MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA LOCAL

Concejales y concejalas socialistas en los ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades de Andalucía alzamos nuestra voz en contra de la propuesta de reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de viernes 15 de febrero de 2013, fecha que pasará a la
historia negra de la democracia en España por ser el comienzo de un ataque partidario contra la autonomía municipal, un principio constitucional y pilar básico de nuestro modelo de convivencia, de democracia y de participación de la ciudadanía.



La reforma articulada por el actual Gobierno es, a nuestro juicio, un retroceso de la democracia en España, adoptado en un proceso actual de desafección colectiva hacia la política, de recortes de derechos fundamentales de la ciudadanía y de políticas erróneas y erráticas en materia económica, organización territorial y social.

La propuesta del Gobierno alimenta punto por punto los males que aquejan a nuestra democracia, porque criminaliza con demagogia la representación y el ejercicio político municipal con un falso debate sobre retribuciones y sueldos, porque fulmina el principio de rentabilidad social de los servicios públicos, sobre todo aquellos que se prestan en municipios pequeños, porque aleja los centros de decisión política y reconcentra el poder en instituciones políticas de elección indirecta y porque va ser impuesta de manera dictatorial sin previo debate público y político sobre nuestro modelo territorial.

Estamos en contra porque los ciudadanos y ciudadanas a los y las que representamos van a tener menos servicios, más caros y de peor calidad, porque nuestros gobiernos locales van a salir a concurso público en virtud de criterios económicos que serán fijados con nula sensibilidad social, sobre todo para con los pequeños municipios, al grito de que cuesta mucho que los vecinos y vecinas de un pueblo de menos de 5.000 habitantes tengan derecho a los mismos servicios que los habitantes de las grandes ciudades, plagadas de asesores con sueldos millonarios.

Alertamos del impacto que tendrá la propuesta en el desmantelamiento del sector público, la liberalización de servicios y la privatización de sectores -sobre todo en las grandes ciudades y municipios-, con la consiguiente pérdida de  puestos de trabajo, que calculamos pueden ser 250.000 en España y 40.000 en Andalucía.

El papel dinamizador de las políticas públicas y la contribución municipal en las economías locales puede ser historia, lo cual servirá de justificación futura para el remate final de esta reforma.

El supuesto ahorro para los ayuntamientos, y por tanto, para los bolsillos ciudadanos es falso, ya que las competencias que pasan a las autonomías tendrán un coste que será abonado por los entes locales, y las competencias impropias dejarán de prestarse. Es decir, la propuesta no tiene nada que ver con mejorar la gestión, sino que persigue la eliminación o privatización de servicios. Los ayuntamientos seguirán pagando directa o indirectamente.

Este Gobierno, en vez de afrontar con valentía un debate territorial, de competencias y financiación, fía el futuro de nuestros pueblos y ciudades a los criterios del mercado, esas manos invisibles que se encargarán de recortar los servicios, imponer repagos y alejar del control ciudadano las decisiones del ámbito político. Esta reforma entrega en bandeja nuestros ayuntamientos a la especulación.

Afirmamos que es un ataque a la autonomía local porque los municipios, sobre todo los menores de 20.000 habitantes, desaparecen de hecho. No es una afirmación exagerada, cuando la capacidad de decisión de los representantes municipales queda intervenida, en manos de diputaciones, y en los casos extremos, desapareciendo como administraciones.

La intervención y la retirada de competencias, justificada por los baremos de costes, rentabilidad y estabilidad presupuestaria que sean impuestos arbitrariamente por el Gobierno, convertirán a los gobiernos municipales en meros simulacros de representación política, y por ende, en un ficticio proceso de elección los comicios locales. Las decisiones se alejan de las plazas de los pueblos y se tomarán en los despachos de los ministerios. El debate sobre nuestros pueblos y ciudades, la participación ciudadana, será un espejismo.

Quienes adoptan esta decisión saben que son falsas las justificaciones esgrimidas para agrupar las retribuciones municipales por tramos de población. Compartimos la necesidad de establecer los límites de los salarios municipales. Pero no a costa de estigmatizar al político o política municipal, a los miles y miles de concejales y concejalas, alcaldesas y alcaldes de España. Si duro es el golpe que se da en la línea de flotación de la autonomía local, no menos es el que propinan al derecho de la ciudadanía al sufragio pasivo, por cuanto retumban en esas líneas de la propuesta tiempos pretéritos durante los cuales sólo podían representar a sus vecinos y vecinas las elites locales, casi siempre reaccionarias.

Estamos defendiendo los derechos de la ciudadanía ante este ataque que contraviene la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Pedimos que se retire esta propuesta, que puede acabar en el Boletín Oficial del Estado sin el consenso democrático exigible siempre, pero aún más en estos momentos.