Andalucía tiene competencias en defensa de los
consumidores con las que conseguiría frenar el 70% de los desahucios
El País Andalucía.-
Concha Caballero 16 marzo 2013
Si la democracia
española tuviera cara estaría roja de vergüenza por lo que ocurre
en nuestro país. Ha tenido que llegar una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia europeo para que se haga público lo que toda la
ciudadanía sabíamos: que las leyes que se aplican en los desahucios
son un abuso y una injusticia.
Hace
apenas seis meses, un grupo de magistrados elaboró un informe
para el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios
que exponía a las claras la sinrazón de estos procedimientos.
Afirmaban los magistrados que algunas de las leyes que se aplican se
redactaron en 1909, que el procedimiento carece de garantías para el
consumidor y que convierte a los jueces en cobradores del frac al
servicio de las entidades financieras. El CGPJ no desaprovechó la
ocasión de demostrar su falta de independencia y ecuanimidad y, en
vez de requerir una reforma legal en profundidad, restó
importancia a sus conclusiones y enterró el informe en los cajones
donde duermen todas las esperanzas de justicia.
Si la
democracia española tuviera rostro, se pondría roja de indignación
al comprobar que el Gobierno no se inmuta ante la sentencia e
incluso afirma que avala su intención de modificar las normativa
actual, pero que es necesario ser cuidadoso para no alarmar al sector
financiero.
Si en
Andalucía de verdad existe un Gobierno con sensibilidad y
políticas distintas a las practicadas por el Gobierno central, ahora
es el momento de los hechos, no de las palabras ni las
confrontaciones inútiles. Cuando nuestros gobernantes proclaman que
tienen en el Estatuto de Autonomía una hoja de ruta para la acción,
es el momento de exigirles que hagan uso de este instrumento y no
lo saquen de paseo cada 28 de febrero como si fuera la procesión de
la Macarena.
Andalucía,
según el artículo 58 del Estatuto, tiene competencias
exclusivas en materia de defensa de los derechos de los consumidores.
Nada impide a la Junta de Andalucía ejercer una eficaz protección
de estos derechos en el caso sangrante de los desahucios de forma
directa, evitando los abusos y tomando parte en las causas cuando así
se determine.
Hay,
además, muchos casos en los que la aplicación de los desahucios
atenta contra los derechos de protección de colectivos especialmente
vulnerables. El Estatuto de Autonomía establece en su
artículo 18 una protección y atención integral a los
menores de edad y obliga a los poderes públicos a velar por su
bienestar y seguridad. ¿Se puede, con el Estatuto en la mano,
desalojar de sus viviendas, sus habitaciones, su entorno a miles de
menores de edad en nuestra tierra? En los casos de desahucios que
conozco los menores sufren de forma terrible este exilio familiar, se
resienten sus estudios y se producen numerosos cuadros de depresión
y angustia.
En un
caso parecido están los desahucios de personas mayores, las personas
con discapacidad y las mujeres afectadas por violencia de género
para los que nuestro Estatuto establece la obligación de los poderes
públicos de velar especialmente por su bienestar y su autonomía
personal. Con el simple desarrollo de estos artículos se
conseguirían frenar el 70% de los desahucios en nuestra comunidad.
Finalmente,
en aplicación del Estatuto, que convierte en derecho subjetivo el
derecho a una vivienda digna, sería posible prorrogar cualquier
desahucio hasta tanto las personas afectadas no dispongan de una
vivienda alternativa bien a través de la ayuda pública o del
alquiler social.
Si el
Tribunal de Justicia Europeo ha puesto patas arriba la legislación
española basándose solo y exclusivamente en los derechos que nos
asisten como consumidores, la actual situación puede ser impugnada
por instituciones con competencias en materias afectadas como es, en
este caso, la comunidad autónoma de Andalucía.
Por eso,
lo que tengan que decirnos los gobernantes andaluces, que no lo hagan
en rimbombantes ruedas de prensa y en papel de colorines sino en las
monocromáticas páginas del BOJA. El único riesgo: un recurso de
competencias con el Gobierno central que será bienvenido si el
objetivo es proteger, de verdad, el interés general.
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