Los Despachos.

http://www.spiegel.de/flash/flash-24861.html

martes, 30 de abril de 2013

La Junta de Andalucía aprueba el Decreto Ley de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social.

La Junta aprueba el Decreto Ley de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social, con más de 120 millones de euros.

El Gobierno andaluz refuerza la atención a los colectivos más vulnerables con planes de contratación, garantía alimentaria y atención a la dependencia 30/04/2013

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, que destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Esta cantidad se suma a los 74 millones ya consignados en los presupuestos de la Junta para 2013.

La iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre otros datos que reflejan esta coyuntura, destacan el aumento de los hogares con todos sus miembros en paro y sin ingresos (de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012); el empeoramiento de los indicadores de bienestar en menores (72.020 viven en hogares con privación material severa) y personas mayores (33.868 en situación de exclusión social), y los drásticos recortes en el Sistema de Atención a la Dependencia, que han supuesto una reducción del 68% de la financiación estatal entre 2011 y 2013.

Para mitigar esta situación, el Decreto Ley introduce medidas extraordinarias para fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis; atender las necesidades básicas de alimentación de los menores, sus familias y las personas mayores en riesgo de exclusión, y mantener y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo que suponen los recortes estatales.

Estos objetivos se concretan en tres grandes iniciativas: el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, con una dotación de 60 millones de euros; el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013, con 16 millones, y las modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que supondrán unas inversiones adicionales de 44 millones de euros.

El Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía se dirige a frenar la pérdida de empleo y a paliar las situaciones de emergencia que padecen los colectivos más vulnerables. Coordinado por la Consejería de Salud y Bienestar Social y gestionado por las entidades locales, el plan se compone de dos programas: el de Ayudas a la Contratación y el de financiación complementaria para consolidar los Servicios de Ayuda a Domicilio.

Ayudas a la contratación

El primero de estos programas, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; las familias numerosas de las que formen parte menores de edad; las personas residentes en territorios reconocidos como Zonas con Necesidades de Transformación Social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.

Estas ayudas a la contratación se distribuirán entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro de cada municipio registradas a 31 de diciembre de 2012. De acuerdo con las previsiones, el programa permitirá emplear a más de 47.000 personas.

En cuanto a la financiación complementaria para los Servicios de Ayuda a Domicilio, el Decreto Ley consigna una dotación de 20 millones de euros, destinada fundamentalmente a mantener la dimensión horaria de la oferta, la cobertura a las necesidades de la población y el empleo en el sector, factores estos que se han visto afectados por la disminución de la aportación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia. En este caso, la previsión es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como la creación de 2.000 puestos de trabajo.

El segundo de los ejes del Decreto Ley es el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, dotado con 16 millones de euros que se suman a los 4 millones ya recogidos en el presupuesto de la Junta.

Este plan consta de dos vertientes. La primera de ellas, a cargo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros y se dirige a apoyar a las entidades de voluntariado relacionadas con la recogida, acopio y distribución de alimentos, así como a las entidades locales para financiar servicios de almacenamiento y distribución de alimentos con fines solidarios. Asimismo, se pondrán en marcha mecanismos para el aprovechamiento con fines solidarios de los excedentes de productos perecederos, mediante acuerdos con productores hortofrutícolas y empresas de distribución.

La segunda iniciativa, que gestionará la Consejería de Salud y Bienestar Social con un presupuesto de 12 millones de euros, se articulará a través de cuatro acciones específicas: la constitución de la Red Solidaria Alimentaria; el reforzamiento de las bonificaciones de los precios públicos de los servicios de aula matinal y comedor escolar; la ampliación del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores y la ampliación del Programa de Ayudas Económicas a las Familias.

La Red de Solidaridad Alimentaria integrará a todas aquellas entidades, organismos y colectivos interesados en proporcionar comida a las familias que lo necesiten. Se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos, incluidos los servicios de comedor en las escuelas de verano de las Zonas de Transformación Social. La dotación económica del programa es de 5,5 millones.

Refuerzo de las bonificaciones

También se reforzarán las bonificaciones de los precios públicos de los servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar de los centros docentes públicos. Esta iniciativa tendrá un presupuesto de 2 millones de euros y para determinar los menores a los que se garantizará esta prestación será necesario un informe de los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del centro escolar. Se prevé que de los 72.000 menores que actualmente tienen bonificado el 100% del almuerzo, 46.800 puedan beneficiarse también de manera gratuita del desayuno y la merienda.

El Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, donde los mayores ya cuentan con menús a muy bajo precio, se amplía además a 12 nuevos centros. Alrededor de 12.700 personas accederán a estas ayudas durante el presente año (7.500 más que el año pasado).

La ampliación de las Ayudas Económicas a las Familias beneficiará a 17.000 hogares y 33.000 menores, con lo que esta prestación atenderá a un total de 22.552 familias y 45.259 niños. Las ayudas, con un presupuesto de 4 millones de euros, son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social

Finalmente, el Decreto Ley aprobado por el Gobierno andaluz se completa con diversas modificaciones normativas para agilizar los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad, unas peticiones que se han duplicado desde el comienzo de la crisis. En 2012 fueron 54.893 las solicitudes para este programa, al que se destinaron 69,3 millones de euros, cifra que aumenta ligeramente en los presupuestos de 2013. De acuerdo con el Decreto Ley, esta cantidad se verá reforzada con una dotación extraordinaria de casi 44 millones de euros.



sábado, 27 de abril de 2013

La crudeza de la crisis desmonta la teoría de la herencia recibida

La crudeza de la crisis desmonta la teoría de la herencia recibida

Los principales datos reflejan el fracaso de las políticas del Gobierno


El déficit público en 2011 llegó al 9,4% pero en 2012 alcanzó el 10,6% (incluidas las ayudas a la banca). En nombre del déficit, el Gobierno de Mariano Rajoy planteó y ejecutó recortes, austeridad y la reforma laboral que ha mediado entre más de cuatro millones de parados de 2011 y los más de seis millones, registrados ayer.

La herencia recibida es el recurso al que los ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy aluden continuamente cuando se les echan en cara los datos que reflejan la crudeza de la crisis. “Las previsiones no son quinielas, son objetivos de política económica que deben cumplirse, y de hecho vamos a cambiar estas previsiones”, señaló Rajoy hace poco más de un mes, momento en el que admitió que sus políticas no van a cumplir las expectativas creadas. Los malos datos se acumulan. La caída del Producto Interior Bruto (PIB) de este año se situará entre el 1 y el 1,5%, lo que duplica la previsión oficial del Gobierno, situada en el 0,5%. Esperaba una leve caída pero el batacazo será más sonado, parecido al del año anterior, algo que la mayoría de instituciones internacionales vaticinaba (CE, FMI, OCDE) pero que el Gobierno mantuvo, quizá, a favor de la confianza a la que tanto fio durante la campaña electoral.

Desde la llegada del PP al Gobierno, los mercados tampoco han aumentado su confianza hacía España. Más bien lo contrario. La prima de riesgo, el indicador que mide la percepción que tienen los mercados sobre la capacidad de un país para devolver su deuda, está entorno a los 300 puntos, casi el doble de lo registrado en abril de 2011, antes de la llegada del PP, cuando alcanzaba los 174 puntos básicos. En mayo de 2010, cuando el expresidente Zapatero viró su política económica e inició la tortuosa etapa de los recortes, la prima estaba en 176 puntos un nivel que ahora se vería con buenos ojos teniendo en cuenta que el verano pasado, con el PP en el Ejecutivo, alcanzó los 638 puntos. No obstante, hay que precisar que parte del acoso de los mercados hacía España el año pasado se debió a las dudas sobre el futuro del euro y la actividad económica se vio afectada por turbulencias externas.

Otro de los indicadores que ayudan a desmontar la tesis de la herencia recibida es el fuerte aumento de la deuda. El endeudamiento público de España creció en 2012 al mayor ritmo de la historia. Pasó del 69,3% el PIB en 2011 al 84,2% del PIB a finales del año pasado. La traducción en euros resulta más llamativa: aumentó en 147.500 millones en un solo año, una cantidad inferior a lo que recauda el Estado por todos los impuestos.

El consumo de los hogares otro de los indicadores que podrían revelar una mejoría de la actividad económica muestra como el año pasado se produjo un empeoramiento de esta variable. El consumo de los hogares pasó de un -0,8% en 2011 al -2,5% el año pasado.

Mariano Rajoy ha “salvado” a la banca, ha creado el banco malo, pese a que dijo que no lo haría, ha recortado empleo público y ahora queda en manos de Bruselas, de que Europa flexibilice sus exigencias, y permita que la diferencia entre los ingresos y el gasto llegue hasta el 6%, mientras el crédito en los hogares sigue sin mejorar y la contrapartida a esa cesión puede ser la reforma de las pensiones.

El presidente del Gobierno aplicó a pies juntillas la teoría de la austeridad y, a la vista de sus escasos éxitos ha achacado a la herencia la situación creada. Ahora resulta que http://elpais.com/elpais/2013/04/19/opinion/1366370044_879698.html los cálculos de esa teoría estaban equivocados, aunque sí está funcionando en otros países.

Todo ello lleva a otro dato, la fuga de cerebros. Según las Estimaciones de la Población Actual, durante 2011 llegaron a España 457.650 personas procedentes del extranjero, frente a las 507.740 que abandonaron el país. Con ello, el saldo migratorio exterior de España resulta negativo por primera vez en décadas (-50.090). Aún no hay datos de 2012 pero en los nueve primeros meses del año ya se fueron de España 420.150 personas, de los que 365.238 eran extranjeros y 54.912 españoles, 37.539 personas más que en el mismo periodo de 2011. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya ha admitido la existencia de esa fuga masiva de jóvenes pero prefiere llamarla “movilidad exterior”.

