Junta,
ayuntamientos, partidos, sindicatos y empresas privadas que reciban
fondos públicos tendrán obligación de informar al ciudadano. Alcaldes y
concejales tendrán que hacer pública su declaración de bienes y
actividades.
El Gobierno andaluz aprobó ayer el anteproyecto
de la futura Ley de Transparencia. Le queda aún mucho recorrido por
delante: debate político y ciudadano, y trámites parlamentarios. Hasta
dentro de un año no se prevé que entre en vigor. El Ejecutivo andaluz se
ha querido adelantar a la legislación básica estatal que tendrá que
aprobarse en el Congreso de los Diputados, porque el tiempo corre en
contra. La transparencia es la mejor “vacuna” contra la corrupción, para
corregir el descrédito de la clase política y “recuperar la confianza”
del ciudadano, como expuso en su presentación la consejera de la
Presidencia, Susana Díaz. Para ello, se permitirá fiscalizar lo que se
hace con el dinero público por dos vías: el derecho de acceso a
información pública y por la publicidad activa de los poderes públicos.
1) ¿A QUIÉN AFECTARÁ LA LEY?
No sólo obliga a las administraciones públicas, es decir, Junta,
ayuntamientos y las diputaciones, agencias y entes instrumentales que
dependen de estos, o las universidades, sino también a partidos
políticos, sindicatos, fundaciones u ONG que puedan ser receptoras de
ayudas y subvenciones públicas, al igual que las empresas privadas que
además sean adjudicatarias de un contrato público, presten servicios
municipales o concierten la prestación de servicios de educación,
sanidad o servicios sociales.
2) ¿QUIÉN SE QUEDA FUERA DE LA LEY?
En el artículo 3 de este anteproyecto se recoge que el Parlamento
andaluz y sus instituciones, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara
de Cuentas de Andalucía, estarán sujetos a la legislación básica
estatal, y sólo en el capítulo administrativo estará supeditado a la
norma andaluza. El Parlamento goza de cierta inmunidad por la autonomía
que le concede el Estatuto andaluz. En su artículo 102, recoge que la
Cámara tiene “plena autonomía reglamentaria, presupuestaria,
administrativa y disciplinaria”.
3) ¿QUÉ DATOS SERÁN DE CONOCIMIENTO PÚBLICO?
Muchos de ellos ya lo son, la diferencia es la obligatoriedad. Se
tendrá libre acceso a los presupuestos de las distintas
administraciones, las relaciones de puestos de trabajo, las ofertas
públicas de empleo, contrataciones, deuda pública, gasto en publicidad
institucional, los convenios colectivos, las cuantías de ayudas y
subvenciones. A nivel legislativo, una importante novedad es que cuando
un anteproyecto de ley pase por el Consejo de Gobierno se conocerá su
contenido, es decir, no habrá que esperar hasta que sea proyecto de ley.
También será pública la agenda institucional de los gobiernos locales y
autonómicos. Este paquete de información será accesible y se redactará
de forma entendible en las páginas webs de instituciones y entidades. Se
actualizará cada tres meses.
4) ¿SERÁ MÁS TRANSPARENTE LO QUE COBRAN LOS POLÍTICOS?
Los altos cargos del Gobierno andaluz, así como los 109 diputados del
Parlamento, ya hacen público desde el año 2005 sus declaraciones de
bienes y actividades. Ahora está previsto ampliar esta obligación a
todos los representantes locales, es decir, alcaldes y concejales. Otra
novedad es que darán a conocer las indemnizaciones y retribuciones de
los altos cargos. Prueba del compromiso del Gobierno andaluz con esta
futura norma es que Díaz hizo públicos los datos de las cesantías que
desde principio de legislatura cobran 60 exaltos cargos, y cuya cuantía
aproximada es de un millón de euros al año.
5) ¿PODRÁN REPETIRSE EPISODIOS COMO LA SUBIDA DE DIETAS DEL PARLAMENTO?
