sábado, 26 de enero de 2013
viernes, 25 de enero de 2013
AL BORDE DE ESTALLIDO SOCIAL
Seres rotos, sociedades divididas
Por: Violeta Assiego | 24 de enero de 2013
Sin duda una de las cuestiones que parece suscitar mayor interés en la prensa extranjera es si la mezcla explosiva entre ajustes y crisis dará lugar a una reacción explosiva en España. Al respecto, la percepción de los españoles es clara y un 73% de los ciudadanos piensa que nuestro país está al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y pobreza.
Los principales problemas que preocupan a los españoles, según el último barómetro del CIS, son el paro, los problemas de índole económica, la clase política y la corrupción. La combinación de estas variables, junto con el incremento de las desigualdades sociales y el mayor empobrecimiento de la población, podría haber dado lugar ya –como ha sucedido en Grecia- a esa reacción explosiva. Pero con todo, hasta ahora no ha sido así.
La pregunta sería por tanto, ¿qué es lo que está frenando ese posible estallido social? Hasta el momento, la familia, las amistades, las organizaciones de carácter asistencial y los movimientos sociales más activos en la defensa de los derechos humanos son los que están sosteniendo y asistiendo a la población que –desde hace muchos meses- está pasando mayor necesidad a causa de los ajustes y la crisis. La calidad de la red de apoyo social de los ciudadanos españoles es la que está frenando ese estallido social que el imaginario popular ve como inminente y por tanto, como prácticamente inevitable.
Según los últimos datos de la OCDE correspondientes a 2010, el 94% de los españoles decía contar con familiares y amigos en los que apoyarse en caso de necesidad, una de las tasas más altas de Europa. Sin embargo -y según datos del sondeo de Metroscopia realizado esta semana- ese porcentaje se ha visto reducido al 77%.
La función social de las redes de apoyo -y el capital social que representan- se puede llegar a evaporar si persiste la pérdida real de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Existe un deterioro sin precedentes de las condiciones de vida de la ciudadanía en España: la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es del 27% (según datos de Eurostat) y afecta a casi 12 millones y medio de personas; se inicia el año con gastos y tasas -hasta ahora inexistentes- en el acceso a la salud y la justicia; suben los impuestos que repercuten directamente en la cobertura de necesidades básicas de los ciudadanos; y, lo más relevante, todo indica que el paro seguirá creciendo (en todo caso, eso es lo que creen los españoles, según datos de Metroscopia) mientras el empleo existente se precariza y las prestaciones se agotan. Un reciente informe de la Comisión Europea en el que se alerta del aumento de las divergencias y del mayor riesgo de exclusión a largo plazo en Europa, señala a España como el país de la Unión Europea donde más ha aumentado el paro de larga duración en los últimos años.
Que una amplia mayoría ciudadana piense que estamos al borde de un inminente estallido social refleja -además de un alto grado de desconfianza en las instituciones políticas- que la sociedad española está a punto de tocar fondo y siente que no va a poder seguir haciéndose cargo del sufrimiento humano que representa esta crisis para más de una cuarta parte de la población. No hay mecha que arda más rápido que la de la impotencia e indignación por ver sufrir a las personas del entorno más cercano y no poder ayudarlas. Cada vez hay menos brazos que puedan sostener, el peso es mayor y el nudo más apretado. Eso sí que parece inminente.
Violeta Assiego es abogada y coordina los estudios de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia.
Por: Violeta Assiego | 24 de enero de 2013
Sin duda una de las cuestiones que parece suscitar mayor interés en la prensa extranjera es si la mezcla explosiva entre ajustes y crisis dará lugar a una reacción explosiva en España. Al respecto, la percepción de los españoles es clara y un 73% de los ciudadanos piensa que nuestro país está al borde de un estallido social a causa del nivel de paro y pobreza.
Los principales problemas que preocupan a los españoles, según el último barómetro del CIS, son el paro, los problemas de índole económica, la clase política y la corrupción. La combinación de estas variables, junto con el incremento de las desigualdades sociales y el mayor empobrecimiento de la población, podría haber dado lugar ya –como ha sucedido en Grecia- a esa reacción explosiva. Pero con todo, hasta ahora no ha sido así.
La pregunta sería por tanto, ¿qué es lo que está frenando ese posible estallido social? Hasta el momento, la familia, las amistades, las organizaciones de carácter asistencial y los movimientos sociales más activos en la defensa de los derechos humanos son los que están sosteniendo y asistiendo a la población que –desde hace muchos meses- está pasando mayor necesidad a causa de los ajustes y la crisis. La calidad de la red de apoyo social de los ciudadanos españoles es la que está frenando ese estallido social que el imaginario popular ve como inminente y por tanto, como prácticamente inevitable.
Según los últimos datos de la OCDE correspondientes a 2010, el 94% de los españoles decía contar con familiares y amigos en los que apoyarse en caso de necesidad, una de las tasas más altas de Europa. Sin embargo -y según datos del sondeo de Metroscopia realizado esta semana- ese porcentaje se ha visto reducido al 77%.
La función social de las redes de apoyo -y el capital social que representan- se puede llegar a evaporar si persiste la pérdida real de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Existe un deterioro sin precedentes de las condiciones de vida de la ciudadanía en España: la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es del 27% (según datos de Eurostat) y afecta a casi 12 millones y medio de personas; se inicia el año con gastos y tasas -hasta ahora inexistentes- en el acceso a la salud y la justicia; suben los impuestos que repercuten directamente en la cobertura de necesidades básicas de los ciudadanos; y, lo más relevante, todo indica que el paro seguirá creciendo (en todo caso, eso es lo que creen los españoles, según datos de Metroscopia) mientras el empleo existente se precariza y las prestaciones se agotan. Un reciente informe de la Comisión Europea en el que se alerta del aumento de las divergencias y del mayor riesgo de exclusión a largo plazo en Europa, señala a España como el país de la Unión Europea donde más ha aumentado el paro de larga duración en los últimos años.
Que una amplia mayoría ciudadana piense que estamos al borde de un inminente estallido social refleja -además de un alto grado de desconfianza en las instituciones políticas- que la sociedad española está a punto de tocar fondo y siente que no va a poder seguir haciéndose cargo del sufrimiento humano que representa esta crisis para más de una cuarta parte de la población. No hay mecha que arda más rápido que la de la impotencia e indignación por ver sufrir a las personas del entorno más cercano y no poder ayudarlas. Cada vez hay menos brazos que puedan sostener, el peso es mayor y el nudo más apretado. Eso sí que parece inminente.
Violeta Assiego es abogada y coordina los estudios de Discriminación, Pobreza y Exclusión Social en Metroscopia.
jueves, 24 de enero de 2013
Wiki-Listado de retiros dorados en la Cajas de Ahorros españolas
No tiene nada de desperdicio!!!!
https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0Al1Jfd3a0aFxdGRJU1JFN3FQbE5xQzNmNlkxc2VwMGc&hl=e
miércoles, 23 de enero de 2013
Casus Belli
CASUS BELLI
UN ABRAZO DE OSO
¡¡DIFUNDE!!!
Un resumen rápido, conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no está enterado: Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de código penal.
Algunas de esas reformas en 6 puntos:
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito.
Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de prisión.
3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito. Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.
4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.
5. Que los políticos agredan con sus reformas a miles de personas no es delito. Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de prisión.
6. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito. Convocar manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.
LEERLO Y DIFUNDIRLO POR FAVOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA, NUESTRO FUTURO ESTÁ EN JUEGO.QUE LA GENTE SE ENTERE
El tema de las tasas judiciales tiene su miga, y buena parte de ella no la están explicando en los medios. Voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones con las que es posible que ayuden a entender algunas reacciones de todas las partes implicadas.
En primer lugar, el tema de las tasas como tal es secundario, no es más que una cortina de humo lanzada por Gallardón con dos objetivos, por una parte, emplearlo de globo sonda para medir su fuerza y la cohesión del sector de la Justicia, de cara a las reformas que sí le interesan y que son la segunda razón, en medio de este ruido, la reforma de la LEJC y de la Ley del Poder Judicial. Si ve que se le echa todo el mundo encima y la movilización es masiva, dejará correr el tema y esperará mejor ocasión, si ve que no hay una respuesta sólida, seguirá adelante, tanto con esto como con lo que de verdad está cociendo este impresentable.