Una papeleta del PP “es como si tuviéramos un proyecto de contrato de trabajo”, aseguró la secretaria general de la formación, Dolores de Cospedal, antes de las elecciones autonómicas. “Es la manera de cambiar un Gobierno que dice que no puede hacer nada para dar trabajo a nuestra gente y la mejor manera es depositar esta papeleta en las urnas”, sostuvo, sin alegar la existencia de unas exigencias externas.

“Voy a dar la cara y no me esconderé”, dijo Rajoy en su primera entrevista como presidente. Esa previsión, también ha cambiado.

miércoles, 24 de abril de 2013

Adoctrinamiento en las escuelas públicas o el poder oculto del Opus Dei


Recortes, desempleo, corrupción a todos los niveles, prepotencia política. Cada mañana, a la hora del desayuno, nos despertamos con malas noticias y para colmo asistimos a cómo la Iglesia, discretamente, se ve protegida y obtiene cada vez más poder cada día. El proyecto LOMCE para la escuela publica es un escándalo y una manipulación intelectual increíble por parte del Gobierno; se confirma que continúa el adoctrinamiento católico en la escuela pública.

Esta ley, tras eliminar la Educación para la ciudadanía, acusándola de adoctrinar ideológicamente, sigue manteniendo el adoctrinamiento ideológico de la religión en la escuela y la financiación de los centros católicos a través del régimen de conciertos, conservando las disposiciones adicional 2ª y 3ª de la LOE, que potenciaban la religión en la escuela pública y otorgaban relevancia profesional al papel de las personas designadas por los obispos católicos. Es más, en clara concesión a la jerarquía católica, que viene reclamando la existencia de una alternativa evaluable a la asignatura de religión para evitar la fuga del alumnado de esas clases de adoctrinamiento, esta ley obliga a que todo el alumnado tenga que cursar la asignatura de religión católica o de Valores culturales y sociales, como alternativa evaluable.

Dado que la nota de estas asignaturas contará para repetir curso las familias volverán a elegir la religión católica, donde tienen buena nota asegurada, como nos dicen las estadísticas. Se extiende el adoctrinamiento incluso hasta Bachillerato, pues entre las asignaturas específicas de las que se debe cursar un mínimo de 2, aparece la Religión, por encima incluso del nivel de la Lengua cooficial y literatura, que queda como asignatura de “especialidad”.

http://www.infolibre.es/noticias/club_info_libre/librepensadores/2013/03/07/la_policia_vincula_los_papeles_barcenas_con_caso_gurtel_866_1043.html

lunes, 22 de abril de 2013

"La Troika veta la dación en pago", ¿porque?

Frente a las mentiras del gobierno, la dación en pago generalizada en España no es posible porque lo prohíbe expresamente el Memorándum de Entendimiento impuesto por la Troika para el rescate de la banca española. Y lo prohíbe para proteger el valor de los 400.000 millones de euros que bancos alemanes, franceses y norteamericanos tienen invertidos en cédulas hipotecarias españolas.

A. L.
Publicado el 19-04-2013

Robar años de vida, sudor, trabajo e ilusión a la gente para preservar sus miserables beneficios.
 
Con el voto en solitario del PP, el Congreso aprobó ayer una reforma de la Ley Hipotecaria que no recoge ni una sola de las demandas presentadas en la Iniciativa Legislativa Popular por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y avaladas por 1,5 millones de firmas. Ya en el debate, Rajoy dijo que no podía asumir esas demandas porque seria “crear inseguridad jurídica” en el sistema financiero. 
 
Pero calló y ocultó que esa “inseguridad jurídica” se refiere única y exclusivamente a los 400.000 millones de euros en cédulas hipotecarias españolas que posee la gran banca internacional. Y, curándose en salud, ya la Troika previó en las negociaciones para el “rescate” del sistema financiero español que ni una sola de esas cédulas hipotecarias pudiera correr el más mínimo riesgo de perder una parte de su valor.

Ellos adelantan 41.500 millones de euros que luego debemos devolver nosotros, con intereses, en forma de deuda pública. A cambio, entre otras cosas, se han asegurado que los 400.000 millones en cédulas hipotecarias que tienen sus grandes bancos no se depreciarán.

Pero, ¿qué son las cédulas hipotecarias y por qué ese interés en protegerlas?

Básicamente, son títulos de deuda emitidas por bancos y entidades financieras para recaudar préstamos en el mercado de capitales. Con las cédulas hipotecarias, el prestamista no sólo cuenta con la garantía del banco que ha pedido el dinero, sino que éste pone una garantía adicional que es su cartera de hipotecas. Esto le da al prestamista la certeza de que en caso de insolvencia o quiebra del banco deudor, su cartera hipotecaria servirá en primer lugar para pagar las cédulas, y no se podrá utilizar para ninguna otra cosa hasta que se haya cumplido al 100% los compromisos de pago con los poseedores de dichas cédulas.

Durante el período de la burbuja inmobiliaria, bancos y cajas españolas emitieron centenares de miles de millones en cédulas hipotecarias. Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, en la actualidad el sistema financiero español tiene comprometidos 400.000 millones de euros en cedulas hipotecarias. Que en su inmensa mayoría están en manos de bancos franceses y alemanes y de los grandes fondos de inversión norteamericanos.

Aceptar la dación en pago generalizada, significaría que buena parte de esas cédulas hipotecarias corran el riesgo de perder parte de su valor. Pues dejarían de estar respaldadas por los pagos del propietario de la vivienda endeudado, que debe responder con todo su patrimonio –y en muchas ocasiones con el de sus familiares que se han ofrecido como avalistas– del valor total de la hipoteca más los intereses, a lo que hay que sumar los intereses de demora en caso de impago o desahucio. Y pasarían a estar respaldados sólo por una vivienda cuyo precio objetivo de mercado ha caído un 40 o un 50% del valor al que están tasadas en los balances contables de los bancos.

Esto es lo que los bancos alemanes, franceses y norteamericanos no están dispuestos a permitir de ningún modo. Para eso la Troika impuso estas condiciones en las negociaciones del rescate. Por eso Rajoy y el gobierno del PP rechazan la dación en pago generalizada y por eso Rubalcaba dice que no cree que “sea la solución”.

A ninguno de ellos les importa lo más mínimo los centenares, seguramente miles, de personas a las que se les ha desposeído de su futuro y comienzan a pensar en la muerte como única salida, muchas de las cuales acaban dando ese paso mortal. Desprecian a las decenas de miles de familias angustiadas por la posibilidad cercana de verse sin un techo para ellos y sus hijos. Sólo importa su dinero, los miserables beneficios conseguidos robando años de vida y trabajo, sudor y sangre de la gente. Decía García Lorca que “debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato y debajo de las divisiones una gota de sangre de marinero”.

Después de la votación de ayer en el Congreso, podemos decir con él que debajo de cada uno de los 400.000 millones de euros en cédulas hipotecarias en manos de bancos franceses, alemanes y norteamericanos, hay no una, sino muchas gotas de sangre de gente humillada, desposeída y desahuciada. No pararemos hasta detener esta cruel e inmoral sangría.

www.deverdaddigital.com
 

sábado, 20 de abril de 2013

Más de 500 juristas dan su apoyo a la iniciativa legislativa popular de la PAH

- Los especialistas firman un manifiesto que denuncia el drama social y urge a la reforma legal

- Entre los firmantes, fiscales del Supremo, magistrados, exministros y profesores de derecho

Más de 500 juristas de toda España, entre abogados, jueces, fiscales, notarios, secretarios judiciales, procuradores y catedráticos de Derecho, han firmado una "Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios" en la que denuncian este "drama social" y urgen un cambio de la legislación. En su manifiesto, los juristas, entre los que figuran varios fiscales del Tribunal Supremo y magistrados de muchas audiencias provinciales, demandan un cambio urgente de la legislación hipotecaria y apoyan la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), respaldada por casi 1,5 millones de firmas y que hoy ha sido retirada por sus impulsores por la postura que ha adoptado el PP, contraria al texto ciudadano.

Los fiscales del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, Manuel Jesús Dolz, Félix Pantoja y Félix Herreo, el fiscal de la Audiencia de Barcelona, Miguel Ángel Pérez de Gregorio, así como el ex fiscal jefe del TSJ de Cataluña José María Mena, figuran entre los firmantes del manifiesto.

En su declaración, los juristas, entre los que también está el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional Juan Fernando López Aguilar hacen hincapié en "el aumento de los desahucios, que constituye uno de los aspectos más dramáticos de la realidad actual". También recuerdan que se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis en España y que en muchos casos, "al drama de la pérdida del hogar familiar se suma la pérdida del empleo y la asunción de deudas inasumibles".

"Todo ello se traduce en la conculcación reiterada del principio de dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes, ambos fundamento de la paz social y del actual orden político y constitucional", señalan los juristas, entre los que se encuentran el magistrado de la Audiencia de Girona Jaume Mallafré y el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado.

También firman el manifiesto la profesora de Filosofía del Derecho de la UAB Encarna Bodelón, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Gerardo Pisarello y la magistrada del juzgado penal número 2 de Gijón, Rosario Fernández.

Los juristas, entre los que también figura el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo José Manuel Paredes, opinan que "las respuestas normativas han sido insuficientes".

"Tampoco las medidas paliativas adoptadas están dando una solución adecuada", añade el manifiesto, que también rubrican la magistrada de la Audiencia de Zamora Esther González, la magistrada del juzgado de primera instancia número 39 de Madrid, Lourdes Menéndez, y el magistrado de la Sala Contencioso-administrativo del TSJ de Extremadura Casiano Rojas.
En la declaración, que también firma Matías Bailone como Letrado de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, los juristas consideran que la ILP es "un instrumento útil" para "garantizar a las personas afectadas el derecho a una segunda oportunidad".

"Las propuestas recogidas en la iniciativa se adecúan a las exigencias derivadas del principio del Estado social y democrático de derecho y a los estándares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el derecho internacional de los derechos humanos", recalcan los juristas.

El País.

