Los Despachos.

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martes, 14 de mayo de 2013

EL Gobierno alemán "no hace lo que predica"

Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra 
 
nuevatribuna.es | 12 Mayo 2013 
 
Un mensaje que el gobierno Merkel enfatiza constantemente a favor de las políticas de austeridad que está imponiendo al resto de la Eurozona es que tales países deben aprender de las reformas realizadas en aquel país, que incluyeron medidas de austeridad que en lenguaje plano quiere decir recortes de gasto público, incluyendo el social, a fin de reducir el déficit y la deuda pública. En este mensaje se enfatiza que en el periodo que va de 2003 a 2005, el gobierno alemán tomó una serie de medidas de disciplina fiscal que explican el supuesto éxito de su  modelo. Supuestamente, estas medidas se tomaron durante las reformas iniciadas por el canciller Gerhard Schröder (y presentadas al Parlamento alemán el 14 de marzo de 2003) y que determinaron, por cierto, la escisión del Partido Socialdemócrata y su muy marcado descenso en el proceso electoral. Estas políticas de supuesta disciplina fiscal fueron más tarde continuadas –según el gobierno Merkel- por la coalición gobernante del Partido Conservador Cristianodemócrata con el Partido Socialdemócrata.

Hasta aquí la versión del establishment alemán de por qué a Alemania le ha ido bien: tomó la medicina que necesitaba, y aún cuando fue amarga, le salvó de la crisis. De ahí que los otros países de la Eurozona, y muy en especial los supuestamente más despilfarradores, como los países periféricos o PIGS (Portugal, Irlanda, España y Grecia), tengan que hacer lo mismo, es decir, imponer la disciplina fiscal, recortando y recortando hasta alcanzar la reducción del déficit y de la deuda pública y así recuperar la famosa “confianza de los mercados financieros” (una de las frases más repetidas en el mensaje promovido por el gobierno alemán).

Esta versión de lo que ocurrió en Alemania se ha convertido en dogma y se reproduce constantemente en los medios de mayor difusión. Así, el pasado domingo 5 de mayo, en un artículo sobre la situación en Europa, publicado en El País (“La austeridad rompe el eje París-Berlín”), los corresponsales de tal diario en París (M. Mora, C. Pérez y J. Gómez) indicaban que “los recortes de Schröder salvaron a Alemania de la crisis en la que se encuentra Francia”, implicando que lo que el Presidente Hollande debería hacer es lo que, por lo visto, el canciller Schröder hizo con sus reformas, es decir, recortar y recortar gasto público. Y, por si fuera poco, en el mismo número, en una entrevista en El País al sociólogo alemán más conocido en España, el profesor Ulrich Beck (colaborador frecuente en sus páginas), este indicaba con tono de aprobación que “hay un consenso acerca de que el éxito alemán se debe a los recortes del canciller socialdemócrata Schröder. Se cree que ello funcionó en Alemania y tiene que ser bueno para todo el mundo” (“Alemania impone sus recetas con una plantilla moral”. El País 05.05.13).

La falsedad del dogma promovido por el gobierno alemán

El problema con esta interpretación del supuesto éxito del modelo alemán como consecuencia de la austeridad fiscal es que los datos señalan que no hubo ninguna medida de austeridad fiscal en las reformas del canciller Schröder. Dos economistas del Institute for the Study of Labor (IZA), Ulf Rinne y Klaus F. Zimmermann (“Is Germany the North Star of Labor Market Policy”) han mostrado con toda claridad y detalle que el déficit y la deuda pública aumentaron notablemente durante el mandato del gobierno socialdemócrata, crecimiento que continuó durante el gobierno Merkel. En realidad, la deuda pública subió durante el periodo 2000-2010, nada menos que un 40%, creciendo mucho más rápidamente que el PIB. ¿Dónde estaba la austeridad?

En realidad, Alemania no ha sido un país cuyos gobiernos se hayan caracterizado por su austeridad de gasto público. Antes al contrario, la gran expansión de tal gasto que ocurrió a raíz de la unión alemana, con la integración del Este de Alemania, y la expansión de la Alemania occidental en la oriental, estimuló su economía, e indirectamente, la economía europea. Y lo hizo a base de aumentar su déficit público, pasando de estar en superávit en 1989 (0,1% del PIB) a tener déficit público a partir de entonces cada año, alcanzando tal déficit un 3,4% del PIB en 1996. Y algo semejante ocurrió en los años del mandato de los cancilleres Schröder y Merkel.

¿De dónde saca, pues, el gobierno Merkel la autoridad moral de exigir a otros países lo que los sucesivos gobiernos alemanes no hicieron? ¿Y con qué autoridad moral el gobierno Merkel exige a Grecia (país que fue ocupado por la Alemania Nazi) que pague su deuda, en cantidades que le representarían un 40% del PIB, cuando tras su derrota se permitió a Alemania que no destinara más de un 5% de sus ingresos por las exportaciones a pagar su deuda a las potencias vencedoras? (Pedro Olalla en el blog Ganas de escribir de Juan Torres).

Lo que en realidad hizo el canciller Schröder fue redistribuir la riqueza generada con el aumento de la productividad hacia las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando un problema muy serio de insuficiente demanda doméstica que intentó paliar con un aumento de la deuda pública, posibilidad negada por el gobierno Merkel a los países PIGS. Es más, el gasto público regional y local aumentó mediante políticas públicas a las que Merkel se opone en otros países. Fue esta redistribución de las rentas a favor de las rentas del capital la que causó la gran rebelión de las bases socialdemócratas y la caída electoral en picado de este partido. Tales reformas (centradas en la reforma laboral) deterioraron en gran manera el mercado laboral. El bajo desempleo se debió a la reducción del tiempo de trabajo, medida presionada por los sindicatos, cuya implementación fue facilitada por el sistema de cogestión existente en Alemania. Continuar indicando que este bajo desempleo se debe a las políticas de austeridad es ignorar toda la evidencia que niega tal proposición.

