Los Despachos.

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domingo, 28 de julio de 2013

Paul Preston y Santiago Carrillo

Santiago Carrillo no fue el demonio que Preston describe. Preston le acusa incluso de servilismo ante el poder, y de ser un oportunista en extremo carente de principios. No estoy de acuerdo con ello, al menos en la parte que yo vi y viví.
 
| 26 Julio 2013
 
 
Por fin he leído el libro de Paul Preston sobre Santiago Carrillo. Antes de escribir mi opinión sobre el libro siento la necesidad de explicar mi relación con cada uno de ellos. No conozco personalmente a Paul Preston. Conozco su obra, que he utilizado en ocasiones en mi docencia. Sí que conocí a Santiago Carrillo.

Comencemos por Paul Preston. Él es, sin lugar a dudas, el hispanista británico que ha escrito con mayor detalle lo ocurrido en España durante la mal llamada Guerra Civil. Su condición de historiador extranjero le dio acceso a fuentes de información vetadas a historiadores españoles. Y esta condición de extranjero le dio también una libertad y seguridad que no tuvieron, y continúan no teniendo, los historiadores españoles. Todo lo que digo no desmerece el gran valor de su trabajo. Pero es importante subrayar y explicar porqué los historiadores que han estudiado con mayor detalle aquel conflicto civil han sido predominantemente extranjeros. Todavía hoy, jóvenes historiadores en España tienen que ir con cuidado con lo que analizan y cómo lo hacen, temerosos de su futuro profesional. No olvidemos que todavía hoy, en España, se ha llevado a los tribunales a un periodista por describir al partido fascista, la Falange, como co-responsable del genocidio contra el pueblo español.

Dicho lo dicho, quiero pues subrayar que las fuerzas democráticas les deben a estos historiadores extranjeros, y muy en especial, a Paul Preston, un voto de gracias. Habiendo aclarado esto, creo que es justo también añadir algunos comentarios sobre el trabajo de Paul Preston, con la esperanza de que los historiadores españoles rellenen algunas páginas vacías de aquella historia contada y hábilmente narrada por Preston. En realidad, la historiografía de Preston es bastante tradicional, fijándose en los grandes personajes y en los grandes eventos. Se me dirá que ello es común en la historiografía actual. Pero que ello sea común no quiere decir que sea suficiente. La mejor historia que he leído de la intervención militar estadounidense en la II Guerra Mundial ha sido la descrita por el escritor estadounidense Studs Terkel, que narra la historia de aquel conflicto desde el punto de vista de los soldados que la realizaron y de la gente normal y corriente que la sufrió. Son precisamente estos desconocidos los que hacen la historia. En este aspecto, he aprendido más de lo que fue la mal llamada Guerra Civil (y la dictadura que la siguió) de la experiencia contada por mis padres y familiares de aquella contienda (todos ellos vencidos en aquella guerra y represaliados por la dictadura) que de los libros de historia. Sería de desear que a la historia formal, enormemente valiosa, de los personajes se le añadiera la historia de la gente llana que la hace. Y de ahí la importancia de que sean españoles, basados en la historia real, de las distintas naciones y pueblos que contiene España, los que escriban también esta otra historia. Hacerlo añadiría el enorme valor de estudiar a los agentes y su contexto, que es lo que le falta a Preston en su análisis de Carrillo.

Lo cual me lleva a la segunda observación sobre Preston: su limitada sensibilidad en la biografía hacia este contexto, lo cual explica lo que puede definirse como su oportunismo. Preston escribió recientemente un libro (Juan Carlos, el Rey de un Pueblo) sobre el Monarca en el que idealizó la figura del Rey, presentando una de las biografías más positivas que se han escrito sobre este personaje. Es sorprendente que el mismo autor del libro El Holocausto Español sea tan positivo hacia el sucesor y defensor del responsable de dicho holocausto. Es más, el libro tiene no solo datos erróneos, sino también silencios significativos.