Escrache: el ejercicio de un derecho fundamental

 En los últimos días viene siendo objeto de polémica el escrache como medio de reivindicación. Mientras unos sostienen su legitimidad, otros afirman que se trata de una coacción intolerable, una vejación, un método propio del nazismo o una forma de coartar la libertad de voto del Diputado o Senador. Ante tal debate, el propósito de estas líneas es el de contribuir a esclarecer, desde un prisma exclusivamente jurídico y divulgativo, la legitimidad constitucional del escrache como medio de manifestar la crítica frente a la actuación de los Poderes Públicos.  

Para ello, hemos de empezar diciendo que el derecho de manifestación o concentración en lugares públicos es un derecho fundamental reconocido en  la Constitución y en varios Tratados internacionales ratificados por España. El derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones, siendo por ello un cauce de participación democrática.

Por otro lado, el escrache no es otra cosa que  el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.

Así definido, el escrache no es más que el derecho de manifestación con una sola peculiaridad definitoria: el lugar en que se ejerce, que coincide siempre con los alrededores  del domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, generalmente una persona con responsabilidad pública, un cargo público. En el caso del escrache que estamos viendo en el Reino de España en los medios de comunicación se trata de un conjunto de personas afectadas por la legislación hipotecaria que pretenden convencer a los diputados del partido político con mayoría absoluta de que es necesario un determinado cambio legislativo, manifestándose delante de sus domicilios, en la vía pública.

Resulta obvio, hasta aquí, que el derecho de manifestación ampara esta conducta que conocemos como escrache. Por tanto, hemos de partir de que el escrache como forma pacífica de manifestación es un derecho fundamental.

Por otro lado, es evidente que toda manifestación o reunión en un lugar de tránsito público ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y  ciertas molestias, como cortes de tráfico, corte de calles, megafonías.... Pero en ausencia de actos de violencia por parte de los manifestantes la jurisprudencia española y europea tiene dicho que es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta tolerancia ante concentraciones pacíficas, con el fin de que la libertad de reunión no carezca de contenido.  

Además, ese tipo de molestias no van más allá de las que causa cualquier manifestación o concentración pacífica a los vecinos de las calles en que tiene lugar, o de las molestias que podemos soportar todos los ciudadanos en tiempo de campaña electoral, en que oímos la megafonía de la propaganda electoral a todas horas, se llenan nuestros buzones de cartas de los partidos, incluso se nos llama al teléfono particular para pedirnos el voto, o se nos da propaganda en mano por la calle o, también, en fin, se pide el voto "puerta a puerta". 

Por ello, es fácil concluir que las molestias o incomodidades provocadas por una manifestación pacífica delante del domicilio de un diputado o senador son transitorias, como toda manifestación, y están dentro del contenido normal del derecho a manifestarse, y los poderes públicos -y el diputado o senador lo es- han de tolerarlas para preservar el contenido del derecho de manifestación.

Por supuesto, el derecho de manifestación y el escrache, como una de sus formas, no amparan el insulto, la amenaza o la coacción. Es importante insistir ello. En tales casos, nos hallaríamos ante supuestos de abuso del derecho fundamental que encontrarían su tipificación en el Código Penal, como también la encuentran las reuniones o manifestaciones ilícitas, que son las que se celebran con el fin de cometer algún delito o aquellas en la que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos.

Lo que no es razonable, desde una mínima honestidad intelectual, es confundir los derechos con el abuso de los mismos para acto seguido terminar prohibiéndolos. Ello conduce al absurdo de que como todo derecho es susceptible de un uso abusivo, todo derecho debe ser prohibido, cultura propia de los regímenes autoritarios y que todos recordamos en frases típicas de la Transición española como: "Tanta libertad nos llevará al libertinaje". En este sentido, a menudo se confunde interesadamente el escrache con los insultos, vejaciones o coacciones que personas individuales puedan proferir en momentos concretos; confusión que no resulta admisible.

Partiendo pues de que el escrache es una modalidad de ejercicio del derecho de manifestación, el debate público sobre el escrache debe ser un debate de límites en el ejercicio del derecho fundamental. Un límite básico de todo derecho -también los fundamentales-  viene dado por los derechos de los demás; por lo que habrá que poner en la balanza, en cada caso, el derecho a la manifestación o reunión pacífica y sin armas en lugares públicos en su concreta forma del escrache -por un lado-, frente a la libertad de voto, el derecho a la intimidad personal y familiar y, en su caso, el derecho al honor del diputado o Senador -por otro-.

En primer lugar, dentro de los límites del ejercicio del escrache, hay que plantearse si coarta o cercena la libertad de voto del diputado o senador. El escrache, sin otro añadido, (violencia, amenazas...) no puede considerarse que coarte su libertad de voto, sino que todo lo contrario. La refuerza  y enriquece con las ideas, opiniones o críticas que recibe de aquéllos a quienes representa, pues la libertad no puede considerarse como el blindaje frente a opiniones molestas en lugares incómodos o como el anonimato o la incomunicación, por una persona que ha decidido dedicarse a un cargo público y que responde no sólo ante las urnas sino, mientras éstas están cerradas, ante los ciudadanos, pues en una democracia participativa éstos no se limitan a decidir cada cuatro años, sino que participan activamente en la vida pública, informándose, opinando y criticando las decisiones de quienes tienen el poder de dictar las leyes que están obligados a acatar. 

En este sentido, para tutelar la libertad de voto existen diversos preceptos en el Código Penal de entre los que destaca el artículo 498, que castiga a los que empleen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, por idénticos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones, o la emisión de su voto.

A la vista de lo expuesto, hay que insistir, el escrache entra en el ámbito del ejercicio legítimo del derecho de manifestación pacífico y sin armas, y no puede concebirse que el ejercicio de tal derecho fundamental coarte la libertad de voto, por más que se ejercite en la vía pública, ante el domicilio del diputado o senador, siempre que no se emplee fuerza, violencia, intimidación o amenaza para coartar la libre manifestación de las opiniones o la emisión del voto.  

Así, nadie se plantea que coarte la libertad de voto, afecte a la intimidad o al honor el hecho, por lo demás habitual, de que unas decenas de periodistas hagan guardia en la puerta del domicilio de políticos a fin de ejercitar otro derecho fundamental, la libertad de información. Por supuesto, si ello degenera en la agresión, el insulto o la amenaza, estaremos ante otra cuestión bien diversa, pero la mera posibilidad de que eso ocurra no puede suponer la prohibición del ejercicio de un derecho fundamental tan importante como el de información en una sociedad democrática. Ello es importante recalcarlo, puesto que tanto la libertad de información como la libertad de manifestación son pilares fundamentales de toda democracia.

Resta  ahora por despejar la incógnita de si el ejercicio del derecho de manifestación pacífica y sin armas delante del domicilio de un diputado o senador supone una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad o al honor. Empecemos por la intimidad, que se considera como un ámbito propio y reservado de las personas cuya efectiva existencia es precisa para tener una calidad mínima de vida humana. 

En este punto hay que matizar que el derecho a la intimidad del político tiene distinta extensión que el del ciudadano de a pie, pues quien tiene atribuido el ejercicio de funciones públicas es personaje público en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opiniones pueden estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos los cuales tienen un interés legítimo a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre. Por otro lado, el escrache se desarrolla en la vía pública, que es un lugar no apto para desarrollar la intimidad, y si bien las conductas que supongan molestias excesivas, como los ruidos intensos y continuados pueden suponer una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, el ejercicio del derecho de manifestación de forma transitoria, aún con megafonía, no tiene por qué suponer siempre y en todo caso una molestia excesiva que suponga una intromisión en el derecho a la intimidad.

En cuanto al derecho al honor, que consiste en la fama, la reputación, el buen nombre, el aprecio social; es el ámbito en que quizás se produzca una fricción mayor con el derecho a manifestarse. En efecto, puede entenderse que con el escrache se "cosifica" al diputado o senador, en tanto que se le convierte en un mero medio, objeto de escarnio y estigma para obtener un fin, todo lo legítimo que se quiera. Así, hemos oído, "el fin no justifica los medios". En este sentido, en el caso de los cobradores del frac se ha entendido por la jurisprudencia que se trata de conductas que tienen un evidente carácter intimidante o vejatorio.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre ambos supuestos -el caso del cobrador del frac y el escrache- hay diferencias sustanciales y no son en modo alguno asimilables. En primer lugar, el destinatario del escrache no es un sujeto privado, sino un miembro del Poder Legislativo, y es doctrina constitucional que los personajes públicos, especialmente los políticos, están más obligados a soportar la crítica de los ciudadanos ordinarios, sin que, como es obvio, la crítica ampare el derecho al insulto o al menosprecio y la vejación. 

En segundo lugar, la finalidad de la crítica no es el ámbito privado o personal del diputado o senador -como el pago de una deuda-,  sino su actuación pública, lo cual nos sitúa en el ámbito de la eficacia vertical de los derechos fundamentales y no en el ámbito de la eficacia horizontal o entre iguales. 

En tercer lugar, el escrache no consiste en seguir o perseguir al diputado o senador allá donde vaya, sino, como hemos dicho, en ejercer el derecho a manifestarse de forma pacífica y sin armas en las inmediaciones de su domicilio.

Como conclusión final, el escrache ante el domicilio de un cargo público, informando a los viandantes de su postura pública, criticándola con dureza, pidiendo que cambie de postura y todo ello en la vía pública (sin introducirse en su domicilio, insultarlo, vejarlo, coaccionarlo o cualquier otra conducta que no forme parte del contenido del derecho de manifestación, la libertad de expresión o de opinión) no limita la libertad de voto del político, ni restringe su derecho a no ser molestado y a ser dejado en paz o su derecho de intimidad o al honor más allá de lo estrictamente necesario para ejercer el derecho de manifestación.

