Nulidad de la decisión de la demandada de ampliar la jornada a 37,5 horas semanales con efectos de 1 de junio y debo condenar y condeno a la misma a mantener la jornada de 35 horas semanales y a abonar a sus trabajadores como horas extraordinarias las 2,5 horas semanales de exceso realizadas.¡ Empezando!.

Juzgado de lo Social N°.. 7 de Sevilla, Sentencia de 18 Oct. 2012, proc. 846/2012 No de Sentencia: 377/2012  No de PROCEDIMIENTO: 846/2012

Jurisdicción: SOCIAL

La ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales no es aplicable al personal municipal Cabecera

CONFLICTO COLECTIVO. CORPORACIÓN LOCAL. Jornada laboral. Nulidad de la decisión de ampliación de la jornada del personal laboral municipal a

37,5 horas semanales, debiéndose abonar a los trabajadores como horas extraordinarias las 2,5 horas semanales de exceso realizadas. La decisión de ampliación de jornada se fundó en la exposición de motivos y en el artículo 2 del RDL 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, sin embargo la exposición de motivos carece de
efecto normativo vinculante, debiendo acudirse a lo allí dispuesto solo a los meros efectos interpretativos. En cuanto al artículo 2 éste establece que las corporaciones locales constituyen sector público tan solo a efectos de las retribuciones de personal, que no es el caso. Por lo que, el concepto de sector público no es único para todas las materias del RDL 20/2011, y, en concreto, en lo relacionado con la reordenación del tiempo de trabajo se establece para el sector público estatal, por lo que se excluye a los organismos locales y a las comunidades autónomas.

Por otro lado, el RDL es un anteproyecto de ley, que carece de efecto jurídico, pero, aun así, la Ley 2/2012 PGE, en la que se convirtió, ofrece la misma solución. Por tanto, la jornada deberá
someterse al proceso negociador con la representación legal de los trabajadores y al no haberlo hecho la decisión es nula.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo El Juzgado de lo Social estima la demanda interpuesta y declara la nulidad de la decisión de la Corporación Local empleadora de ampliar la jornada a 37,5 horas semanales y condena a la misma a mantener la jornada de 35 horas semanales y a abonar a sus trabajadores corno horas extraordinarias las 2,5 horas semanales de exceso realizadas.

Texto

Procedimiento: 846 / 2012

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

EL ILMO. SR. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7 DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
SENTENCIA No 377 / 2012

En SEVILLA, a dieciocho de octubre de dos mil doce, vistos en juicio oral y público los presentes AUTOS, seguidos en este Juzgado bajo el número 846 / 2012, promovidos por UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES contra AYUNTAMIENTO DE UMBRETE sobre Conflicto colectivo,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 5/7/12 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 16/10/12 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en los que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Umbrete decidió aplicar a sus trabajadores una ampliación de jornada hasta las 37,5 horas semanales, desde el 1 de junio de 2012, en aplicación del Real Decreto Ley 20/11 y del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, en los términos expresados en la comunicación obrante al folio 6 de los autos, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los anteriores hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos.

SEGUNDO.- El sindicato demandante impugna la aplicación de jornada decidida por el Ayuntamiento demandado. Esta decisión se funda en que dicha ampliación resulta obligatoria para el Ayuntamiento en virtud, en primer término, del R.D.L. 20/11. Se alega por el demandado que tanto la exposición de motivos de dicha norma, como su artículo 2, disponen que va dirigida a la totalidad del sector público, con inclusión en el mismo de las corporaciones locales. Sin embargo la exposición de motivos carece de efecto normativo, vinculante, debiendo acudirse a ella solo a los meros efectos interpretativos cuando la oscuridad o la antinomia de su articulado lo hagan preciso, lo que como se verá a continuación no es el caso.