Pero meses más tarde Paul Preston escribió un libro sobre Carrillo que es, desde la primera a la última página, la demonización de esta figura comunista, presentándolo como enormemente ambicioso y capaz de traicionar a todos sus amigos a fin de alcanzar el puesto de máximo poder. Y el libro es la mera narrativa de “traiciones” a sus amigos y compañeros del Partido Comunista. El contraste entre la biografía del Rey y la de Carrillo no puede ser más acentuado. Queda claro en el libro sobre Carrillo que el autor lo detesta, estereotipando la figura de un dirigente comunista que, típicamente, no se detendrá ante nada para conseguir su poder personal.

Para las generaciones que perdieron la Guerra y para las que sufrimos la represión y la transición nos cuesta aceptar esta doble imagen que presenta Preston sobre el Rey y sobre Santiago Carrillo. Parece obvio que el Rey fue enormemente ambicioso, que traicionó a sus amigos y parientes, todo con el objetivo de mantener su poder, habiendo dirigido una transición claramente inmodélica que nos llevó a una democracia muy incompleta, con escasísima conciencia social, con una resistencia al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, y a un enorme subdesarrollo social, cultural y político. Por mera objetividad, Preston debería haber sido mucho más crítico con la figura del Rey. Y lo mismo en cuanto a Carrillo, aunque al revés. Carrillo tuvo sombras, pero también luces que no aparecen en este libro.

La demonización de Santiago Carrillo

Conocí a Santiago Carrillo a través de Manolo Azcárate, la persona encargada dentro del PCE de relaciones internacionales, con el cual colaboré, entre otros eventos, en preparar la visita de Carrillo a EEUU, la primera visita que un dirigente eurocomunista hizo a Washington. Manolo Azcárate fue una de las personas que conocí en la resistencia antifranquista que me impresionó más, por su integridad, compromiso, percepción de lo que necesitaba España, honestidad y coraje. Y fue Manolo quien me pidió que les ayudara a organizar la visita de Santiago Carrillo a EEUU, lo cual hice. Estando en EEUU ayudé tanto al Partido Comunista como al Socialista, durante y después de la clandestinidad. Fue a partir de entonces, del encargo de Manolo, que conocí a Santiago Carrillo, con el cual establecí una relación de amistad que quedó deteriorada cuando critiqué la transición (escrita por primera vez en Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país), mostrando que distó mucho de ser modélica, lo cual desagradó profundamente a Santiago Carrillo y a sus colaboradores.

Santiago Carrillo no fue el demonio que Preston describe. Preston le acusa incluso de servilismo ante el poder, y de ser un oportunista en extremo carente de principios. No estoy de acuerdo con ello, al menos en la parte que yo vi y viví. Estuve presente en la entrevista que tuvo con la dirección del Departamento de Estado de EEUU, actuando, a petición de Carrillo, como su traductor. Y puedo dar fe que, frente al Departamento de EEUU, fue igual de crítico con la política del gobierno federal que con la de la Unión Soviética, sabiendo de antemano que los funcionarios del gobierno federal no esperaban ni deseaban una crítica de él.
Estos y otros hechos que algún día explicaré no encajan con la visión que transmite Preston. Carrillo tenía defectos, y graves, siendo su falta de cultura democrática uno de ellos. Pero, a pesar de mis desacuerdos, Carrillo hizo lo que creía mejor para la clase trabajadora española, anteponiendo ello a todo lo demás. Se puede criticar su estrategia en la transición: yo lo he hecho. Pero él y el partido que lideró han hecho mucho, mucho más por la democracia que el Rey de España, al revés de lo que Preston, en un rechazable oportunismo, declaró.

Ver las luchas internas dentro de la dirección del Partido Comunista como mera lucha por el poder personal, sin analizar el contexto, es profundamente erróneo. Yo simpatice con la postura de Manuel Azcárate en la disputa que llevó a su rotura. Pero no puede interpretarse aquella lucha como una lucha para conseguir más poder o para aferrarse al sillón. Y un tanto igual en su lucha con Jorge Semprun. En realidad, la enorme decepción de Semprun como Ministro de Cultura (es extraordinaria la falta de sensibilidad de Semprun como Ministro hacia la necesidad de recuperar la memoria histórica –por muchos libros que hubiera escrito antes-) era previsible y explicaría en parte los encontronazos que tuvieron Carrillo y él.