El precio que han de pagar en democracia quienes ejercen el poder incluye el deber de soportar las críticas en forma de manifestación de aquellos sobre quien dicho poder se ejerce, aunque sean poco agradables, siempre que discurran por cauces pacíficos. Entender lo contrario, tachando un derecho fundamental como método propio del fascismo o contrario a la libertad, no es más que una expresión de la degradación del concepto de representación política y un atrincheramiento de la clase política que pretende el ejercicio del poder sin control alguno por parte de los ciudadanos, y no sólo con la consiguiente impunidad que comporta toda falta de control, sino además sin sufrir ninguna incomodidad.


viernes, 19 de abril de 2013

"No hay Olvido ni Perdón"


Para los culpables del Interior o del Exterior Actas Juicio Nuremberg, 

Librería Escuela Jurídica Universidad Harvard:

http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=overview

Todo a su debido tiempo, "el tiempo" es el que madura la fruta.

Los bancos, el euro: lecciones del presidente Islandés


Pascal Riché Rue 69 Usted ha evocado con François Hollande las enseñanzas de la recuperación islandesa. ¿Cuáles son?

Si la compara con lo que está ocurriendo en otros países de Europa, la experiencia exitosa de Islandia es claramente distinta en dos aspectos fundamentales: El primero es que nosotros no hemos seguido las políticas ortodoxas que se han impuesto desde hace 30 años en Europa y en el mundo occidental. Hemos dejado que los bancos quiebren, no los hemos rescatado, los tratamos como a las demás empresas. Hemos instaurado controles sobre los cambios. Hemos intentado proteger el Estado del bienestar rechazando aplicar la austeridad de forma brutal.


La segunda gran diferencia es que enseguida tomamos conciencia de que esta crisis no solo es económica y financiera. También es una profunda crisis política, democrática e incluso jurídica. Por lo tanto emprendimos reformas políticas, reformas democráticas e incluso reformas jurídicas (un fiscal especial, dotado de un equipo, se ha encargado de investigar las responsabilidades de la crisis). Lo que ha permitido a la nación afrontar el reto de una forma amplia, más global que la simple ejecución de políticas financieras o presupuestarias. 


Islandia tiene 320.000 habitantes. ¿Esas políticas son exportables a países más grandes, como Francia?


En primer lugar siempre dudo de hacer recomendaciones concretas a otros países, ya que ¡A mí me han dado muchas malas recomendaciones! Lo que puedo hacer es simplemente describir lo que ha hecho Islandia y que cada uno saque sus propias enseñanzas. Pero está claro que muchas de las elecciones que hemos hecho nosotros también se pueden hacer en otros países. Por ejemplo evitar una austeridad (1) muy estricta.


Sin embargo usted también ha seguido una política de austeridad bastante dura… Por supuesto. Pero uno de los ejes de las políticas ortodoxas es el recorte agresivo de los gastos sociales. Nosotros no lo hemos hecho. Hemos protegido los hogares más modestos. El enfoque general de la crisis –política y jurídica- también se puede seguir en los demás países como en Islandia. La medida que no se puede aplicar en Francia y en otros países de la Eurozona es, obviamente, la devaluación de la moneda.


¿El hecho de no rescatar a los bancos fue realmente una elección? ¿Es posible dejar que se hundan los grandes bancos europeos?


Nuestros bancos eran importantes. Suponían diez veces el tamaño de nuestra economía. No digo que el tamaño no importe. Pero si quiere hablar en términos de tamaño plantéese lo siguiente, ¿Portugal es un país grande o pequeño? ¿Grecia es un país grande o pequeño? ¿Podíamos hacer otra cosa que dejar que se hundieran nuestros bancos? Es un debate abierto. Pero en cualquier caso fue una elección. Eran bancos privados, ¿por qué las empresas del sector bancario deberían tener un tratamiento diferente que las empresas privadas de otros sectores como la tecnología, internet o las compañías aéreas? Éstas también son imprescindibles en nuestras sociedades, pero dejamos que se hundan. Incluso las compañías aéreas. ¿Por qué hay que tratar a los bancos como si fueran sagrados? La respuesta habitual es que la quiebra bancaria conllevaría otras quiebras y hundiría el sistema financiero, existe un «riesgo sistémico»


Ese es el argumento de entrada. Pero mire lo que pasó en Islandia con el asunto «Icesave». El gobierno británico y el gobierno holandés, apoyados por la Unión Europea, querían que el contribuyente islandés reembolsara las deudas de ese banco privado en vez de dejar la responsabilidad al síndico liquidador. Entonces me encontré frente a una elección, ¿había que someter la cuestión a referéndum? Un ejército de expertos y autoridades financieras me dijeron: si deja que la gente se exprese aislará financieramente a Islandia durante decenios. El escenario catastrófico no acabará nunca… Me hallaba en medio de una elección fundamental entre los intereses financieros por un lado y la voluntad democrática del pueblo por otro. Y me dije: la parte más importante de nuestras sociedades –y se lo digo a mis amigos europeos- no son los mercados financieros. Es la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Cuando nos encontramos frente a una cris profunda, sea la crisis islandesa o la crisis europea, ¿por qué no dejamos que el elemento más importante de nuestras sociedades marque el camino a seguir? Es lo que hice. Hemos organizado dos referéndums. Desde el primer trimestre después del referéndum la economía se reinició. Y desde entonces sigue la recuperación. Ahora tenemos un 3% de crecimiento, uno de los más altos de Europa, y un 5% de desempleo, una de las tasas más bajas. Todas las predicciones de entonces de una quiebra del sistema han resultado falsas. El epílogo tuvo lugar el mes pasado: el tribunal del AELE nos dio la razón. No solamente nuestra decisión fue justa y democrática sino que además tenía fundamento jurídico. Mis amigos europeos deberían reflexionar sobre todo esto con la mente abierta: ¿Por qué se equivocaron, tanto desde el punto de vista político como desde el económico y el jurídico? El interés de este cuestionamiento es más importante para ellos que para nosotros, ya que ellos continúan luchando contra la crisis y además se aplican a sí mismos algunos de los principios y argumentos que utilizaron contra nosotros. Por lo tanto el servicio que puede brindar Islandia es el de una especie de laboratorio que ayude a los demás países a revisar las políticas ortodoxas que están siguiendo. Yo no voy a decir a Francia, Grecia, España, Portugal o Italia lo que tienen que hacer. Pero la enseñanza de los últimos cuatro años en Islandia es que las predicciones apocalípticas, asestadas como certezas absolutas, estaban totalmente equivocadas.


Islandia se ha convertido en un modelo, una fuente de esperanza para todo un sector de la opinión, especialmente en la izquierda anticapitalista, ¿le agrada?
Es un error mirar nuestra experiencia desde ese viejo punto de vista de lectura política. En Islandia los partidos de derecha y los de izquierda fueron unánimes sobre la necesidad de proteger el sistema social. Nadie, ni en la derecha ni en el centro, defendió lo que podríamos denominar «políticas de derechas». Es la vía nórdica… Sí, es la vía nórdica. Y si miramos lo que ha ocurrido en los países nórdicos en los últimos 25 años, todos han sufrido crisis bancarias: Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y finalmente Islandia, donde siempre vamos con un tiempo de retraso. Lo interesante es que todos nuestros países se recuperan con relativa rapidez. ... Puedo decirle que durante las primeras semanas de 2009, cuando me despertaba, no me daba miedo el hecho de no recuperar el camino del crecimiento, sino que estuviéramos viviendo el hundimiento de nuestra comunidad política estable, sólida y democrática. Pero hemos tenido la suerte de poder responder a todas las exigencias de los manifestantes: el gobierno cayó, se organizaron elecciones, despedimos a los directivos del Banco Central y a la autoridad de la supervisión bancaria, pusimos en marcha una comisión especial para investigar las responsabilidades, etc. La devaluación ha ayudado a la reiniciación de Islandia.


¿La idea de unirse algún día al euro se ha descartado para siempre? La corona fue una parte del problema que condujo a la crisis financiera, pero también una parte de la solución. La devaluación ha vuelto los sectores exportadores (pesca, energía, tecnología) más competitivos, así como el turismo, por supuesto. …Hay una cosa de la que todavía no han tomado plena conciencia los países de la Europa continental. Los países del norte de Europa -Groenlandia, Islandia, Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca, Suecia…- no adoptaron el euro, a excepción de Finlandia. Ninguno de esos países se unió al euro. Y comparativamente esos países han ido mejor económicamente durante los años posteriores a la crisis de 2008 que los países de la Eurozona, excepto Alemania. Por lo tanto en la actualidad es difícil sostener que la adhesión al euro es una condición imprescindible del éxito económico. Por mi parte no veo ningún argumento nuevo que justifique la adhesión de Islandia al euro.


Eliminada la banca, ¿dónde encontrarán empleo los jóvenes islandeses con estudios superiores?


Los bancos, tanto en Islandia como en otros lugares, se convirtieron en empresas muy tecnológicas que empleaban a muchos ingenieros, informáticos, matemáticos. Desviaron los talentos de los sectores innovadores como las altas tecnologías o las tecnologías de la información. Después de la caída de los bancos, esos talentos volvieron al mercado laboral. En seis meses todos encontraron trabajo…, las empresas tecnológicas o de diseño se han desarrollado muy rápidamente desde hace tres años. Se han creado cientos de empresas. Me siento satisfecho al comprobar que las jóvenes generaciones han respondido a la crisis de forma muy creativa. La moraleja de esta historia es que si quieres que tu economía sea competitiva en el sector de las tecnologías innovadoras, el hecho de tener un gran sector bancario es una mala noticia, incluso aunque sea competente.


Notas: (1) La austeridad «justa». El gobierno procedió a recortes presupuestarios preservando la sanidad, la educación y la asistencia social. El país asumió un impuesto progresivo sobre la renta –antes solo había una tasa- y un impuesto sobre el patrimonio. Se duplicó el impuesto sobre la plusvalía. Entre 2007 y 2011 los impuestos pagados por el 10% más rico pasaron del 17% al 31% de sus ingresos.


