Artículo publicado por Vicenç Navarro, cuya versión original se publicó en catalán en el diario ARA, 14 de junio de 2013.
Este artículo señala que, en
contra de lo que se está enfatizando en el mal llamado Comité de
Expertos sobre las pensiones, las pensiones públicas en España son
viables y sostenibles sin que se hagan recortes. El artículo subraya que
el problema que existe con las pensiones no tiene casi nada que ver con
la transición demográfica sino con la distribución de las rentas. Como
resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, ha habido en
los últimos treinta años un incremento muy notable de las rentas del
capital a costa de las rentas del trabajo, de las que derivan los
ingresos del sistema de pensiones públicas. Este es el problema real del
que no se habla en los medios de mayor difusión, muy influenciados por
el capital financiero.
Una postura muy generalizada en los
círculos económicos y financieros que se reproduce también en algunos de
los fórums políticos y mediáticos más importantes, tanto de Catalunya
como de España, es que el sistema de pensiones públicas ya no es
sostenible. El crecimiento de la población anciana y la disminución de
la población joven hacen que esta última tenga más y más dificultades
para mantener a la primera. Esta postura ha alcanzado casi la categoría
de dogma i, como todo dogma, se reproduce a base de fe en lugar de
evidencia empírica.
En primer lugar, en aquellos sistemas en
los que las pensiones se pagan a través de las cotizaciones a la caja
de la Seguridad Social procedentes del mercado de trabajo (es decir, de
la población empleada), la sostenibilidad de las pensiones viene
definida por la cantidad de dinero que esta caja recibe, basada en el
número de cotizantes (la gran mayoría de trabajadores asalariados) y en
la cantidad de la cotización que depende del nivel salarial, el cual
depende, a su vez, de la productividad y de la presión laboral (es
decir, de la fuerza de los sindicatos). En Catalunya y en España no es
que falten jóvenes o gente que podría y desea trabajar. Al contrario,
hay mucha más gente joven que desea trabajar que puestos de trabajo. Y
los salarios son, como promedio, mucho más bajos que en el resto de la
Unión Europea de los Quince (UE-15), en parte por la estructura
productiva de la economía catalana y española y en parte por el gran
poder del mundo empresarial sobre el laboral. Las políticas de
austeridad (de destrucción de empleo en el sector público, por un lado, y
de bajada de salarios, por otro) están deteriorando enormemente el
mercado de trabajo y con ello la financiación de las futuras pensiones.
Son estos factores los que cuestionan el futuro de las pensiones, no la
transición demográfica.
En realidad, aquellas instituciones
financieras (y muy en especial la banca y las compañías de seguros) que
han jugado un papel clave en crear el problema financiero causante de la
gran crisis y recesión en la que nos encontramos son las mismas que
protagonizan ahora la campaña de la supuesta inviabilidad de las
pensiones, animando a privatizarlas. Un ejemplo son las recomendaciones
de la llamada Comisión de Expertos (nombrada por el gobierno Rajoy), la
mayoría de cuyos miembros son profesionales que trabajan o han trabajado
para la banca y las compañías de seguros. No es sorprendente que
recomienden que se reduzcan las pensiones públicas “aprovechando el
momento de crisis para hacer estas reformas” (frase que aparecía en un
borrador del informe, y que desapareció en la copia final).
En realidad, esta campaña está
estimulada por la Comisión Europea, la misma que ha estado presionando
para que se apliquen las políticas de austeridad que están llevando a
nuestro país a la situación en que ahora nos encontramos. El famoso
informe sobre las pensiones de la Comisión Europea, escrito en 2008, ya
indicaba que, si España se gastaba el 8% de su PIB en pensiones en 2007,
debería gastarse, a causa del crecimiento demográfico, el 15% del PIB
en 2060, lo cual concluía que era insostenible. Se consideraba que este
porcentaje de gasto público en pensiones para aquel año era inasumible.
Este argumento se ha repetido constantemente, asumiendo erróneamente que
un gasto en pensiones el 15% del PIB era inviable, sin explicar por qué
(Italia se gasta ya ahora un 15%). En realidad, la mayoría de los
países de la UE-15 se gastan mucho más en pensiones de lo que lo hacen
Catalunya o España).
Si se asume que no es posible es porque
se considera que se necesitan al menos dos cotizantes para sostener a un
pensionista. Pero asumir que esta ratio será necesaria en el futuro es
un enorme error, pues no tiene en cuenta el incremento de la
productividad. Si esta creciera un 1,5% por año (un porcentaje
razonable), significaría que en 2060 el PIB del país habría crecido 2,25
veces. Es decir, que si el PIB era 100 en 2007, en 2060 sería 225. Pues
bien, los pensionistas que recibían 8 puntos (de 100) pasarían a
recibir 33 puntos (15% de 225). Y los no pensionistas pasarían de
recibir 92 puntos (100-8) a 192 (225-33=192). En ambos casos, las
cantidades son mucho más altas que las actuales. O sea, que tanto los
pensionistas como los no pensionistas tendrían más recursos. ¿Dónde
está, pues, el problema? En 2060 un cotizante podrá sostener a varios
pensionistas.
No considerar el impacto de la
productividad en el crecimiento de la riqueza lleva a conclusiones
absurdas. En Catalunya, hace 40 años, el porcentaje de la población que
trabajaba en el campo en la producción de alimento era el 18%. Hoy es
solo el 2%, i este 2% produce más de lo que producía el 18% hace 40
años. Imagínese el ridículo que habría hecho un economista si hubiese
alarmado a la población diciendo que, como que cada año habría menos
trabajadores en el campo, no se producirían suficientes alimentos y nos
moriríamos de hambre. Pues sustituyan ahora el término “alimento” por
“pensiones” y verán el ridículo que se está haciendo.
En realidad, si miramos las hemerotecas,
podemos leer que ya desde el principio de las pensiones públicas se
alarmó a la población. El colapso de las pensiones anunciado por los
catastrofistas es una de las predicciones más erróneas de la literatura
económica.
El problema de las pensiones no es la
transición demográfica sino la enorme concentración de las rentas a
favor del capital a costa de las rentas del trabajo, resultado de las
políticas neoliberales que se han estado aplicando desde los años
ochenta. En la Unión Europea ha habido (a partir del establecimiento del
euro y como resultado de cómo se ha diseñado su gobierno) un aumento de
las rentas del capital a costa de la disminución de las rentas del
trabajo, fenómeno acentuado en España y en Catalunya, donde por primera
vez las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo.
Puesto que la financiación de la Seguridad Social procede de las rentas
del trabajo, ello significa que los ingresos a la Seguridad Social han
ido bajando. Esto es resultado del hecho que el incremento de la riqueza
y las rentas provenientes del crecimiento de la productividad ha ido
más a enriquecer al mundo del capital que al mundo del trabajo. Y ahí
está el problema del cual no se habla. En su lugar, se atribuye la
posible insostenibilidad a un determinismo demográfico que no existe. No
es la inexistente lucha entre los grupos de edad, sino la lucha sobre
el control del incremento de la riqueza (resultado del aumento de la
productividad) entre el mundo del capital y el mundo del trabajo lo que
es el punto central del análisis sobre la sostenibilidad o no de las
pensiones públicas.
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