Pero la historia de Carrillo no puede ser la lista de “traiciones”. La historia de Carrillo es, repito, con sus luces y sombras, la historia del Partido Comunista, que es mucho más interesante que la historia que ha preparado Preston. Es más, los actos personales de Carrillo deben entenderse dentro del contexto que lo configuró. Y en este contexto hubiera sido más interesante analizar la relación de Carrillo con los militantes del Partido Comunista, que como ha ocurrido en la mayoría de los países bajo dictaduras fascistas o fascistoides, han sido siempre los individuos con mayor dedicación y compromiso en la lucha contra tales dictaduras. Esta dedicación, heroica en la gran mayoría de casos, les hace también vulnerables a su posible manipulación. Y aunque hubo mucho de ello, también es cierto que para muchos militantes de PCE Carrillo fue el que articuló bien su lucha y sus compromisos. De todo esto, que es lo que hubiera hecho su biografía interesante, Preston no dice nada. ¡Qué lástima!

¡Hay que leer todo y de todos!

domingo, 21 de julio de 2013

'The Economist' dice que Rajoy es "responsable político de los sucios secretos del PP"



La revista británica The Economist asegura en un artículo publicado en su último número que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, es "responsable político" de los "sucios secretos" de su partido, en referencia a la supuesta financiación irregular del PP.

"Como presidente del PP desde 2004, el primer ministro es políticamente responsable de cinco años de presunta financiación ilegal", señala la revista en el citado artículo, en el que añade que "la negativa de Rajoy a asumir responsabilidades por los sucios secretos de su partido no contribuye en nada a recuperar la confianza de sus votantes".

Asimismo, la publicación se hace eco del intercambio de mensajes telefónicos entre Rajoy y el extesorero del PP Luis Bárcenas, y apunta que cada vez es más "evidente" que Rajoy dirige un partido en el que la financiación irregular era algo "corriente".

"¿Quién cree a Bárcenas o a Rajoy?", se pregunta el diario en el texto, en el que añade que los españoles "están hartos de todos sus políticos" y recuerda que, además del caso Bárcenas que afecta al PP, CiU y el PSOE también tiene sus propios "escándalos de corrupción". La revista, que titula su artículo Rajoy there! jugando expresión inglesa Ahoy there! -utilizada entre marineros para llamar la atención de otros barcos-, también señala que la decisión de Bárcenas "de empezar a cantar" está poniendo a prueba "la capacidad de aguante de Rajoy".

 Para estas lineas no hace falta ser foráneo o guiri, lo evidente es el planteamiento que la prensa en España esconde y pretende ignorar.


Entrevista con Enrique Santiago, abogado de acusación particular en el caso Bárcenas


http://youtu.be/eKhoLv2ryu8 


viernes, 19 de julio de 2013

Franquismo o fascismo

La dictadura que el golpe militar de 1936 estableció en España, que la gobernó desde 1939 hasta 1978, se define fuera de España como una dictadura fascista. Cuando el Sr. Juan Antonio Samaranch, delegado de deportes durante aquella dictadura, y más tarde Presidente del Comité Olímpico, visitó Atlanta en EEUU para inaugurar los Juegos Olímpicos que tomaron lugar en aquella ciudad, la nota biográfica que el The New York Times publicó de él lo presentó como Director General de Deportes del régimen fascista liderado por el General Franco. Y así en Gran Bretaña y Suecia (entre otros muchos países) donde también viví y trabajé por largos periodos de mi vida. Solo en España se conoce aquel régimen como la dictadura franquista, término ampliamente utilizado no solo por las derechas sino incluso también (sorprendentemente) por las izquierdas. La causa de definir aquel régimen de esta manera se debe a un proyecto conservador altamente exitoso que tenía por objeto presentarlo como un régimen caudillista, autoritario, liderado por un general, que limitaba la expresión de libertades sin intentar, sin embargo, cambiar la sociedad e imponer una ideología totalizante a la población. Los que intentaban hacer esto último eran los regímenes totalitarios, tales como los regímenes comunistas. Estos eran no solo autoritarios sino también totalitarios pues promovían el comunismo, que es una ideología totalizante que quería establecer una nueva cultura, ideología y manera de pensar diferente y opuesta a la de un sistema democrático, laico y republicano.