(2) La Constitución 2.0. Una asamblea de 25 ciudadanos ha redactado un texto apoyándose en las sugerencias de los internautas. Su trabajo se ha aprobado en referéndum. Pero para que se pueda adoptar una revisión constitucional ésta debe votarse antes y después de una elección legislativa.



jueves, 18 de abril de 2013

No hay nada que sustituya a un buen profesor


Ser docente hoy: formación y competencias. No hay nada que sustituya a un buen profesor. Así de tajante se muestra el estudio "The Learning Curve", realizado por The Economist Intelligente Unit y publicado por Pearson, que destaca que el impacto del profesorado va más allá de los resultados educativos y se puede vincular a factores sociales positivos , como la disminución de la tasa de embarazos adolescentes y un mayor interés por el ahorro.

Pero, además de la formación en magisterio, ¿Qué conocimientos, destrezas y actitudes , son necesarias para su desempeño profesional y su realización y desarrollo personal? En este especial puedes encontrar la formación continua que te permitirá mejorar tus competencias.


Ser un profesor competente. Existen una serie de habilidades y competencias que son básicas para desempeñar un trabajo en el sector educativo. Este tipo de competencias no son muy diferentes de las que se requieren para desempeñar cualquier trabajo de cara al público, pero puede ocurrir que las titulaciones universitarias no pongan suficiente énfasis en potenciarlas.


Para Mª Dolores Soto González, directora de la Unidad de Educación de Florida Universitaria, el sector educativo busca empleados polivalentes y con afán de superación. Desde nuestra experiencia podemos añadir que existen una serie de competencias que contribuyen a mejorar la empleabilidad de un candidato, especialmente del sector educativo:


- Manejo de las emociones: El sector educativo es quizás uno de los ámbitos en los que se trabaja con material más sensible: las personas. Tener capacidad de gestionar las emociones, de comunicar adecuadamente, empatía e inteligencia emocional son requisitos indispensables para poder desarrollar un proyecto educativo con éxito.


- Capacidad de gestión: los centros educativos buscan profesionales que sean capaces de asumir la dirección con habilidades de liderazgo y capacidad de toma de decisiones. La formación en gestión de centros no sólo te servirá para este ámbito, también puedes acceder a puestos de responsabilidad en una empresa de recursos humanos gestionando la formación continua, en actividades de tiempo libre coordinando un equipo de personas, etc.


- Dominio de las TIC: No solo en el ámbito escolar es necesario dominar las TIC, también para acceder a otros perfiles profesionales relacionados con la formación online en empresas, la animación sociocultural, la creación de materiales didácticos para editoriales, etc. Existen muchos cursos sobre TIC y Educación que pueden interesarte.


- Idiomas: El sector educativo también valora positivamente el dominio de lenguas extranjeras, además de la lengua cooficial de la comunidad autónoma. Si tienes conocimientos de inglés , francés , alemán o chino , se te abrirán muchas puertas, no solo en academias de idiomas, sino también en asociaciones culturales y ONG, empresas de formación, fundaciones, etc.


- Especialización: Los másters y postgrados suelen representar una ventaja competitiva en el currículum. Especializarse a partir de un grado o ciclo formativo te permite tener un perfil más concreto.


- Trabajo bajo presión: en el contexto educativo es frecuente encontrarse con conflictos y situaciones que pueden llevar nuestra paciencia al límite. Para adaptarse a situaciones complejas es fundamental ser capaz de asumir situaciones imprevistas, tener habilidades de mediación y tener capacidad para gestionar el tiempo de forma adecuada.


- Capacidad de organización y autonomía: ser capaz de realizar el trabajo en el tiempo previsto y con los recursos disponibles es una competencia necesaria para cualquier trabajo, pero en el contexto educativo, a menudo es necesario optimizar al máximo los recursos humanos y materiales existentes para desarrollar las tareas de forma eficiente.


- Responsabilidad: las profesiones del sector educativo implican un compromiso social. El educador forma parte de la construcción de la cultura y la sociedad, ya que se encarga de difundir el conocimiento y construir la forma en la que los alumnos ven el mundo. Ser consciente de la importancia de esta misión y de la capacidad transformadora de la educación es una habilidad que debemos potenciar a través de la implicación con el trabajo.

Las Ideas, "que se Hace con ellas"


La OCDE hizo público su informe anual sobre la presión fiscal en los países más ricos del mundo. Y revela que España es uno de los países de la Unión con menos ingresos públicos. Más concretamente, en 2009, los ingresos del Estado por los impuestos y las contribuciones fueron equivalentes al 30% del PIB, mientras que en Alemania alcanzó el 37%, 42% en Francia y los países más sociales, como Suecia o Dinamarca, el 46%.

Los partidos políticos, los sindicatos y los ciudadanos en general se pierden en el laberinto de las generalidades y de las ideas y casi nunca bajan al terreno de la realidad haciendo propuestas concretas y proponiendo soluciones concretas a los problemas.

Para empezar tendrían que exigir la eliminación de la economía sumergida, que al contrario de lo que dicen todos los "expertos" y sobre la que todos callan, yo creo que es muy facil de eliminar y urgentemente. La economía sumergida, que nuestra Agencia Tributaria estima en el 24% del total de la economia española y aumentando cada día de la crisis.

CADA AÑO 245 MIL MILLONES DE EUROS ESCAPAN AL CONTROL DEL ESTADO EN EL FRAUDE Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA DE LOS QUE EL 72% CORRESPONDE A LAS GRANDES FORTUNAS Y EMPRESAS, EL 15% A LAS PEQUEÑAS Y EL 9% A LOS AUTÓNOMOS. ES PARADÓJICO QUE MIENTRAS LA RECAUDACIÓN DEL IRPF AUMENTA UN 6% DURANTE LA CRISIS, EL IMPUESTO DE SOCIEDADES BAJA UN 60%.

 Esto significa que cada año una cuarta parte de la riqueza generada, del PIB, no paga los tributos que le corresponden, dejando de ingresar el Estado 90.000 millones de Euros y engordando la cifra cada día. Pero esta economía sumergida y fraude puede estar perfectamente en el 50% (que por eso es sumergida, porque nadie puede afirmar a ciencia cierta cuanto es). Luego nos podemos preguntar, en esa economia sumergida ¿Cuantos trabajadores estan esclavos, explotados y sin ningun derecho, que no cotizan? (Si cotizaran seguro que no estariamos hablando del problema de las pensiones), 1 millon, 2 millones, 3 millones, vaya usted a saber. ¿Cuantos cientos de millones de horas extra no se declaran? Yo creo que algo simbólico y durante la crisis ninguna. ¿Cuantos Impuestos tendrían que pagar y no pagan en esa economía sumergida? A lo mejor si aflorara todo este fraude el Estado recaudaría el doble y esta crisis no existiria, a lo mejor no habría que hacer ningun recorte presupuestario, a lo mejor las listas del paro real serían otras, a lo mejor no haría falta subir el IVA que mayoritariamente pagan los trabajadores, a lo mejor nos iría a todos mejor, que digo, ¡seguro que a todos nos iría mejor!

PROPUESTA CONCRETA:

1. QUE SE LEGISLE PARA QUE EL TRABAJADOR ESPAÑOL O EXTRANJERO QUE DENUNCIE SU EXPLOTACIÓN ILEGAL, SIN CONTRATO DE TRABAJO, TENGA UNOS AMPLIOS BENEFICIOS, POR EJEMPLO, EL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 5 o 10 AÑOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL CON CARGO AL EXPLOTADOR Y A LOS EXTRANJEROS CON LA REGULARIZACIÓN AUTOMÁTICA, ADEMÁS DE SANCIONES QUE LE SUPONGAN POR LO MENOS UNA CANTIDAD SUPERIOR A SUS BENEFICIOS ACUMULADOS EN VARIOS AÑOS. ¡A VER QUIÉN SERÍA EL GUAPO QUE SE ARRIESGARÍA! Y SEGURO QUE NO VENDRÍAN MÁS PATERAS, PORQUE SI SIGUEN LLEGANDO PATERAS ES PORQUE AQUÍ TRABAJAN, EXPLOTADOS PERO TRABAJAN. ADEMÁS SE ACABARÍA LA COMPETENCIA DESLEAL E ILEGAL.

2. QUE HACIENDA SUPRIMA EL RÉGIMEN DE MODULOS, QUE SON UN REFUGIO DE DEFRAUDADORES, DELINCUENTES Y BLANQUEADORES DE DINERO NEGRO. MUCHOS MONTAN NEGOCIOS CON EL RÉGIMEN DE MODULOS Y... ¡ YA ESTÁ ¡ A BLANQUEAR DINERO Y HACER FACTURAS FALSAS DE IVA.

Está clarísimo, el que está en el Régimen de Módulos es porque recauda más IVA del que paga, si no lo abandonaría, incluso dando de baja la empresa y abriendo otra con distinto nombre.

3. QUE LA BASE IMPONIBLE DE LA DECLARACION DE LA RENTA DE TODOS LOS CIUDADANOS SEA LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS, SIENDO TODOS LOS GASTOS DEDUCIBLES Y CON LA OBLIGACIÓN DE EXIGIR FACTURA DE TODOS LOS GASTOS. ASÍ SE TENDRÍA QUE FACTURAR SIEMPRE TODO, LO QUE REALMENTE SE VENDE, SE CREARÍA UN CIRCULO EN EL QUE NADIE PODRÍA ESCAPAR Y SE ELIMINARÍA EL FRAUDE, EL TRABAJO ILEGAL Y LA ECONOMIA SUMERGIDA; ADEMÁS POR AÑADIDURA NO QUEDARÍA DINERO NEGRO PARA LLEVAR A LOS PARAISOS FISCALES, NI PARA COMPRAR CORRUPTOS Y DE ESTA MANERA EL ESTADO PROBABLEMENTE RECAUDARIA EL DOBLE SIN SUBIR IMPUESTOS.

