Los Despachos.

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miércoles, 5 de junio de 2013

13 preguntas sobre la futura Ley de Transparencia.

Junta, ayuntamientos, partidos, sindicatos y empresas privadas que reciban fondos públicos tendrán obligación de informar al ciudadano. Alcaldes y concejales tendrán que hacer pública su declaración de bienes y actividades.

El Gobierno andaluz aprobó ayer el anteproyecto de la futura Ley de Transparencia. Le queda aún mucho recorrido por delante: debate político y ciudadano, y trámites parlamentarios. Hasta dentro de un año no se prevé que entre en vigor. El Ejecutivo andaluz se ha querido adelantar a la legislación básica estatal que tendrá que aprobarse en el Congreso de los Diputados, porque el tiempo corre en contra. La transparencia es la mejor “vacuna” contra la corrupción, para corregir el descrédito de la clase política y “recuperar la confianza” del ciudadano, como expuso en su presentación la consejera de la Presidencia, Susana Díaz. Para ello, se permitirá fiscalizar lo que se hace con el dinero público por dos vías: el derecho de acceso a información pública y por la publicidad activa de los poderes públicos.

1) ¿A QUIÉN AFECTARÁ LA LEY?

No sólo obliga a las administraciones públicas, es decir, Junta, ayuntamientos y las diputaciones, agencias y entes instrumentales que dependen de estos, o las universidades, sino también a partidos políticos, sindicatos, fundaciones u ONG que puedan ser receptoras de ayudas y subvenciones públicas, al igual que las empresas privadas que además sean adjudicatarias de un contrato público, presten servicios municipales o concierten la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.

2) ¿QUIÉN SE QUEDA FUERA DE LA LEY?

En el artículo 3 de este anteproyecto se recoge que el Parlamento andaluz y sus instituciones, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía, estarán sujetos a la legislación básica estatal, y sólo en el capítulo administrativo estará supeditado a la norma andaluza. El Parlamento goza de cierta inmunidad por la autonomía que le concede el Estatuto andaluz. En su artículo 102, recoge que la Cámara tiene “plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria”.

3) ¿QUÉ DATOS SERÁN DE CONOCIMIENTO PÚBLICO?

Muchos de ellos ya lo son, la diferencia es la obligatoriedad. Se tendrá libre acceso a los presupuestos de las distintas administraciones, las relaciones de puestos de trabajo, las ofertas públicas de empleo, contrataciones, deuda pública, gasto en publicidad institucional, los convenios colectivos, las cuantías de ayudas y subvenciones. A nivel legislativo, una importante novedad es que cuando un anteproyecto de ley pase por el Consejo de Gobierno se conocerá su contenido, es decir, no habrá que esperar hasta que sea proyecto de ley. También será pública la agenda institucional de los gobiernos locales y autonómicos. Este paquete de información será accesible y se redactará de forma entendible en las páginas webs de instituciones y entidades. Se actualizará cada tres meses.

4) ¿SERÁ MÁS TRANSPARENTE LO QUE COBRAN LOS POLÍTICOS?

Los altos cargos del Gobierno andaluz, así como los 109 diputados del Parlamento, ya hacen público desde el año 2005 sus declaraciones de bienes y actividades. Ahora está previsto ampliar esta obligación a todos los representantes locales, es decir, alcaldes y concejales. Otra novedad es que darán a conocer las indemnizaciones y retribuciones de los altos cargos. Prueba del compromiso del Gobierno andaluz con esta futura norma es que Díaz hizo públicos los datos de las cesantías que desde principio de legislatura cobran 60 exaltos cargos, y cuya cuantía aproximada es de un millón de euros al año.

5) ¿PODRÁN REPETIRSE EPISODIOS COMO LA SUBIDA DE DIETAS DEL PARLAMENTO?