Esta distinción entre regímenes autoritarios y totalitarios la había establecido el politólogo español Juan Linz, profesor de Yale, EEUU, y había sido adoptada por el Departamento de Estado de aquel país para justificar su apoyo a gran número de regímenes caudillistas latinoamericanos, indicando que no eran totalitarios y que, por lo tanto, tenían el potencial transformador en regímenes democráticos, cosa que no ocurría con los regímenes totalitarios tales como los regímenes comunistas, que no eran reformables y, por lo tanto, eran dignos de todo tipo de oposición.
Y el mismo Sr. Linz (español procedente de una familia militante de la Falange, el partido fascista español) negaba que el régimen español fuera totalitario y todavía menos fascista. Según él, el régimen liderado por el general Franco era autoritario pero con el tiempo fue cambiando, dando origen a un régimen democrático. Según este autor, aquel régimen liderado por el General Franco tuvo muy poco de fascista, pues la Falange (el partido fascista) fue una fuerza política con poco peso sobre el aparato del estado. Debido a la enorme influencia del Sr. Linz en las ciencias políticas españolas, esta visión fue ampliamente aceptada no solo por la comunidad académica sino por la cultura mediática y política dominante, de manera que incluso las izquierdas la aceptaron. Pocos líderes de izquierda se refieren a aquel régimen como fascista. A lo único a lo que se llega es a aceptar que puede que el régimen fuera fascista al principio, pero luego, con la llegada de los tecnócratas del Opus Dei a la gobernanza del país, el régimen cambió.
¿Qué es fascismo?
Veamos ahora los datos. El profesor Malefakis, Catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, y uno de los mayores expertos sobre el fascismo europeo, ha definido las características del fascismo (según él, ocho) de manera tal que si un régimen político las tiene entonces es –según él- un régimen fascista. Veamos cuáles son y si el régimen que existió en España tuvo cada una de ellas, señalando la evidencia que lo avala.
Conforme al Profesor Malekafis, un régimen era fascista si:
1. estaba dirigido por un hombre presentado por el régimen como superhumano. Evidencia: el régimen dictatorial español presentaba a Franco como “Caudillo por la Gracia de Dios”. Yo no soy creyente, pero entiendo que es difícil alcanzar un nivel superior para un ser humano que el ser nombrado a dedo por Dios, dotándolo de características superhumanas. El hecho de que Franco fuera, en realidad, un personaje de gran mediocridad es irrelevante. El régimen lo presentó como superhumano;
2. este caudillo superhumano utilizó a un partido, creado antes del régimen, que le ayudó a tomar el poder y establecer su liderazgo en los distintos aparatos del Estado. Evidencia: dicho partido se llamó la Falange, partido creado e inspirado por el Partido Fascista Italiano, tal como reconoció su propio fundador, José Antonio Primo de Rivera;
3. este partido tiene que tener una ideología nacionalista extrema, con deseos imperialistas, con un canto a la fuerza militar y a la fuerza y masculinidad en general. Evidencia: esta fue la ideología que transmitía el régimen a través del partido;
4. tiene que tener pleno control de todas las instituciones mediáticas creadoras de opinión con fines propagandísticos, desde la radio, la prensa, las escuelas, las universidades. Evidencia: el dictador nombraba a dedo a todos los directores de todos los canales radiofónicos o de televisión, diarios y cualquier institución transmisora de información y persuasión;