Hay que aclarar, que los gastos no tienen que ser deducibles al 100%, sino de manera progresiva. Serian deducibles al 100% solo hasta un tope, por tramos según el número de miembros de la unidad familiar (ejemplo: 10.000 euros/año y 2 miembros) y el resto en algún porcentaje, 40, 30, 20, 10% también por tramos; pero todos, para que todos los ciudadanos tengan que pedir factura (el que no la pida, paga). Obtenida de esta manera la BASE IMPONIBLE (sería el dinero que se ahorra o que no se necesita para cubrir las necesidades básicas) también se le aplicaría una tributación progresiva por tramos mejorando los actuales.

DE ESTA MANERA TAMBIÉN SE INCENTIVARÍA EL CONSUMO, CREANDO RIQUEZA Y EMPLEO. DINERO QUE SE GASTA, DINERO QUE NO PAGA A HACIENDA EN EL IRPF, DIGO, SOLO PAGARÍA EL QUE FINALMENTE SE QUEDA CON EL DINERO.

SIN LAS INMENSAS CANTIDADES DE DINERO NEGRO, LOS PARAISOS FISCALES NO SERVIRIAN PARA NADA Y DIFICILMENTE SE PODRIAN COMPRAR A LOS CORRUPTOS.

by: Ay, Lindo Gatito

miércoles, 17 de abril de 2013

Más trampas del BCE para cubrir a Merkel


Hace unos días publiqué un artículo mostrando cómo el presidente del Banco Central Europeo había presentado a los líderes europeos unos datos sobre la evolución de la productividad y los salarios en diferentes países que o estaban manipulados o manifestaban un desconocimiento tremendo de cuestiones económicas básicas (Las trampas de Draghi para bajar salarios). Califiqué ese hecho como una trampa porque de esa forma se confundía a la gente para poder sacar adelante propuestas que no tienen otro fundamento que la ideología neoliberal de quien las propone.

Ahora de nuevo hay que denunciar otra publicación del Banco Central Europeo cuyos resultados confunden a la población y que se difunden para ayudar a la política reaccionaria de la señora Merkel y su gobierno, empeñados en justificar su guerra económica contra Europa diciendo a sus conciudadanos que la desidia de los países del sur de Europa obliga a que las familias alemanas, que son las más pobres, paguen sus excesos.

Diversos medios de comunicación tan influyentes como The Wall Street Journal, Financial Times o Frankfurter Allgemeine se han hecho eco en los últimos días de un trabajo publicado por el Banco Central Europeo en la revista Statistics Paper (“The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, Results from the First Wave”) en la que se cuantifica la riqueza de las familias de los países europeos mostrando que la de las alemanas es menor que las de otros países de la periferia europea.

Los titulares de esos medios son significativos: “Ricos chipriotas, pobres alemanes” Reiche Zyprer, arme Deutsche) en Frankfurter Allgemeine, “¿Los más pobres de Europa? Mire al Norte” (Europe’s Poorest? Look North) en The Wall Street Journal, o “Los pobres alemanes cansados de rescatar a la eurozona” (Poor Germans tire of bailing out eurozone) en Financial Times.

Pero ese estudio que sirve para proclamar a los cuatro vientos lo injusto que resulta que sean precisamente los alemanes quienes paguen la deuda de esos países con familias más ricas, tiene truco. Como acaban de demostrar los investigadores Paul de Grauwe y Juemey Ji en un artículo publicado en Social Europe Journal (Are Germans Really Poorer Than Spaniards, Italians And Greeks?) de los datos que el Banco Central Europeo proporciona en ese estudio no se pueden extraer semejantes conclusiones porque se refieren a la riqueza mediana de las familias estudiadas y no a la riqueza media.

Para quienes no estén habituados a estos conceptos, mostraré su diferente significado con un sencillo ejemplo.

Supongamos que se trata de comparar la riqueza de las familias de dos países A y B, que la riqueza de las cinco familias del país A es 12,13,14,15,16 y la de las familias del país B de 7,8,9,10,71.

La mediana es el valor de la variable que tiene por debajo y por encima el mismo número de observaciones. Por tanto, en el país A la riqueza mediana sería 14 y en el país B sería 9.

Pues bien, veamos por qué es muy incorrecto decir que las familias del País A son más ricas que las del B, o que el país A es más rico, por esa razón que el B.
Si en lugar de tomar la mediana tomamos la media (que es el promedio de la observaciones, es decir el resultado de dividir su valor total entre el número de familias, en este caso) resulta que la riqueza media de las familias del país A es de 14, mientras que la de las familias del país B es de 21.

Lo que ha ocurrido es lógico: la mediana ha “ocultado” la gran riqueza que se acumula, sobre todo, en la quinta familia del país B.

Este simple ejemplo permite comprobar, por lo tanto, que lo relevante no es la mediana (en este caso de la riqueza) sino tener en cuenta la diferencia que hay entre la mediana y la media porque esa diferencia es la que indica el grado de desigualdad que existe entre las variables observadas.

En el ejemplo se ve claramente que el País B que aparece como más pobre si la riqueza se mide por la mediana es en realidad bastante más rico.

En su comentario al estudio del BCE, de Grauwe y Ji muestran que si se toma en cuenta la desigualdad los resultados a los que se llegan son otros. Así, comprueban que la diferencia entre la riqueza del 20% de las familias más ricas y el 20% de las más pobres es de 149 a 1 en Alemania, una desigualdad entre diez y quince veces mayor que la que se registra en España, Italia, Grecia o Portugal, por ejemplo.

Por tanto, no se puede afirmar, como se está haciendo, que las familias alemanas como un todo sean más pobres que las de los demás países. Al decir esto, se oculta que lo que pasa en Alemania es que la riqueza familiar está mucho más concentrada que en los demás países y que allí una parte pequeña de las familias, las muy ricas, se quedan con la mayor parte de la riqueza.

Además, de Grauwe y Ji indican que contemplar solo la riqueza de las familias a la hora de sacar conclusiones sobre lo injusto de que un país rescate a otro es también muy inadecuado. Afirman con razón que habría que tener en cuenta, además de la riqueza de las familias, la que tienen las empresas y el gobierno.
Y ahí resulta también que lo que ocurre en Alemania es que la parte de la riqueza total que le corresponde a las familias, en relación con la de empresas y sector público, es más reducida que en otros países europeos.

Si se contempla la riqueza en su conjunto, y no solo la familiar, por ejemplo a través del stock de capital per capita, resulta que la que hay en Alemania es casi el doble que la que corresponde a países como España, Grecia, Portugal, Irlanda o incluso Italia.

En definitiva, otra vez hace trampas el Banco Central Europeo difundiendo una visión parcial de la realidad que es utilizada por los grandes medios de comunicación para apoyar la estrategia del gobierno alemán orientada a favorecer cada día más a sus grandes empresas y bancos.

El BCE es un instrumento de los grandes grupos de poder empresarial y financiero europeo cuyo mejor representante político es el actual gobierno alemán y en esta ocasión lo demuestra ayudando a que se oculte que lo que ocurre en Alemania no es que el país en su conjunto, o la totalidad de sus familias, se esté empobreciendo por culpa de los países del sur. Es otra cosa: allí hay cada vez más familias alemanas que se empobrecen pero porque la riqueza se concentra en cada vez menos ricos alemanes. Ricos alemanes que también lo son gracias al expolio que sus empresas y bancos, con la inestimable ayuda del Banco Central Europeo, están produciendo en los países del sur.

Merkel y su gobierno no solo son el enemigo número uno de Europa sino también de la inmensa mayoría de los alemanes.

 Por Público.es  Juan Torres López
Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

lunes, 15 de abril de 2013

Soy nieta del holocausto nazi y hago escrache


Clara Valverde

Presidenta de la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica. Escritora sobre psicología política y activista.



Señora de Cospedal.

Su afirmación de que los ciudadanos que hacemos escrache somos como los nazis es muy ofensiva y una seria falta de respeto. Si no ha estudiado la historia de Europa del siglo XX le animo a hacerlo sin demora. Pero primero quiero que conozca los nombres de algunos de mis familiares que fueron asesinados (la mayoría gaseados) por los nazis: Kürt Gefäll de 38 años; Elsa Gefäll, de 63 años; Rosa Gefäll, de 72 años; Matilde Gefäll, de 67 años; mi tío abuelo Anton Gefäll, de 49 años; mi bisabuela Pauline Feil, ciega de 88 años, y mi tía abuela Hermina “Mina” Gefäll, de 66 años, que cuidaba de su madre Pauline en su pequeño piso de Viena.

Tengo una postal de julio de 1942 que la tía Mina consiguió mandar a su hermano, mi abuelo, Willy Gefeall, que vivía en Madrid, desde el Centro de Detención de Viena antes de ser deportada al campo de concentración de Izbica, en Polonia, donde fue asesinada. En la postal dice: “Querido Willy, aquí hace frío y niebla. No te preocupes sobre adónde nos van a llevar. Ya te mandaremos noticias en cuanto lleguemos. Con cariño, Mina”. Obviamente, mi abuelo no recibió más postales de sus hermanos o de su madre.

Lo que sí hizo mi abuelo fue dedicar los últimos años de su vida, desde su despacho en la oficina de patentes donde trabajaba en Madrid, a falsificar pasaportes y sacar a judíos de Europa por Portugal a Estados Unidos. Sin que lo supiera nadie, ni su propia familia. Durante esos años en Madrid, mi abuelo Willy recibió numerosas visitas de la Gestapo, de la unidad que Hitler tenía en Madrid colaborando con Franco. La Gestapo no pudo demostrar las actividades de mi abuelo que vivía en el privilegiado barrio de Salamanca y que estaba casado con mi abuela, que creía que Franco era la salvación para España.

Los ciudadanos que hacemos escrache llevamos años dedicados a frenar las injusticias y el aumento de las desigualdades que su partido y otros llevan a cabo contra los ciudadanos más indefensos y con menos recursos: los recortes y cambios en las políticas de sanidad y educación (que afectan en especial a los inmigrantes, a los que se quita el acceso a la sanidad), la alta tasa de paro -que es el resultado directo de las “reformas” laborales-, los jóvenes que se tienen que ir a otros países a encontrar trabajo, los grandes dependientes que ya no reciben ayuda para sus cuidados básicos, el alto porcentaje de niños desnutridos, la gente que se está quedando sin casa (una familia cada 15 minutos) y mucha gente que se está suicidando por desesperación.

