El
Grupo Parlamentario Socialista y la plataforma cívica Justicia para
Todos, presentó ayer en el Tribunal Constitucional, un nuevo recurso de
inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de tasas judiciales del
Gobierno, que modificó su anterior Ley de tasas.
La portavoz
socialista, Soraya Rodríguez, ha explicado a los medios de comunicación,
a la salida del TC, que “las mismas razones que justificaban
la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en la primera Ley
de tasas, siguen vigentes y justifican la presentación de este segundo
recurso”. Además, ha subrayado que “el ministro Gallardón hizo una
modificación política de su primera ley para hacerle un lavado de cara”,
y ha insistido en que “la barrera económica que estableció dicha norma,
como un verdadero muro de acceso a la justicia por parte de los
ciudadanos, sigue presente”.
A la presentación del recurso ha
acudido también el diputado socialista Antonio Camacho, y representantes
de la plataforma Justicia para Todos, formada por el Consejo General de
la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos
UGT, CCOO, CSIF, USO y STAJ, así como asociaciones de mujeres como
Themis.
“La modificación sustancial de alguna tasa variable,
sin modificar las tasas fijas, hace que efectivamente hoy haya
muchísimos ciudadanos en España que estén desistiendo de un derecho
fundamental que tienen reconocido en la Constitución, de acceder a la
justicia para defender sus derechos, porque no tienen recursos
económicos para poder presentar una demanda”, ha asegurado Soraya
Rodríguez.
La responsable socialista ha dejado claro que,
además de este segundo recurso, “presentaremos todos los que sean
necesarios hasta que el Gobierno no modifique de verdad, garantizando el
derecho a la justicia de los ciudadanos, esta nefasta ley”.
Por último, ha indicado que “el ministro Gallardón tiene una cartera de
leyes por la que pasará a ser conocido cuando deje el ministerio como
uno de los ministros más conservadores, extremos, y más retrógrados de
la democracia española”, y ha recalcado que la “peor ley es la que
impide a los ciudadanos que puedan ejercer sus derechos” porque supone
“el recorte” de los mismos.
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