5. este control tiene que tener como objetivo el de transmitir la ideología del régimen con el fin de crear una nueva mentalidad y un nuevo tipo de sociedad. Evidencia: esa ideología era un nacionalismo españolista extremo y un catolicismo profundamente reaccionario. Tanto el nacionalismo como el catolicismo son ideologías totalizantes que invaden todas las esferas del ser humano, desde la lengua hasta el sexo. En realidad, es difícil encontrar una ideología menos totalizante que el nacionalcatolicismo, que fue la ideología propia e impuesta por el régimen en todos sus medios de información. Desde la lengua que la población debía hablar hasta como realizar el sexo (dos esferas de máxima intimidad) estaban normatizados en aquel régimen, con sanciones (torturas, cárcel, asesinato y/o exilio) en caso de no cumplimiento;
6. el régimen debe intentar romper con un orden anterior para crear uno nuevo. Evidencia: el régimen dictatorial intentó no solo romper sino eliminar cualquier institución republicana, a la cual consideró como anti-española. Su objetivo era crear una sociedad opuesta a la sociedad democrática, laica y republicana, a la que intentó erradicar;
7. el régimen debe presentarse como creador de una sociedad nueva. Evidencia: el objetivo explícito de aquel régimen fue alcanzar este objetivo de desarrollar una sociedad nueva, opuesta a la anterior republicana, con un imperialismo extremo, regida por una cultura religiosa liderada por la jerarquía católica profundamente reaccionaria, subordinando todas las instituciones económicas, sociales y políticas a este objetivo;
8. el régimen debe basarse en tener una alianza con grupos de poder económico y otros, subordinados al estado, que sirvan al poder totalizante. Evidencia: en España, todos los poderes y grupos fácticos, desde la Iglesia y el ejército hasta las grandes empresas y bancos y los grandes terratenientes, apoyaron al régimen, beneficiándose enormemente por ello;
Estas son, pues, las ocho categorías que Malefakis considera necesarias y suficientes para que un régimen fuera definido como fascista. Ahora bien, yo creo que estas categorías son incluso insuficientes (para expandir en este punto ver mi libro El subdesarrollo social de España, 2006, pp. 127-145). Hay que añadir tres que se encontraron en el nazismo alemán y en el fascismo italiano:
9. el régimen debe ser racista. Evidencia: el régimen dictatorial español justificó la conquista de América Latina y el imperio que se estableció en una supuesta superioridad de la raza española. De ahí que el Día Nacional (día que celebraba el imperio) se conocía como el día de la raza;
10. el régimen debe negar que el mundo empresarial y el mundo del trabajo tengan intereses contrapuestos. Evidencia: el régimen dictatorial negó la existencia de la lucha de clases, de donde deriva el establecimiento de los sindicatos verticales, en los que se incluía al empresariado y a los trabajadores;
11. el régimen debe ser profundamente anticomunista. Evidencia: el régimen se caracterizaba por su anticomunismo.
Argumentos en contra de la definición de aquel régimen como fascista: sí que lo fue pero solo al principio
Presentados con la evidencia de que el régimen dictatorial reunía estas once características, han aparecido toda una serie de contraargumentos (a los que contesto en el libro citado anteriormente) entre los cuales el que se repite más frecuentemente es que, aun admitiendo que el régimen pudo reunir estas características al principio, dejó de tenerlas pronto. La Falange, por ejemplo, excepto en la primera etapa de gran represión, fue perdiendo poder, cambiando la naturaleza del estado, dominado en su última etapa por los tecnócratas del Opus Dei. Este argumento ignora varios hechos. Uno, la complicidad del Opus Dei con la Falange y su reproducción del nacionalcatolicismo. Es más, la simbología fascista y su parafernalia continuaron hasta el último día de la dictadura. En la entrada de cada pueblo de España aparecía el símbolo fascista, junto con el nombre del pueblo. Y ello hasta 1978. También hasta esta fecha se requería juramento de lealtad al Movimiento Nacional (que tenía desde el uniforme hasta el saludo, el fascista) a todos los funcionarios públicos. Y así una larga lista de hechos.
