presupuestaria del sistema de público de pensiones, no considero preciso que se introduzcan factores de sostenibilidad apoyados en la dinámica de variables económicas estimadas. No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones, mas allá de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se consideren en el ámbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los próximos años habrá que estará atentos a la evolución de los resultados de la reforma.

B. A mi modo de ver creo que es preciso asumir que el aumento del número relativo de pensionistas, derivado de las tendencias demográficas, exigirá un esfuerzo paulatinamente mayor de las sociedad para con el gasto de pensiones, lo que nos habría de llevar a una cifra de gasto similar a la media de la UE, en el entorno del 14 por ciento, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, considero que el esfuerzo de ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuación de la solidaridad inter e intrageneracional en los próximos años, por lo que además de los efectos de la reforma en marcha, sería razonable establecer un compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones públicas, sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos, en un horizonte de convergencia con la
media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se refiere como a gasto social, en general. Las cifras al respecto permiten avalar un horizonte como este.

C. La reforma de 2011 opera con factor de sostenibilidad demográfico, aunque no de carácter automático sino predefinido, afectando a varios de los parámetros de definición de las pensiones como edad de jubilación y cuantía de la pensión inicial (definición de la base de cálculo, años cotizados, anticipadas, etc.). Habría que dejarle actuar y hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las pensiones.

D. No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente.

E. No ha de descartarse que la revisión del factor (en los términos que indica la ley) se haga antes de lo previsto, el año 2027, tras el análisis de los efectos de la reforma recién puesta en funcionamiento, sobre la sostenibilidad del sistema en todas sus facetas y nuevas previsiones realizadas en unos años. En todo caso habrían de ser los interlocutores políticos y sociales quienes acordaran una posible anticipación de la revisión del modelo definido en la Ley 27/2011, tras la extracción de conclusiones sobre la experiencia de su aplicación en los próximos años.

F. Adicionalmente, hay todavía un margen importante de reorganización interna, parte contemplados en la Ley 27/2011) con potenciales ahorros en forma de menores gastos o aumento de los ingresos (absorción de regímenes especiales, ITE, Mutuas, etc.)

G. De acuerdo con mi interpretación de lo establecido por la ley 27/2011, que
recientemente ha entrado en vigor, habrá de aplicarse un coeficiente de sostenibilidad ligado a la evolución de la esperanza de vida de los españoles al cumplir la edad de jubilación, que será aplicable a partir de 2027 y sobre los diferentes parámetros del sistema, no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial. No comparto por tanto la apreciación del Informe acerca de la entrada en vigor de dicho factor a partir de 2014; habrá de ser los poderes públicos los que interpreten, al margen de la coyuntura inmediata, la necesidad o no de adelantar dicha fecha, que en mi criterio, a fecha de hoy, aún resulta prematuro definirlo.

H. Por último, considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema (aun entendiendo, como no, la licitud de que un Comité de Expertos realice las propuestas que le parezcan adecuada, más allá del mandato que tenga), tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones y sobre cuyos resultados efectivos en términos de equilibro presupuestario no contamos con las simulaciones suficientes, ante la ausencia de apoyo por parte de los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comité para realizar su encargo.

I. Entiendo, por último, que el informe se debería:

a. Modificar el contenido de los elementos aplicados al factor de Equidad
Intergeneracional, dejando abierto su aplicación no sólo al valor de la pensión media de entrada, sino a los parámetros básicos del sistema, siendo los poderes representativos quienes defina la distribución de los efectos del coeficiente en un mix proporcional entre los dichos parámetros.

b. Mantener la fecha de su entrada en vigor en los términos establecidos en la
ley 27/2011, a resultas de que los poderes políticos decidan una ligera anticipación de la misma, para ponerse en relación con el año 203O, punto,
como se ha señalado, de fuerte inflexión según estimaciones oficiales, de incidencia de la dinámica demográfica sobre el sistema de pensiones. En
todo caso, también parece razonable la aplicación del mismo en periodos
quinquenales como establece la Ley.