lunes, 13 de mayo de 2013

La escuela desconcertada



Miguel Ángel López Muñoz 30 de abril de 2013



Asistimos a otra inminente claudicación del Estado que llaman “aconfesional” frente a la presión que ejerce la Conferencia Episcopal española (CEE) sobre el poder político en relación a la modificación de las disposiciones legales sobre la interrupción del embarazo. Una vez más uno de los miembros de la partitocracia española del consenso siente la necesidad de pagar sus réditos electorales a la Iglesia católica, resultado del temor más que de la convicción. Su cálculo del coste electoral no sería de otra forma positivo. En una parodia de sí mismo, incluso, el secretario general de la CEE no pierde oportunidad para burlarse del lenguaje, de la lógica y de los ciudadanos al defender que la Iglesia “ni legisla ni pretende legislar”, sino que demandar la reforma del aborto por parte de los obispos no es sino expresar públicamente “un principio de la moral racional” compartido “por creyentes y no creyentes”. ¡Cuánto descaro hablar de “moral racional” cuándo se trata de imponer socialmente la única verdad existente: la suya! ¡Cuánta añoranza de la Cristiandad y del integrismo del humanismo cristiano con sus valores de castidad, sufrimiento, sacrificio, mansedumbre, resignación y negación!
Con la misma necesidad con la que la araña atrapa a la mosca envuelta en su tela, es entretenido a la vez que triste, ver cómo el cortoplacismo de la ambición política de baja estofa, por muy demócrata que se arrogue, sucumbe en los contextos propicios a la invectiva clerical de siglos contra la secularización y el racionalismo moderno ajeno a sus pretensiones de dominio sobre el poder político y, por ende, sobre el conjunto de la sociedad: libertad sexual, anticoncepción, aborto, divorcio, eutanasia, derechos civiles, etc.
No obstante, en la España actual de forma paralela asistimos a otra ofensiva clerical y de mayor alcance, tanto en el tiempo como en su repercusión en la estructura social: el afianzamiento de la educación religiosa en el ámbito escolar, frente a la enseñanza laica, científica y formadora de ciudadanos y no de fieles. Aquí los lobbies no lo forman fundamentalmente la Conferencia Episcopal, sino el ala seglar de la estrategia evangelizadora en educación de la Iglesia, aquella que se fundó con el fin de frenar la ola de emancipación laica y de afirmación de la libertad de conciencia que se avecinaba de forma irremediable en España a finales de la década de los años veinte del siglo pasado…
Primero fue la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), fundada en 1929 y, después, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza - Centros Católicos Educación y Gestión (FERE-CECA y EyG), refundada en 2004, originaria de 1957, y heredera de la Federación de Amigos de la Enseñanza, creada de 1930 en la antesala de la Segunda República con el fin de “atender las necesidades de los colegios católicos ante situaciones políticas cambiantes”, según se decía en sus Estatutos. La FERE es la patronal de las Escuelas Católicas y artífice, junto a la CONCAPA, de todas las conquistas que, desde la redacción de la propia Constitución de 1978 han conseguido fortalecer el poder clerical en la escuela, proveniente tanto del nacionalcatolicismo de la Dictadura de Franco –al que tanto contribuyeron-, como del bipartidismo de la restauración monárquica de 1876. Los principales hitos de sus respectivas andaduras fueron la consolidación de todos privilegios conseguidos durante el franquismo a través tanto de la Constitución de 1978 –por medio de su garantía de la “libertad de enseñanza” y su salvaguarda del régimen de subvenciones a las escuelas “de iniciativa social” (arts. 27.1, 27.3, 27.6 y 27.9)-, como de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, que establece las condiciones de los conciertos educativos para conseguir las subvenciones públicas y su derecho a tener “ideario propio” (Arts. 21-26 y 47-63).
Al abrigo de estas dos organizaciones han ido surgiendo asociaciones de personas que imparten religión católica en la escuela, como la Federación de Profesores de Enseñanza Religiosa, un parafuncionariado esquizofrénico entre la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que los despide y utiliza según su antojo, -al mismo tiempo que viola la legalidad vigente española- y su aspiración profesional de conversión a funcionariado por la puerta trasera, cautivados por el apostolado seglar de su proselitismo recatolizador en la educación pública que lo convierten en un ejército de estómagos agradecidos preparado para asistir al frente al toque de trompeta.
No obstante, no hay que perder de perspectiva de donde viene todo el impulso ultramontano del poder clerical en su búsqueda de someter y controlar las conciencias de los menores de edad en períodos de escolarización obligatoria y postobligatoria, en su deseo de crear fieles y acólitos gregarios y sumisos a sus dogmas de legitimación y a su retórica medieval: del negocio del que se beneficia FERE y que utiliza CONCAPA y FEPER con cargo al erario público, exactamente 610 millones de euros en “profesorado” de religión católica –entre educación pública y concertada-, más 4.000 millones de euros en financiación de Centros con “ideario propio” católico; sólo en el último año escolar.
Con el fin de desenmascarar la violencia que ejercen contra el lenguaje, la economía pública y la imparcialidad del Estado en asuntos de conciencia, habría que comenzar por crear un diccionario que permita dar cuenta del contenido real de los eufemismos que utilizan en sus soflamas estas organizaciones católicas. Sirva como propuesta las siguientes definiciones:
  • Actividades Deportivas en horario extraescolar: oportunidad de negocio y extensión del horario escolar como reclamo que permita la liberación a los padres cuyos compromisos profesionales les impidan ocuparse de sus hijos.
  • Ayuntamiento: fuente de subvenciones derivadas, o bien de su condición de arrendador del edificio del Centro, o bien de su condición de entidad pública que debe velar por el bienestar de todos los ciudadanos.
  • Centro con ideario propio: Centro donde toda actividad escolar o extraescolar queda interpretada bajo los dogmas y las consignas católicas del momento; por ejemplo, Educación para la Ciudadanía se interpreta como un área impartida bajo el prisma católico al margen de su currículo oficial, pues nada puede contradecir el ideario propio (esto se produjo en 2007 con el beneplácito del pusilánime e irresponsable gobierno de J.L.R. Zapatero). Todo ello dejando a un lado que todo Centro educativo, público, concertado o privado, en su autonomía pedagógica, está obligado a fijar unos fines específicos o ideario propio que lo singulariza del resto a través de su Proyecto Educativo.
  • Derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones: Mandato constitucional que obliga a que los poderes públicos lo garanticen en horario escolar, en los Centros educativos y con dinero público.
  • Educación obligatoria gratuita: oportunidad de los padres para mejorar el servicio educativo de sus hijos mediante módicas y/o regulares aportaciones económicas.
  • Evaluación externa: oportunidad para maquillar los resultados y superar a la Educación Pública presumiendo del buen alumnado que tienen, ya sea filtrando las pruebas previamente al alumnado (Pruebas de Evaluación de Diagnóstico), o ya sea “acertando” el contenido de exámenes (Selectividad), siempre que los resultados obtenidos se sospeche que pueden deteriorar la imagen de la empresa escolar.
  • Libertad de elección de Centro: libertad que ostentan los Centros para elegir y segregar a los alumnos en función de su estratificación social y del ideario de los padres.
  • Libertad de enseñanza: libertad para atender todo tipo de demanda de enseñanza, incluido el adoctrinamiento y la defensa de la apología de la violación de las leyes civiles, así como la libertad para crear centros cuyo estatuto viole la normativa vigente respecto a segregación de alumnos por motivos de capacidad, procedencia o sexo.
  • Proceso de admisión de alumnos: oportunidad de los Centros para la segregación del alumnado, especialmente si es inmigrante o requiere una atención especializada, caso en el que su lugar se encuentra en la Educación Pública.
  • Ratio mínima: criterio que existe en la Educación Pública para la creación de grupos. Su incumplimiento regular a lo largo de los años es susceptible de ocultamiento a las Administración Pública que tiene la potestad de conceder y suprimir conciertos educativos en función de este motivo.
La existencia de creencias religiosas y su legitimidad de ser trasmitidas no puede suponer la posesión del derecho a subvertir la educación de la ciudadanía como proyecto colectivo en aras a un proselitismo que anula la libertad de conciencia y la igualdad jurídica. La pésima gestión jurídica y política que arrastramos desde la restauración de la democracia en España, se encuentra particularmente pervertida en el ámbito educativo, sometido al abandono de los deseos de los lobbies empresariales católicos. Ante las expectativas que abre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) ya suenan tambores de “nueva evangelización para una nueva escuela” que supondrá una profundización en la herencia nacionalcatólica. Con su calendario y su ordenamiento oportuno, el restablecimiento de la protección de la libertad de conciencia y de la no discriminación, sólo tiene un camino: adivina adivinanza…