El hecho de que en las últimas etapas la nomenclatura que controlaba el estado no fuera o no creyera en el fascismo es irrelevante. Tampoco la nomenclatura que controlaba el aparato burocrático en la URSS creía en el comunismo y en cambio se le llamó hasta el último día régimen comunista. En ambos casos, la nomenclatura eran personalidades que no se adherían a ninguna ideología, defendiendo solo y exclusivamente sus intereses personales (desde el Rey hasta Suárez, jefe del Movimiento Nacional). Pero ello no previene que se debiera definir a aquel Estado como fascista, pues todos sus símbolos así lo fueron.
Otro argumento que se ha utilizado en contra de definir aquel régimen como un régimen fascista fue la existencia de otros grupos y fuerzas políticas que competían con la Falange en su influencia sobre el Estado. En realidad, varios autores han considerado la Falange como un partido con escasa influencia. La evidencia muestra, sin embargo, lo contrario. La ideología dominante de aquel régimen reunía cada una de las once características definidas en este artículo. En cuanto a la pequeñez de la Falange, ignora que un partido o fuerza política puede ser de escaso tamaño y en cambio, su ideología, puede ser la hegemónica en el país. Los partidos liberales hoy en Europa son minoritarios y, en cambio, el neoliberalismo es hegemónico en Europa.
Por qué se quiere negar el carácter totalizante de aquel régimen
Una última observación. El lenguaje no es inocente. La narrativa oficial es siempre la que es promovida por la estructura del poder de un país, y lo mismo ocurre en España. Negar el carácter totalizante del régimen dictatorial, su nacionalcatolicismo, el ingrediente central del fascismo español, tiene una función política de enorme importancia, como podemos ver hoy. Las contrarreformas que está llevando el gobierno del Partido Popular y la ideología que lo sustenta tienen sus raíces históricas en el fascismo español. La obvia falta de cultura democrática del PP, su intento de recuperar un nacionalismo extremo, su negación de la plurinacionalidad de España, su represión de la clase trabajadora con pérdida de derechos laborales, sociales y políticos, su estrecho ligamen con los grupos fácticos y poderes económicos, sus contrarreformas educativas para generar “élites superiores” que gobiernen el país, su profundo nacionalcatolicismo, son todo ello reliquias del fascismo que caracterizó aquel Estado. No estoy, naturalmente, indicando que el PP o su cultura sean fascistas, pero sí que estoy subrayando que partes de esta cultura son heredadas del régimen fascista. Y soy consciente de que cuando lo defino como fascismo en lugar de franquismo, se generará una respuesta de hostilidad, no solo por parte de las fuerzas conservadoras españolas sino también incluso por parte de algunas izquierdas que ven el término fascismo como “excesivamente fuerte”. Y ahí está el problema. Viendo a aquel Estado como meramente autoritario no se dan cuenta de la continuidad de la ideología que todavía hoy rige el establishment conservador con la existente en aquel régimen dictatorial que científicamente puede demostrarse que fue de una ideología totalizante fascista.
VICENÇ NAVARRO
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra.