Por su parte el artículo 2 establece que las corporaciones locales constituyen sector público tan solo a efectos de las retribuciones del personal, lo que no es el caso que nos ocupa. El hecho, de que el propio artículo 2, que regula solo dichas retribuciones, se ocupe de definir lo que ha de entenderse por sector público, ya nos muestra que ese concepto de sector público no es único para todas las materias que regula el R.D.L. 20/11 pues en otro caso hubiera hecho una declaración general de lo que ha de entenderse por sector público, a todos los efectos resultantes del R.D.L. 20/11.

En efecto, sigue este, criterio distintivo en sus efectos cuando en el artículo 4, dedicado específicamente al objeto de este litigio, es decir a la reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos, estableciendo una jornada de 37,5 horas semanales, al expresar que será aplicable al sector público estatal, del que no forman parte las corporaciones locales. El empleo del vocablo estatal introduce el criterio diferenciador con lo establecido en el artículo 2. Queda pues claro que la norma, para las retribuciones, es de aplicación al sector público, sin adjetivos y con expresa indicación de las entidades que lo componen, con inclusión de las locales, lo que se hacía precisó ante la generalidad del término "sector público". No así en el artículo 4, dedicado a la jornada, que se limita a aplicarlo al sector público estatal, sin necesidad de precisar qué entidades lo componen, pues el adjetivo estatal ya excluye a los organismos locales y a las comunidades autónomas. No cabe por tanto acudir a una interpretación integradora con otras partes de la norma cuando la que es objeto de interpretación, el artículo 4, no deja margen a la duda, por indicar expresamente el sector al que resulta aplicable, que no es otro que el estatal.

TERCERO.- En segundo lugar, funda la demandada su decisión, en la carta remitida a los trabajadores, en la aplicación de un anteproyecto de ley, que sin embargo carece de efecto jurídico mientras no se convierta en ley.

No obstante, dado que a la fecha actual el anteproyecto se ha convertido en ley, la Ley 2/12 de Presupuestos Generales del Estado para 2012, de 29 de junio, la regulación en la misma de esta concreta materia, es decir de la jornada de 37,5 horas semanales en el sector público, ofrece la misma solución que el R.D.L. 20/11, así pues su disposición Adicional 71 expresa las entidades que a los efectos de dicha jornada conforman el sector público, sin incluir en ellas a las corporaciones locales.

CUARTO.- Si la aplicación de la jornada decidida por la demandada no encuentra apoyo en las nuevas leyes dictadas, deberá someterse al proceso negociador con la representación legal de los trabajadores, en virtud del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y al no haberlo hecho su decisión es nula.

QUINTO.- Consecuencia de la nulidad de la ampliación de jornada es que las 2,5 horas semanales objeto de ampliación constituyen un exceso sobre la jornada ordinaria de 35 horas semanales establecida en el Convenio Colectivo que, conforme a los artículos 34 y 35 del Estatuto, tienen la consideración de horas extraordinarias y como tales habrán de ahornarse.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES contra AYUNTAMIENTO DE UMBRETE, debo declarar y declaro la nulidad de la decisión de la demandada de ampliar la jornada a 37,5 horas semanales con efectos de 1 de junio y debo condenar y condeno a la misma a mantener la jornada de 35 horas semanales y a abonar a sus trabajadores corno horas extraordinarias las 2,5 horas semanales de exceso realizadas.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital que deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Los españoles se enfrentan por fin al fantasma de Franco

Por ELAINE Sciolino y Emma Daly. Publicado: 11 de noviembre 2002. Traducción automática del artículo original del New York Times:

http://www.nytimes.com/2002/11/11/world/spaniards-at-last-confront-the-ghost-of-franco.html

De repente, si episódicamente, España está despertando de la amnesia colectiva que ha paralizado durante más de un cuarto de siglo.
Era 1975 cuando el general Francisco Franco murió, un acontecimiento monumental en la historia del país, que puso fin a casi cuatro décadas de dictadura y marcó el comienzo de una era de la democracia moderna.

