El Consejo Económico y Social (CES) se una a la crítica mayoritaria contra el Anteproyecto de ley del Gobierno del PP, tanto en su forma como en su contenido. El CES aconseja al Gobierno que reconsidere su propuesta para sustituir el actual sistema de revalorización de pensiones, conforme al IPC, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, por el Índice de Revalorización, que podría conllevar una pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Pide una profunda reflexión para buscar vías alternativas de financiación del sistema que contribuyan a la sostenibilidad y suficiencia, en línea con UGT, e insiste en la necesidad de realizar un mayor ejercicio de transparencia para conocer la oportunidad de esta reforma y su impacto social y económico.
El CES, en su dictamen, critica la forma y el contenido del anteproyecto de ley del Gobierno para reformar las pensiones.
Critica la forma porque tiene que emitir un dictamen, en un tiempo récord, de un anteproyecto que introduce modificaciones sustanciales que no han sido debatidas, ni negociadas, como se venía haciendo hasta ahora, en el marco del diálogo social y el Pacto de Toledo. En este sentido afirma que “resulta inadecuado tener que dictaminar un texto que todavía no cuenta con el suficiente grado de madurez, siendo, en consecuencia, susceptible de modificaciones que no va a poder dictaminar este órgano".
El CES comparte la necesidad de desarrollar el factor de sostenibilidad, tal y como se contemplaba en el Acuerdo para la reforma y fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones y se incorporó a la Ley 27/2011, sin embargo, el Anteproyecto -dice- “no se ajusta en sus actuales términos a aquella propuesta, ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor”.
“Mayores dudas -señala el CES- plantea la incorporación de la nueva figura del Índice de Revalorización, que se prevé de aplicación inmediata ya en 2014”. Con este índice, “se produce una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que además no llegaría a recuperarse”. Por otro lado, el anteproyecto establece la utilización lineal del Índice de Revalorización para el conjunto de pensiones contributivas del Sistema, sin diferenciar por clases ni cuantías, “lo que actuaría en contra de la equidad del sistema de pensiones”. En este sentido, recuerda que entorno al 50 por 100 de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales y que el 27,7 por 100 de las pensiones tienen complementos por mínimo, al no alcanzar la cuantía mínima del Sistema.
El CES, vuelve a coincidir con los sindicatos, cuando manifiesta que la mayor parte de los determinantes de la fórmula del Índice de Revalorización se basan en estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo, sujetas a un gran nivel de incertidumbre y con margen de error. Precisa que “existe un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de la fórmula, en la medida en que algunas de sus variables dependen de decisiones políticas” y echa en falta una mayor transparencia en la determinación de la fórmula.
Por todo ello, el CES aconseja al Gobierno que reconsidere la oportunidad de sustituir la actual regulación del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la revalorización anual automática de las pensiones en función del IPC previsto, con lo que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, a favor del Índice de Revalorización, que podría conllevar una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.
El CES resalta en su dictamen la importancia de las pensiones, como elemento estabilizador de la economía en periodos de crisis y para mantener la cohesión social. Hay 4,6 millones de hogares en España en los que la fuente principal de ingresos procede de las pensiones.
Remarca que el anteproyecto no especifica nada con respecto a la revalorización de las pensiones no contributivas, considera que el contenido no está “convenientemente justificado, de modo que a los destinatarios de la norma le queden claros los motivos para abordar una nueva modificación de este calado, cuando aún no ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de la profunda reforma contemplada por la Ley 27/2011”, fruto del diálogo social y del acuerdo entre Gobierno e interlocutores sociales.
Al mismo tiempo recuerda que el anteproyecto no explica de manera exhaustiva la oportunidad de la propuesta y su impacto. En este sentido, aclara que el documento del Gobierno, contempla únicamente algunas variables demográficas con incidencia en la evolución del gasto del sistema, relacionadas con el envejecimiento de la población, “variables que desde la última reforma no han sufrido cambios particularmente llamativos”, pero “no hace mención en cambio, a la evolución de los ingresos, marcada en los años más recientes por el desplome del empleo y, en consecuencia, de la recaudación por cotizaciones sociales, principal factor explicativo del deterioro registrado por el saldo presupuestario del Sistema de la Seguridad Social”. Y llama a reflexionar, en el marco del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo, sobre la necesidad de estudiar vías alternativas de financiación del sistema que contribuya a sus sostenibilidad y suficiencia.
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