La reacción de cabreo total de los jueces y secretarios judiciales está totalmente justificada, lo mismo que de los abogados, durante el proceso de redacción, se mantuvieron reuniones con los órganos de gobierno de la judicatura y las asociaciones profesionales, en dichas reuniones se les informó que las nuevas tasas serían, y cito textual: "algo testimonial, sobre unos 50 o 60 € de incremento", lo cual en principio a todos los colectivos les pareció algo asumible. Y luego se encuentran con las salvajadas de tasas de la 10/2012.
El cabronazo la publica el 20 de Noviembre, cuando juraron por activa y por pasiva que hasta 2013 no entraría en vigor, forzando a los despachos a meter por Decanato a todo correr cuanta demanda y querella tenían pendiente, los Juzgados entre el pasado día 15 y el 20 han sido un manicomio. Como se le ha
echado encima todo quisqui, rebaja la tensión dejando en suspenso las tasas "por problemas de implantación técnica" (ni hay formularios, ni están en el sistema, ni los funcionarios tienen los procedimientos ni manera de implantarlas en el Minerva), en esto nunca se comenten estos errores, a menos que haya orden desde arriba de hacerlo así, de este modo, el Gallardón se autofabrica un vacatio legis, que queda a su entera voluntad, mientras va viendo la reacción de la Justicia a esto. ¿Chapuza? no, perfectamente planificado.
Los objetivos de verdad, que se van cociendo poco a poco a puerta cerrada, son las reformas anteriormente mencionadas, de las posturas que se están planteando, las tasas judiciales son el menor de los problemas a los que se va a enfrentar el ciudadano. Entre otros, son los siguientes:
- Despojar al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de Fiscalía todas las diligencias de los sumarios. ¿Qué significa?, pues que el sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es independiente, a uno que está regido por el principio de Obediencia Jerárquica, y cuyo jefe supremo es, ¡oh, sorpresa!, el Ministro de Justicia.
- Sustituir el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por el de Oportunidad. La diferencia radica en que el primero, de manera sencilla, obliga a perseguir de oficio todo hecho que revista indicios de criminalidad, mientras que el segundo se basa en la economía de medios, o sea, se persigue...si compensa, o si interesa. Como le gusta decir a cierto Fiscal Jefe: "hay que considerar las circunstancias particulares del caso..." que viene a decir que, dependiendo de quien sea el posible imputado y posteriormente procesado y condenado, se investiga, o se deja pasar, me debes un favor de los grandes, y ya te lo cobraré.
- Otro asunto que tienen entre manos es cambiar el sistema actual del Turno de Oficio, pasando a licitar por concurso público dicho servicio, esto supone de facto la ruina para miles de abogados, puesto que solamente los grandes despachos podrán reunir las condiciones para optar a semejantes concursos. El negocio es evidente, ganas el concurso y con él, 40.000 horas de servicios por Juzgado, contratas un call center en Panamá, para putear a los pringaos de los clientes, y luego subcontratas todo a los mismos abogados que llevaban antes el Turno, pero a precios malayos. Tú te forras, los que te dieron el concurso, también, y el Ministro, al terminar su periplo, de socio honorario de por vida.
- Finalmente, la guinda la quieren poner con los jueces de distrito, pero para ello primero tienen que colapsar totalmente la Justicia para poder justificarlo. Básicamente son jueces nombrados a dedo por vía política, es parecido al Cuarto Turno, pero a lo cutre salchichero, ya los Jueces del CT y los fiscales sustitutos suelen ser una panda de mantas paduanas, en el caso de los de distrito, imaginaros jueces y fiscales nombrados a dedo por el político de turno.
Todo esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa propia, estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase política, porque suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales, y tener con la correa bien atada al único poder que les puede hacer frente.
A armarse de paciencia, que esto va a ser duro.
UN ABRAZO DE OSO
¡¡DIFUNDE!!!
Un resumen rápido, conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no está enterado: Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de código penal.
Algunas de esas reformas en 6 puntos:
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito.
Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de prisión.
3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito. Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.
4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.
5. Que los políticos agredan con sus reformas a miles de personas no es delito. Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de prisión.
6. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito. Convocar manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.
LEERLO Y DIFUNDIRLO POR FAVOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA, NUESTRO FUTURO ESTÁ EN JUEGO.QUE LA GENTE SE ENTERE
El tema de las tasas judiciales tiene su miga, y buena parte de ella no la están explicando en los medios. Voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones con las que es posible que ayuden a entender algunas reacciones de todas las partes implicadas.
En primer lugar, el tema de las tasas como tal es secundario, no es más que una cortina de humo lanzada por Gallardón con dos objetivos, por una parte, emplearlo de globo sonda para medir su fuerza y la cohesión del sector de la Justicia, de cara a las reformas que sí le interesan y que son la segunda razón, en medio de este ruido, la reforma de la LEJC y de la Ley del Poder Judicial. Si ve que se le echa todo el mundo encima y la movilización es masiva, dejará correr el tema y esperará mejor ocasión, si ve que no hay una respuesta sólida, seguirá adelante, tanto con esto como con lo que de verdad está cociendo este impresentable.
La reacción de cabreo total de los jueces y secretarios judiciales está totalmente justificada, lo mismo que de los abogados, durante el proceso de redacción, se mantuvieron reuniones con los órganos de gobierno de la judicatura y las asociaciones profesionales, en dichas reuniones se les informó que las nuevas tasas serían, y cito textual: "algo testimonial, sobre unos 50 o 60 € de incremento", lo cual en principio a todos los colectivos les pareció algo asumible. Y luego se encuentran con las salvajadas de tasas de la 10/2012.
El cabronazo la publica el 20 de Noviembre, cuando juraron por activa y por pasiva que hasta 2013 no entraría en vigor, forzando a los despachos a meter por Decanato a todo correr cuanta demanda y querella tenían pendiente, los Juzgados entre el pasado día 15 y el 20 han sido un manicomio. Como se le ha
echado encima todo quisqui, rebaja la tensión dejando en suspenso las tasas "por problemas de implantación técnica" (ni hay formularios, ni están en el sistema, ni los funcionarios tienen los procedimientos ni manera de implantarlas en el Minerva), en esto nunca se comenten estos errores, a menos que haya orden desde arriba de hacerlo así, de este modo, el Gallardón se autofabrica un vacatio legis, que queda a su entera voluntad, mientras va viendo la reacción de la Justicia a esto. ¿Chapuza? no, perfectamente planificado.
Los objetivos de verdad, que se van cociendo poco a poco a puerta cerrada, son las reformas anteriormente mencionadas, de las posturas que se están planteando, las tasas judiciales son el menor de los problemas a los que se va a enfrentar el ciudadano. Entre otros, son los siguientes:
- Despojar al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de Fiscalía todas las diligencias de los sumarios. ¿Qué significa?, pues que el sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es independiente, a uno que está regido por el principio de Obediencia Jerárquica, y cuyo jefe supremo es, ¡oh, sorpresa!, el Ministro de Justicia.
- Sustituir el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por el de Oportunidad. La diferencia radica en que el primero, de manera sencilla, obliga a perseguir de oficio todo hecho que revista indicios de criminalidad, mientras que el segundo se basa en la economía de medios, o sea, se persigue...si compensa, o si interesa. Como le gusta decir a cierto Fiscal Jefe: "hay que considerar las circunstancias particulares del caso..." que viene a decir que, dependiendo de quien sea el posible imputado y posteriormente procesado y condenado, se investiga, o se deja pasar, me debes un favor de los grandes, y ya te lo cobraré.