Pero sólo ahora es el comienzo país para enfrentar el terror de la sublevación militar de 1936 y la guerra civil que llevó al generalísimo al poder. Casi el 40 por ciento de los 40 millones de habitantes de España no habían nacido cuando Franco gobernó o son demasiado jóvenes para recordarlo.

Así que a trancas y barrancas, los españoles están superando su temor de que algo malo va a pasar si recuerdan, rompiendo una conspiración de silencio que puede obligar centro-derecha en España gobierno a reconocer una época que quiere olvidar.

Una avalancha de libros, una exposición importante museo y una serie de televisión dan testimonio escueto y elocuente el silencio de los muertos. Un ambicioso proyecto para localizar y desenterrar las fosas comunes donde las víctimas del régimen están enterrados ha comenzado a ofrecer a sus familias una oportunidad de sanar. Hay una campaña emergente para crear una comisión de la verdad.

Historia'' fue escrita por los ganadores'', dijo Dulce Chacón, cuya novela'' La Voz'' durmiente sigue las vidas de varias mujeres torturadas después de la Guerra Civil española. '' Los perdedores nunca han tenido la oportunidad de contar su historia. Pero hemos estado en silencio durante demasiado tiempo.''

Ahora, dijo,'' hay una ola de emoción de recordar, y todos estamos siendo arrastrados por ella.''

'' Tal vez mi generación siente que debe contar la historia ahora, porque si no lo hacemos, nuestros hijos nunca lo oirá, y porque los que se quedan para contarlo están envejeciendo y si no consiguen su testimonio ahora, nunca voluntad''.

Nadie cuestiona la brutalidad de un líder cuya imperial mausoleo construido por los prisioneros de guerra al norte de Madrid sigue atrayendo a sus seguidores y cuyas estatuas siguen en pie en algunas ciudades españolas. Cientos de miles de opositores de Franco fueron asesinados, enviados a campos de concentración o forzados al exilio durante su gobierno. Pero en 1977, después de su muerte, se concedió una amnistía a sus colaboradores. El olvido fue considerado crucial para una nación dividida para sanar y para una transición a la democracia tenga éxito.

Con mucho, los aspectos más dramáticos y conmovedores de la nueva era de la memoria son las exhumaciones de las víctimas del franquismo. Uno de ellos era Espinosa Pilar.

En una noche lluviosa en diciembre de 1936, el ama de casa de 43 años de edad, fue sacada de su casa en el pequeño pueblo de Poyales del Hoyo en un pequeño camión y disparó al borde del camino. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Su crimen: Ella era la única mujer en el pueblo que sabe leer, y compartió el contenido de un periódico de izquierda con sus vecinos.

Durante más de 65 años, su hija, Obdulia Camacho, quien ahora tiene 80 años, había estado esperando el día en que pudieron enterrar debidamente a la madre vio por última vez esa noche.A principios de este mes, en un ritual sencillo, la Sra. Camacho se quedó en silencio y con los ojos secos, como los restos de su madre y dos vecinos asesinados esa noche por los franquistas se redujeron en un ataúd en el suelo húmedo.

'' No sé cómo uno sobrevive, viendo todo esto'', dijo Camacho en silencio mientras observaba el entierro. '' Yo perdono pero no voy a olvidar''.

Por años, los aldeanos como los de Poyales del Hoyo se aterrorizaron a reconocer la existencia de las fosas comunes en medio de ellos, por temor a las represalias políticas. Pero ahora que casi todos los funcionarios de la era de Franco está muerto, que el miedo haya desaparecido.

Debate Parlamento Europeo sobre accesibilidad a 

los archivos de la represión.

http://youtu.be/Yx2OidTgwNc

Medidas de Perjuicio a los Andaluces Jubilados.

CONSECUENCIAS PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS

Hemos denunciado, en multitud de ocasiones, que los trabajadores somos los que estamos soportando, en mayor medida, los costes de una estafa generada y consentida por otros. Pero, además, existen algunos colectivos de ciudadanos que están saliendo especialmente perjudicados por las medidas neoliberales y de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno Central.