Cómo y porqué la LOMCE empeora la LGE de 1970


Cómo y porqué la LOMCE empeora la LGE de 1970
César Arenas Vázquez | Si en 1970 la reforma educativa se hizo para mejorar la productividad de una economía en expansión, ahora, con un proyecto de salida de la crisis basado en la devaluación competitiva, vender más en el extranjero, compitiendo en precios, basados en salarios bajos, nos devuelve a una sociedad todavía más desigual, el ya llamado modelo Eurovegas, en la que podría parecer que no tiene sentido formar, aún más, a la generación más formada de la historia, para que acabe emigrando.
nuevatribuna.es | César Arenas Vázquez | 25 Abril 2013.

España fue, durante todo el siglo XIX y la mayor parte del XX, un país atrasado. Ese atraso se apoyaba en una estructura social, desigual e injusta, dominada por la Iglesia y los grupos sociales rentistas, que, en el ámbito educativo, habían organizado una red escolar diferenciada de la escuela pública, en la que se socializaban las clases inferiores. Era la época de la Ley Moyano de 1857, vigente hasta 1970, en la que los intentos de modernizar sociedad y escuela, toparon con la “Santa Alianza” clerical conservadora, que oponía a la modernidad los mismos principios que ahora: segregación y clasismo, privatización y confesionalidad.
Más tarde, a mediados del siglo XX, el franquismo, para salir de la crisis a la que le había  llevado la autarquía, va a permitir la entrada masiva de capital extranjero. El nuevo modelo de sociedad resultante, más industrial y urbano, necesitará de una escuela que ayude al capitalismo español a integrarse en la economía europea, invirtiendo en cualificación de la mano de obra para aumentar en productividad, y mejorando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, para dar legitimidad al régimen.
De esa manera, en 1970, con la promulgación de la Ley General de Educación y la puesta en marcha de la EGB, se extiende una única enseñanza obligatoria hasta los 14 años para el conjunto de la población, aplazando así la bifurcación entre el itinerario que llevaba a la enseñanza superior y el que abocaba directamente al mercado de trabajo, lo que democratizaba el acceso a la enseñanza secundaria y la Universidad, y obligaba, de paso, a iniciar un plan de construcciones escolares. Además, al diversificarse el alumnado, tuvieron que cambiarse los contenidos y métodos de enseñanza, para adaptarse a un público que había dejado de ser homogéneo.
El balance de la evolución del sistema educativo en los 33 años transcurridos desde entonces, es agridulce: ha aumentado la inversión, el número de centros públicos y de profesorado, han bajado las ratios de alumnado por aula, se ha ampliado la escolaridad obligatoria a los 16 años y multiplicado la escolarización en Infantil,  Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. También han mejorado las metodologías didácticas y la formación del profesorado.
Sin embargo, y precisamente porque la Ley de 1970, implicaba, para las élites, menos segregación de las clases inferiores y más “igualdad de oportunidades” en la ascensión social, aquellas temieron que sus hijos no fuesen a heredar automáticamente su posición. Eso les llevó a presionar para que se consolidara una red escolar paralela, diseñada de tal manera que la enseñanza privada cumpliera un papel diferenciador, y lograron que se subvencionase la EGB en los centros en los que se educaban sus herederos.
Pocos años después, en 1975, muere Franco, se produce la llamada Transición democrática, y el PSOE va a gobernar de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011, y, aunque en esas épocas se logra una parte importante de los avances citados, la doble red no sólo no se va a reducir, sino que en esos años se concertará la ESO, luego la educación infantil, buena parte del bachillerato y los ciclos formativos. Además, y pese a que el Estado se proclama aconfesional, los privilegios concedidos a la Iglesia no desaparecieron sino que se vieron consolidados, especialmente en el terreno educativo, tras los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que ningún Gobierno posterior se ha atrevido a denunciar.
El resultado de esa creciente división, de la doble red escolar, será el aumento de las desigualdades sociales en la enseñanza: las diferencias en los porcentajes de titulación se hicieron mayores, dependiendo de la clase social y del tipo de centro escolar al que se asistiera. Así, por ejemplo, en relación con la obtención de un título universitario, lo consigue el 11,6 % de los hijos de familias que no tienen formación, y el 70% de hijos de universitarios. Casi 7 veces más.
De esa forma, incluso con leyes con intenciones democratizadoras e integradoras, como las promulgadas con gobiernos del PSOE, las clases medias huyeron de la escuela pública, que poco a poco se fue especializando en la atención a los alumnos con mayores dificultades. Una escuela para pobres,  y, por lo tanto, con menor presión para invertir en ella.
Este balance agridulce, que constata que no se ha puesto en cuestión el poder del bloque clerical-conservador, ni en la escuela ni fuera de ella, ni en la primera Restauración ni en la actual, no nos impide valorar que ahora se está desandando lo positivo del camino ya andado, para retroceder en dirección a la escuela anterior a 1970, que cristaliza en el proyecto educativo y de sociedad de la LOMCE, caracterizado por:
1- Recortes y desinversión: Si la LGE se proponía invertir, porque, como señalan tanto la OCDE como la UNESCO, cada euro invertido en la educación se multiplica por siete,  ahora se trata de desinvertir, con el argumento de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. El proyecto de Ley Wert viene precedido de un recorte en educación de cerca de 6000 millones de euros y le acompaña la exigencia de Bruselas de recortar otros 10.000 millones hasta 2015, hasta dejar el gasto público educativo en el 3,9% del PIB, uno de los más bajos de la OCDE y la UE. Esos recortes afectarán sobre todo a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado
2-Carácter subsidiario de la enseñanza pública. Mientras la LGE reconocía la función del Estado en la planificación de la enseñanza y en la provisión de puestos escolares, y, por lo tanto, el carácter subsidiario de la enseñanza privada, la LOMCE invierte radicalmente este principio básico de todo Estado democrático (el cual, paradójicamente, reconocía una ley franquista), consagrando la subsidiariedad de lo público, al  establecer que la programación de la educación obligatoria tendrá en cuenta los centros privados concertados existentes, además de la demanda social, lo que dispensa a las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. En Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se están adelantando a la Ley: como la Junta de Castilla y León no ha construido un Instituto público en una localidad de 20.000 habitantes, el ayuntamiento ha cedido suelo a un colegio del Opus que pretende ser concertado.