- Otro asunto que tienen entre manos es cambiar el sistema actual del Turno de Oficio, pasando a licitar por concurso público dicho servicio, esto supone de facto la ruina para miles de abogados, puesto que solamente los grandes despachos podrán reunir las condiciones para optar a semejantes concursos. El negocio es evidente, ganas el concurso y con él, 40.000 horas de servicios por Juzgado, contratas un call center en Panamá, para putear a los pringaos de los clientes, y luego subcontratas todo a los mismos abogados que llevaban antes el Turno, pero a precios malayos. Tú te forras, los que te dieron el concurso, también, y el Ministro, al terminar su periplo, de socio honorario de por vida.
- Finalmente, la guinda la quieren poner con los jueces de distrito, pero para ello primero tienen que colapsar totalmente la Justicia para poder justificarlo. Básicamente son jueces nombrados a dedo por vía política, es parecido al Cuarto Turno, pero a lo cutre salchichero, ya los Jueces del CT y los fiscales sustitutos suelen ser una panda de mantas paduanas, en el caso de los de distrito, imaginaros jueces y fiscales nombrados a dedo por el político de turno.
Todo esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa propia, estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase política, porque suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales, y tener con la correa bien atada al único poder que les puede hacer frente.
A armarse de paciencia, que esto va a ser duro.
martes, 22 de enero de 2013
Normas de la Banca, o No.
La Taula de Canvis apaareció durante el reinado de Jaime I El
Conquistador (1213-1276). La legislación romana y goda que regían este
negocio fue sustituida.
Estos son algunos de los articulos de esta legislación bancaria:
El 13 de febrero de 1300 se estableció que cualquier banquero que se declarara en bancarrota sería humillado por todo el pueblo, por un voceador público y forzado a vivir en una estricta dieta de pan y agua hasta que devolviese a sus acreedores la cantidad completa de sus depósitos.
El 16 de mayo de 1301 se decidió que los banqueros estarían obligados a obtener fianzas y garantías de terceras partes para poder operar, y a aquellos que no lo hicieran no se les permitiría extender un mantel sobre sus cuentas de trabajo. El propósito de ello era señalar a todo el mundo que estos banqueros no eran tan solventes como aquellos que usaban manteles, es decir, que estaban respaldados por fianzas. Cualquier banquero que rompiera esta regla (por ejemplo, que operase con un mantel, pero sin fianza) sería declarado culpable de fraude.
Sin embargo, a pesar de todo, los banqueros pronto empezaron a engañar a sus clientes.
Debido a esos engaños, el 14 de Agosto de 1321 se estableció que aquellos banqueros que no cumpliesen inmediatamente sus compromisos, se les declararía en bancarrota, y si no pagasen sus deudas en el plazo de un año, caerían en desgracia pública, lo que sería pregonado por voceros por toda el pueblo. Inmediatamente después, el banquero sería decapitado directamente enfrente de su mostrador, y sus propiedades vendidas localmente para pagar a sus acreedores.
Existen evidencias documentales de que esto se cumplia.
Por ejemplo, el banquero catalán Francesc Castelló, fue decapitado directamente frente a su mostrador en 1360, en estricto cumplimiento de la ley.
A TOMAR NOTA...
¿Por quien empezamos?
"Las tertulias de la Sobremesa"
Estos son algunos de los articulos de esta legislación bancaria:
El 13 de febrero de 1300 se estableció que cualquier banquero que se declarara en bancarrota sería humillado por todo el pueblo, por un voceador público y forzado a vivir en una estricta dieta de pan y agua hasta que devolviese a sus acreedores la cantidad completa de sus depósitos.
El 16 de mayo de 1301 se decidió que los banqueros estarían obligados a obtener fianzas y garantías de terceras partes para poder operar, y a aquellos que no lo hicieran no se les permitiría extender un mantel sobre sus cuentas de trabajo. El propósito de ello era señalar a todo el mundo que estos banqueros no eran tan solventes como aquellos que usaban manteles, es decir, que estaban respaldados por fianzas. Cualquier banquero que rompiera esta regla (por ejemplo, que operase con un mantel, pero sin fianza) sería declarado culpable de fraude.
Sin embargo, a pesar de todo, los banqueros pronto empezaron a engañar a sus clientes.
Debido a esos engaños, el 14 de Agosto de 1321 se estableció que aquellos banqueros que no cumpliesen inmediatamente sus compromisos, se les declararía en bancarrota, y si no pagasen sus deudas en el plazo de un año, caerían en desgracia pública, lo que sería pregonado por voceros por toda el pueblo. Inmediatamente después, el banquero sería decapitado directamente enfrente de su mostrador, y sus propiedades vendidas localmente para pagar a sus acreedores.
Existen evidencias documentales de que esto se cumplia.
Por ejemplo, el banquero catalán Francesc Castelló, fue decapitado directamente frente a su mostrador en 1360, en estricto cumplimiento de la ley.
A TOMAR NOTA...
¿Por quien empezamos?
"Las tertulias de la Sobremesa"
domingo, 20 de enero de 2013
MUERTE A LOS SINDICATOS Porque? y pPara que?
MUERTE A LOS SINDICATOS
Nueva moda. Rajar de los sindicalistas. Algo fácil y barato, por cierto. Lo llevan en la solapa ciertos políticos, lanzando mensajes subliminales sobre su actual falta de utilidad para los trabajadores, politización, corrupción, derroche económico. Resulta curioso: Los mismos que alientan al escarnio público, suelen lanzar piedras cargadas por sus propias mezquindades.
Además, la destrucción del sindicalismo hace mucho más fácil la labor de los
gobernantes, sin movilizaciones ni huelgas, especialmente la de quienes dirigen tras la cortina. Qué bien estaríamos si no existieran los sindicatos, piensan algunos.
El problema es que esa frase por la que suspiran los gobernantes "Qué bien
estaríamos sin sindicatos" empieza a calar entre la gente de a pie, con un discurso cargado de improperios, gritos, oportunismo, mala leche y, sobre todo, un enorme vacío de argumentos que se resume en: "Para lo que hacen, mejor que no hagan nada", "Por mí los echaba a todos y los ponía a trabajar", "Están vendidos, no se mueven, no están con los trabajadores". Luego terminan reservándote para el final el placer de oír la raída historia de: "Conozco a uno que está de liberado sindical.".
Confesar ser liberado sindical, en estos tiempos que corren, es un auténtico pecado capital. Mejor inventar cualquier otra cosa antes de que te descubran.
Te pueden acechar en cualquier esquina, a cualquier hora: sacando dinero, haciendo la compra, recogiendo a tus hijos en el colegio. Cualquier lugar y excusa es buena, para utilizar como insulto la palabra "sindicalista".
Se puede ser banquero chupasangre, se puede ser político en cualquiera de sus
muchos cargos (concejal, alcalde, o delegado provincial.) y trincar todo lo que se quiera, aceptar sobornos y trajes, realizar chantajes, revender terrenos públicos, recortarle el sueldo a los trabajadores o directamente despedirlos sin indemnización.
Se puede, incluso, aumentar el recibo de la luz a los pensionistas hasta asfixiarlos, o salir en fotos besando niños y ancianos mientras los colegios y asilos se caen a trozos, cobrar dos o tres sueldos en tres cargos diferentes, declarar a hacienda que se está arruinado mientras se cobra de mil chanchullos distintos, para que su hijo obtenga la beca que le permita comprarse una moto a costa del Estado.
En este maldito país se puede ser lo que se quiera, pero no sindicalista.
Nadie se acuerda ya de la última huelga, aquella en que nadie de la empresa fue,
excepto los dos afiliados que perdieron el sueldo de aquel día, para que luego se
firmara un acuerdo que les subió el sueldo a todos. Incluso a aquellos que
escupieron sobre la huelga.
O de Luís, ese hombre que estuvo 30 años cotizando, y que gracias a la prejubilación que se consiguió en su momento, puede ahora, con 60 años y despedido de su puesto, tirar para adelante sin necesidad de buscar un trabajo que nadie le ofrecería.
Recuerden también a Marta, la chica de 23 años que estuvo aguantando un jefe
miserable con aliento a coñac, que le obligaba a hacer más horas extras para tener un momento de intimidad donde poder acosarla mientras le recordaba cuándo le vencía el contrato. Hasta que su mejor amiga la llevó al sindicato y, gracias a una liberada sindical, ahora el tipo ha tenido que indemnizarla hasta por respirar.