Otro de los colectivos que, en mayor medida, están sufriendo las consecuencias de la política de ajustes y de control del déficit del Ejecutivo es el de los jubilados:

• Se ven afectados por una subida de impuestos (IVA, IRPF, IBI, impuestos especiales…) que no tiene en cuenta la reducida cuantía de sus pensiones, que tienen que pagar igual que los que más tienen e incluso en mayor medida que los defraudadores a los que se premia desde el Gobierno.

• Se pretende aplicar una nueva Reforma de las Pensiones, barajando la posibilidad de congelarlas y sin dejar que el modelo consensuado con los agentes sociales se ponga en marcha.

• Ni tan siquiera les han asegurado que vayan a cobrar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido a lo largo de 2012, en lo que a desviación del IPC se refiere. Incluso plantean inventar un nuevo indicador para pagarles menos.

• La espiral inflacionista (subida del precio de la luz, gas, transportes públicos…) que estamos sufriendo en la parte final del año les complica, aún más, el poder llegar a fin de mes de forma digna.

• Les afecta, en mayor medida, las reducciones presupuestarias en sanidad pública, la pérdida de calidad del sistema público y las menores coberturas del mismo.

• El repago farmacéutico provoca que tengan que dedicar cada vez más dinero a la compra de sus medicinas.

• Se ven más afectados por los ajustes en las políticas de servicios sociales, por ejemplo, en los 283 millones menos para la aplicación de la Ley de la Dependencia.

• Cada vez tienen que hacer frente a situaciones económicas más difíciles al ver, muchas veces, como su pensión tiene que servir de sustento para el conjunto de la familia. Del medio millón de hogares andaluces con todos sus miembros en paro, muchos de ellos han tenido que volver a la casa de sus padres e, incluso, dependen de la paga de estos.

AL FINAL, TODAS ESTAS MEDIDAS SE TRADUCEN EN:

Algunos ejemplos de lo que está suponiendo este ataque frontal contra los jubilados son los siguientes:

LAS CONSECUENCIAS LAS CIFRAS EN ANDALUCÍA DESDE EL INICIO DE LA ESTAFA

La presión fiscal a la que deben hacer frente no deja de aumentar, colocando a España como el cuarto país a nivel mundial, sólo superado por Bélgica, Dinamarca y Suecia. 52%

El incremento de las pensiones en 2012 fue muy inferior a la subida del IPC (indicador adelantado de noviembre), de esta forma, los jubilados pierden poder adquisitivo día tras día.

Subida pensiones: 1%

Incremento IPC: 3,5%

El Gobierno baraja la posibilidad de no compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por el desvío en el IPC, lo que supondrá una importante merma económica para los jubilados. 5.000 millones de € de confirmarse una inflación del 3,5%

Se ven afectados más que nadie por los recortes presupuestarios en materia de sanidad.

Un 30% menos de presupuesto

El repago farmacéutico aprobado por el Gobierno no es más que una reducción encubierta de sus pensiones, ya que es el colectivo que se ve obligado a hacer un mayor uso de las medicinas. Las medicinas dejan de ser gratuitas y tendrán que abonar, en la mayoría de los casos, el 10% del coste de las mismas
Sufren las consecuencias del recorte, en materia de políticas sociales, establecido en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un 10% menos que el pasado año

Crece el porcentaje de hogares cuya principal fuente de ingresos son pensiones, subsidios u otras prestaciones.

Pasa del 25% en 2007 al 35% en la actualidad.

 

Consecuencias de la Estafa y Robo en Córdoba, Andalucía.

Córdoba.