A pesar de esta ley, el incremento de las dietas del presidente de la
Cámara y de los tres portavoces adjuntos de PSOE, PP e IU (sólo se
cobraron en la nómina de abril, y sumaron 3.720 euros, que serán
restituidos) podría volver a repetirse, y pasar desapercibidos, aunque
se cuelguen en la web de la Cámara. De hecho, Díaz se escudó en el
argumento de esa autonomía que le otorga el Estatuto para justificar
esas dietas, y aunque repitiera hasta la saciedad que fue una “falta de
sensibilidad” y que es un “error corregido”, acabó admitiendo que fue
algo “oculto”.
6) ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA INFORMAR AL CIUDADANO?
Tendrán un plazo máximo de 20 días.
7) ¿QUIÉN VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO?
Se creará una Agencia de la Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía. Su director ejercerá por espacio de cinco años, sólo podrá
ser renovado por una vez y será elegido por mayoría absoluta. Con esto
último, el Ejecutivo se cura en salud después de lo que ha pasado con el
Defensor del Pueblo y el director general de la RTVA, que por ley
tienen que ser aprobados por dos tercios de los diputados del Parlamento
en primera vuelta, y dos quintos en segunda, y que dada la composición
actual de la Cámara obliga a un difícil acuerdo entre los tres partidos
que la componen. También está prevista la creación de una Comisión
Consultiva, en la que estarán las administraciones autonómica y local,
el Parlamento, expertos y organizaciones sociales.
SI NO SE CUMPLE, ¿HABRÁ SANCIÓN?
Si se trata de una entidad privada, de no cumplir con este requisito,
podrá ser sancionada. En el caso de las administraciones, el ciudadano
podrá dirigirse a la Agencia pública de Transparencia en caso de no
haber recibido la información solicitada. Su demanda tendrá validez como
recurso de reposición.
9) ¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA AL CIUDADANO?
Lo importante de saber el destino del dinero, cómo y en qué se gasta,
es que se puede ejercer un control directo. Un ejemplo: los padres de un
colegio podrán conocer cómo se gestiona el centro y a qué se destinan
los recursos públicos. Esto también será de aplicación en los centros
concertados. En el capítulo de la salud también será aplicable a nivel
organizativo. Se podrán saber la espera media para las intervenciones o
los tiempos de espera en urgencias.
10) ¿QUÉ VENTAJAS SUPONE PARA LAS ADMINISTRACIONES?
El término “publicidad activa” alude a que cada administración tendrá
un “catálogo” de datos que tiene que hacer públicos. Una de las ventajas
es que, en pleno debate sobre la conveniencia de la privatización de
determinados servicios públicos, se podrá comprobar si se ahorra más o
menos, si es más eficiente o no, y ayudar a desmontar “falsos mitos”,
como puntualizó Díaz.
11) ¿PUEDE ENTENDERSE QUE ESTA NORMA SE ENTROMETE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y QUE PONE EN JAQUE LA AUTONOMÍA LOCAL?
En el argumentarlo del Gobierno andaluz está que la obligación debe
extenderse a todas las administraciones por el simple hecho de estar
sostenidas con el dinero de los ciudadanos, y que puestos a
intromisiones, más se inmiscuye en la gestión de los ayuntamientos la
Reforma Local que tiene entre manos el Gobierno central, ya que afecta
directamente a las competencias municipales.
12) ¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS PLENOS MUNICIPALES?
La norma obligará a los ayuntamientos a que a través de Internet o de
las televisiones municipales retransmitan en directo sus sesiones
plenarias, o bien grabarlas y colgarlas después en la red. No valdrá
como excusa para no cumplir con esa publicidad activa la falta de medios
por ser un municipio pequeño. Eso lo resolverán a través de las
diputaciones. Tampoco se impedirá a ningún ciudadano grabar los plenos.
13) ¿ES UN TEXTO YA CERRADO?
Aún está abierto a nuevas aportaciones de partidos políticos, agentes
sociales y a la participación ciudadana. Por tanto, el “cese temporal”
que el PP anunció en su participación en el Pacto por Andalucía, por
desconocer el contenido del anteproyecto, para el Ejecutivo no es más
que una “pataleta”, porque han tenido acceso al documento, y porque
además van a seguir teniendo oportunidad de corregirlo.
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