Son muchos los que les deben algo a los sindicatos, y a los sindicalistas: El maestro que pudo denunciar al padre que le pegó en la puerta del colegio, los trabajadores que consiguieron que no les echaran de la RENAULT, la chica que pudo exigir el cumplimiento de su baja por maternidad en su supermercado.
Porque también fue una liberada sindical la que se puso al teléfono el día en que despidieron a Julia, la chica de la tienda de fotos, y le ayudó a ser indemnizada como estipulan los convenios; y aquel otro joven que movió cielo y tierra para arreglarle los papeles al abuelo para procurarle una paga medio-decente, porque los usureros de hace 30 años no lo aseguraban en ningún trabajo. Para qué recordar las horas al teléfono escuchando con paciencia a cientos de opositores a los que no aprobaron, gritando e insultado porque en el examen no les contaron 2 décimas en la pregunta 4. O el otro compañero sindicalista, el que denunció a la constructora que se negaba a indemnizar a la viuda de su amigo Manuel, que trabajaba sin casco.
Ya nadie se acuerda de dónde salieron sus vacaciones, los aumentos de sueldo que se fueron consensuando, el derecho a una indemnización por despido, a una baja por enfermedad, o a un permiso por asuntos propios.
Esta sociedad del consumo, prefiere tirar un saco de manzanas porque una o dos están picadas, por muy sanas que estén el resto. Los precedentes televisivos:
entrenadores de fútbol, famosos de la exclusiva en revistas, y demás subproductos, se convierten en clinex de usar y tirar dependiendo de las modas. Ahora, en un momento en que los trabajadores deben estar más juntos, arropados y combatientes contra quienes realmente les explotan, aparecen grietas prefabricadas en los despachos de los altos ejecutivos, ávidos de hincar más el diente en el rendimiento de la clase trabajadora.
¿Quién tirará la primera piedra?. ¿Serán los políticos gobernantes, o los banqueros quienes hablarán de dejadez o vagancia?. ¿Tendrán capacidad moral los jueces o los periodistas, de hablar de corrupción en las demás profesiones?. ¿Serán más idóneos para iniciar lapidaciones, los súper-empresarios del ladrillo?. ¿En qué profesión se puede jurar que no existen vagos, corruptos, peseteros, o ladrones?.
¿Preguntamos mejor entre la Iglesia o la Monarquía.?.
Pero qué fácil resulta rajar en este país. Siembra la duda, y obtendrás fanatismo
barato.
Qué bien asfaltado les estamos dejando el camino a quienes realmente nos
explotan cada día. ¡Acabemos con los sindicatos!. Sí. Dejemos que la patronal y los bancos regulen los horarios, las pensiones, los sueldos, las condiciones laborales y los costes del despido. Verán cómo nos va a ir con la reforma del mercado laboral, cuando los sindicatos dejen de existir y no puedan convocarse huelgas ni manifestaciones.
Verán qué contentos se pondrán algunos cuando sepan que ya no estarán obligados a pagar las flores de los centenares de trabajadores que mueren todos los años, a costa de sus mezquindades.
Iñaki Gabilondo.
viernes, 18 de enero de 2013
Por una reforma federal del Estado Autonómico
Por una reforma federal del Estado Autonómico. Fundación Alfonso Perales
(Carmona, 10 de enero de 2013)
Buenas tardes,
Voy a empezar con los agradecimientos, y no por cortesía, sino por expresaros un sentimiento cierto de agradecimiento de toda la organización a los que habéis hecho posible una reflexión como ésta, un documento acabado tan bien como éste, muy en particular a la Secretaría de Ideas, a José Sánchez Maldonado, Gregorio Cámara; pero también a la Fundación, querido Carlos, querida Carmen, y a los autores del estudio.
Todo ello va a contribuir a formar una voluntad, la voluntad del PSOE-A, y sobre todo poder discutirla con argumentos, sin olvidar la pasión que hay detrás de esos argumentos, porque estamos hablando de nuestro modelo de convivencia y por lo tanto hemos de añadir algo de reflexión política a lo que es también un modelo político y al que hay que darle ahora un alma compatible con lo que ha de ser un consenso general.
Recibo el documento como secretario del PSOE-A y presidente del PSOE, y tengo que decir que la aportación de Andalucía la vamos a hacer desde la humildad, porque sabemos que somos una parte del todo, pero también desde el convencimiento de que Andalucía es la clave para configurar, para definir y para cerrar el modelo territorial. Lo hemos sido desde el comienzo de la democracia, desde antes aún de la Constitución de 1978. Pensemos en el 4 de diciembre de 1977.
Nuestro modelo territorial no fue escrito en nuestra ley fundamental, no fue definido constitucionalmente, sabíamos lo que no queríamos (modelo unitario), sabíamos también adónde queríamos ir pero no hubo consenso para definirlo constitucionalmente y es verdad que en el momento en que vivimos eso hay que cerrarlo y eso significa definirlo en la norma fundamental.
No tuvo, como se dice en el estudio, legitimidad de origen pero ha tenido una excelente legitimidad de ejercicio. Se ha ido edificando con el tiempo a través de los distintos estatutos y de los pocos pactos autonómicos que ha habido, y eso ha dado lugar a avanzar de forma coherente pero también a muchos problemas de los que luego hablaré.
En este trayecto largo, de 35 años, Andalucía ha sido, sin duda, la comunidad más dinámica y desde el principio la que ha marcado el desarrollo que nos ha traído hasta aquí. Ha sido así y va a seguir siendo así. El debate territorial que hoy ha vuelto a tomar cuerpo no va a poder organizarse ni desde el extremismo ni tampoco desde el inmovilismo, sino desde el diálogo entre todos cuantos nos sentimos parte de este marco de convivencia que es España.
A partir de este documento, tras las reflexiones que hagamos, también en la Ejecutiva, los socialistas andaluces haremos nuestra aportación, que no va a ser nunca una propuesta cerrada, dogmática. Solamente vamos a poner un límite infranqueable que no vamos a permitir que se desborde, que es el de la igualdad
de todos los españoles, vivamos donde vivamos.
Estamos ante un debate importante, oportuno y útil. La crisis es verdad que lo está ocupando todo y hay quienes creen y dicen que sólo la crisis ha de merecer la atención de la política. Pues dejadme deciros que este debate y el posible consenso sobre el modelo territorial es útil en términos políticos o de convivencia, pero también lo es para luchar contra la crisis con más eficacia y con mayores medios.
Este tiempo en que vivimos es un tiempo histórico en el que resulta imprescindible afianzar la democracia mediante el ejercicio activo de nuestros derechos y nuestras libertades.
Por ello, no podemos gastar muchas energías en debatir sobre estructuras teóricas del Estado, sino en tratar de encontrar las que sean más adecuadas para satisfacer las aspiraciones y hacer efectivos derechos y libertades de los españoles y españolas.
Esto, en mi opinión, es algo que ha guiado de principio a fin todo el trabajo de los autores, partiendo del reconocimiento de nuestra historia, partiendo también de algo tan obvio como que el Estado autonómico ha sido el más legítimo y eficaz de todos cuantos hemos tenido en democracia. Se ha buscado la fórmula
más aceptable, y probablemente la más certera, de cerrar este modelo, de llegar a su desenlace lógico.
Equilibrar la igualdad personal y la diversidad cultural colectiva y territorial es la tarea a la que estamos convocados, y también lo estamos a poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, buscando el equilibrio, que no la sustitución, nunca, entre la eficacia y la democracia; entre la eficacia, eficiencia y la participación democrática; entre la eficacia y la eficiencia y el control de los actos públicos.
Es importantísimo porque somos conscientes de que España se ha constituido finalmente, tras muchísimos años de enfrentamientos y de desigualdades, en un Estado social y democrático de derecho a través de la autonomía de sus
regiones y de sus nacionalidades.
Hoy la crisis está afectando de raíz a los consensos que sirvieron para construir el modelo de convivencia que pactamos hace 35 años y esto está teniendo muchas consecuencias y casi todas graves.