LAS CONSECUENCIAS LAS CIFRAS DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
Los parados crecen de manera alarmante. Nos situamos en 141.400 desempleados, cifra que nunca antes se había alcanzado. 93.000 parados más

La tasa de paro, la más alta de la historia desde que se publica la estadística. Nunca antes se habían registrado datos tan dramáticos como los actuales. 37,75%

La tasa de paro de los jóvenes,

% de contratos temporales sobre el total de la contratación. La reforma laboral, lejos de solucionar los problemas del mercado de trabajo, los ha agravado. La precariedad es mayor y la calidad del empleo existente es ínfima: la menor duración de los contratos y las condiciones en las que se formalizan, suponen una merma en las condiciones de trabajo.

De cada 100 contratos realizados, 97 son temporales

Los parados de larga duración aumentan. Son los más perjudicados por las dificultades que entraña la situación de salir del desempleo y porque en la mayoría de los casos ya han agotado las prestaciones, con lo que se encuentran sin ingresos.

un 103% más

Puestos de trabajo destruidos. La reforma laboral, además de destruir empleo, ha precarizado el existente y ha empeorado la situación económica. 70.000 empleos destruidos

Los hogares con todos sus miembros en paro son 47.000. A esto hay que sumarle que desde el comienzo de la crisis se ha producido un importante aumento de los precios, incidiendo negativamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y dificultando, aún más, el poder salir adelante.

38.000 más

Parados sin ningún tipo de protección. La política de recortes ilimitados pone en peligro los pilares del Estado de Bienestar. Son trabajadores que no perciben ningún tipo de prestación por desempleo.

36 de cada 100 desempleados

Descienden los afiliados a la Seguridad Social. De seguir así esta situación, esta va a poner en grave riesgo la sostenibilidad del Sistema para afrontar el gasto en pensiones.

36.000 afiliados menos

Desciende el número de empresas. Ante la falta de actividad económica las empresas cierran y esto se traduce en un mayor número de despidos de trabajadores. 3.000 empresas menos
Crecen los desahucios y más personas se quedan en la calle.

Muchas de las familias que han perdido su vivienda ha sido como consecuencia de haberse quedado todos sus miembros en paro y no poder hacer frente a unas hipotecas abusivas. 5.000 desahucios más

Exigimos Un Referendum.

Señor Presidente del Gobierno de España:

Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la
situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de
naufragar.

No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria
electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba
ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz
crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.

En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones
y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a
partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración
de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la
sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimento del “contrato electoral” establecido
entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente
si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a
consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.

El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección,
los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se
ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos
de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de
que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino
que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos,
están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus
intereses. En esta situación, afrontamos un serio y creciente riesgo de desafección democrática
–como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS–.

Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por
la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña
electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación
que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.

Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que:
“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de
todos los ciudadanos”, reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes
que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.

Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para
superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos
queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué
supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán
de forma equilibrada.

El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización
de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre
los que figura la atención a la dependencia, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción
de salario y pérdida de empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo... Esos son los temas responsables
de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles
la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.
No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas
populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista,
pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España
en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia
que no había figurado previamente en su programa electoral.

Volvemos a encontrarnos ante “decisiones políticas de especial trascendencia”, ya que pueden limitar
drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces
los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad
de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel
texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles
sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos
al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar
libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.

www.exigimosunreferendum.org  !!!!

MIS MOTIVOS PARA IR A LA HUELGA EL 14N.

El próximo 14-N, el miércoles de la semana que viene, participaré en la Huelga General, como en anteriores huelgas, renunciaré a mi sueldo y a mi cotización a la seguridad social, aunque ese día, como en anteriores huelgas estaré en la calle, codo a codo con mis compañeros, partiéndonos el pecho por los derechos que todos los trabajadores tenemos.

Iré a la Huelga General porque no quiero que mi silencio sea cómplice de los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que está llevando a cabo este Gobierno.