¡Desempeño de cargos Públicos! Si ! ¡no pertenecer a partidos políticos o sindicatos Tambien!


Constitución Española, 1978. 

Órgano CORTES GENERALES

 TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 127
 
1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

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Cuando un juez llega a la conclusión de que es perfectamente legal ser militante o afiliado de un partido e impartir justicia, es que el sistema judicial está corrompido y por lo tanto, sus decisiones deberán ser desobedecidas porque sólo atienden a intereses partidarios y no al bien común. La neutralidad se licúa o se evapora en cuanto un juez reconoce su afiliación partidaria, porque el principal deber de un afiliado es cumplir las instrucciones y directrices del partido.

Lo que es legal puede ser no ético y si no es ético, carece de fundamento para ser acatado.


Lo que tiene que hacer el Presidente del TC es dimitir junto con el Gobierno que, por ser militante de ese partido, le encumbro a tan alta magistratura.
 

Y si no lo hace, la ciudadanía está en su pleno derecho de desobedecer lo que sentencie.

Todo lo demás es una interpretación, manipulación torticera perversa del art.127.1 Constitución Española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978.

Como no se van a reír de nuestro país con los impresentables que tenemos en los distintos órganos en la actualidad.

fdo.: un patriota. 

martes, 2 de julio de 2013

El mito de la Transición consensuada, El cambio político no fue acordado, sino impuesto por el régimen a la oposición.



Cuando el régimen que se inicia en 1976 muestra síntomas claros de estar agotándose, sus defensores nos instan a que volvamos al consenso que hizo el milagro de pasar de la dictadura a la democracia sin romper la legalidad, una hazaña histórica que todos nos envidiarían. Pero ¿acaso la Transición se hizo por consenso?, ¿es que el franquismo negoció con una oposición democrática sumergida en la clandestinidad?

Tras la muerte del dictador, se cumplió estrictamente lo previsto: el Rey jura las Leyes Fundamentales del Reino, garantizando la continuidad del régimen como un proceso abierto, tal como había sido concebido desde que se institucionaliza en 1946. No cambia el presidente del Gobierno ni el presidente de las Cortes, aunque ambos son conscientes de que había que poner en marcha reformas importantes, pero sin tener muy claro hasta qué punto irían encaminadas hacia una democracia plena y sobre todo a qué ritmo. Arias Navarro, más adicto al pasado, fracasa en el intento de limitar el proceso a permitir asociaciones políticas dentro de las estructuras del Movimiento, “contraste de pareceres”, mientras que el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, llega a admitir los partidos políticos, incluido el comunista, y elecciones por sufragio universal, condenados como fuente de todos los males durante 40 años.
La fracción reformista del franquismo logró que las Cortes orgánicas aprobarán la Ley para la Reforma Política, que transformó la “Monarquía tradicional” prevista en una “Monarquía parlamentaria”, con dos Cámaras, elegidas por sufragio universal. Era la única manera, no solo de salvarla, sino de que permanecieran incólumes las demás instituciones del Estado, aunque para ello hubiera que enfrentarse a un franquismo, ciertamente minoritario y residual, pero fuertemente arraigado en las Fuerzas Armadas, que aspiraba a mantener las “esencias”. La Transición se llevó a cabo en las Cortes franquistas, negociada por un joven audaz, el último jefe del partido único, nombrado presidente del Gobierno para realizar esta tarea, siguiendo las instrucciones del presidente de las Cortes, cabeza pensante de la operación.

Caracterizar las primeras elecciones del 15 de junio de democráticas es una verdad a medias.

La Transición no provino de ningún consenso entre el régimen y la oposición democrática, sino que fue una imposición neta de la fracción reformista del franquismo, que la mayor parte de la población revalidó, dispuesta a apoyar cualquier reforma que permitiera salir de la dictadura sin sufrir traumas graves ni correr demasiados riesgos.

Es obvio que la oposición tampoco podía desaprobar cualquier movimiento encaminado a restaurar la democracia, pero aun así optó por la abstención en el referéndum del 15 de diciembre de 1976 para mostrar claramente que la reforma se hizo sin su participación y con criterios que no compartía.
Para celebrar elecciones se necesitaban partidos y hubo que improvisarlos a la mayor brevedad: la UCD se organizó desde el Gobierno, y muchos otros, la llamada “sopa de siglas”, desde una sociedad civil por completo desarticulada. El único partido de la oposición con cierta implantación, sobre todo en Madrid y Barcelona, era el comunista. El PSOE renovado estaba aún dando los primeros pasos en su refundación, haciendo encaje de bolillos para que el Gobierno no legalizase al PSOE histórico. Se mantuvo un control estricto, ya que para concurrir a las elecciones había que pasar por “la ventanilla” y no se autorizaba a ningún partido que se declarase abiertamente republicano.