c. Suprimir el factor de Revalorización Anual.

d. Abrir un periodo de reflexión en el Comité para definir un factor de
suficiencia que, en paralelo al proceso de reforma fiscal en marcha, considere el mantenimiento de la tasa de sustitución de las pensiones a largo plazo en una cuantía suficiente y se apoye en la transferencia de recursos públicos, a partir de una fecha, tal como el año 2030, en cuantía adecuada para garantizar la sostenibilidad presupuestaria del sistema y la suficiencia antedicha. Todo ello con el horizonte de convergencia con el nivel de gasto medio europeo previsto en materia de pensiones públicas y teniendo como referente la absorción por el sistema de pensiones públicas de recursos generados por el crecimiento económico, en proporción a su importancia relativa sobre el conjunto de la renta nacional u otro parámetro relevante de referencia.

El experto que votó en contra: “No demos pie al pánico y a la alarma social”

El economista Santos Ruesga defiende que se debe dar margen a la reforma de 2011

“El diagnóstico es excesivamente alarmista”, justifica Critica "la urgencia" con la que se ha elaborado el estudio de los sabios.

Se muestra contrario a basar en proyecciones económicas ajustes drásticos en el sistema.

EL PAÍS.- 7 DE JUNIO 2013

El informe sobre la sostenibilidad de las pensiones que los 12 expertos han entregado al Gobierno ha sido aprobado por una amplia mayoría: 10 votos a favor. Hubo una abstención. Y un voto en contra. El sabio díscolo ha sido Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencias Económicas. ¿Por qué? Junto al informe, se ha elaborado también un anexo en el que figuran las explicaciones sobre tres votos particulares. Y ahí es donde Ruesga explica sus diferencias con el resto de los expertos, que le han llevado a oponerse a la valoración del resto de sabios. "De momento hay ingredientes suficientes en el terreno de la reforma del sistema pensiones y en las fortalezas del propio sistema como para que nos otorguemos un pequeño respiro y no demos pie al pánico y a la alarma social; eso sí que nos sirva también para pensar en el siguiente paso a desarrollar. Paso este que, sin duda, convendría viniera consensuado por la fuerzas políticas y sociales que articulan la opinión y los intereses de los ciudadanos del país", señala rotundo.

Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones

Este experto considera que se está actuando con excesiva precipitación y sobre la base de estimaciones económicas que considera insuficientes para acometer cambios tan profundos. "El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo, ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar", señala Ruesga.

Cree que se debería dar tiempo a los cambios aplicados en 2011 en materia de pensiones, "y hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las pensiones". Es pronto para acometer cambios drásticos sobre el pago de pensiones, justifica. "No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente", explica en su voto en contra.

El economista comenta sus diferencias con el diagnóstico en 10 folios. En síntesis, su desacuerdo parte de la base de que la revisión del sistema se realiza sobre proyecciones económicas. Y la economía fluctúa mucho. "Aún admitiendo las dificultades que, fundamentalmente por razones de la evolución demográfica del país, se puedan plantear en el futuro para la estabilidad presupuestaria el sistema de público de pensiones, no considero preciso que se introduzcan factores de sostenibilidad apoyados en la dinámica de variables económicas estimadas", señala al final de su extensa crítica a las ideas del estudio. "No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones, mas allá de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se consideren en el ámbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los próximos años habrá que estar atentos a la evolución de los resultados de la reforma", añade.

Ruesga no niega que el sistema de pensiones necesite una reforma. Sin embargo, critica que esos cambios deban basarse en reducir los pagos, y propone aumentar el gasto público en pensiones. "A mi modo de ver creo que es preciso asumir que el aumento del número relativo de pensionistas, derivado de las tendencias demográficas, exigirá un esfuerzo paulatinamente mayor de la sociedad para con el gasto de pensiones, lo que nos habría de llevar a una cifra de gasto similar a la media de la UE, en el entorno del 14%, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, considero que el esfuerzo de ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuación de la solidaridad ínter e intrageneracional en los próximos años, por lo que además de los efectos de la reforma en marcha, sería razonable establecer un compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones públicas, sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos, en un horizonte de convergencia con la media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se refiere como a gasto social, en general. Las cifras al respecto permiten avalar un horizonte como este", defiende.