Cuando cedemos soberanía a entes superiores sin ceder el control democrático de los actos que se dictan, se acuerdan y se aplican en función de esa cesión de soberanía estamos perdiendo calidad democrática. Estamos apartando a la ciudadanía de la política.
Por eso se está perdiendo confianza en la política. Se está debilitando el mandato representativo de los políticos. Y, cómo no, está afectando a los espacios colectivos y territoriales de nuestra convivencia, a los bienes públicos.
Conviene recordar que el centro del consenso de 1978 está perfectamente resumido en los dos primeros artículos de la Constitución. El Estado social y democrático de derecho, cuyos principios y valores (la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo democrático) están desarrollados básicamente en el
artículo 1 y a través de eso en el título I.
El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones es el otro gran principio y yo lo expresaría de otra forma que los que hemos vivido ese enorme, y largo ya, tránsito entendemos inmediatamente, sobre todo cuando vivimos también el XXVIII Congreso del PSOE.
Nosotros aceptamos el consenso constitucional, nosotros aceptamos el modelo que construía nuestro país porque daba prioridad a la economía productiva sobre la especulación financiera, porque creía que la economía productiva de libre empresa creaba riqueza en diálogo con los sindicatos y porque confiaba a los poderes públicos la obligación de distribuir esa riqueza a través de políticas, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que desarrollan las comunidades autónomas.
Ése es el consenso que dimos. Ése es el consenso que hemos de mantener, porque forma parte de la raíz de nuestras ideas. En ese modelo confiamos y tendremos que actualizarlo, sin duda, pero lo que no podremos es sacrificarlo, porque entonces no nos sentiremos partícipes de un modelo que subordina el crecimiento económico a los mercados financieros, que subordina el empleo al déficit público o que subordina la sanidad y la educación públicas a intereses que no son los generales.
Pues bien, por eso digo que hoy los dos elementos que definen la constitución, el estado social y democrático de derecho y el modelo territorial, están en riesgo.
El pacto por el modelo social se está viendo afectado por la manera de afrontar la crisis, por haber erigido la consolidación fiscal en la única política económica y por haber centrado el problema de la competitividad en un desplome de costes y condiciones laborales.
Por otro lado, esta ruptura del modelo social está teniendo trascendencia en el pacto territorial, en la medida en que España, como han escrito los autores, está desarrollando el Estado social y democrático de derecho a través del ejercicio del derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades.
De ahí la necesidad de restablecer, de renovar el pacto constitucional y para ello, esto lo digo yo, es imprescindible romper la hegemonía de los mercados financieros sobre la política y es imprescindible regresar a un modelo productivo basado en el diálogo social (encuentro entre empresarios y sindicatos) que base su competitividad en el conocimiento, la innovación, la I+D+i, la educación, la formación, la calidad y la igualdad de oportunidades.
Pero también es necesario alcanzar un gran acuerdo político sobre el modelo territorial, que nos tiene que ser extremadamente útil para afrontar la salida de la crisis de forma eficaz, por cuanto afecta, primero, al sujeto político responsable de los servicios públicos fundamentales, y en segundo lugar afecta también a los medios de los que se valen esos sujetos políticos, que son las administraciones públicas, que también hay que reformarlas, pero por orden y sabiendo previamente lo que queremos en la política de descentralización.
De la crisis saldremos con medidas a corto plazo, procurando la estabilidad y el crecimiento, pero también saldremos, y saldremos en mejores condiciones, con decisiones estructurales que afronten problemas como el demográfico, el de la acumulación de conocimiento, el de la libre competencia o el del marco institucional, que también es condición de competitividad y de crecimiento económico.
Es decir, ya estamos hablando de la reforma del modelo territorial y de las administraciones públicas como un elemento también importante para salir de la crisis en las mejores condiciones.
El pacto territorial y si lo prefieren la configuración del modelo territorial será un nuevo marco institucional que tiene que perseguir la eficacia, la eficiencia, pero también....
La configuración del modelo territorial será un nuevo marco institucional que, como he dicho antes, tiene que perseguir la eficacia, la eficiencia, pero también y sobre todo el fortalecimiento de la democracia. Más eficacia y más democracia.
Los desafíos que tenemos por delante van a encontrar una mejor solución si no nos limitamos a mirarnos los pies y el suelo que pisamos, sino si al mismo tiempo somos capaces de levantar la vista y saber dónde queremos ir y cómo podemos conseguirlo.
No les quepa la menor duda de que cerrar el modelo territorial con una atribución clara de competencias, con regulaciones claras y con las reformas consecuentes de las Administraciones públicas es imprescindible también en esta ruta de afrontar la crisis.
La gran tarea a la que estamos convocados es doble, por un lado partir de lo ya hecho sin retrocesos, sin pretender volver, Gregorio, a fórmulas unitaristas, centralistas del poder, que si malas fueron para España, para Andalucía fueron un desastre. Y, por otro lado, cerrar el modelo dando cuerpo constitucional, que lo necesita, a este modelo, porque lo hará más previsible, más estable y menos conflictivo. Son elementos fundamentales también ahora en tiempos de crisis o, sobre todo, ahora, en tiempos de crisis.
Los autores lo han escrito mejor de lo que yo lo pueda decir: “un modelo razonable y eficaz de organización territorial del poder político, integrador y plenamente respetuoso de las legítimas diferencias, del pluralismo territorial, sin merma de la igualdad”. Eso es. Pero no es ocioso decir que hemos de estar alerta ante la recentralización y el bilateralismo, son dos riesgos que tenemos delante. Es verdad que a veces, como somos seres que nos gusta lo más simple, huimos de lo complejo y a veces lo complejo, como es el pluralismo político, es lo que fortalece la democracia y la solución de los problemas.
He oído mucho decir: “hay que garantizar la unidad del mercado, evitar duplicidades porque hay muchas administraciones”. Yo digo, me parece bien, empecemos por la Administración central del Estado también.
Vayamos al centralismo, ¿qué ha resuelto el centralismo? Ha sido malo en lo político, es malo en lo político porque el centralismo es siempre la tentación totalitaria o la evasión del control democrático originario. Siempre ocurre, está ocurriendo en Europa. El centralismo siempre debilita la democracia, siempre, partiendo de que la democracia perfecta está en el municipalismo. La democracia básica está en los ayuntamientos.
Partiendo de ahí, todo lo que es centralización es nefasto políticamente, pero también económicamente. Económicamente, ¿será más eficaz el centralismo? Es verdad, unidad de mercado y es cierto que tenemos que garantizarla, pero yo me pregunto: el capitalismo que tenemos ahora se ha establecido y sigue establecido en torno al centro, es lo que yo llamaría el capitalismo cortesano, empresas que nada tienen que hacer salvo estar al lado de corte para poder progresar, pero además de eso, ¿qué conspira más contra la unidad de mercado, el que las regulaciones sean unitarias, que es bueno pretenderlas y tratar de conseguirlas o que, por ejemplo, el 70% de la población española vive en la periferia de España y las autovías del Cantábrico, de la Plata y del Mediterráneo están sin terminar en el año 2013? Mientras, eso sí, Madrid tiene la M30, la M40, la M50, la R2, la R3, la R4, la R5, etc.
Hoy la tercera y la cuarta provincias más importantes en número de habitantes de España, Valencia y Sevilla, respectivamente, no están conectadas por autovía. ¿Eso no conspira contra la unidad de mercado? ¿No conspira más contra la unidad de mercado eso, que es la deriva histórica del centralismo, que tener un país con más o menos regulaciones? Las mayores o menores regulaciones se pueden corregir, lo otro, habría que haberlo hecho históricamente. Pero tenemos un país todavía por cerrar en la armonía territorial.
Hay mucho que avanzar también en la descentralización política y en la descentralización económica. ¿Ahora qué tratamos? Ahora tratamos de cerrar el modelo, llegar al desenlace lógico del modelo.
Ahora mismo, el modelo tiene muchos problemas, Gregorio lo ha explicado muy bien. Para mí es que se ha desarrollado desde la bilateralidad, porque como se ha desarrollado por los Estatutos de Autonomía, no ha tenido un desarrollo armónico.
Hasta la financiación se ha tratado en los Estatutos de Autonomía.