Caracterizar las primeras elecciones del 15 de junio de democráticas es una verdad a medias. Los partidos políticos se habían formado desde la cúspide, con un fuerte déficit democrático que muchos creímos que sería coyuntural —había que garantizar la gobernabilidad, mientras la sociedad se fuera adaptando a la convivencia democrática—, pero que ha resultado ser el factor principal de corrupción de los últimos 30 años. El partido gubernamental presenta como candidato, sin siquiera dimitir, al presidente franquista que había dirigido la reforma desde el interior del régimen, apoyado por el aparato del Estado, el canal único de televisión y la prensa del Movimiento.

En la elaboración de la Constitución ya funcionó el consenso, pero sin salirse de las coordenadas de la Ley para la Reforma Política.

El 18 de marzo de 1977, con el objetivo de asegurarse la mayoría absoluta, sin negociar con ninguna otra fuerza política, Adolfo Suárez dicta una ley electoral que no cumplía los requisitos mínimos de equidad: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfiguran por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a 350, que favorece a las que tuvieran menos habitantes y perjudica a las más pobladas. En suma, a nivel nacional se beneficia a los dos primeros partidos a costa de los demás, y en la provincia a los partidos nacionalistas, que con muchos menos votos pueden obtener más escaños que los nacionales a partir del tercer puesto. Con pequeñas modificaciones la ley electoral sigue vigente y, al favorecer a los dos primeros partidos nacionales y a los nacionalistas periféricos, los beneficiados en ningún caso han querido cambiarla.

Los resultados de estas primeras elecciones fueron, sin embargo, doblemente sorprendentes: Suárez con el 34,4% de los votos, no consiguió la mayoría absoluta, ni, como se esperaba, el partido comunista fue el segundo partido más votado, sino un PSOE recién renovado que parecía traer una brisa democrática rejuvenecedora y alcanzó el 29,3% de los votos.

En la primera oportunidad que se les dio a los españoles de manifestarse —no cuento los referendos franquistas de antes, o inmediatamente después de la muerte del dictador— impusieron dos correcciones importantes a la reforma oficial: la primera, al declarar las Cortes elegidas su voluntad de redactar una Constitución democrática, la última Ley Fundamental quedaba de facto derogada, poniendo punto final al franquismo.

El miedo a una nueva  guerra civil explica la pasividad de la población ante el golpe del 23-F.

La segunda, al ser el socialista el primer partido de la oposición, todavía sin cuajar, pero del que se esperaba una renovación democrática del país, nos libraba de la conjunción del franquismo reformista con el eurocomunismo, que hubiere garantizado a la derecha la permanencia indefinida en el poder, ya que por mucho que los que los comunistas hubiesen renunciado a su ideología revolucionaria, hubieran roto con la Unión Soviética y reconocido la Monarquía, en tiempos de la “guerra fría” no hubieran podido gobernar.

Y ahora sí, en la elaboración de la Constitución ya funcionó el consenso, aunque paradójicamente sin salirse de las coordenadas impuestas por la Ley para la Reforma Política. Dos presiones resultaron decisivas: la de un ejército franquista que miraba con recelo el proceso de democratización, como quedó confirmado el 23-F, y el miedo de los dos bandos a una nueva guerra civil.

La amenaza de una guerra civil se vivió con tal intensidad durante la Transición que explica la pasividad de la población en aquella trágica noche del 23-F: nadie trató de oponerse al golpe, seguros de que en la Europa democrática la dictadura militar no podría durar mucho, y aunque durase, era preferible a un enfrentamiento bélico entre hermanos. El temor a una nueva guerra civil, no su olvido, aclara el empeño en no recordar un pasado tan trágico, una amnesia que escogieron los españoles como modo de evitar un enfrentamiento, que sin duda es lo más contrario a una amnesia, aunque probablemente olvidar sea la mejor manera de sobrevivir a un mal recuerdo.

Al ser la Transición en la forma en que se hizo la fuente principal de legitimidad —de la legalidad franquista a la nueva legalidad democrática, manteniendo la más estricta continuidad en la jefatura, las instituciones y Administraciones del Estado— se comprende que la generación que la llevó a cabo la elevara a la categoría de modélica, pero tampoco debiera sorprender que la de los hijos, y sobre todo la de los nietos, la pusiesen en entredicho.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.