Entre los puntos concretos en los que muestra su desacuerdo, Ruesga señala además la necesidad de tener más datos para acometer cambios profundos e incluso subraya la falta de apoyo por parte de organismos oficiales a la hora de ofrecer detalles para ofrecer un diagnóstico más certero. "Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema (aun entendiendo, como no, la licitud de que un Comité de Expertos realice las propuestas que le parezcan adecuadas, más allá del mandato que tenga), tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones y sobre cuyos resultados efectivos en términos de equilibro presupuestario no contamos con las simulaciones suficientes, ante la ausencia de apoyo por parte de los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comité para realizar su encargo", explica.
Los matices de otro experto que pide más tiempo para el cambio

Miguel Ángel García Díaz, responsable del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras y profesor colaborador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, apoya el informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, ha optado por ofrecer ciertos matices sobre el mismo, y se ha desmarcado del consejo de aplicar los cambios ya en 2014. “Considero compatible mi voto favorable al contenido del Informe presentado por el comité con expresar mi preferencia de desplazar hasta 2019 la implantación de los dos componentes del Factor de Sostenibilidad recomendados”, justifica.

En el informe, recuerda, se fija una horquilla de aplicación entre 2014 y 2019 pronunciándose a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente. Sin embargo, García Díaz apunta: "Diferir en 5 años su aplicación práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones".

Según justifica este experto, "la disponibilidad de recursos financieros en el Fondo de Reserva gracias, entre otras razones, al esfuerzo realizado por los trabajadores durante la anterior etapa de bonanza (renunciando a una superior actualización de las pensiones o a rebajar las cuotas sociales), es un instrumento que permite hacer frente durante un tiempo prudencial a posibles saldos negativos del sistema público de pensiones". Añade además que el factor de sostenibilidad que se propone en el Informe implica un cambio significativo en la dinámica de funcionamiento del sistema público de pensiones, "que debe ser explicado y asimilado por la sociedad y los órganos democráticos que toman las decisiones en materia de Seguridad Social. Considerando. Por otra parte, en un momento tan delicado como el actual es conveniente evitar nuevas incertidumbres en la población que pudieran generar efectos negativos sobre sus decisiones de consumo e inversión", y de ahí, el margen de cinco años que solicita.

Campaña Internacional: Recopilación de Informacion

Comisión Verdad <comisionverdadfranquismo@gmail.com>

Fecha: 5 de junio de 2013 16:21

Asunto: ACCIÓN CAMPAÑA INTERNACIONAL: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Os comunicamos la primera de las acciones que vamos a llevar a cabo en el contexto de nuestra campaña internacional para denunciar el desamparo judicial y político al que están sometidas las víctimas del franquismo en nuestro país.

Como sabéis, España presentó hace unos meses su informe ante el Comité de Desaparición Forzada de la ONU (lo tenéis disponible aquí: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/SPReports/CED-C-ESP-1_sp.pdf), cuyo mandato es velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas (de la que España es Estado parte, habiendo entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010).

España se negó a suministrar ninguna información al Comité sobre las desapariciones forzadas que no hubieran comenzado tras el 23 de diciembre de 2010; apoyándose para ello en una interpretación restrictiva del art. 35 de la Convención.

El Comité ahora va a proceder de aquí a junio a preparar una serie de preguntas específicas que España deberá responder; previo todo ello al examen final sobre España que será aproximadamente en noviembre. ESTE COMITÉ ACEPTA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASOCIACIONES PARA LA EVALUACIÓN FINAL siendo el plazo límite para la recepción el 20 DE SEPTIEMBRE.