A pesar de esta ley, el incremento de las dietas del presidente de la Cámara y de los tres portavoces adjuntos de PSOE, PP e IU (sólo se cobraron en la nómina de abril, y sumaron 3.720 euros, que serán restituidos) podría volver a repetirse, y pasar desapercibidos, aunque se cuelguen en la web de la Cámara. De hecho, Díaz se escudó en el argumento de esa autonomía que le otorga el Estatuto para justificar esas dietas, y aunque repitiera hasta la saciedad que fue una “falta de sensibilidad” y que es un “error corregido”, acabó admitiendo que fue algo “oculto”.

6) ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA INFORMAR AL CIUDADANO?

Tendrán un plazo máximo de 20 días.

7) ¿QUIÉN VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO?

Se creará una Agencia de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Su director ejercerá por espacio de cinco años, sólo podrá ser renovado por una vez y será elegido por mayoría absoluta. Con esto último, el Ejecutivo se cura en salud después de lo que ha pasado con el Defensor del Pueblo y el director general de la RTVA, que por ley tienen que ser aprobados por dos tercios de los diputados del Parlamento en primera vuelta, y dos quintos en segunda, y que dada la composición actual de la Cámara obliga a un difícil acuerdo entre los tres partidos que la componen. También está prevista la creación de una Comisión Consultiva, en la que estarán las administraciones autonómica y local, el Parlamento, expertos y organizaciones sociales.
SI NO SE CUMPLE, ¿HABRÁ SANCIÓN?

Si se trata de una entidad privada, de no cumplir con este requisito, podrá ser sancionada. En el caso de las administraciones, el ciudadano podrá dirigirse a la Agencia pública de Transparencia en caso de no haber recibido la información solicitada. Su demanda tendrá validez como recurso de reposición.

9) ¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA AL CIUDADANO?

Lo importante de saber el destino del dinero, cómo y en qué se gasta, es que se puede ejercer un control directo. Un ejemplo: los padres de un colegio podrán conocer cómo se gestiona el centro y a qué se destinan los recursos públicos. Esto también será de aplicación en los centros concertados. En el capítulo de la salud también será aplicable a nivel organizativo. Se podrán saber la espera media para las intervenciones o los tiempos de espera en urgencias.

10) ¿QUÉ VENTAJAS SUPONE PARA LAS ADMINISTRACIONES?

El término “publicidad activa” alude a que cada administración tendrá un “catálogo” de datos que tiene que hacer públicos. Una de las ventajas es que, en pleno debate sobre la conveniencia de la privatización de determinados servicios públicos, se podrá comprobar si se ahorra más o menos, si es más eficiente o no, y ayudar a desmontar “falsos mitos”, como puntualizó Díaz.

11) ¿PUEDE ENTENDERSE QUE ESTA NORMA SE ENTROMETE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y QUE PONE EN JAQUE LA AUTONOMÍA LOCAL?

En el argumentarlo del Gobierno andaluz está que la obligación debe extenderse a todas las administraciones por el simple hecho de estar sostenidas con el dinero de los ciudadanos, y que puestos a intromisiones, más se inmiscuye en la gestión de los ayuntamientos la Reforma Local que tiene entre manos el Gobierno central, ya que afecta directamente a las competencias municipales.

12) ¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS PLENOS MUNICIPALES?

La norma obligará a los ayuntamientos a que a través de Internet o de las televisiones municipales retransmitan en directo sus sesiones plenarias, o bien grabarlas y colgarlas después en la red. No valdrá como excusa para no cumplir con esa publicidad activa la falta de medios por ser un municipio pequeño. Eso lo resolverán a través de las diputaciones. Tampoco se impedirá a ningún ciudadano grabar los plenos.

13) ¿ES UN TEXTO YA CERRADO?

Aún está abierto a nuevas aportaciones de partidos políticos, agentes sociales y a la participación ciudadana. Por tanto, el “cese temporal” que el PP anunció en su participación en el Pacto por Andalucía, por desconocer el contenido del anteproyecto, para el Ejecutivo no es más que una “pataleta”, porque han tenido acceso al documento, y porque además van a seguir teniendo oportunidad de corregirlo.

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