Es verdad que hay reglas contradictorias sobre financiación autonómica en diferentes Estatutos. La bilateralidad ha sido un riesgo, la indefinición de competencias, más. ¿Qué ha provocado tal indefinición de competencias? Pues que el Tribunal Constitucional sea la tercera Cámara de España, estamos sobrecargando al Tribunal Constitucional porque las competencias no están definidas, aumento de la litigiosidad.
Por último, financiación. Cada cuatro o cinco años la tenemos que cambiar.
Todo esto desemboca en que el modelo autonómico, tal y como se ha desarrollado, mantienen un peso fundamental todavía de las decisiones de la Administración General del Estado sobre todo el conjunto.
Ahí no hay lealtad de ida y vuelta. ¿Pueden entender que los pocos impuestos que tienen atribuidos las CCAA, Patrimonio, Impuestos sobre Depósitos Bancarios, en un momento el Gobierno del Estado los suprima sin consultar?
¿Pueden entender que hayamos hecho un sistema de financiación que atribuye el IVA al 50% sin competencia normativa de las CCAA, se sube el IVA y toda esa
subida va a ingresos del Estado y nada de esta subida a las CCAA?
Evidentemente hay errores en el modelo que hay que cerrar. El cierre, es verdad Gregorio, se aproxima a lo que habéis llamado una reforma federal del Estado Autonómico, que es el desenlace lógico.
Competencias claras, modelo estable de financiación y luego, la lealtad. La lealtad federal, llamémosla así, o lealtad institucional.
La Conferencia de Presidentes. Son cinco las reuniones de la Conferencia de Presidentes, no tiene ni el reglamento hecho y lleva 10 años desde que se creó en el 2004, y ya ha llovido mucho desde que se aprobó la Constitución. Esta es la historia.
¿Qué son las Conferencias Sectoriales? Repartir dinero con los criterios del Estado para competencias que tienen las CCAA.
Luego queda el Senado, que es la Cámara de representación territorial, que si no me equivoco dice el 69.1, pero que luego el 2, el 3 y el 4 se olvidan de lo que dice el 1. En el Título VIII hay no menos de cuatro artículos que están ya derogados en la práctica. Por tanto, hay que cerrar el modelo, hay que llegar al desenlace, y el modelo que habéis planteado es importante.
Yo vuelvo al monotema, a que no se pueden hacer reformas, de ninguna manera, que debiliten la democracia, que debiliten la representación, el control democrático. Habrá que reformar las tres Administraciones, una vez que se sabe el modelo territorial que queremos tener, habrá que reformar la Administración General del Estado, que prácticamente sigue siendo la misma después de 35 años y todas las transferencias habidas, habrá que reformar la Administración Autonómica y la local, pero de abajo a arriba, no de arriba a abajo, porque en el Municipio está la democracia.
Quiero recordar que la mayoría, más de la mitad de los concejales, no cobran un euro. Es decir, que cuando hablemos del número de concejales, recordemos que la inmensa mayoría de los concejales no cobran, pero dialogan todos los días con los ciudadanos sobre los problemas de su municipio.
No habrá modelo territorial que aguantemos si no fortalecemos el modelo en el municipalismo. Luego tendremos el modelo de lealtad federal, con una administración general que sepa su función, y habrá que plantearse también las cesiones de soberanía que se están produciendo sin control a órganos supranacionales, pero eso es otra historia.
Al hablar de cerrar y constitucionalizar el modelo, lo que estamos diciendo es que probablemente el desenlace lógico sea una reforma de la Constitución. Nosotros no propiciamos una reforma constitucional ni la propugnamos, salvo que entendemos que para llegar al modelo final tendremos que reformarla. Será la consecuencia, no el objetivo. Porque, además, lo ha dicho Rubio Llorente, sólo una Constitución reformable es legítima democráticamente.
Austria la ha modificado más de 70 veces, Alemania 57 veces, en EEUU se conoce la Constitución por sus enmiendas... Por tanto, no hay miedo a modificar la Constitución. No es el objetivo, pero es el medio para llegar a poner las instituciones al servicio democrático de los ciudadanos. Ése es el objetivo.
La crisis nos convoca a centrar todos nuestros esfuerzos en recuperar la economía, pero también la política, porque tenemos que cumplir las obligaciones financieras, pero también las políticas e institucionales. De eso estamos hablando hoy.
Luchar contra la crisis no es un camino de dirección única y mucho menos si esa dirección nos lleva a una expropiación del control democrático, a debilitar la administración local, a arruinar la descentralización territorial o a transferir decisiones y soberanía a órganos sin control democrático.
Luchar contra la crisis es, sobre todo, seguir haciendo país. Saber que importa el déficit pero importa mucho más el paro. Y saber que lo que de verdad nos debe conmover es el desempleo de millones de españoles y españolas.
Por eso hemos de luchar buscando consensos y utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance, pero sabiendo que esa lucha es para mejorar la convivencia, fortaleciendo la democracia y no sacrificando la participación a la eficiencia. Es, como diría Ortega y Gasset, pensar en grande.
La crisis ha roto mucho empleo y muchas ilusiones. Lo que no podemos permitirnos es que rompa también los elementos que fortalecen la convivencia democrática.
Muchas gracias por vuestro trabajo y, querido Ramón Jáuregui, esta aportación servirá para todo lo que tenemos que seguir discutiendo hasta la próxima Conferencia Territorial que tendremos próximamente.
Pido la colaboración de la Fundación Ideas con la Fundación Alfonso Perales porque tendremos mucho que decir en el futuro y porque tendremos que decirlo desde el rigor que es este planteamiento y sin renunciar a nada de lo que puede mejorar la convivencia entre los españoles.
(Carmona, 10 de enero de 2013)
Buenas tardes,
Voy a empezar con los agradecimientos, y no por cortesía, sino por expresaros un sentimiento cierto de agradecimiento de toda la organización a los que habéis hecho posible una reflexión como ésta, un documento acabado tan bien como éste, muy en particular a la Secretaría de Ideas, a José Sánchez Maldonado, Gregorio Cámara; pero también a la Fundación, querido Carlos, querida Carmen, y a los autores del estudio.
Todo ello va a contribuir a formar una voluntad, la voluntad del PSOE-A, y sobre todo poder discutirla con argumentos, sin olvidar la pasión que hay detrás de esos argumentos, porque estamos hablando de nuestro modelo de convivencia y por lo tanto hemos de añadir algo de reflexión política a lo que es también un modelo político y al que hay que darle ahora un alma compatible con lo que ha de ser un consenso general.
Recibo el documento como secretario del PSOE-A y presidente del PSOE, y tengo que decir que la aportación de Andalucía la vamos a hacer desde la humildad, porque sabemos que somos una parte del todo, pero también desde el convencimiento de que Andalucía es la clave para configurar, para definir y para cerrar el modelo territorial. Lo hemos sido desde el comienzo de la democracia, desde antes aún de la Constitución de 1978. Pensemos en el 4 de diciembre de 1977.
Nuestro modelo territorial no fue escrito en nuestra ley fundamental, no fue definido constitucionalmente, sabíamos lo que no queríamos (modelo unitario), sabíamos también adónde queríamos ir pero no hubo consenso para definirlo constitucionalmente y es verdad que en el momento en que vivimos eso hay que cerrarlo y eso significa definirlo en la norma fundamental.
No tuvo, como se dice en el estudio, legitimidad de origen pero ha tenido una excelente legitimidad de ejercicio. Se ha ido edificando con el tiempo a través de los distintos estatutos y de los pocos pactos autonómicos que ha habido, y eso ha dado lugar a avanzar de forma coherente pero también a muchos problemas de los que luego hablaré.
En este trayecto largo, de 35 años, Andalucía ha sido, sin duda, la comunidad más dinámica y desde el principio la que ha marcado el desarrollo que nos ha traído hasta aquí. Ha sido así y va a seguir siendo así. El debate territorial que hoy ha vuelto a tomar cuerpo no va a poder organizarse ni desde el extremismo ni tampoco desde el inmovilismo, sino desde el diálogo entre todos cuantos nos sentimos parte de este marco de convivencia que es España.