Como mileurista debo agradecer esta condición a este Gobierno, el mismo gobierno que me ha metido la mano en el bolsillo para robarme la paga de Navidad, el mismo gobierno que ha metido, sigilosamente, los dedos en el escuálido monedero de mi madre para robarle el derecho a unas medicinas gratuitas, el mismo gobierno que ha subido el IVA a todo el pueblo pero mantiene sin impuestos a las grandes fortunas, el mismo gobierno que ha recortado las prestaciones por desempleo de mi hija que ha vuelto a mi casa antes de hacer cola en los comedores sociales, el mismo gobierno que ha recortado las ayudas a la dependencia y ha dejado a mi vecina de 92 años en manos de la caridad de quienes podemos ayudarla, el mismo gobierno que está desmantelando la educación y sanidad públicas y favoreciendo el negocio privado, el mismo gobierno que rescata a sus amigos banqueros, que han amnistiado a los defraudadores fiscales, al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de la Iglesia católica, y desahucia a las familias que no pueden pagar su vivienda.

Por eso iré a la Huelga General, para levantar mi voz y luchar contra unos recortes que aumentan el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Quiero protestar contra el desmantelamiento de lo público y de los derechos sociales y laborales que nos quedaban tras las reformas laborales, mientras se mantienen unas políticas que sólo benefician a las clases sociales más pudientes.

En educación han recortado el presupuesto de la pública en más de 5.000 millones, han masificado las aulas, han echado a la calle a miles de profesores y profesoras, han reducido los salarios, han aumentado brutalmente las tasas universitarias, han recortado las becas y ayudas al estudio, quieren meter la gestión empresarial en la educación pública, quieren volver a los itinerarios segregadores y las reválidas para expulsar del sistema educativo a quienes han sido incluidos en los últimos 30 años, están desmantelando la educación pública y favoreciendo el negocio privado, incluso amparando la inconstitucional separación de estudiantes por sexo.

Iré a la Huelga General porque en sanidad han eliminado la universalidad, abriendo la puerta a la exclusión en la atención sanitaria a las personas más desfavorecidas, dejando de ser la salud un derecho para convertirse en un privilegio. Han establecido el re-pago sanitario en medicamentos, prótesis y transporte sanitario, profundizando en la mercantilización de la salud. Han introducido la gestión privada en lo público y potenciado la privatización. Han recortando las plantillas de personal en todos los hospitales públicos y las condiciones salariales, laborales y sociales de los profesionales que quedan.

Iré a la Huelga General porque han recortado las prestaciones por desempleo, han subido el IVA (el impuesto más injusto, pues se aplica igual a quien tiene miles de millones que a quien está en el paro), han aumentado la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras modificando los gravámenes del IRPF, han congelado las pensiones, han recortado más todavía las ayudas a la dependencia.

Iré a la Huelga General porque han restringido el acceso a la justicia gratuita mediante tasas abusivas, quieren retrotraer la ley del aborto al año 85 cuando abortar era un delito en cualquier supuesto y se dedican a criminalizar los movimientos sociales implantando leyes represivas contrarias a las libertades públicas propias de una dictadura militar, estableciendo que una paliza de un antidisturbios no es delito, pero si alguien lo graba y lo difunde sí que lo es; que si un banco te desahucia no es delito, pero ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado implica hasta seis meses de prisión. Protestar por ello, interrumpiendo el transporte público, puede conllevar hasta dos años de prisión y si además te “resistes” a la autoridad en una protesta, hasta cuatro años de prisión. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito, pero convocar manifestaciones para denunciar que el Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral puede acarrear hasta un año de prisión. Están provocando así un deterioro de la calidad de nuestro sistema democrático y de libertades, cuestionando y limitando derechos fundamentales y civiles, imponiendo censuras que nos retrotraen a épocas preconstitucionales.

Iré a la Huelga General porque han incrementado el paro hasta el 25% de la población activa, que han empobrecido a la mayoría de la sociedad y han empujado a la exclusión social a miles de familias. El 22% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza. El 7,4% de los hogares no pueden hacer frente a los gasto básicos (luz, gas, comunidad…) y el 12,7% no llega a fin de mes. 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Se producen 512 procedimientos de desahucio al día.