Ante esta situación de desmantelamiento de la sociedad que ustedes están llevando a cabo, que algunas personas peguemos una pegatina en la puerta de su casa es, en realidad, un gesto demasiado discreto.

Cuando decida usted leer la historia de Europa, le recomiendo que preste especial atención a las políticas del Tercer Reich, partido que fue elegido democráticamente, antes del holocausto y, como creo que usted es católica, la próxima vez que vaya a la iglesia, le pido que encienda una vela en honor a Mina, a Pauline, a Rosa y a tantas personas más.

viernes, 12 de abril de 2013

Privatización de los Registros Civiles


Información importante a tener en cuenta

• Sabía usted que el Registro Civil es un Registro público y gratuito desde su creación en el año 1870?

• Sabía usted que el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, quiere privatizarlo y que sean los Registradores de la Propiedad los que lleven el Registro Civil?

• Sabía usted que, si sucede tal cosa, tendrá que pagar como mínimo entre 20 y 30 euros por las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción…

• Sabía usted que las aplicaciones informáticas del Registro Civil costaron a todos los españoles unos 130 millones de euros, y que se pondrán gratuitamente a disposición de los Registradores de la Propiedad?

• Sabía usted que los funcionarios que llevan el Registro Civil continuarán en los Juzgados, por lo que la medida no supondrá ningún ahorro?

• Sabía usted que el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos y la nuera de Gallardón son Registradores de la Propiedad?

• Sabía usted que el lobby registral de los hermanos Rajoy ya había reclamado al anterior Gobierno la entrega de la llevanza del Registro Civil de forma que ese servicio público pasara a ser otro negocio privado de explotación comercial de los registradores de la propiedad?

• Sabía usted que el número de Registradores de la Pro­piedad de toda España no llega a 800?

• Sabía usted que los Registradores de la Propiedad prestan un servicio público en régimen de monopolio y perciben sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos?

• Sabía usted que el beneficio industrial de los registradores en cada uno de sus registros es del 60% y que con la asunción del Registro Civil, las ganancias estimadas a repartir entre 800 registradores de la propiedad se acercaría a los 180 millones de euros más al año?

• Sabía usted que esos 180 millones los pagaríamos los ciudadanos en forma de arancel registral?

• Sabía usted que en toda Europa los registradores son asalariados del Estado?

• Sabía usted que la legislación hipotecaria que aprobó el propio Mariano Rajoy siendo Ministro de Administraciones Públicas del Gobierno Aznar, legitimó la posibilidad de que un Diputado o un Ministro pueda seguir siendo titular del Registro de la Propiedad teniendo a un compañero que le “lleva” el Registro mientras él está en la política?

• Sabía usted que, según denuncia la Asociación de Usuarios de Registros, Rajoy mantiene la plaza como registrador en Santa Pola, que le ha procurado unos 20 millones de euros (más de tres mil trescientos millones de pesetas)?

Pues si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Y ya que lo sabe cuénteselo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos… y digamos de una vez, ¡¡¡BASTA!!!

"Juan Palomo y el PP"


El decreto ley aprobado ayer por el Congreso de los Diputados sólo con el voto del PP, hará más difícil jubilarse antes de la edad legal y además supondrá para quienes lo hagan un mayor coste. También se complica la jubilación parcial. En cambio, se abre la puerta a compatibilizar trabajo y el 50% de la pensión. Estas son las principales medidas:

Para acceder a la jubilación anticipada

    Más edad. Hasta ahora, la edad de acceso era de 61 años. Ahora, será la inferior en 4 años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Así, ira pasando de 61 años y un mes a 63 años.

    Desde el paro. Se puede acceder cuando el cese en el trabajo es involuntario, consecuencia de una situación de crisis o cierre de la empresa. Quienes la soliciten deben haber estado inscritos como parados, al menos, 6 meses.

    Más cotización mínima. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización efectiva exigido. A estos efectos, se puede computar hasta un año de mili o de prestación social sustitutoria.

    Más penalización. Se endurecen los coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento de la jubilación anticipada, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe de la pensión no podrá superar la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

    Nueva jubilación anticipada voluntaria. Junto a la jubilación anticipada forzosa, que era la única que existía hasta ahora (aunque a veces se distrazasen de tales acuerdos voluntarios entre la empresa y el trabajador) se crea ahora una jubilación anticipada voluntaria. La edad de acceso deberá ser inferior en dos años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Es decir, irá pasando de los 63 años y un mes actuales a los 65 años. En este caso, harán falta 35 años de cotización efectiva (se podrá computar uno de mili u objeción de conciencia). Además, los coeficientes reductores son más agresivos (ver tabla). El importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. Es decir, esta figura no es compatible con complementos a mínimos.

Para acceder a la jubilación parcial

    Más edad. Se eleva progresivamente la edad de acceso hasta llegar a los 63 siempre y cuando se tenga 36 años y 6 meses cotizados o más y hasta llegar a los 65 años si cuenta con 33 años cotizados o más.

    Menos reducción de jornada. Sigue habiendo que acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. La reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial debe estar entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50% (antes, el 75%). Se puede llegar al 75% (antes, al 85%) en los casos en que el trabajador que releve al jubilado parcial sea contratado a jornada completa mediante un contrato fijo, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.

    Más periodo de cotización. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial.

    Base de cotización creciente. Se mantiene la exigencia de que la cotización correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del jubilado parcial. Además, durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa, si bien este punto se aplica gradualmente comenzando con un 50% de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa e incrementándose un 5% cada año hasta llegar al 100%.

Para trabajar y cobrar pensión a la vez

    La mitad de la pensión. Se facilita la posibilidad de cobrar el 50% de la pensión ser a la vez trabajador en activo, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial.

    Cotización solidaria. Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales, aunque se introduce una llamada “cotización de solidaridad” del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador). Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.

    También para funcionarios. Al final, el Gobierno ha decidido establecer para los funcionarios condiciones semejantes para compatibilizar empleo y pensión.

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miércoles, 10 de abril de 2013

Del verbo "escrachar"


Por Flor Ragucci

 Una nueva palabra se acaba de incorporar al léxico de España: el escrache. Ahora resulta de lo más normal oírla por las mesas de los bares o leerla en el diario pero, hasta hace dos semanas, nadie en este país sabía lo que era “escrachar” a alguien. Los encargados de exportar no sólo el nombre sino lo verdaderamente importante, la acción, fueron los desahuciados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) adoptó esta forma de denuncia instaurada en la Argentina contra los represores de la dictadura, para informar y presionar a los políticos del Partido Popular (PP) que no quieren apoyar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con el soporte de un millón y medio de firmas, reclama la dación en pago de las viviendas como modo de cancelar las deudas hipotecarias.

“¡Sí se puede, pero no quieren!”, gritaban este viernes las cerca de doscientas personas que rodearon en Madrid el domicilio de la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con pancartas que ilustran el botón verde del Sí y el rojo del No que los diputados tienen que pulsar en la Cámara para la votación de una iniciativa, los activistas buscaban señalar a quien forma parte del único partido político (el PP) que manifestó su rechazo a la propuesta de ley para frenar los desahucios. “Que no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando”, leyó uno de los afectados, megáfono en mano, antes de guardar un minuto de silencio por los suicidios a raíz de la pérdida de las viviendas.

Esa misma noche, en un comunicado, el grupo parlamentario de los populares condenó “rotundamente los actos de acoso a los diputados”, y consideró el escrache como algo “absolutamente inútil” para hacer escuchar sus reivindicaciones. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, advirtió, además, que de la docena de diputados del partido que, según sus estimaciones, fueron increpados en sus casas durante el último mes, “la mayoría ha presentado denuncia o lo hará en horas”.

Pese a que las filas del PP no se cansan de avisar que los antidesahucios no lograrán nada con esta campaña, algunos resultados ya comenzaron a verse. El pasado miércoles, por ejemplo, el escrache a la diputada popular y concejala del distrito de Vallecas de Madrid, Eva Durán, consiguió su compromiso de mediar con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para paralizar el desahucio de una afectada. Aproximadamente 50 personas esperaron a la diputada a la salida de un pleno que se celebraba en la intendencia para entregarle una carta confeccionada por los damnificados del barrio de Vallecas en la que se le informaba de la situación por la que están pasando muchos vecinos de la localidad y se le solicitaba reconsiderar su voto negativo a la ILP apoyada por la mayoría de la población.

“Nosotros decidimos en asamblea a qué diputado informar –cuenta Beatriz García, miembro de la PAH de Madrid–. Quedamos en un sitio y nos movilizamos en columna hacia la casa mientras vamos señalizando la calle con los carteles rojos y verdes. Explicamos a todos los vecinos por qué hacemos esto y muchos nos apoyan. También hablamos con comerciantes para poner carteles en las puertas de lugares por los que el diputado pasa diariamente.” Estos son algunos de los métodos de protesta que desde el oficialismo se insiste en calificar de violentos e incluso de terroristas. Mariano Rajoy, en una conferencia en París, tachó de “profundamente antidemocráticos” los escraches y la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, comparó las actuaciones de la plataforma antidesahucios con las del movimiento etarra en el País Vasco. “El escrache es algo pacífico, tranquilo e informativo. Los políticos y la prensa han convertido en un escándalo el hecho de acercarnos a nuestros representantes políticos para que escuchen nuestras historias y reconsideren su voto sobre la ILP por el derecho a la vivienda”, declaraba Iván García, otro activista de la agrupación.

El Partido Popular buscó por todos los medios criminalizar la lucha en contra de los abusos inmobiliarios, justo en el momento en que se terminaba el plazo para presentar enmiendas al texto de la ILP para la dación en pago, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social. El pasado martes, todos los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo con los puntos propuestos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, salvo el PP, que rechazó la dación en pago universal, una medida que evita que el hipotecado pierda su casa y continúe cargando con una deuda de por vida debido a la caída del precio de su vivienda.

