“Es escandaloso rescatar a los bancos a costa de vulnerar los derechos sociales”.
“Es tremendo que Bruselas le dé un toque a la Junta de Andalucía por tratar de aliviar a las familias desahuciadas”.
“La política de austeridad suicida de la Unión Europea solo salva al sistema financiero y se olvida de las personas”.
“El 15-M ha hecho propuestas concretas para salvar la democracia que deben ser atendidas por las instituciones”
“Es tremendo que Bruselas le dé un toque a la Junta de Andalucía por tratar de aliviar a las familias desahuciadas”.
“La política de austeridad suicida de la Unión Europea solo salva al sistema financiero y se olvida de las personas”.
“El 15-M ha hecho propuestas concretas para salvar la democracia que deben ser atendidas por las instituciones”
El actual Defensor del Pueblo Vasco-Ararteko, Íñigo Lamarca (Donostia,
1959), es el único en la historia de la institución que ha sido
reelegido para el cargo. Han pasado ya casi diez años desde que fue
elegido por primera vez (julio de 2004) y Lamarca asegura que la crudeza
de la crisis ha obligado a la institución a cambiar de forma notable
la forma de trabajar para “ser más incisivos” y resolver con celeridad
las quejas de los ciudadanos. Quejas que en buena medida guardan
relación con la situación de crisis que se vive. Para Lamarca, resulta
“escandaloso” e “indignante” la política de austeridad suicida
emprendida desde las instituciones europeas porque “se olvida de las
personas, para centrarse en salvar los bancos”. El Ararteko cree que la
sociedad está a punto de estallar y alerta de que la democracia en
España vive un “momento crítico”. “El sistema necesita ser regenerado.
Las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil”.
En su último informe de actividad (el correspondiente a 2012), alerta
de la “extraordinaria” subida de las quejas relacionadas con la gestión
de las ayudas sociales por parte de las instituciones. Estas quejas, que
han pasado de 32 en 2009 a 1.010 el año pasado, son las que más le
preocupan. “A la persona que tiene derecho a la ayuda no le basta con
que le digan que se la conceden, precisa que se haga de manera urgente
porque no tiene más para subsistir. Ni él ni su familia”.
Pregunta: ¿Ha tenido que cambiar su forma de trabajar para adaptarse a un nuevo perfil de quejas?
Respuesta:
Sí. Las consecuencias de la crisis han afectado a la institución y a su
forma de trabajar. Las quejas se han disparado, sobre toda las
relacionadas con las ayudas sociales. En concreto, las relativas a la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En 2009 fueron 32 y el año pasado
1.010.
P.
¿Coincide el aumento de quejas con el cambio de modelo de gestión de
esas ayudas, que pasan a ser gestionadas directamente por Lanbide en
lugar de las diputaciones?
R.
Algunas quejas sí se deben al cambio de modelo, pero también hay muchas
porque han aumentado las personas perceptoras. El hecho de que suban ha
hecho que se disparen estas reclamaciones. Los retrasos en la
concesión, las suspensiones y denegaciones son los principales motivos
de recurso. Las demoras en conceder la ayuda crean una gran angustia en
la población que no la comprende porque se trata de un derecho
subjetivo, es decir, que les corresponde si cumplen los requisitos. El
ciudadano cuenta con ese dinero y los retrasos le afectan mucho. A la
persona que tiene derecho no le basta con que le digan que se la
concedan, precisa que se haga de manera urgente, porque no tiene más
para subsistir. Ni él ni su familia.
P. Esa demora en la concesión, ¿la cubren las organizaciones sociales de alguna manera?
R.
En Euskadi tenemos un capital formidable de organizaciones sociales que
están realizando un trabajo imprescindible para complementar la acción
de la administración, bien porque las ayudas no cubren el 100% de las
necesidades, las cuantías son insuficientes o por los retrasos.
P.
Organizaciones que en parte dependen de las ayudas oficiales para
seguir trabajando. Los recortes les están dejando sin margen de
maniobra.
R.
Esa labor que hacen las organizaciones sociales en el campo de la
exclusión social debe ser prioritario y, por lo tanto, la administración
debe mantener los programas de estas organizaciones que son
fundamentales para una sociedad democrática.Porque hablamos de la
dignidad de las personas, cubrir las necesidades básicas de los
ciudadanos. El problema es que la gestión de esas ayudas no está
resultando eficiente.