Iré a la Huelga General porque han facilitado que se recorten salarios, convirtiendo el mileurismo en un privilegio. Han congelado el Salario Mínimo Interprofesional en 641 euros y han congelado el IPREM (índice por el que se calculan muchas prestaciones de la Seguridad Social) en 531 euros. A los empleados públicos nos han recortado un 30% de poder adquisitivo en los cuatro últimos años. Y a los laborales nos han colocado al borde de la calle, un empujón y estamos en la cola del paro.

Las políticas de cooperación al desarrollo, las medioambientales, las de igualdad, las socio-sanitarias, las políticas de reconocimiento de la diversidad, de integración, de inmigración, sufren recortes radicales cuyas consecuencias anticipan una sociedad cada vez más descohesionada y fracturada.

Iré a la Huelga General porque mientras han inyectado cientos de miles de millones del dinero público a los bancos y a un sector privado responsable del 82% de la deuda española, provocando que la deuda pública haya pasado del 32% en 2007 al 90% del PIB en 2013. Lo que nos conducirá en 2013 a pagar 38.000 millones de euros en intereses. Mientras, mantienen una presión fiscal injusta que no grava a las grandes fortunas y deja que tributen al 1% con las SICAV. Mientras, les ha bajado un 2% las cotizaciones a la seguridad social a las grandes empresas. Mientras, los accionistas de las empresas españolas gestoras del Banco Malo tributaran un 5% menos de lo que les corresponde y el capital extranjero que participe del Banco Malo no pagará impuestos en el Estado Español. Mientras, no quieren investigar y juzgar a quienes, con sus actuaciones especulativas y defraudadoras, han provocado la actual situación de crisis, así como a quienes debían vigilar las actividades financieras y bancarias y permitieron que el expolio se prolongase durante años.

Por todas estas razones yo participaré en esta Huelga General. Porque este sistema político y económico es injusto, es un saqueo de los bienes públicos al servicio de los capitales y no de las personas y del bien común. Por eso yo estaré el 14-N apoyando y participando en los diferentes actos programados para ese día y no consumiendo tampoco, porque el 14-N es también una Jornada de Lucha Ciudadana en la que exigimos otra política, porque hay soluciones justas y alternativas para salir de esta crisis social.
Y tú, ¿tienes las mismas razones?     ¡ Pues vamos ¡

Wert Dimisión!!!! Ayer, mejor que mañana.

CEAPA se suma a la semana de lucha convocada por el Sindicato de Estudiantes y convoca a la huelga a los padres y madres para el jueves 18 de octubre 10/10/12.

CEAPA considera que la gravísima situación actual demanda una respuesta contundente del alumnado y sus familias. Estamos ante un ataque sin precedentes a los derechos del alumnado y de las familias, con recortes salvajes en la educación e

spañola que, en el contexto actual, se agravan por la coincidencia con otras medidas igualmente inaceptables.

Hemos arrancado un curso escolar que ha superado con creces los peores pronósticos y ha llegado el momento de que el alumnado y las familias, además de seguir realizando movilizaciones conjuntas con el resto de la Comunidad Educativa, eleven su voz para decirle al Gobierno Central, y a los Autonómicos que siguen su senda, que han llegado al punto de no retorno y que no estamos dispuestos a tolerar ni una sola medida más.

El alumnado y sus familias están soportando recortes en todas las partidas, que no hacen otra cosa que castigar las ya maltrechas economías familiares, abocando al abandono educativo a muchos alumnos por cuestiones económicas. Es intolerable y debemos cambiar radicalmente las medidas que se están tomando.

Sobran los motivos, pero queremos resaltar especialmente que el alumnado y las familias nos movilizamos conjuntamente porque:

• No aceptamos un nuevo cambio de Ley educativa. La sociedad española está cansada de que cada nuevo Gobierno se empeñe en modificar la legislación educativa, máxime si, como ocurre ahora, se hace sin contar con los diferentes sectores buscando cambiar el actual modelo social y satisfacer consignas ideológicas.