De ahí, que desde la Plataforma os pedimos un esfuerzo por recopilar toda la información que tengáis a vuestro alcance en torno a DESAPARECIDOS Y FOSAS COMUNES:

- Falta de investigación por parte de los tribunales

- Denegación sistemática por parte del Estado español en todos los niveles, tanto administrativos como judiciales;

- Desconocimiento de la verdad y la negativa a investigar, localizar y entregar los restos de la víctima desparecida a sus familiares, lo que sólo contribuye a prolongar el sufrimiento;

- La insuficiencia de la Ley de Memoria Histórica;

- El peregrinaje judicial y administrativo al que someten a las víctimas, etc.

Toda la información que consideréis relevante para mostrarle al Comité cuál es la realidad de la situación española y lo inapropiado, injusto y distorsionador que es la posición que ha mantenido España en su informe.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad se presta por tanto a ser un vehículo para articular y normalizar toda la información que ya disponéis vosotros y hacérsela llegar al Comité de manera conjunta. Si queréis serviros de la Plataforma para ello, os enviaremos en los próximos días un modelo simplificado para organizar todos los datos LO ANTES POSIBLE.

Por otra parte, aquellas asociaciones que quieran enviar sus documentos al Comité de forma independiente también podrán remitir esta información directamente a la Secretaria del Comité, a la siguiente dirección de correo: ced@ohchr.org.  Aquí os pediríamos compañeros que, de hacerlo, lo comunicaran a la Plataforma para informar al resto de asociaciones.


Por otra parte, toda esta información será de enorme utilidad para preparar la visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. En estos momentos se están discutiendo las fechas y lugares exactos que visitarán (la visita será aproximadamente de una semana de duración).

El Grupo vendrá para evaluar si está España implementando la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992. Desde la Plataforma solicitaremos un encuentro con el Grupo y nuestra intención es remitirle toda la información que también hagamos llegar al Comité.

Si tenéis dudas con respecto a todo lo mencionado no dudéis en comunicárnoslo a través de este correo y las aclararemos cuanto antes.

Diputados británicos se movilizan contra el derribo del monumento a las Brigadas Internacionales en Madrid

Una diligencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Universidad Complutense a retirar el monolito por haberse erigido sin licencia urbanística.

Laboristas del Parlamento británico promueven una declaración en la Cámara en la que reclaman que "el memorial permanezca en su lugar para que las futuras generaciones puedan recordar algunos de los momentos más importantes de su historia".

El periódico The Guardian ha publicado un reportaje demoledor en el que alerta del "peligroso intento de distorsionar la historia de la Guerra Civil" con la retirada del monolito.

Es discreto. Pocos de los miles de alumnos que acuden cada día al campus sabe que existe. No así el magnánimo Arco de la Victoria -la de Franco en la Guerra Civil, claro-, erigido, a escasos minutos a pie, durante la dictadura. Pero el que se ha levantado sin licencia urbanística, en octubre de 2011, según la justicia, es el de las Brigadas Internacionales y, por eso, tiene los días contados de acuerdo con una diligencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El conflicto ha saltado fuera de nuestras fronteras. Un grupo de diputados laboristas británicos está promoviendo una moción para que la Cámara apruebe una declaración de condena del derribo del monolito, levantado frente al edificio de Alumnos de la universidad, en la que se reclama la intervención del Gobierno británico ante el español:

Amenaza al monumento de las Brigadas Internacionales

Este Parlamento quiere hacer notar la instrucción de un tribunal español para que la Universidad Complutense de Madrid retire el modesto monumento a las Brigadas Internacionales (incluyendo sus ciudadanos británicos) que murieron durante la Guerra Civil española; destaca que el campus fue uno de los principales campos de batalla durante la guerra en noviembre de 1936 y que este es el único monumento de este tipo en Madrid; llama al Gobierno de su majestad a hacer gestionaes ante el Gobierno español para asegurar que el monumento permanezca en su lugar para que las futuras generaciones puedan recordad algunos de los momentos más importantes de su historia.