La intención del grupo de Rajoy es que, una vez ejecutada la hipoteca, la deuda pendiente pueda reducirse en función de un calendario de pagos, que puede durar 10 años, con posibilidad de quitas, según explica José María Fernández Seijo, el juez de Barcelona que elevó al Tribunal Supremo europeo el caso por el que se consideró ilegal la normativa española sobre desalojos. “El gobierno olvida que los desahuciados son personas que no han hecho frente a sus pagos por estar inmersos en situaciones límite: desempleados de larga duración sin subsidios ni recursos ante el panorama oscuro de la inserción laboral en nuestro país”, afirma el magistrado.

Para minimizar los efectos de estas enmiendas, el Partido Popular procuró desprestigiar al movimiento antidesahucios y buscar el respaldo de la opinión pública en contra de los escraches que acusa de “medios de acoso y coacción”. Hizo llegar entonces, desde la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías, una instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos. Pero hasta la misma policía se opuso. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, declaró que “identificar y detener sin haber cometido una infracción es una barbaridad”.

lunes, 8 de abril de 2013

"En Defensa del Escrache"



   Vicenç Navarro 01 abr 2013.- Público.es 
La enorme fuerza que las derechas tuvieron sobre el Estado español en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia (erróneamente definido por el establishment político y mediático como modélico) produjo una democracia muy limitada e incompleta, causa del enorme retraso social de España. Después de más de treinta años viviendo bajo esta democracia, España todavía tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea (UE) de semejante nivel de desarrollo económico al español (ver mi libro Bienestar insuficiente. Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. 2002).

Indicadores de las enormes limitaciones de la democracia española, caracterizada por su baja calidad, son múltiples e incluyen, desde la limitada diversidad ideológica de sus medios de información, a la escasa participación ciudadana en la gobernanza del país, limitándola a la posibilidad de votar sus representantes (dentro de un proceso electoral muy poco representativo) cada cuatro años, sin ninguna posibilidad de recurso cuando tales representantes incumplen sus promesas, situación que ha alcanzado su máxima expresión en el gobierno actual del Partido Popular presidido por el Sr. Rajoy.

Una consecuencia de esta situación es el enorme poder que los poderes fácticos tienen sobre tales representantes políticos, incluyendo entre ellos las entidades financieras y empresariales que dominan el proceso de decisiones políticas garantizando el mantenimiento de sus privilegios a costa del bienestar de la ciudadanía. La extensión de tal dominio es única en las democracias occidentales y es motivo de atención e incluso denuncia a nivel internacional (más que a nivel nacional). Ejemplos hay múltiples. El más reciente es la decisión del Tribunal de Justicia Europeo que ha indicado que la Banca en España tiene un excesivo poder legislativo que se traduce en una situación abusiva para las personas que tienen una hipoteca y que en un momento concreto de su vida no pueden pagarla. Vivo parte del año en EEUU, y cuando un ciudadano en aquel país no puede pagar una hipoteca, devuelve las llaves al banco y se olvida de la hipoteca. No así en nuestro país donde tal ciudadano y/o aquella persona que avala la hipoteca tendrán que continuar pagándola por el resto de su vida. Es un ejemplo de hasta qué punto la Banca tiene poder en España, poder que se ha visto también en la ayuda pública a la Banca (que ha supuesto un enorme drenaje de los fondos del Estado) o el compromiso adquirido por el Estado, aprobado por los llamados representantes del pueblo español, de que la categoría más importante en las decisiones presupuestarias del Estado español, sea la de pagar los intereses a la Banca (más importante que cualquier otro ítem en el presupuesto).

Otros ejemplos del gran poder que tales grupos financieros y empresariales tienen en España (sin parangón en la UE) es el excesivo poder político de las empresas energéticas y de comunicación que explican que la energía eléctrica sea la más cara en la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) o que una llamada telefónica de España a EEUU sea tres veces (sí, ha leído bien, tres veces) más cara que la misma llamada, de igual duración, de EEUU a España. O que las llamadas telefónicas por móvil sean también las más caras de la OCDE. El poder de Endesa y Telefónica -entre otras- sobre la clase política dominante (en la que incluyo a los políticos de partidos gobernantes) es enorme. Son responsables de las políticas públicas menos sensibles a los usuarios (user-unfriendly) que yo conozco. No es solo su abusiva carestía sino también su comportamiento arrogante, ofensivo al usuario, con prácticas casi mafiosas (y tengo ejemplos de ello), todos ellos indicadores de este poder político y que se traduce en su maridaje con tal clase política. Vean la composición de sus grupos de asesoría, consultoría o gestión y verán las características de este maridaje.

La necesidad de rebelarse ante esta situación antidemocrática


Cualquier persona con sensibilidad democrática en España (independientemente de sus posturas ideológicas y pertenencia política) debería rebelarse frente a esta situación. En nuestro país, cualquier progreso democrático que ha ocurrido ha sido resultado de las movilizaciones populares que en muchas ocasiones ha recurrido a la desobediencia civil, dejando de respetar leyes que traducen e imponen un comportamiento antidemocrático que debe ser cuestionado y desobedecido. Las movilizaciones de los años setenta en contra de la dictadura que forzaron el fin de aquel régimen fue el caso más claro de la necesidad y eficacia de tales movilizaciones. Nos encontramos hoy en una situación parecida en que los gobiernos en España están llevando a cabo políticas altamente impopulares por las cuales carecen de un mandato popular que justifiquen su imposición.

De ahí la necesidad de movilizarse. El ejemplo más reciente de estas movilizaciones prodemocracia fueron las del movimiento 15M que pusieron en el centro de la atención política la baja calidad del sistema democrático español. Sus eslóganes (“no hay pan para tanto chorizo” o “no nos representan” o “no os dejaremos dormir si no nos dejáis soñar”, por ejemplo) pronto se convirtieron en guías de la protesta popular, gozando de amplia popularidad y aceptación, incluso entre los votantes y simpatizantes de las derechas (partidos conservadores y/o liberales). En contra de lo que el establishment mediático constantemente señala, el movimiento 15M ha sido enormemente exitoso pues ha dado origen a muchos otros movimientos. Su radicalidad, su denuncia y la originalidad de sus propuestas han creado precedentes, empoderando a la población y animándola a que dejen de tener miedo al poder financiero y económico que domina al poder político. Ha contribuido así a crear un clima de protesta, mostrando “la desnudez del rey”, es decir, mostrando tal establishment, que se autodefinió como democrático, por lo que es: la utilización de las instituciones llamadas representativas para llevar a cabo prácticas claramente antidemocráticas. Son “lo que mandan” los que abusan y niegan la democracia, no los que protestan. Estos últimos son los que están defendiendo a la democracia, denunciando su incumplimiento.

La necesidad del escrache


Una de las últimas manifestaciones en defensa de la democracia es el movimiento de protesta Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, que ha escandalizado a las voces conservadoras tanto en Catalunya como en el resto de España. Las derechas catalanas y españolas (pero también para vergüenza de la mayoría de sus bases algunas voces de las izquierdas) han tenido la osadía que denunciar que tales manifestaciones son antidemocráticas e intolerables en una democracia (mostrando en tal acusación la ignorancia de lo que ocurre en otros países de mayor solidez democrática. En Estados Unidos las manifestaciones en contra de los banqueros y de sus políticos, en sus lugares de residencia y veraneo, es una constante en la vida política de aquel país), indicando que van en contra del espíritu democrático que debería prevalecer en nuestra sociedad. El primer comentario que tales declaraciones generan es el de denuncia por su incoherencia y/o hipocresía. ¿Qué hicieron tales voces frente al desahucio de familias enteras por orden bancaria? En realidad muchas de ellas, bien por activa o por pasiva, contribuyeron a que tales desahucios tomaran lugar.

El movimiento PAH vio, como después de la recogida de más de un millón y medio de firmas en su Iniciativa Legislativa Popular, y tras la aprobación por parte de todos los partidos políticos representados en las Cortes, excepto el PP, éste vetó la iniciativa, negando la dación en pago universal (una medida que evita que el hipotecado pierda su casa y continúe pagándola con una deuda de por vida debido a la caída del precio de la vivienda) respondiendo, una vez más, a los intereses de la Banca en contra de los intereses de la población. Y también en contra del parecer de la gran mayoría de la población incluyendo la mayoría de sus votantes que apoyan tal medida. Y cuando se denuncia a los representantes de tal partido político por ir en contra de la opinión de la mayoría de la ciudadanía, el presidente Rajoy tiene la desfachatez de acusar al PAH de antidemocrático.

Es de aplaudir que tal movimiento fuera al domicilio de aquellos políticos (lo que se llama escrache) que, con sus votos, han hecho posible tal insulto a la democracia, para denunciarlos y avergonzarles de su comportamiento. El argumento de que molestan a los familiares de los políticos muestra su propia insensibilidad frente al enorme daño hecho a familias enteras, incluyendo niños e infantes. Exigen respeto a ellos cuando sus propios actos muestran su carencia de mera sensibilidad humana a las víctimas de sus decisiones.

El linchamiento mediático a sus dirigentes, como Ada Colau, es parte de una estrategia de represión que es la respuesta del establishment político-mediático, autodefinido como democrático, frente a aquellos movimiento que exigen, con razón, cambios en el proceso de decisión no democrático que ocurre en las instituciones representativas. Martin Luther King (MLK) también fue linchado mediáticamente en EEUU, y perseguido por el Estado federal y el FBI (la policía federal). Hoy el día MLK es fiesta nacional. La democracia siempre ha requerido movimientos que cuestionen y denuncien sus carencias. Y en España, hay enormes carencias. Tal movimiento y sus comportamientos de agitaciones sociales requieren un apoyo de todas las personas democráticas de este país. En realidad el gran rechazo que han provocado en las estructuras antidemocráticas de poder es la mayor prueba de que van por el mejor camino.