P. ¿El nuevo rostro de la pobreza es infantil?
R.
La pobreza tiene muchos rostros, pero es cierto que está pegando fuerte
en la infancia. Es una realidad muy poco conocida en Euskadi. El
estudio que publicó la institución el pasado mes de enero refleja que
35.000 niños están en situación de pobreza, sufren carencias en
alimentación y ropa. Los pediatras detectan en sus consultas carencias
en la alimentación de los niños y así nos lo han transmitido.
P.
Frente a esas carencias en la alimentación de niños, ¿se podría
plantear respuestas como la apertura de los comedores escolares los
sábados y domingos para garantizar esos alimentos?
R.
Podría ser una posibilidad. Estamos analizando diferentes opciones y
recomendaciones. Tenemos sobre la mesa varias opciones para plantear a
la administración.
P.
Los desahucios es una de las peores consecuencias que está deparando la
crisis. ¿Es favorable a la dación en pago para aliviar la deuda de esas
familias?
R. Si al final hay desahucio, hay que aplicar la dación en pago.
P. Y mientras se producen los desahucios en Euskadi existen casi mil viviendas de protección oficial (VPO) vacías.
R.
La vivienda es un derecho constitucional y hay que dar un techo a las
personas que se quedan sin casa. Efectivamente en Euskadi hay un parque
vacío de VPO que debería albergar a estas personas. Estas viviendas
deben ofrecerse en alquiler a los que las necesitan. Estoy convencido de
que serán ocupadas por personas que han sido desahuciadas y por
demandantes de vivienda que ahora no pueden comprar, pero sí alquilar.
No puede ser de otra manera
España es un país social, democrático y de derecho. Y en estos tres ámbitos hay crisis muy profundas. Urge que todos seamos conscientes de la necesidad de alcanzar grandes acuerdos transversales para que el estado democrático sea sostenible en el tiempo.
P. ¿El rescate de los bancos está socavando los derechos sociales?
R.
Desde luego. Es absolutamente escandaloso que se siga rescatando a los
bancos privados con dinero público y que se haga a costa de socavar el
estado social y vulnerando los derechos sociales. Hay que denunciarlo
ante Bruselas en primer lugar. Es tremendo que, por ejemplo, ante
propuestas como la de la Junta de Andalucía que tienen por finalidad
aliviar la situación de muchas familias desahuciadas, Bruselas le dé un
toque al día siguiente. España está en una situación de emergencia y
Bruselas no tarda en desacalificar una medida social dirigida a ayudar a
las personas. Parece que lo único que les preocupa a las instituciones
europeas con sus políticas de austeridad suicida es salvar a los bancos,
despreocupándose radicalmente de las situaciones de emergencia que se
viven en el sur de Europa. Las políticas que está adoptando Bruselas son
equivocadas, vulneran los derechos sociales, socavan el estado de
bienestar y suponen un desastre y la ruina del país.
P. Se han cumplido dos años del movimiento 15-M. ¿Cómo ve los frutos que ha dado esta movilización de la sociedad civil?
R.
El movimiento 15-M tuvo y sigue teniendo un valor formidable que todos
deberíamos tener en cuenta. Supuso una protesta espontánea y después
organizada de una sociedad que sufre en sus carnes las consecuencias de
políticas nefastas de la Unión Europea. El 15-M recogió el malestar y
realizó propuestas concretas y bien fundamentadas para la regeneración
democrática que deben ser analizadas por las instituciones. Es muy
importante para cualquier democracia hacer evaluación periódica de su
estado de salud y aquí no se ha hecho. El sistema necesita ser
regenerado y las instituciones tienen que escuchar a la sociedad civil.
P. ¿Teme un estallido social?
R.
Estamos a punto. Puede pasar perfectamente en cualquier momento. Las
condiciones para ello existen. Hay mucha gente que lo está pasando muy
mal, sin recursos y sin futuro. A una familia que sufre una situación
delicada, que no tiene ingresos le añades que en el futuro inmediato no
ve salida y tienes el caldo de cultivo perfecto para que surja un
estallido social grave. Nos encontramos en un momento crítico. España es
un país social, democrático y de derecho. Y en estos tres ámbitos hay
crisis muy profundas. Urge que todos seamos conscientes de la necesidad
de alcanzar grandes acuerdos transversales para que el Estado
democrático sea sostenible en el tiempo.
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