A partir de este documento, tras las reflexiones que hagamos, también en la Ejecutiva, los socialistas andaluces haremos nuestra aportación, que no va a ser nunca una propuesta cerrada, dogmática. Solamente vamos a poner un límite infranqueable que no vamos a permitir que se desborde, que es el de la igualdad
de todos los españoles, vivamos donde vivamos.
Estamos ante un debate importante, oportuno y útil. La crisis es verdad que lo está ocupando todo y hay quienes creen y dicen que sólo la crisis ha de merecer la atención de la política. Pues dejadme deciros que este debate y el posible consenso sobre el modelo territorial es útil en términos políticos o de convivencia, pero también lo es para luchar contra la crisis con más eficacia y con mayores medios.
Este tiempo en que vivimos es un tiempo histórico en el que resulta imprescindible afianzar la democracia mediante el ejercicio activo de nuestros derechos y nuestras libertades.
Por ello, no podemos gastar muchas energías en debatir sobre estructuras teóricas del Estado, sino en tratar de encontrar las que sean más adecuadas para satisfacer las aspiraciones y hacer efectivos derechos y libertades de los españoles y españolas.
Esto, en mi opinión, es algo que ha guiado de principio a fin todo el trabajo de los autores, partiendo del reconocimiento de nuestra historia, partiendo también de algo tan obvio como que el Estado autonómico ha sido el más legítimo y eficaz de todos cuantos hemos tenido en democracia. Se ha buscado la fórmula
más aceptable, y probablemente la más certera, de cerrar este modelo, de llegar a su desenlace lógico.
Equilibrar la igualdad personal y la diversidad cultural colectiva y territorial es la tarea a la que estamos convocados, y también lo estamos a poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, buscando el equilibrio, que no la sustitución, nunca, entre la eficacia y la democracia; entre la eficacia, eficiencia y la participación democrática; entre la eficacia y la eficiencia y el control de los actos públicos.
Es importantísimo porque somos conscientes de que España se ha constituido finalmente, tras muchísimos años de enfrentamientos y de desigualdades, en un Estado social y democrático de derecho a través de la autonomía de sus
regiones y de sus nacionalidades.
Hoy la crisis está afectando de raíz a los consensos que sirvieron para construir el modelo de convivencia que pactamos hace 35 años y esto está teniendo muchas consecuencias y casi todas graves.
Cuando cedemos soberanía a entes superiores sin ceder el control democrático de los actos que se dictan, se acuerdan y se aplican en función de esa cesión de soberanía estamos perdiendo calidad democrática. Estamos apartando a la ciudadanía de la política.
Por eso se está perdiendo confianza en la política. Se está debilitando el mandato representativo de los políticos. Y, cómo no, está afectando a los espacios colectivos y territoriales de nuestra convivencia, a los bienes públicos.
Conviene recordar que el centro del consenso de 1978 está perfectamente resumido en los dos primeros artículos de la Constitución. El Estado social y democrático de derecho, cuyos principios y valores (la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo democrático) están desarrollados básicamente en el
artículo 1 y a través de eso en el título I.
El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones es el otro gran principio y yo lo expresaría de otra forma que los que hemos vivido ese enorme, y largo ya, tránsito entendemos inmediatamente, sobre todo cuando vivimos también el XXVIII Congreso del PSOE.
Nosotros aceptamos el consenso constitucional, nosotros aceptamos el modelo que construía nuestro país porque daba prioridad a la economía productiva sobre la especulación financiera, porque creía que la economía productiva de libre empresa creaba riqueza en diálogo con los sindicatos y porque confiaba a los poderes públicos la obligación de distribuir esa riqueza a través de políticas, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que desarrollan las comunidades autónomas.
Ése es el consenso que dimos. Ése es el consenso que hemos de mantener, porque forma parte de la raíz de nuestras ideas. En ese modelo confiamos y tendremos que actualizarlo, sin duda, pero lo que no podremos es sacrificarlo, porque entonces no nos sentiremos partícipes de un modelo que subordina el crecimiento económico a los mercados financieros, que subordina el empleo al déficit público o que subordina la sanidad y la educación públicas a intereses que no son los generales.
Pues bien, por eso digo que hoy los dos elementos que definen la constitución, el estado social y democrático de derecho y el modelo territorial, están en riesgo.
El pacto por el modelo social se está viendo afectado por la manera de afrontar la crisis, por haber erigido la consolidación fiscal en la única política económica y por haber centrado el problema de la competitividad en un desplome de costes y condiciones laborales.
Por otro lado, esta ruptura del modelo social está teniendo trascendencia en el pacto territorial, en la medida en que España, como han escrito los autores, está desarrollando el Estado social y democrático de derecho a través del ejercicio del derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades.
De ahí la necesidad de restablecer, de renovar el pacto constitucional y para ello, esto lo digo yo, es imprescindible romper la hegemonía de los mercados financieros sobre la política y es imprescindible regresar a un modelo productivo basado en el diálogo social (encuentro entre empresarios y sindicatos) que base su competitividad en el conocimiento, la innovación, la I+D+i, la educación, la formación, la calidad y la igualdad de oportunidades.
Pero también es necesario alcanzar un gran acuerdo político sobre el modelo territorial, que nos tiene que ser extremadamente útil para afrontar la salida de la crisis de forma eficaz, por cuanto afecta, primero, al sujeto político responsable de los servicios públicos fundamentales, y en segundo lugar afecta también a los medios de los que se valen esos sujetos políticos, que son las administraciones públicas, que también hay que reformarlas, pero por orden y sabiendo previamente lo que queremos en la política de descentralización.
De la crisis saldremos con medidas a corto plazo, procurando la estabilidad y el crecimiento, pero también saldremos, y saldremos en mejores condiciones, con decisiones estructurales que afronten problemas como el demográfico, el de la acumulación de conocimiento, el de la libre competencia o el del marco institucional, que también es condición de competitividad y de crecimiento económico.
Es decir, ya estamos hablando de la reforma del modelo territorial y de las administraciones públicas como un elemento también importante para salir de la crisis en las mejores condiciones.
El pacto territorial y si lo prefieren la configuración del modelo territorial será un nuevo marco institucional que tiene que perseguir la eficacia, la eficiencia, pero también....
La configuración del modelo territorial será un nuevo marco institucional que, como he dicho antes, tiene que perseguir la eficacia, la eficiencia, pero también y sobre todo el fortalecimiento de la democracia. Más eficacia y más democracia.
Los desafíos que tenemos por delante van a encontrar una mejor solución si no nos limitamos a mirarnos los pies y el suelo que pisamos, sino si al mismo tiempo somos capaces de levantar la vista y saber dónde queremos ir y cómo podemos conseguirlo.
No les quepa la menor duda de que cerrar el modelo territorial con una atribución clara de competencias, con regulaciones claras y con las reformas consecuentes de las Administraciones públicas es imprescindible también en esta ruta de afrontar la crisis.
La gran tarea a la que estamos convocados es doble, por un lado partir de lo ya hecho sin retrocesos, sin pretender volver, Gregorio, a fórmulas unitaristas, centralistas del poder, que si malas fueron para España, para Andalucía fueron un desastre. Y, por otro lado, cerrar el modelo dando cuerpo constitucional, que lo necesita, a este modelo, porque lo hará más previsible, más estable y menos conflictivo. Son elementos fundamentales también ahora en tiempos de crisis o, sobre todo, ahora, en tiempos de crisis.
Los autores lo han escrito mejor de lo que yo lo pueda decir: “un modelo razonable y eficaz de organización territorial del poder político, integrador y plenamente respetuoso de las legítimas diferencias, del pluralismo territorial, sin merma de la igualdad”. Eso es. Pero no es ocioso decir que hemos de estar alerta ante la recentralización y el bilateralismo, son dos riesgos que tenemos delante. Es verdad que a veces, como somos seres que nos gusta lo más simple, huimos de lo complejo y a veces lo complejo, como es el pluralismo político, es lo que fortalece la democracia y la solución de los problemas.
