El reconocimiento por parte del FMI de un error de cálculo, al haber subestimado el impacto recesivo de la austeridad que preconiza, ha provocado numerosos comentarios indignados y críticas a este organismo, sin embargo no se atisba que los gobiernos europeos, y aún menos el español, tengan intención de poner en cuarentena las recomendaciones del FMI hasta que sus modelos económicos recuperen fiabilidad. ¿Qué tiene el FMI para que sus opiniones sean ley?
Nos podemos hacer la misma pregunta sobre la UE y sus prescripciones económicas sólo que, en este caso, las recomendaciones emanan de un consejo de ministros en el que se sientan representantes legítimos de gobiernos democráticos a quienes hemos reconocido un poder a través de un tratado ratificado por parlamentos soberanos o referendos. El FMI, por su parte, está gobernado en su día a día por un directorio ejecutivo de 24 miembros, agrupándose los 188 países miembros del Fondo para compartir una de esas 24 sillas. Los grupos reflejan la historia del FMI desde su creación en 1945; España entró a formar parte del mismo en 1958 y comparte silla no con sus vecinos europeos, como cabría esperar, sino con México, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. En otras palabras, las recomendaciones del FMI son el producto de unos tecnócratas avalados por unos directores ejecutivos que apenas representan a sus ministros de finanzas y que deliberan y deciden en la opacidad de un órgano en el que sólo Estados Unidos tiene derecho de veto.
Otra cosa es que un organismo te preste dinero y te imponga unas condiciones, pero ese no es el caso del FMI con España. Hasta ahora nuestro país sólo ha recibido ayuda financiera para el rescate de los bancos y ésta proviene íntegramente de la UE. El memorando de entendimiento firmado por España para recibir dicha ayuda ha sido elaborado por la Comisión y el BCE y decidido por el Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin).
Es conocido que otros países, disconformes con las recomendaciones del Fondo, han dejado de seguirlas. No es el caso de Islandia como erróneamente se cree, pero sí de países latinoamericanos y asiáticos. De hecho, estas dos regiones del mundo, escaldadas por los designios del FMI que agravaban sus males y que respondían a la ideología dominante impuesta por Estados Unidos en el Fondo, con la complicidad de Europa, han constituido fondos regionales independientes con el fin de no necesitar su ayuda y así poder ignorar sus recomendaciones. Curiosamente, antes de la crisis, el FMI buscaba desesperadamente países a los que prestar y de este modo justificar su existencia. Sus clientes habituales habían encontrado vías alternativas y no era concebible en aquel momento que los países desarrollados, entre ellos los miembros de la UE, pudieran necesitar su asistencia financiera.
Al principio de la crisis hubo reticencias por parte de la UE a que el FMI interviniera en los rescates europeos, que empezaron en países no miembros de la zona euro, como Letonia, Hungría o Rumanía. Había un prurito de orgullo político que veía como un fracaso el que la UE necesitara ayuda externa. Esta posición la defendieron sobre todo la Comisión Europea y el presidente del Eurogrupo (consejo de ministros de finanzas de la zona euro), Jean-Claude Juncker, pero poco a poco los países con más peso, como Alemania, Reino Unido o Francia, empezaron a reclamar la opinión del FMI y a contemplar la posibilidad de recurrir a sus líneas de crédito. El argumento oficial era que resultaba absurdo no utilizar un fondo diseñado precisamente para este tipo de problemas, la crisis de balanza de pagos, y al que cada país había cotizado con el fin de poder recurrir a él en caso de necesidad.
Los argumentos reales eran de otra naturaleza. Por un lado, se atribuía al FMI mayor capacidad técnica que la Comisión y el BCE para diseñar rescates, lo cual era cierto puesto que forma parte de las funciones de aquél mientras que nunca había sido la preocupación de éstos. Como prueba de ello, en la asistencia macrofinanciera prevista en el presupuesto de la UE para países terceros, como Serbia o Ucrania, la Unión se limita a poner el dinero y delega al FMI el diseño de la condicionalidad. Por otro lado, estaba la razón de más peso, de carácter político, que es la sumisión de los europeos en materia económica a la tutela de Estados Unidos, que es quien realmente gobierna el FMI (la sede del Fondo está en Washington a tres manzanas del Departamento del Tesoro). Una sumisión heredada de la Guerra Fría y que, en esta ocasión, venía reforzada por la creencia de que la firma del FMI sería un aval de peso de cara al juez último de los rescates, los mercados.
Ahora el FMI afloja el yugo de la austeridad y en pocas semanas la Unión seguirá sus recomendaciones y concederá más tiempo a España, Francia y otros países para alcanzar el objetivo de 3% de déficit. Una buena noticia para sus ciudadanos pero que no resuelve el problema de fondo: el gobierno económico internacional carece de pluralismo en su diseño y de control democrático en su ejecución.
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