En resumen si, en 1970, se partía de una escuela pública para niños pobres y una red privada, paralela y confesional, que llevaba a los hijos de las élites hasta a la universidad, la LOMCE, que tiene en su enunciado las palabras mejora y calidad, pone las bases para retroceder más de cuarenta años.
3-Una escuela selectiva y segregadora. Algo semejante sucede con el carácter selectivo y segregador del sistema educativo. Según el Libro Blanco de la Educación de 1969, que precedió a la Ley General de Educación de 1970, se razonaba la supresión de las dos reválidas, que existían tras los bachilleratos elemental y superior, como medidas para aumentar la afluencia y permanencia en el sistema educativo de una creciente población joven. En dicho Libro Blanco se asegura que de cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años) 3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967 y que, en el curso 1965-66, la mitad de los alumnos no superaba la reválida del Bachillerato Elemental (cursado entre los 10 y los 14 años).
En 30 años, tanto la LGE como las leyes posteriores, aumentaron los niveles de escolarización a todos los niveles y actualmente el 39 por ciento de los jóvenes, entre 25 y 34 años, son titulados universitarios.
La LOMCE, sin embargo, implanta diferentes itinerarios  destinados a frenar la promoción del alumnado. Así, y ya a los 13 años, se podrán agrupar a los alumnos desahuciados de aprobar la ESO, y se les dirige hacia la nueva Formación Profesional Básica) que sustituye a los actuales PCPIs (Programas de Cualificación Profesional Inicial) que ya no serán una opción excepcional sino una vía masiva hacia un callejón sin salida formativa. Mientras, en 4º de ESO, los itinerarios priorizan la vía académica, para que los alumnos destinados a la Formación Profesional no les retrasen.
La educación se concibe, además, como una carrera de obstáculos (con reválidas como la de 4º de ESO) que conseguirá que aumente el fracaso y el abandono escolar y reducirá la igualdad de oportunidades para el alumnado más desfavorecido, destinado a un mercado de trabajo precario y en rotación.
Mientras, la introducción de la FP Dual no puede traer, aquí, mejores consecuencias que en Alemania, donde, a menudo, las empresas se aprovechan de los aprendices para tener mano de obra barata.
4-Retroceso pedagógico. La Escuela del franquismo, la de las 4 reglas, “la letra con sangre entra”, “El florido Pensil” y la enciclopedia Álvarez fue progresivamente sustituida por la educación personalizada y las tutorías de la LGE.
Tras los avances pedagógicos que trajo la LOGSE, la LOMCE, quiere ahora acabar con las metodologías activas, reduciendo el número de asignaturas y centrando la carga lectiva en unos contenidos enciclopédicos, controlados por las reválidas. Nadie ha probado, todavía, que más horas de clase, más deberes en casa, más repeticiones, más autoridad del profesorado y más horas de las materias, llamadas, fundamentales, mejoren los resultados.
Como recordaba Ángel Pérez Gómez  los estudiantes no fracasan en la escuela por el nivel de dificultad sino, principalmente, por aburrimiento, por la escasa relevancia de lo que se enseña en la escuela.
La metodología didáctica de la Ley Wert da por sentado, como en el franquismo anterior a 1970, no sólo que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que los camareros y las cajeras sólo necesitan contenidos instrumentales.
Además reducir el tiempo escolar que fijan las CCAA, nos recuerda también aquello del “una, grande y libre”,
5-Una escuela confesional. La escuela del franquismo era confesional, fruto del nacionalcatolicismo que servía la ideología a los ganadores de la Guerra Civil. La LOMCE lo sigue siendo, resucita el carácter evaluable de la asignatura de religión, elimina Educación para la Ciudadanía y financia con fondos públicos la separación del alumnado por sexos, en centros propiedad de organizaciones fundamentalistas.
6-Una escuela en la lógica de los mercados. Si bien la LGE estaba inspirada por el Banco Mundial, en aquella época, y aunque fuera por el contrapeso soviético, el capital todavía apostaba por un modelo social de sociedad de consumo y Estado del Bienestar. En estos momentos, sin embargo, los mercados han entrado en una carrera enloquecida por encontrar salidas neoliberales a la crisis del neoliberalismo. En el sistema educativo, para crear oportunidades de negocio que ayuden a aumentar la tasa de beneficio, la escuela se privatiza, dando parcelas cada vez mayores a la concertada, pero, también, gestionando los centros públicos según las recetas de la empresa privada, obligándolos a buscar financiación privada ante la insuficiencia de la pública, estableciendo pruebas externas para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, lo que conseguirá que las escuelas se hagan más selectivas, y rechacen al alumnado que presenta mayores dificultades, y puede empeorar su posición en un ranking que determinará parte de los ingresos y favorecerá, de paso, la división creciente entre centros de élite y  guetos escolares. La nueva gestión empresarial implicará que se reduzca la participación de la comunidad educativa, desaparezca la capacidad de decisión de los consejos escolares, se profesionalice a los directores, como especialistas en gestión empresarial nombrados por la Administración, y se desregulen las contrataciones y la propia función pública, como en el caso de los nativos anglosajones en Madrid o el de profesores interinos en la Comunidad Valenciana
Por todo ello si, en 1970, la reforma educativa se hizo para mejorar la productividad de una economía en expansión, ahora, con un proyecto de salida de la crisis basado en la devaluación competitiva, vender más en el extranjero, compitiendo en precios, basados en salarios bajos, nos devuelve a una sociedad todavía más desigual, el ya llamado modelo Eurovegas, en la que podría parecer que no tiene sentido formar, aún más, a la generación más formada de la historia, para que acabe emigrando. Una sociedad en la que la educación de calidad será más cara y exclusiva, por estar destinada a los herederos de las élites, mientras para la mayoría de la población, con trabajos precarios, mal pagados y sin derechos, un nivel formación elevado solo puede ser tan contraproducente como lo fue en el capitalismo primitivo pues, una ciudadanía formada, termina siendo crítica, y no tolerando una realidad injusta. 