He oído mucho decir: “hay que garantizar la unidad del mercado, evitar duplicidades porque hay muchas administraciones”. Yo digo, me parece bien, empecemos por la Administración central del Estado también.
Vayamos al centralismo, ¿qué ha resuelto el centralismo? Ha sido malo en lo político, es malo en lo político porque el centralismo es siempre la tentación totalitaria o la evasión del control democrático originario. Siempre ocurre, está ocurriendo en Europa. El centralismo siempre debilita la democracia, siempre, partiendo de que la democracia perfecta está en el municipalismo. La democracia básica está en los ayuntamientos.
Partiendo de ahí, todo lo que es centralización es nefasto políticamente, pero también económicamente. Económicamente, ¿será más eficaz el centralismo? Es verdad, unidad de mercado y es cierto que tenemos que garantizarla, pero yo me pregunto: el capitalismo que tenemos ahora se ha establecido y sigue establecido en torno al centro, es lo que yo llamaría el capitalismo cortesano, empresas que nada tienen que hacer salvo estar al lado de corte para poder progresar, pero además de eso, ¿qué conspira más contra la unidad de mercado, el que las regulaciones sean unitarias, que es bueno pretenderlas y tratar de conseguirlas o que, por ejemplo, el 70% de la población española vive en la periferia de España y las autovías del Cantábrico, de la Plata y del Mediterráneo están sin terminar en el año 2013? Mientras, eso sí, Madrid tiene la M30, la M40, la M50, la R2, la R3, la R4, la R5, etc.
Hoy la tercera y la cuarta provincias más importantes en número de habitantes de España, Valencia y Sevilla, respectivamente, no están conectadas por autovía. ¿Eso no conspira contra la unidad de mercado? ¿No conspira más contra la unidad de mercado eso, que es la deriva histórica del centralismo, que tener un país con más o menos regulaciones? Las mayores o menores regulaciones se pueden corregir, lo otro, habría que haberlo hecho históricamente. Pero tenemos un país todavía por cerrar en la armonía territorial.
Hay mucho que avanzar también en la descentralización política y en la descentralización económica. ¿Ahora qué tratamos? Ahora tratamos de cerrar el modelo, llegar al desenlace lógico del modelo.
Ahora mismo, el modelo tiene muchos problemas, Gregorio lo ha explicado muy bien. Para mí es que se ha desarrollado desde la bilateralidad, porque como se ha desarrollado por los Estatutos de Autonomía, no ha tenido un desarrollo armónico.
Hasta la financiación se ha tratado en los Estatutos de Autonomía.
Es verdad que hay reglas contradictorias sobre financiación autonómica en diferentes Estatutos. La bilateralidad ha sido un riesgo, la indefinición de competencias, más. ¿Qué ha provocado tal indefinición de competencias? Pues que el Tribunal Constitucional sea la tercera Cámara de España, estamos sobrecargando al Tribunal Constitucional porque las competencias no están definidas, aumento de la litigiosidad.
Por último, financiación. Cada cuatro o cinco años la tenemos que cambiar.
Todo esto desemboca en que el modelo autonómico, tal y como se ha desarrollado, mantienen un peso fundamental todavía de las decisiones de la Administración General del Estado sobre todo el conjunto.
Ahí no hay lealtad de ida y vuelta. ¿Pueden entender que los pocos impuestos que tienen atribuidos las CCAA, Patrimonio, Impuestos sobre Depósitos Bancarios, en un momento el Gobierno del Estado los suprima sin consultar?
¿Pueden entender que hayamos hecho un sistema de financiación que atribuye el IVA al 50% sin competencia normativa de las CCAA, se sube el IVA y toda esa
subida va a ingresos del Estado y nada de esta subida a las CCAA?
Evidentemente hay errores en el modelo que hay que cerrar. El cierre, es verdad Gregorio, se aproxima a lo que habéis llamado una reforma federal del Estado Autonómico, que es el desenlace lógico.
Competencias claras, modelo estable de financiación y luego, la lealtad. La lealtad federal, llamémosla así, o lealtad institucional.
La Conferencia de Presidentes. Son cinco las reuniones de la Conferencia de Presidentes, no tiene ni el reglamento hecho y lleva 10 años desde que se creó en el 2004, y ya ha llovido mucho desde que se aprobó la Constitución. Esta es la historia.
¿Qué son las Conferencias Sectoriales? Repartir dinero con los criterios del Estado para competencias que tienen las CCAA.
Luego queda el Senado, que es la Cámara de representación territorial, que si no me equivoco dice el 69.1, pero que luego el 2, el 3 y el 4 se olvidan de lo que dice el 1. En el Título VIII hay no menos de cuatro artículos que están ya derogados en la práctica. Por tanto, hay que cerrar el modelo, hay que llegar al desenlace, y el modelo que habéis planteado es importante.
Yo vuelvo al monotema, a que no se pueden hacer reformas, de ninguna manera, que debiliten la democracia, que debiliten la representación, el control democrático. Habrá que reformar las tres Administraciones, una vez que se sabe el modelo territorial que queremos tener, habrá que reformar la Administración General del Estado, que prácticamente sigue siendo la misma después de 35 años y todas las transferencias habidas, habrá que reformar la Administración Autonómica y la local, pero de abajo a arriba, no de arriba a abajo, porque en el Municipio está la democracia.
Quiero recordar que la mayoría, más de la mitad de los concejales, no cobran un euro. Es decir, que cuando hablemos del número de concejales, recordemos que la inmensa mayoría de los concejales no cobran, pero dialogan todos los días con los ciudadanos sobre los problemas de su municipio.
No habrá modelo territorial que aguantemos si no fortalecemos el modelo en el municipalismo. Luego tendremos el modelo de lealtad federal, con una administración general que sepa su función, y habrá que plantearse también las cesiones de soberanía que se están produciendo sin control a órganos supranacionales, pero eso es otra historia.
Al hablar de cerrar y constitucionalizar el modelo, lo que estamos diciendo es que probablemente el desenlace lógico sea una reforma de la Constitución. Nosotros no propiciamos una reforma constitucional ni la propugnamos, salvo que entendemos que para llegar al modelo final tendremos que reformarla. Será la consecuencia, no el objetivo. Porque, además, lo ha dicho Rubio Llorente, sólo una Constitución reformable es legítima democráticamente.
Austria la ha modificado más de 70 veces, Alemania 57 veces, en EEUU se conoce la Constitución por sus enmiendas... Por tanto, no hay miedo a modificar la Constitución. No es el objetivo, pero es el medio para llegar a poner las instituciones al servicio democrático de los ciudadanos. Ése es el objetivo.
La crisis nos convoca a centrar todos nuestros esfuerzos en recuperar la economía, pero también la política, porque tenemos que cumplir las obligaciones financieras, pero también las políticas e institucionales. De eso estamos hablando hoy.
Luchar contra la crisis no es un camino de dirección única y mucho menos si esa dirección nos lleva a una expropiación del control democrático, a debilitar la administración local, a arruinar la descentralización territorial o a transferir decisiones y soberanía a órganos sin control democrático.
Luchar contra la crisis es, sobre todo, seguir haciendo país. Saber que importa el déficit pero importa mucho más el paro. Y saber que lo que de verdad nos debe conmover es el desempleo de millones de españoles y españolas.
Por eso hemos de luchar buscando consensos y utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance, pero sabiendo que esa lucha es para mejorar la convivencia, fortaleciendo la democracia y no sacrificando la participación a la eficiencia. Es, como diría Ortega y Gasset, pensar en grande.
La crisis ha roto mucho empleo y muchas ilusiones. Lo que no podemos permitirnos es que rompa también los elementos que fortalecen la convivencia democrática.
Muchas gracias por vuestro trabajo y, querido Ramón Jáuregui, esta aportación servirá para todo lo que tenemos que seguir discutiendo hasta la próxima Conferencia Territorial que tendremos próximamente.
Pido la colaboración de la Fundación Ideas con la Fundación Alfonso Perales porque tendremos mucho que decir en el futuro y porque tendremos que decirlo desde el rigor que es este planteamiento y sin renunciar a nada de lo que puede mejorar la convivencia entre los españoles.
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