Este jueves, además, el periódico británico The Guardian publicaba un reportaje en el que alertaba del "peligroso intento de distorsionar la historia de la Guerra Civil. La retirada del monumento es un intento de zanjar el debate". En el artículo se recuerda la ingente cantidad de calles, plazas y placas en recuerdo de los vencedores de la contienda que hay repartidas por toda España. Y concluye: "Es un modo intolerante, peligroso y disfuncional de afrontar el pasado y no casa con el intento de proyectar para el futuro un Madrid abierto, diverso y transparente".

La diligencia del 21 de mayo de 2013 remitida por el TSJM al Juzgado número 22 de lo contencioso administrativo de Madrid ratifica la sentencia inicial de abril de 2012 del mismo tribunal que declaraba nula la instalación del monumento. A partir de aquí, da 10 días a la universidad para hacer acuse de recibo de la diligencia y, desde entonces, dos meses para cumplir la sentencia. Es decir, el derribo. A juicio del TSJM, el rectorado debería haber pedido su correspondiente licencia urbanística para instalarlo en suelo de dominio público, petición que se produjo después de inauguración. 

Según la sentencia de 2012, "la administración ha eludido por completo sujetarse a tal procedimiento obligado, como cuestión previa de necesaria observancia para poder llevar a cabo la actuación material de instalación de la estatua. No se trata de un error en el procedimiento elegido para tramitar la licencia o de una deficiencia de cualquier naturaleza en el proyecto o en la autorización obtenida, cuestiones todas ellas de revisión de legalidad, sino de una omisión total y absoluta de dicho procedimiento".

El monumento fue inaugurado el 22 de octubre de 2011 en una ceremonia a la que acudieron brigadistas y el rector de la Complutense, José Carrillo, hijo del exsecretario general del PCE Santiago Carrillo. Está formado por dos planchas de acero –de 4 metros de altura por 0,80 metros de ancho- paralelas sobre una base de hormigón, tiene dibujada la estrella de tres puntas de las Brigadas Internacionales y en él puede leerse la siguiente frase de Dolores Ibárruri, Pasionaria: "Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo histórico de la solidaridad y de la universidad de la democracia".

La Asociación Foro por la Memoria ha emitido un comunicado en el que exige las administraciones públicas "la aplicación y desarrollo de la ley de memoria con la consiguiente señalización, conservación y desarrollo de la labor pedagógica que incluye el mantenimiento de este monumento".

 

 

El Parlamento Europeo también es ETA

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca es, para el Partido Popular, una "organización violenta", unos "nazis" "profundamente antidemocráticos" que intentan "coaccionar la libertad política", practican el "acoso y el hostigamiento" y "tienen mucho que ver con ETA", entre otras lindezas.

Esa misma plataforma es, para el Parlamento Europeo, una de esas "organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos", un grupo que "día a día trata de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE". La PAH es uno de los ganadores del Premio Ciudadano Europeo 2013, que otorga el Europarlamento y califica así a los galardonados. El premio es más que merecido. 

Nadie ha hecho más que la PAH por luchar contra el que sin duda es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta a España: un país con cientos de miles de pisos vacíos y miles de familias en la calle.

Pese al premio, el PP sigue en sus trece. Va a pedir la retirada de un galardón que les retrata. El premio demuestra a las claras quién es la organización profundamente antidemocrática: la que criminaliza unas protestas claramente pacíficas; la que intenta presentar a las víctimas como verdugos; la que reduce la democracia al simple ejercicio del voto.

Europa está dejando en evidencia al PP y al Gobierno, y ya es la tercera vez que pasa. La justicia de Europa sentenció que la ley española de desahucios es abusiva. El Banco Central Europeo pidió al Gobierno un plan "más amplio" contra este drama. Y ahora el Parlamento Europeo premia a la PAH.

Sin duda el Parlamento Europeo, la justicia Europea y el Banco Central Europeo también son ETA, como la PAH. Están por todas partes estos etarras.

Ignacio Escolar

06/06/2013 - 21:14h

http://www.eldiario.es/escolar/Parlamento-Europeo-ETA_6_140395985.html

¿Democracia o capitalismo?

Boaventura de Sousa Santos
Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra.

La relación entre democracia y capitalismo ha sido siempre una relación tensa, incluso de total contradicción. El capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o se identifica con sus necesidades, mientras que la democracia, por el contrario, es el Gobierno de las mayorías que ni tienen capital ni razones para identificarse con las necesidades del capitalismo. El conflicto es distributivo: un pulso entre la acumulación y concentración de la riqueza por parte de los capitalistas y la reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de los trabajadores y sus familias. La burguesía ha tenido siempre pavor a que las mayorías pobres tomasen el poder y ha usado el poder político que las revoluciones del siglo XIX le otorgaron para impedir que eso ocurriese. Ha concebido la democracia liberal como el modo de garantizar eso mismo a través de medidas que pudieran cambiar en el tiempo, pero manteniendo el objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad, represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones, corrupción de los políticos, legalización de los lobbys… Y, siempre que la democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso a la dictadura, algo que pasó en numerosas ocasiones.

En la inmediata posguerra, muy pocos países tenían democracia, vastas regiones del mundo estaban sujetas al colonialismo europeo que sirvió para consolidar al capitalismo euro-norte-americano, Europa estaba devastada por una guerra provocada por la supremacía alemana y en el Este se consolidaba el régimen comunista, que se veía como alternativa al capitalismo y a la democracia liberal. Fue en este contexto en el que surgió el llamado capitalismo democrático, un sistema consistente en la idea de que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería ser fuertemente regulado. Ello implicaba la nacionalización de sectores clave de la economía, la tributación progresiva, la imposición de la negociación colectiva y hasta -como aconteció en la Alemania Occidental de la época- la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek, la disidencia. En el plano político, los derechos económicos y sociales habían sido el instrumento privilegiado para estabilizar las expectativas de los ciudadanos y para defenderse de las fluctuaciones constantes e imprevisibles de las “señales de los mercados”. Este cambio alteraba los términos del conflicto distributivo, pero no lo eliminaba. Por el contrario, tenía todas las condiciones para azuzarlo durante las tres décadas siguientes, cuando el crecimiento económico quedó paralizado. Y así sucedió.

Desde 1970, los Estados centrales han gestionado el conflicto entre las exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital, recurriendo a un conjunto de soluciones que gradualmente han ido otorgando más poder al capital. Primero fue la inflación; después, la lucha contra la inflación, acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos. Lo siguiente fue el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha del capital contra los impuestos, de la estancación económica y del aumento del gasto social, a su vez, causado por el aumento del desempleo. Lo último fue el endeudamiento de las familias, seducidas por las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de regulaciones estatales para eludir el colapso de las expectativas creadas de consumo, educación y vivienda.

Así sucedió hasta que el engaño de las soluciones ficticias llegó a su fin, en 2008, y se esclareció quién había ganado el conflicto distributivo: el capital. ¿La prueba? El repunte de las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de vida digna de la mayoría (los ciudadanos) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la minoría (el capital financiero). La democracia perdió la batalla y solamente puede evitar perder la guerra si las mayorías pierden el miedo, se revuelven dentro y fuera de las instituciones y fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.

 Público.es

Nueva ley del alquiler: las claves para inquilino y casero

• Cambios en el arrendamiento y nuevo certificado energético, entre las novedades
• La norma acorta los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento

• ESPECIAL Texto de la ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler 

05-06-2013 11:42
DIARIO ECONÓMICO CINCO DÍAS

Para alquilar una casa hay que ponerse al día. Hoy ha entrado en vigor la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos y hace pocos días lo hizo el Real Decreto que obliga a la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Unos cambios normativos que afectan tanto a propietarios como a inquilinos, con nuevos derechos y obligaciones que conviene conocer a la hora de hacer un nuevo contrato. 

Los expertos destacan que la legislación recién aprobada flexibiliza la relación entre las partes, pudiendo alcanzar pactos libremente, dentro de lo razonable, que prevalecerán por encima de cualquier papel suscrito. Las principales novedades son:

Plazos más cortos: Se reducen los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento. La llamada “prórroga obligatoria”, la que se firma en el primer contrato, pasa de cinco años a tres años. Agotado este periodo, y si ninguna de las partes se pronuncia, se aplica la “prórroga tácita automática” un año más (antes eran tres años), siempre y cuando no se hayan contemplado otros periodos en el contrato inicial.

No tener certificado energético puede llevar cuantiosas sanciones

Revisión de las rentas: Existe la posibilidad de que casero e inquilino negocien, a partir del tercer año, la actualización del precio del alquiler, tanto al alza como a la baja, sin tener que ligarlo al IPC. Hasta ahora la actualización era obligatoria y únicamente en función de la variación del IPC.

 Pago de reformas: Si un inquilino plantea una reforma para mejorar el inmueble, es posible llegar a un acuerdo con el propietario para que el coste de las obras se descuente de las mensualidades del alquiler.

Agilización del ‘desahucio exprés’: En caso de morosidad, incluso con un solo mes de impago, (el inquilino tiene diez días de plazo para pagar desde que recibe el requerimiento de abono), se rescinde el contrato y se inicia el procedimiento de desahucio. El desalojo podrá efectuarse a los diez días, reduciendo los trámites y notificaciones. Por otro lado, el inquilino puede “enervar” la acción y evitar el juicio y el consiguiente desahucio si paga las rentas que debe. Así, se puede reactivar el contrato de alquiler.

Facilidades para dejar o recuperar la vivienda: El arrendatario podrá irse de la vivienda una vez hayan pasado al menos seis meses, sin tener que esperar a que termine la anualidad, avisando con un mes de antelación y sin tener que pagar indemnización (salvo que en el contrato se especifique que sí). Por su parte, el propietario podrá solicitar recuperar la vivienda como residencia habitual en caso de necesitarla para él o un familiar de primer grado (o su cónyuge tras el divorcio o nulidad). Eso sí, tiene que haber transcurrido al menos un año desde la firma del contrato y debe comunicarlo a los inquilinos dos meses antes como mínimo.

 Venta de la casa en alquiler: Un comprador que adquiera una vivienda en régimen de alquiler no tendrá que respetar el contrato de arrendamiento. Sin embargo, cuando dicho contrato se haya inscrito en el registro de la propiedad, la cosa cambia. En tal caso, el comprador estará obligado a permitir que se continúe con lo estipulado en el contrato, incluyendo la prórroga forzosa y tácita.

Inscripción en el registro: Con el fin de hacer valer los derechos de propietarios e inquilinos frente a terceros, la reforma de la ley posibilita inscribir el contrato firmado en el Registro de la Propiedad, como medio para ratificar el acuerdo.

Registro de inquilinos morosos: El Gobierno ha creado un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas del alquiler, con el objetivo de que el propietario pueda consultar los datos de los ciudadanos que hayan incumplido sus obligaciones de pago. El Ejecutivo pretende evitar que los propietarios no saquen sus viviendas vacías al mercado de alquiler por miedo a un ‘mal pagador’.

 Acreditación del certificado energético: Desde el 1 de junio, es obligatorio disponer del certificado de eficiencia energética para poder vender o alquilar inmuebles por más de cuatro meses. Esta etiqueta energética (que otorga una calificación desde la A, la más eficiente, a la G, la menos) puede emitirla cualquier técnico autorizado, tiene una validez de diez años y la debe aportar el propietario. En caso contrario, las sanciones para el dueño de la vivienda oscilan entre los 300 y los 6.000 euros. También es obligatorio si se renuevan los arrendamientos.

Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com, considera que “cualquier medida para flexibilizar el alquiler ayuda a cambiar la mentalidad de compra de los españoles en favor del alquiler”. Añade que “de hecho, ya ha cambiado, porque es un aliciente”.

Por su parte, Josep Oliver, opina que estas medidas, sobre todo la de reducción de los periodos de duración del contrato, dan más seguridad jurídica al propietario pero menos al inquilino. Así, “se puede intensificar la oferta, pero no tanto la demanda”, asegura. “Y lo que se necesita es que el alquiler absorba el stock de viviendas en venta”, apunta.