El desastre económico actual era predecible


Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

30 Abril 2013.

Unos pocos hemos estado diciendo desde que se inició la crisis que las políticas públicas que se están aplicando durante estos años de recesión son profundamente erróneas y están llevando a los países de la Unión Europea (y muy en especial a los países de la periferia de la Eurozona) al desastre. Como era predecible, los hechos que están ocurriendo, con el mayor incremento del desempleo conocido hasta ahora, están mostrando que, por desgracia, llevábamos razón.

En realidad, el problema con el que nos enfrentamos es fácil de entender y de resolver. Hoy el sector privado de la economía está paralizado o en declive debido a la falta de demanda y a la escasez de crédito para que las empresas y las familias puedan invertir y/o consumir. La evidencia de ello es clara, robusta y abrumadora. Ante esta situación, el único sector que puede estimular y hacer crecer de nuevo a la economía es el sector público. Así se salió de la Gran Depresión a principios del siglo XX en EEUU y en Europa. En EEUU, la Administración Roosevelt aumentó la inversión y el gasto público de una manera muy notable, acentuándose incluso más con el inicio y posterior desarrollo de la II Guerra Mundial. En Europa fue este mismo conflicto el que creó un gran aumento del gasto e inversión públicos, que resolvió el problema de la Gran Depresión.
Algo parecido ocurrió después de la II Guerra Mundial cuando se creó una Gran Recesión que fue resuelta mediante una gran inversión y crecimiento del gasto público, estimulados por el Plan Marshall. Y ahora, cuando estamos ya en Recesión, camino de la Depresión, en lugar de aumentar la inversión y el gasto público, los gobiernos de los países de la Unión Europea, y muy en particular los periféricos de la Eurozona (incluyendo España), que tienen mayores dificultades, están recortando el gasto público, lo cual es una enorme estupidez (y no hay otra manera de definirlo).
Esta estupidez se está justificando con el argumento de que la crisis la ha generado el excesivo gasto público, particularmente el gasto público social (que ha proveído una supuestamente excesiva protección social), y unos salarios demasiado altos que han hecho a los trabajadores poco competitivos. De ahí que las soluciones que se derivan de esta explicación consistan en recortar el gasto público, y muy en particular el gasto público social, y bajar los salarios a fin de hacer a la economía más competitiva. Es esta mayor competitividad, con aumento de las exportaciones, la que –se nos dice- nos sacará de la recesión. Y como muestra del éxito de estas políticas públicas se señala la disminución, cuando no eliminación, del sesgo negativo de nuestro comercio exterior. En todos los países que se están aplicando estas políticas, los datos que se utilizan muestran que la balanza comercial se está equilibrando: es decir, las importaciones y las exportaciones están igualándose.
Pero tal argumento está apoyado en un supuesto falso. El equilibrio entre importaciones y exportaciones se debe primordialmente al descenso espectacular de las importaciones, en lugar de un gran aumento de las exportaciones, y ello como consecuencia del colapso de la demanda interior. El reciente  informe de la OCDE, March Interim Assessment on the Global Economic Outlook, muestra  los datos que avalan lo que estoy diciendo. Ronald Janssen, en su excelente artículo “More Austerian Fairly Tales” en Social Europe Journal (abril 2013), hace un resumen de los datos del informe mostrando los datos para Alemania, Portugal, Irlanda, Grecia, España e Italia. La evidencia es, de nuevo, clara, robusta y abrumadora. Pero tal evidencia continua siendo ignorada por los “austerianos” (economistas favorables a las políticas de austeridad), cuyo dogma neoliberal es impermeable a los hechos y a los datos. Sus creencias, basadas en la fe y no en la evidencia científica, alcanzan niveles nunca antes vistos. España ya sobrepasa los 6 millones de parados y su gobierno continúa con sus políticas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social. El fundamentalismo de tipo religioso que alimenta las creencias neoliberales no es educable.
En realidad, el desempleo está creciendo de una manera muy marcada en toda la Unión Europea, alcanzando una situación extrema en España y Grecia (que son los países que están recortando más). Pero la situación es incluso peor que la que aparece en los datos de desempleo y se ve reflejada en la cifra de población empleada, que ha ido disminuyendo en todos los países, cayendo en picado en España y en Grecia, mostrando la ineficacia de las reformas laborales que se promovían con el argumento de que crearían empleo. En realidad, y tal como algunos predijimos, estas reformas han estado destruyendo empleo. La evidencia de ello es también clara, robusta y abrumadora.
¿Por qué la austeridad?
El lector se preguntará: si la evidencia de que estas políticas públicas son perjudiciales es tan clara, robusta y abrumadora, ¿por qué continúan llevándose a cabo? La respuesta es también fácil, aunque el lector raramente la leerá en los medios de mayor difusión, excesivamente influenciados por los establishments financieros y de las grandes empresas exportadoras (lo que solía llamarse la clase capitalista o también la burguesía financiera y de las grandes empresas y que en EEUU se llama la Corporate Class). La respuesta es que tales establishments, que ejercen una enorme influencia sobre los Estados, están consiguiendo lo que siempre han deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo a fin de aumentar sus rentas. Y esto es lo que más les importa. En todos estos países, las rentas del capital están aumentando a costa de un descenso muy notable de las rentas del trabajo. La evidencia es, de nuevo, también clara, robusta y abrumadora. Y esto ha ocurrido incluso con mayor intensidad en los países periféricos de la Eurozona, incluida España.
En realidad, este debilitamiento del mundo del trabajo ha llegado a tal nivel que estos establishments se encuentran suficientemente fuertes para atreverse a desmantelar el Estado del Bienestar (con el argumento, como ha dicho Draghi, el Presidente del Banco Central Europeo, de que “no es sostenible”), incluyendo las pensiones públicas (la joya de la corona). Y veremos ahora cómo el gobierno de Rajoy tomará toda una serie de medidas para desmantelar también la Seguridad Social, privatizando las pensiones y transformando el Estado universalista del Bienestar en un estado asistencial para los sectores más necesitados de la población, referidos en la narrativa dominante como “clases bajas” o “humildes”. Éste es su proyecto (ver el libro que Juan Torres y yo acabamos de escribir, Lo que debes saber para que no te roben la pensión).
Hay alternativas, aunque se nos dice constantemente en los medios de mayor difusión que no las hay
Es fácil ver que hay alternativas. Que no exista plena conciencia a nivel popular de que estas alternativas existen se debe a la falta de diversidad de los medios de mayor difusión. El argumento utilizado por los establishments financieros de que no hay alternativas, o de que las izquierdas se quejan pero no ofrecen alternativas, no se corresponde con la realidad. Es cierto que amplios sectores  de las izquierdas gobernantes (pertenecientes a la Tercera Vía) han aceptado el dogma neoliberal. Pero hay izquierdas que sí han hecho propuestas de políticas públicas creíbles y factibles, que continúan silenciadas, cuando no vetadas, en los medios.
En realidad, las soluciones son fáciles de ver. A grandes rasgos, consisten en revertir las políticas de austeridad para estimular la economía y el crecimiento económico, financiándolo con reformas fiscales de carácter progresivo, dando mayor capacidad de intervención al sector público, con la provisión pública de crédito, a base de medidas explicadas con mayor detalle, entre otros lugares, en “Ganas de Escribir”, de Juan Torres, o en mi blog www.vnavarro.org, en la sección de Economía Política. Estas medidas podrían y deberían tomarse incluso sin salir del euro, aún cuando yo no descarto esta posibilidad, pues la peor alternativa, entre todas las existentes, es la de continuar con las políticas que el gobierno está aplicando. Esta alternativa es la peor. Así de claro.

domingo, 12 de mayo de 2013

El Tribunal de Cuentas concluye "ahora" que Zapatero cumplió con holgura el déficit de 2010



El Tribunal de Cuentas confirma el fiasco del Plan E: no sirvió para hacer obra nueva 

El déficit con el que se cerraron las cuentas públicas en 2010, el año en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció una primera oleada de recortes en mayo, ascendió a 54.779 millones de euros en términos de contabilidad nacional, un 5,21% del PIB, casi medio punto menos del objetivo, que en ese ejercicio se había fijado en el 5,7%, con lo que se cumplió con el compromiso de estabilidad presupuestaria.

 Así consta en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2010 dictada por el Tribunal de Cuentas, que acaba de ser remitida al las Cortes. Según este informe, el déficit de hace dos años registró finalmente una "desviación positiva del 0,49%" con respecto al objetivo del 5,7%.
 

Además, al desagregar el dato se observa que mientras la Administración General del Estado (AGE) cumplió su objetivo de estabilidad presupuestaria al reducir en 0,89 puntos su objetivo (5,9% del PIB), en la Seguridad Social la desviación negativa alcanzó los 0,4 puntos, con respecto al objetivo de superávit del 0,2%.

Desviaciones "significativas" en el IVA

   También en materia de ingresos se registraron desviaciones "significativas" con respecto a las cuantías recogidas en los Presupuestos. En concreto, el Tribunal de Cuentas habla de que las necesidades de financiación netas con Deuda Pública sobrepasaron en 1.198 millones lo previsto.

   Esto se debió a una caída de los ingresos particularmente significativa en el capítulo de transferencias de la Unión Europea y en el de Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales (-8.511 millones). Por contra, la recaudación por IVA fue 15.563 millones superior a lo presupuestado, debido a la disminución de las devoluciones anuales por el cambio en el método de devolución mensual así como por la subida de los tipos (una de las medidas de aquel catálogo de ajustes de mayo de 2010).

   El Tribunal de Cuentas reprocha, no obstante, que "ambas circunstancias deberían haberse tenido en cuenta en la elaboración de los Presupuestos" dado que eran decisiones dependientes del Ejecutivo.

La deuda aumentó por encima de lo esperado

   En cuanto al capítulo de gastos, la mayor desviación sobre las dotaciones de crédito previstas en los PGE 2010 fue la de Deuda Pública (+12.135 millones) y el epígrafe de Administración Financiera y Tributaria (+10.028 millones), motivada esta última por "los gastos no previstos por importe de 9.794 millones por aportaciones al Fondo de Apoyo a la República Helénica", es decir, el rescate griego.

   Sin embargo, la Memoria también detecta que en 2010 quedaron pendientes de pago 9.662 millones de euros (casi 1.500 millones más que un año antes) por los anticipos a cuenta de ese ejercicio y el anterior "a cuenta de los fondos y recursos adicionales" autorizados por el Gobierno para financiar a las entidades locales.

   A este respecto, la institución fiscalizadora reconoce que la normativa por la que se crearon esos fondos "establece que los anticipos deberían aplicarse al Presupuesto en el ejercicio en el que se practique la liquidación definitiva, lo que proporciona un respaldo legal al procedimiento", si bien "lo más aconsejable sería que se aplicase un criterio uniforme para todas las entregas a los entes territoriales habilitándose, en su caso, los créditos presupuestarios necesarios".

   En cualquier caso, en 2010 se ha presentado "por primera vez" un estado con la información consolidada de compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios posteriores, cuyo importe ascendía a finales de 2010 a 683.714 millones, de los que 625.626 millones correspondían a la carga derivada de la Deuda --445.952 millones por la amortización de capitales y 179.674 millones por retribuciones de capital--.

Menor desajuste entre obligaciones y derechos

   El Tribunal observa también "diferencias entre los importes que figuran contabilizados como obligaciones reconocidas en entidades pagadoras integradas en la Cuenta General del sector público administrativo y los recíprocos derechos contraídos en entidades perceptoras" por valor de 25 millones de euros, una cantidad "notablemente inferior" a los 159 millones de 2009,
 

"Hay también diferencias entre las obligaciones reconocidas que quedaron pendientes de pago al final del ejercicio por transferencias corrientes y de capital a favor de entidades integradas en la Cuenta General y los correlativos derechos pendientes de cobro" por 161 millones.

   Entre sus conclusiones, el Tribunal considera "conveniente" que se acompañara la liquidación presupuestaria de la información relativa al remanente de Tesorería, una "magnitud significativa en su cuantía y composición" que permitiría "conocer clara y detalladamente los auténticos resultados del ejercicio".

Retraso en la presentación

   Por último, el Tribunal de Cuentas recoge recomendaciones que se repiten habitualmente en sus informes, tales como la necesidad de que la cuenta se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público, así como que se remita "en el más breve plazo posible" un informe concretando las actuaciones para corregir definitivamente las deficiencias que "se vienen detectando año tras año".

   Entre otras, cita explícitamente la "falta de homogeneidad" de los estados contables, los "inadecuados" procedimientos de registro de las operaciones, el inmovilizado, el "diferimiento u omisión indebidos" en la imputación de operaciones o la "insuficiente" información respecto del cumplimiento del límite de gasto y el objetivo de estabilidad.

   En este sentido, se precisa que en 2010 todas las entidades del sector público administrativo cumplieron con su obligación de rendir cuentas al Tribunal, aunque el 24,3% remitieron la información fuera de plazo.




"Como la caballería Tarde, muy Tarde". ¡Tarde muy tarde! a quien servía en su momento a la independencia de que?  o de quien?.

sábado, 11 de mayo de 2013

¿Hacienda Somos Todos? Cuanto trabajamos para Ella.


Calcula cuántos días 'trabajas' para pagar a Hacienda

  • Un asalariado destina 130 días a pagar los impuestos de todo un año
  • Cántabros y catalanes, los que mayor carga fiscal soportan

 
Madrid DIARIO ECONÓMICO CINCO DIAS

10-05-2013 07:31
 
Para ver el cuadro anterior completo: http://cincodias.com/cincodias/2013/05/09/economia/1368120918_455087.html

El 10 de mayo se celebra Santo Job, personaje del Antiguo Testamento conocido por su infinita paciencia. Y también es el día de liberación fiscal, la fecha en que un asalariado ha trabajado lo suficiente para pagar los impuestos de todo un año. Así lo señala el think tank Civismo, organización de carácter liberal que elabora anualmente este estudio. En total, un empleado que gana 24.400 euros al año debe trabajar 130 días para pagar todos los impuestos, desde el IRPF o las cotizaciones sociales hasta el IVA, el IBI o los impuestos especiales. La factura fiscal alcanza los 8.667 euros. En esta calculadora se puede determinar la fecha en que deja de trabajar para Hacienda.

El año anterior, el día de la liberación fiscal cayó el 4 de mayo, es decir, los asalariados deben trabajar seis días más para acumular el dinero suficiente para saldar su deuda tributaria anual. Todos los impuestos relevantes –IRPF, IVA, Especiales o IBI– han subido en el último ejercicio. La organización Civismo, favorable por principios a reducir los impuestos, señala que calcular los meses de trabajo que deben destinarse para pagar los impuestos es una fórmula muy ilustrativa para concienciar a la ciudadanía sobre la carga fiscal que soporta.

El IRPF es, con diferencia, el impuesto más relevante. Así, un salario medio destina el 15,98% de su sueldo (o 54 días) para abonar este tributo que se aplica sobre las rentas salariales. El IVA, que grava el consumo, se lleva el 9,58% del sueldo bruto (32 días de trabajo). El incremento de este impuesto –cuyo tipo general pasó del 18% al 21 y el reducido subió hasta el 10%– supone pagar 125 euros adicionales. Los pagos a la Seguridad Social que asume el empleado representan el 6,92% del sueldo. Y el efecto de los impuestos especiales y del IBI es menor. En total, tras abonar todos los tributos, un asalariado medio le queda el 61,31% de su sueldo.

Cristina Berechet, jefa de Investigación de Civismo, remarcó que en el estudio no se tiene en cuenta las cotizaciones que abonan las empresas y que, en el caso español, son de las más altas de la UE. Si se incluyeran, el día de la liberación fiscal se prorrogaría hasta el 3 de julio. Para Pedro Schwartz, economista y secretario de Civismo, las elevadas cotizaciones sociales perjudican, sobre todo, al mercado laboral y son un obstáculo a la contratación. Durante la presentación del día de la liberación fiscal, la organización defendió que la mejor forma de elevar los ingresos es bajando los impuestos y estimulando el crecimiento. Una idea que también defendía en la oposición Cristóbal Montoro. Ahora justifica que la subida de impuestos es la única vía para reducir el déficit y, en consecuencia, generar confianza en los mercados. “No sabe de este negocio. Es un contable”, señaló Schwartz acerca del actual ministro de Hacienda.

El ranking por comunidades

Las competencias fiscales que tienen las comunidades –que pueden modificar el tramo autonómico del IRPF o fijar un recargo sobre los hidrocarburos– y los ayuntamientos –con poder para subir o bajar el IBI– provoca que las cargas tributarias varíen notablemente en función del territorio. Así, el día de la liberación fiscal en el País Vasco –la comunidad con menor presión fiscal– es el 3 de mayo y en el lado opuesto se sitúa Cantabria, donde sus habitantes deben trabajar hasta el 15 de mayo para pagar su deuda con Hacienda. La aplicación del recargo máximo en hidrocarburos (4,8 céntimos por litro) explica que Cantabria ocupe el primer puesto por carga fiscal. Le sigue Cataluña, cuyo tipo máximo en el IRPF asciende al 56% frente al 52% que mantiene la mayoría de autonomías. Sin embargo, ello solo afecta a las rentas muy altas y tiene una incidencia nula para salarios medios. El IBI y los impuestos sobre hidrocarburos son los elementos que aúpan a Cataluña en la segunda posición. El podio lo cierra Castilla-La Mancha, seguida por Madrid. Si bien es cierto que la comunidad presidida por Ignacio González mantiene el IRPF más bajo, los municipios madrileños aplican impuestos locales como el IBI o el impuesto de circulación por encima de la media. La menor carga fiscal del País Vasco se explica porque las diputaciones forales optaron por deflactar la tarifa del IRPF, es decir, actualizar los tramos en función de la inflación. La última vez que se aplicó una medida similar para las comunidades de régimen común fue en 2008.

Más allá de las diferencias territoriales, Civismo sostiene que la carga fiscal de un trabajador medio en España es similar a la que sufren finlandeses y suecos. Esta organización ha elaborado una calculadora para que los asalariados descubran cuál es su día de la liberación fiscal y que puede consultarse en su página web (www.civismo.org). Un mileurista que gana 14.075 euros brutos al año trabaja para Hacienda hasta el 12 abril. Un contribuyente con una nómina de 40.000 euros, salda su deuda el 17 de mayo y los contribuyentes con sueldos de 100.000 euros, el 11 de junio.

jueves, 9 de mayo de 2013

22 Razones para Rechazar la LOMCE

1.Es una Ley mercantilista y conservadora en su lenguaje y en su finalidad. Ya en su introducción utiliza un lenguaje de cadena de montaje, considerando al alumnado como futura fuerza de trabajo.


2.Es una Ley que miente desde el inicio. Señala que es fruto del diálogo abierto y sereno, pero no ha habido negociación con nadie en la reunión con entidades, ni en las reuniones con Comunidades Autónomas, ni en el Consejo Escolar del Estado

3. Su responsable político tiene unas ideas impresentables desde el punto de vista pedagógico y social.Ha afirmado que “La Comunidad educativa no puede ser democrática, ya que la Educación no es democrática”.
4.Es una Ley que busca resultados sin inversiones. Utiliza palabras inglesas para hacernos ver que todo debe medirse con el “output” y niega el valor del “input”. Esta dirección se percibe perfectamente en los presupuestos.
5.Es una Ley que no lucha contra el fracaso escolar, a lo sumo lo certifica. Pone evaluaciones, pero no pone un céntimo para apoyos, refuerzos, planes específicos...

6.Es una Ley que encamina hacia la segregación. Su objetivo no es reforzar ni apoyar, sino ir dejando en “andenes” lo más pronto posible.
7.Es una Ley que desprecia al profesorado. No ve bueno al profesor/a o al equipo docente para pasar y corregir las pruebas de evaluación de 3º y 6º de Primaria y de 4º de la ESO, se lo encarga a profesores externos.
8.Es una Ley que devalúa la evaluación continua ya que da menos valor al docente que atiende diariamente al alumno/a que a un profesor externo que se traslada un día o varios días para pasar unas pruebas.
9.Es una Ley que intenta segregar al alumnado a través de la enseñanza obligatoria: irá dejando al alumnado en repeticiones con el programa PMAR (sin presupuesto), irá dejando al alumnado en Formación Profesional Básica, irá dejando al alumnado en la titulación de Secundaria por Enseñanzas aplicadas... Todo ello para que sean muy pocos los que pasen la Reválida de Secundaria por  Enseñanzas Académicas y sean muy pocos los que pasen al Bachillerato.

10.Es una Ley que presenta una Formación Profesional Básica con poco porvenir, pues no generaliza este nivel en todos los centros, no aumenta los perfiles de FPB y no reinserta educativamente al alumnado de este nivel.
11.Es una Ley que sólo cambia las estructuras para segregar, deja la estructura casi tal como estaba en la LOE. En Primaria suprime ciclos y lo deja en 6 años académicos. Y en la ESO modifica los ciclos:primer ciclo de 1º a 3º y segundo ciclo en 4º de la ESO con grupos diferentes para enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. Parece que quiere establecer una línea infranqueable en tercero de la ESO.
12.Es una Ley que discrimina por sexo. Permite separar alumnos y alumnas y concertar a los centros que lo hagan. Para ello se basa en un punto de una convención de la UNESCO de 1960.

13.Es una Ley que molestará a las Comunidades Autónomas por ser centralizadora, por aumentar las responsabilidades del Estado en contenidos y horarios y por las lenguas cooficiales, entre otras cosas.
14. Es una Ley que va a trastocar las plantillas del profesorado. Especialmente de ESO y Bachillerato,pero además afectará a Concursos de Traslados y a Bolsas de Interinos.

15.Es una Ley que permite a las Administraciones educativas tener todo el poder para nombrar a directores. Se asegura en las Comisiones que los representantes de la Administración tengan más del
50% de la composición.
16. Es una Ley que da un poder incomprensible a los directores. Si se acogen a acciones de calidad, podrán señalar los requisitos y perfiles, rechazar a profesorado procedente de bolsas de interinos o, en su caso, proponer directamente a profesores/as en comisión de servicios u otros medios.

17.Es una Ley que avisa de la elaboración de un Estatuto Docente, creemos que con la especialfinalidad de poder cambiar legalmente al profesorado de niveles, etapas, enseñanzas...

18.Es una Ley que disminuye las competencias de los Consejos Escolares por el método de suprimir palabras. No es lo mismo “aprobar y evaluar” que sólo “evaluar” o simplemente “conocer”.

19.Es una Ley confesional. Suprime Educación para la Ciudadanía, establece Religión o una alternativa. Creemos que la alternativa es para reforzar la Religión: los alumnos que no elijan voluntariamente Religión deberán cursar obligatoriamente Valores culturales y sociales y más tarde Valores éticos. Se ve que la Comisión Episcopal ha sido el único interlocutor válido ante Wert.

20. Es una Ley que no afina en lo económico pues en la primera Memoria económica valora en 7’5 millones los costes adicionales de la puesta en marcha de los tres primeros años y en la segunda. Memoria económica ese presupuesto se multiplica por 54’4, quedando en 408 millones de euros.

21. Es una Ley con presupuesto insuficiente . La propia Ley dice que tiene un presupuesto limitado para su envergadura, pero lo grave es que es insuficiente para resolver los problemas del sistema educativo.

22.  Es una Ley sin calendario.Nadie sabe cuál será el año x, ni el x+1, ni el x+2.
En resumen, es una ley mercantilista, conservadora, ideológica (mejor ideologizada) y con  insuficiente presupuesto, pero sobre todo que no resolverá problemas y creará otros nuevos.
 
Podemos añadir a los calificativos anteriores sobre la Ley uno más: es claramente tóxica ya que puede causar graves trastornos a la sociedad y dejarnos en una situación desoladora.
 
¿Que más quieres?