• No aceptamos que se nos mienta para justificar una reforma del sistema educativo español tergiversando datos y haciendo juicios de valor que no están basados en datos fiables y contrastados.

• No aceptamos que se desmantele la educación pública para beneficio exclusivo de la iniciativa privada, desviando los fondos públicos para financiar entidades privadas, muchas de dudosa legalidad, que incluso se atreven a vulnerar la Constitución Española con la connivencia de quienes deberían cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente.

• No aceptamos que haya niños y niñas que pasen hambre en los centros educativos, máxime teniendo en cuenta que ha contribuido a ello que determinados responsables políticos hayan decidido retirar las ayudas a sus familias justo cuando en tan sólo dos años la cifra de pobreza infantil en España ha crecido un 10%, sumando 205.000 menores de 18 años que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza a los más de dos millones que ya existían, incremento que es consecuencia del acoso y derribo al que están sometidos los derechos de los ciudadanos españoles.

• No aceptamos que se eliminen todo tipo de ayudas al alumnado y las familias, se incrementen las cuotas y las tasas, incluso creándolas donde no existían, incumpliendo el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y el derecho de acceso en igualdad de condiciones, llegando a ser habitual que los niños no dispongan de los libros de texto y el material curricular necesario para ejercer su derecho a la educación.

• No aceptamos que los irresponsables políticos que nos gobiernan sigan insultando al profesorado que enseña al alumnado español, que goza del respaldo de las familias españolas y del alumnado con el que conviven diariamente, en un ataque sin precedentes a la figura del funcionario público y de los interinos, a los que se trata en ambos casos como si fueran muñecos de feria, con el único objetivo de poner la educación en manos de la empresa privada y, con ello, de precarizar la profesión docente.

• No aceptamos que el Gobierno central, y los autonómicos que secundan sus directrices con alegría, sigan despreciando al alumnado y sus familias, lo que demuestran con sus actuaciones y con sus manifestaciones públicas. Se olvidan de que son nuestros servidores y no nuestros dictadores.

En definitiva, el alumnado y las familias decimos “hasta aquí hemos llegado”, y exigimos:

• El cese fulminante del Ministro Wert y de todo su equipo.

• La retirada inmediata del inaceptable anteproyecto de reforma de la LOE.

• La paralización inmediata de todas las medidas de recorte y desmantelamiento de la educación española.

• Y la apertura, con un nuevo equipo ministerial, de un proceso real de diálogo con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa para buscar, entre todos, el consenso necesario para mejorar, de verdad, la educación española.

Y, por tanto, convocamos a las familias a sumarse a la semana de lucha que ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes, que se desarrollará entre los días 15 y 19 de octubre, implicándose en ella para que sean actuaciones conjuntas del alumnado y de los padres y madres. (Se adjunta calendario de actuaciones.)

Hacemos un llamamiento especial a las familias para que realicen el día 18 de octubre una huelga de padres y madres, consistente en vaciar los centros educativos de todo el país, no llevando a nuestros hijos e hijas a dichos centros para defender sus derechos.

Así mismo, os pedimos que facilitéis la posibilidad de que, solos o con vuestro acompañamiento según las edades y maduración de vuestros hijos e hijas, puedan estos participar de las manifestaciones de estudiantes que se celebrarán en la mañana del día 17 y, todos juntos, hacerlo también en las que se realizarán en la tarde del día 18. De igual forma, os pedimos que forméis parte de las Asambleas que se convoquen y de los piquetes informativos que se realicen.

Ha llegado el momento de que demos un mensaje claro sobre que las cosas han llegado hasta donde nunca deberían haberlo hecho y que no estamos dispuestos a que sigan por ese camino.

Madrid, 10 de octubre de 2012 Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos.